NOTICIAS ARGENTINA

Vladimir Putin calificó a la Argentina como un “socio clave” y anunció que viajará en julio al país para reunirse con la presidenta

El presidente de Rusia, anunció que realizará una visita a Buenos Aires el próximo mes para reunirse con Cristina Fernández , durante la presentación de las cartas credenciales del nuevo jefe de la delegación diplomática argentina, Pablo Anselmo Tettamanti.

“Argentina es uno de nuestros socios clave en América latina”, dijo Putin y adelantó que el objetivo de su viaje a Buenos Aires será “debatir detenidamente todas los asuntos actuales de la agenda bilateral e internacional, marcar los proyectos beneficios para ambas partes en el ámbito de la energía, incluida la atómica, la industria de maquinaria pesada y la cooperación técnico-militar”, según reseñó la agencia de noticias Efe.

La visita del jefe del Kremlin al país formará parte de una gira que emprenderá por América del Sur, durante la cual acudirá también a la final del Mundial de fútbol de Brasil, que se jugará el próximo 13 de julio en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

En tanto, entre los días 14 y 15 de julio, Putin participará en la cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que se celebrará en la ciudad de Fortaleza y a la que se sumará la presidenta de Argentina en calidad de invitada.

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Jueves 26 de Junio de 2014 | 13:11
Griesa, otra vez a favor de los buitres

El juez estadounidense Thomas Griesa anuló el pago a los bonistas que entraron en el canje. Pero no hay embargo del dinero.

El juez Thomas Griesa anuló el pago que realizó el Estado a los bonistas que entraron en el canje de la deuda. Según la agencia Blomberg, el magistrado consideró que "el pago es ilegal y no será realizado".

El juez aseguró que el gobierno de la Argentina debería haber negociado una postergación del pago a los tenedores de bonos reestructurados mientras buscaba un acuerdo con los fondos buitre.

Representantes de los acreedores de bonos que no entraron en los canjes de 2005 y 2010, también llamados "fondos buitre", y de la República Argentina están reunidos en una audiencia convocada por el juez Thomas Griesa de la justicia de Nueva York, según informó ayer la agencia de noticias Bloomberg. Griesa podría ordenar el embargo de fondos depositados por Argentina.

Según informó la agencia Bloomberg, el juez Griesa mostró reparos al momento de analizar la estrategia de la Argentina. El magistrado tuvo sus objeciones al observar el vencimiento de la deuda de los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010.

Para Griesa que el Gobierno de la Argentina debería haber negociado una postergación del pago a los tenedores de bonos reestructurados mientras buscaba un punto de acuerdo con los fondos de acreedores que están en litigio.

En el convite se ven las caras los abogados del fondo buitre NML Capital de Paul Singer, encabezados por Robert Cohen, con los defensores de la posición argentina, los integrantes del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.

Esto sucede luego de 24 horas de intenso flujo informativo con respecto al conflicto entre los holdouts y la Argentina por el vencimiento del pago de deuda que se dará el próximo 30 de junio. Temprano en la mañana, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, anticipó que el ministro de Economía, Axel Kicillof, daría una conferencia de prensa en la que comunicaría la estrategia a seguir por el gobierno argentino en torno a este conflicto. Responsabilizó a los fondos buitre de "hostigar permanentemente" al país "a partir de su capacidad de lobby".

El encuentro será a las 10.30 de la mañana (hora neoyorquina) y 11.30, hora argentina. Griesa podría ordenar el embargo de fondos depositados por Argentina.

Horas más tarde, Kicillof (recién llegado de una audiencia ante la ONU sobre este mismo tópico) se presentó ante la prensa y leyó un comunicado llamado "Argentina Paga" en el que se estipula que Argentina había depositado 832 millones de dólares en cuentas del banco Ney York Mellon en consecuencia del vencimiento de la deuda argentina con los tenedores de bonos reestructurados que entraron en los canjes de deuda de 2005 y 2010 y ante el rechazo del juez Griesa de reponer la medida cautelar o "stay" para dar tiempo a las negociaciones.

"Cualquier conducta que pretenda obstaculizar este pago a nuestros acreedores constituye una actitud violatoria del ordenamiento jurídico del derecho público internacional que prohíbe la coerción a otros Estados en virtud de la igualdad soberana, cláusula que también rige en los Estados Unidos", resaltó el ministro ateniéndose a la posibilidad del embargo de los fondos depositados.

Ante este comunicado, el fondo NML Capital envió un escrito al magistrado neoyorquino para que interceda: "Le pedimos a la Corte que convoque a una audiencia lo antes posible para hacer frente a esta violación de la Corte. Argentina deberá mostrar por qué no está incurriendo en desacato", pidió el holdout miembro del siete por ciento de los acreedores que no entraron en la reestructuración de deuda.

El primer tramo del pago que anunció Kicillof, unos 540 millones de dólares, todavía se encuentran en el Bancio de la Nación Argentina, dentro de cuentas del Bank of New York, aunque deberían ser transferidas en la jornada de hoy para que lleguen antes del 30, cuando vence el plazo de pago. Será decisión de esta entidad hacer caso o no a las determinaciones de Griesa.

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Viernes 27 de Junio de 2014 | 18:37
El Gobierno denunció que Griesa obstruyó el pago de la deuda

El ministerio de Economía emitió un comunicado cuestionando el accionar del juez estadounidense, que falló a favor de los buitres.



El Gobierno nacional cuestionó hoy la decisión del juez de primera instancia de Nueva York, Thomas Griesa, de impedir el pago a los bonistas reestructurados.

A través de un comunicado oficial titulado "Argentina paga, Griesa obstruye el cobro a tenedores de bonos argentinos", la administración nacional advirtió: "En el día de ayer, 26 de junio, la República Argentina realizó en tiempo y forma el pago de los servicios de su deuda reestructurada en 2005 y 2010. A pesar de esta muestra de voluntad de negociación de buena fe, el juez Griesa denegó el pedido de stay (suspensión de la sentencia), intentando provocar el default de nuestro país. Sin embargo, Argentina, una vez más cumplió sus obligaciones, como lo viene haciendo desde la reestructuración de su deuda soberana de los años 2005 y 2010".

"Hoy, en una insólita e inédita decisión, el juez Griesa pretendió anular el pago ya realizado por Argentina en cumplimiento de los prospectos, los contratos con sus acreedores de la reestructuración y de la ley Argentina: Griesa le 'ordenó' al Banco de Nueva York la "devolución" de los fondos que ya pertenecen a los bonistas. En síntesis: trata de impedir a los bonistas cobrar lo que legítimamente es de ellos", continúa el texto.

Y sigue: "Tal como se había adelantado en el comunicado del día de ayer del Gobierno Nacional, el juez norteamericano ahora intenta 'bloquear' el cobro. Al tomar tal medida, el juez incurrió en abuso de su autoridad y se excedió en su jurisdicción, porque los bonos de la reestructuración no son el objeto de litigio, sino los bonos del Megacanje que cayeron en default en 2001 y que compraron los fondos buitres a precio vil para obtener ganancias siderales".

El juez incurrió en abuso de su autoridad y se excedió en su jurisdicción

Además, se expresa: "Por ello calificamos de insólita e inédita la medida. Insólita: porque el juez decide sobre instrumentos cuya validez nunca fue objetada en juicio ni observada tampoco por la Securities and Exchange Commission norteamericana (SEC). No sólo es insólito por ello sino también porque se trata de fondos que ya no son de Argentina sino que pertenecen a terceros. Inédita: porque un juez intenta impedir que un deudor cumpla sus obligaciones y que los acreedores puedan cobrar.

"La República Argentina reafirma su compromiso de honrar sus deudas con el 100% de los acreedores de manera justa, equitativa y legal", concluye el comunicado.

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Consejo permanente podría convocar a los cancilleres
Fondos Buitre: La OEA convocó sesión extraordinaria este lunes para abordar la deuda argentina
Por: Agencias | Sábado, 28/06/2014 07:00 AM

Washington, junio 28 - La OEA convocó una sesión extraordinaria de su consejo permanente el lunes para considerar la solicitud de Argentina de reunir a los ministros de Exteriores el jueves en Washington con el fin de analizar la reestructuración de la deuda del país, que mantiene un litigio con fondos especulativos.

La OEA aseguró en un comunicado divulgado a través de su página web que el canciller argentino, Héctor Timerman, y el titular de Economía, Axel Kicillof, informarán aspectos de reestructuración de la deuda si se convoca a los titulares de Exteriores de la región el jueves en Washington.

El Tribunal Supremo de EE.UU. desestimó este mes revisar un fallo que ordenó a Argentina pagar 1.300 millones de dólares a los fondos de inversión que no aceptaron los canjes de su deuda soberana tras el cese de pagos de 2001.

Argentina asegura que el pago que exigen los fondos especulativos obligaría al país a suspender pagos, especialmente sí acarrea el pago equitativo a quienes aceptaron la reestructuración de bonos, que podrían reclamar al país 124.000 millones de dólares, cifra inabordable para las reservas argentinas.

La deuda que Argentina contrajo con los "fondos buitre" se remonta a antes de la suspensión de pagos de 2001, cuando se produjo el llamado "corralito" en el país latinoamericano.

Desde entonces, el Gobierno Argentino ha realizado dos canjes de los bonos de deuda, en 2005 y 2010, al que se acogieron un 93 % de los acreedores, quedando este 7 %, los "buitres", que siguen litigando para que Argentina efectúe el 100 % de pago.

El juez federal estadounidense Thomas Griesa dictó un fallo a favor de los fondos especulativos que reclaman a Argentina el pago íntegro de su deuda y rechazó el jueves la solicitud de ese país de suspender la medida que la obligaba a pagar a los demandantes para poder cumplir con el resto de los acreedores de deuda.

Además, Griesa consideró hoy "ilegal" el pago de Argentina a tenedores de bonos reestructurados, a lo que el Gobierno argentino replicó que la decisión es "insólita" e "inédita" y constituye un "abuso de autoridad".

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La militancia dice "la Patria no se negocia" en las calles

16:27 | Jovenes peronistas y kirchneristas llevan adelante una jornada de concientización sobre la posición Argentina frente a los Fondos Buitre, en distintos punto de la Ciudad de Buenos Aires.
De la Redacción de Diario Registrado // Sábado 28 de junio de 2014 | 16:27




Varias agrupaciones peronistas y kirchneristas participan el sábado de mesas informativas en la región metropolitana con el objetivo de concientizar a los vecinos sobre la composición histórica de la deuda externa argentina, el reclamo de los Fondos Buitre y la posición del gobierno nacional.
En las decenas de puntos informativos los militantes reparten material gráfico explicativo, que indica que "la decisión de un juez norteamericano, respondiendo al reclamo de los fondos buitre, puede terminar con el esfuerzo de los argentinos que durante diez años trabajaron para honrar la deuda sin poner en riesgo la soberanía ni el crecimiento del país".
Uno de los datos que más impacta a quienes reciben el material es el que sostiene que el fallo de Thomas Griesa "equivale a 4 meses de jubilación, 4 años y medio de Asignación Universal Por hijo y a 17 años de PROG.R.ES.AR".
Por otra parte se describe a los Fondos Buitre como quienes "adquieren bonos de deuda externa a bajo precio de países en crisis y luego esperan a que el país entre en cesación de pagos o reestructure su deuda, para iniciar un juicio que les permita cobrar el 100% de lo que compraron a precio de remate".

Varias agrupaciones peronistas y kirchneristas participan el sábado de mesas informativas en la región metropolitana con el objetivo de concientizar a los vecinos sobre la composición histórica de la deuda externa argentina, el reclamo de los Fondos Buitre y la posición del gobierno nacional.



En las decenas de puntos informativos los militantes reparten material gráfico explicativo, que indica que "la decisión de un juez norteamericano, respondiendo al reclamo de los fondos buitre, puede terminar con el esfuerzo de los argentinos que durante diez años trabajaron para honrar la deuda sin poner en riesgo la soberanía ni el crecimiento del país".




Uno de los datos que más impacta a quienes reciben el material es el que sostiene que el fallo de Thomas Griesa "equivale a 4 meses de jubilación, 4 años y medio de Asignación Universal Por hijo y a 17 años de PROG.R.ES.AR".




Por otra parte se describe a los Fondos Buitre como quienes "adquieren bonos de deuda externa a bajo precio de países en crisis y luego esperan a que el país entre en cesación de pagos o reestructure su deuda, para iniciar un juicio que les permita cobrar el 100% de lo que compraron a precio de remate".

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Jueves 26 de Junio de 2014 | 05:34
Fondos buitre: Argentina analiza recurrir al Tribunal de La Haya

El Gobierno nacional planea llevar “acciones judiciales” ante foros internacionales. Afirmó que la decisión de Griesa "constituye una acción violatoria del ordenamiento jurídico del derecho público internacional".


Frente a la decisión del juez de primera instancia de la justicia de Nueva York, Thomas Griesa, que rechazó el pedido de suspensión (stay) que presentó la Argentina, el gobierno nacional advirtió sobre la posibilidad de llevar adelante "eventuales acciones judiciales" ante foros internacionales como el Tribunal de La Haya y la Justicia ordinaria local.

Esas presentaciones se sustentarían en articulados contemplados en los estatutos de conformación de la Organización de los Estados Americanos (artículo 61), de la Organización de las Naciones Unidas (artículo 2 inciso 1 y 4), el convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional (artículo 4) y se concretarían ante el Tribunal Internacional de La Haya "como sujetos de derecho internacional”.

A través de un comunicado oficial, el Gobierno recalcó que el fallo del juez Thomas Griesa "vulnera el principio de inmunidad soberana vigente en ese país (EEUU) como norma de jerarquía institucional superior e interpreta además en forma antojadiza y absurda el principio de `pari passu`".

Comunicado de Lgobierno Nacional 2 by INFOnewsCOM




COMUNICADO OFICIALDEL GOBIERNO ARGENTINO ARGENTINA PAGA

LA REPÚBLICA ARGENTINA EN CUMPLIMIENTO DEL PROSPECTO Y DEL CONTRATO VIGENTE CON LOS TENEDORES QUE ADHIRIERON VOLUNTARIAMENTE AL CANJE DE DEUDA EN EL PERÍODO 2005-2010 HA PROCEDIDO AL PAGO DE LOS SERVICIOS DE CAPITAL E INTERESES DE SUS BONOS BAJO LEY EXTRANJERA POR EL EQUIVALENTE A 832MILLONES DE DÓLARES DE LOS CUALES 539 MDE DÓLARES DEPOSITADO EN LAS CUENTAS NÚMEROS 15.098 Y 15.002 DEL BANCO NEW YORK MELLON (BONY) EN EL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.EL DÍA LUNES 23 DE JUNIO, HABIDA CUENTA DE LAPROXIMIDAD DEL DÍA DE PAGO DE LOS VENCIMIENTOS, SE SOLICITÓ AL JUEZ GRIESA UN PEDIDO DE SUSPENSIÓN (
STAY
) DE SU FALLO QUE POSIBILITARA UN DIÁLOGO DE BUENA FE EN CONDICIONES EQUITATIVAS, JUSTAS Y LEGALES. LA SOLICITUD FUE REITERADA EN EL DÍA DE LA FECHA. HOY, 26 DE JUNIO, SIGUIENDO LAS INDICACIONES DE LOS CONTRATOS, SE VENCE EL ÚLTIMO PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO, YA QUE EL DÍA VIERNES ES FERIADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL PAGO DEBE REALIZARSE EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL ANTES DEL VENCIMIENTO. NO PAGAR TENIENDO LOS RECURSOS Y FORZANDO UN DEFAULT VOLUNTARIO ES ALGO QUE NO ESTÁ CONTEMPLADO EN LA LEY ARGENTINA, SERÍA CONTRARIO AL ORDEN PÚBLICO ARGENTINO Y UNA CLARA VIOLACIÓN A LOS PROSPECTOS DE DEUDA.ESTE PAGO SE REALIZA EN VIRTUD DE LA DECISIÓN SOBERANA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, QUE RATIFICA EN ESTE ACTO SU FIRME E IRRESTRICTA VOLUNTAD DE CUMPLIMIENTO, PARA HONRAR SUS DEUDAS Y PARA DESCARTAR CUALQUIER INTERPRETACIÓN CAPCIOSA QUE IMPLIQUE INTRODUCIR EL EUFEMISMO DE “DEFAULT TÉCNICO”, CON EL CUAL SE PRETENDEASOCIAR EL IMPEDIMENTO ANTOJADIZO DE UN PAGO POR ORDEN JUDICIAL SIN CONSIDERAR LA VOLUNTAD DEL DEUDOR DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES.PARA LA REPÚBLICA ARGENTINA Y PARA CUALQUIER PAÍS SOBERANO, PAGAR ES: DEPOSITAR LOS FONDOS CUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PROSPECTO DE EMISIÓN DE LOS TÍTULOS DE DEUDA Y POR LO TANTO, ES EJERCER UN DERECHO EN FORMA VOLUNTARIA SIN PRETENDER CON ELLO COLISIONAR CON OTRAS DECISIONES EMERGENTES DE AUTORIDAD JUDICIAL QUE ALTERAN LAS BASES CONTRACTUALES SUSCRIPTAS POR UN PAÍS SOBERANO. NUESTRA CONVICCIÓN PLENA, COMO LO ATESTIGUAN INSTITUCIONES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, COMO ASÍ TAMBIÉN ANALISTAS Y ESPECIALISTAS QUE HAN SIDO INCLUSIVE CRÍTICOS CON EL PAÍS EN DIARIOS Y REVISTAS ESPECIALIZADAS DE NIVEL INTERNACIONAL, ES CUMPLIR CON EL PROCESO EXITOSO DE REESTRUCTURACIÓN VOLUNTARIA DE DEUDA CON LA ADHESIÓN DEL 92,4 % DE LOS BONISTAS. ESTA CONVICCIÓN ES APELAR AL SENTIDO COMÚN Y AL

EJERCICIO HABITUAL Y RACIONAL EN LOS PROCESOS CONCURSALES EN DONDE LOS DERECHOS REPRESENTADOS POR UNA MAYORÍA CLARA E INDUBITABLE NO PUEDE SER VULNERADA POR EL 1 % DE LOS BONISTAS, FULMINANDO CON ELLO, DESDE UNA POSICIÓN MINORITARIA EL ESFUERZO COLECTIVO DE LA NACIÓN Y DEL PUEBLO ARGENTINO PARA HONRAR SUS COMPROMISOS, ADEMÁS DE AFECTAR LOS INTERESES Y LOS DERECHOS DE LA MAYORÍA DE LOS BONISTAS.ESTA DECISIÓN SOBERANA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA IMPLICA ADVERTIR RESPECTO DE LAS CONSECUENCIAS DE SUS ACTOS A LOS ESTADOS UNIDOS POR LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL QUE LE CABE POR LAS DECISIONES DE SU PODER JUDICIAL, AL AGENTE FIDUCIARIO, A LAS ENTIDADES FINANCIERAS INVOLUCRADAS, A LOS LITIGANTES Y AL MISMO JUEZ THOMAS GRIESA RESPECTO A EVENTUALES ACCIONES JUDICIALES QUE NOS PERMITAN HACER VALER LEGÍTIMAMENTE NUESTROS DERECHOS COMO MIEMBRO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL, LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (ARTÍCULO 61), LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ARTÍCULOS 2ª INCISO 1 Y 4), CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (ARTÍCULO 4º), ANTE EL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE LA HAYA COMO SUJETOS DE DERECHO INTERNACIONAL Y ANTE TRIBUNALES ORDINARIOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.LA EJECUCIÓN DEL PAGO EN TIEMPO Y FORMA PARA CUMPLIR REGULARMENTE NUESTRAS OBLIGACIONES EMERGENTES DEL PROSPECTO Y SUS CONTRATOS RESPECTIVOS, IMPLICA ADVERTIR QUE SI ALGUIEN DISPUSIERA DE LOS FONDOS DEPOSITADOS EN LA CUENTA DEL FIDUCIARIO AFECTARÍA LOS DERECHOS DE SUS VERDADEROS DUEÑOS, QUE NO SON OTROS QUE LOS TENEDORES ADHERIDOS VOLUNTARIAMENTE AL CANJE Y CONSTITUIRÍA UNA GRAVE ALTERACIÓN A LAS CONDICIONES FIJADAS EN ELPROSPECTO, IMPLICANDO DESDE UNA APROPIACIÓN INDEBIDA DE FONDOS DE TERCEROS, DESBARATAMIENTO DE DERECHOS ACORDADOS, INCUMPLIMIENTO DE SU RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y OTRAS TIPOLOGÍAS QUE PODRÍAN CONFIGURARSE.EL HECHO QUE EL PROSPECTO HAYA ESTABLECIDO UNA PRÓRROGA DE JURISDICCIÓN EN FAVOR DE LA LEGISLACIÓN NORTEAMERICANA NO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE ACTOS JURISDICCIONALES DE CUMPLIMIENTO IMPOSIBLE. MÁXIME TENIENDO EN CUENTA QUE EL FALLO VULNERA EL PRINCIPIO DE INMUNIDAD SOBERANA VIGENTE EN ESE PAÍS COMONORMA DE JERARQUÍA INSTITUCIONAL SUPERIOR E INTERPRETA ADEMÁS EN FORMA ANTOJADIZA Y ABSURDA EL PRINCIPIO DE “PARI PASSU”. ACATAR UNA SENTENCIA NO PUEDE EXIGIR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS.CUALQUIER CONDUCTA, QUE PRETENDA OBSTACULIZARESTE PAGO A NUESTROS ACREEDORES CONSTITUYE UNA ACCIÓN VIOLATORIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DEL DERECHO PÚBLICO INTERNACIONAL QUE PROHÍBE LA COERCIÓN A OTROS ESTADOS EN VIRTUD DE LA IGUALDAD SOBERANA, CLAÚSULA QUE TAMBIÉN RIGE EN ESTADOS UNIDOS.COMO TAMBIÉN FUE ABSURDA E ILEGÍTIMA LA EJECUCIÓN DEL EMBARGO A LA “FRAGATA LIBERTAD” O LAS 900 ACCIONES PROMOVIDAS EN DIFERENTES INSTANCIAS Y PAÍSES

PROMOVIENDO UN HOSTIGAMIENTO INUSUAL, PERVERSO Y EXTORSIVO DE UN GRUPO MINÚSCULO DE ACREEDORES HACIA UN PAÍS SOBERANO.NO CABE LA MENOR DUDA DE LA PARCIALIDAD DEL JUEZ EN FAVOR DE LOS FONDOS BUITRES NI DE SU VERDADERA INTENCIÓN: LA DE PRETENDER LLEVAR A LA REPÚBLICA ARGENTINA AL DEFAULT PARA DERRIBAR LA REESTRUCTURACIÓN 2005-2010 QUE ALCANZÓ LUEGO DE LARGAS NEGOCIACIONES UN CONSENSO DEL 92,4%. NEGOCIACIONES ÉSTAS, DE LAS QUE JAMÁS QUISIERON PARTICIPAR LOS HOLDOUTS, ACTITUD QUE SE CONFIRMÓ INCLUSIVE EN LA ÚLTIMA SEMANA ANTE LA CERRADA NEGATIVA A LA SOLICITUD DE STAY DE LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA LOGRAR UN DIÁLOGO EN CONDICIONES JUSTAS, EQUITATIVAS Y LEGALES DEL 100 % DE LOS ACREEDORES.PERO NO PODRÁ LOGRAR SU OBJETIVO POR UNA SENCILLA Y SIMPLE RAZÓN: LA REPÚBLICA ARGENTINA CUMPLIRÁ SUS OBLIGACIONES, PAGARÁ SU DEUDA, HONRARÁ SUS COMPROMISOS COMO LO VIENE HACIENDO PARA TERMINAR CON EL ARTILUGIO DE CONSIDERAR UNA DECISIÓN JUDICIAL ABSURDA CON EFECTOS SISTÉMICOS A NIVEL INTERNACIONAL, COMO UN “DEFAULT TÉCNICO”, QUE CONSTITUYE SOLO UN MODO SOFISTICADO DE INTENTAR PONERNOS DE RODILLAS ANTES USUREROS DE CARÁCTER GLOBAL. EL RESPALDO INTERNACIONAL QUE HA TENIDO LA REPÚBLICA ARGENTINA INCLUYE A PAÍSES COMO FRANCIA, MÉXICO, BRASIL COMO AMICUS CURIAE Y ABARCA DESDE ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO HASTA ORGANISMOS POLÍTICOS COMO G77 MÁS CHINA INTEGRADO POR 133 PAÍSES,MERCOSUR, UNASUR, PASANDO POR MÁS DE UN CENTENAR DE PARLAMENTARIOS BRITÁNICOS CON CUYO PAÍS DE ORIGEN, NUESTRA NACIÓN MANTIENE UN CONFLICTO POR DISPUTAS DE SOBERANÍA, HASTA PUBLICACIONES INTERNACIONALES COMO FOREIGN AFFAIRS DEL COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS Y ANALISTAS DE DIARIOS Y REVISTAS ESPECIALIZADAS COMO ASÍ TAMBIÉN ACADÉMICOS DE LAS MÁS DIVERSAS CORRIENTES DE PENSAMIENTO.RESULTA CLARO QUE ESTE RESPALDO SIGNIFICA RECONOCER LA LÓGICA Y LA JUSTICIA DE NUESTROS RECLAMOS Y LOS NEGATIVOS EFECTOS SISTÉMICOS DE ESTAS EQUIVOCADAS E INJUSTAS DECISIONES DEL SISTEMA JUDICIAL ESTADOUNIDENSE.POR ÚLTIMO, LA REPÚBLICA ARGENTINA REAFIRMA SU COMPROMISO DE HONRAR SUS DEUDAS CON EL 100 % DE LOS ACREEDORES DE MANERA JUSTA, EQUITATIVA Y LEGAL.



"Esta decisión soberana de la República Argentina implica advertir respecto de las consecuencias de sus actos a los Estados Unidos por la responsabilidad internacional que le cabe por las decisiones de su Poder Judicial, al agente fiduciario, a las entidades financieras involucradas, a los litigantes y al mismo juez Thomas Griesa respecto a eventuales acciones judiciales que nos permitan hacer valer legítimamente nuestros derechos como miembro de la comunidad internacional".

"Cualquier conducta que pretenda obstaculizar el pago a nuestros acreedores constituye una acción violatoria del derecho público internacional"

El Gobierno pagó este jueves los depósitos para el pago de los vencimientos de la deuda reestructurada, y afirmó que "para la República Argentina y para cualquier país soberano, pagar es: "Depositar los fondos cumpliendo con las obligaciones establecidas en el prospecto de emisión de los títulos de deuda y por lo tanto, es ejercer un derecho en forma voluntaria sin pretender con ello colisionar con otras decisiones emergentes de autoridad judicial que alteran las bases contractuales suscriptas por un país soberano".

"Este cumplimiento se realiza en virtud de la decisión soberana de la República Argentina, que ratifica en este acto su firme e irrestricta voluntad de cumplimiento para honrar sus deudas”, dijo el ministro de Economía Axel Kicillof.

Por último, el Gobierno enfatizó que "el hecho que el prospecto haya establecido una prórroga de jurisdicción en favor de la legislación norteamericana no implica la aceptación de actos jurisdiccionales de cumplimiento imposible" y que "cualquier conducta, que pretenda obstaculizar este pago a nuestros acreedores constituye una acción violatoria del ordenamiento jurídico del derecho público internacional que prohíbe la coerción a otros estados en virtud de la igualdad soberana, cláusula que también rige en Estados Unidos".


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Protesta en Argentina contra Cámara de Comercio de EEUU (VIDEO)
junio 28, 2014



Trabajadores de la autopartista Lear Corporation y de la gráfica Donnelley, ambas de origen estadounidense, marcharon por las calles de Buenos Aires (capital de Argentina), ante el eminente despido de cientos de empleados argentinos.

Una nueva marcha y movilización por despidos y suspensiones laborales, se realizó en la ciudad de Buenos Aires, esta vez su destino fue la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.

Donneley presentó un informe, donde pretende despedir a 123 trabajadores, aduciendo un problema en las negociaciones paritarias por los salarios. Las ganancias netas de 18 millones de dólares declaradas el año pasado parecen no ser suficientes para mantener los puestos de trabajo.

Una multitudinaria movilización que sufrió detenciones por parte de la policía Federal, pero que finalmente llegó a su destino, la Cámara de Comercio de los EE.UU., donde, una vez más, las puertas estaban cerradas.


HispanTV

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Declaración de AAJ ante la pretensión de los jueces estadounidenses de suprimir la jurisdicción judicial argentina

Asociación Argentina de Juristas


La Asociación Argentina de Juristas -Rama Nacional de la Asociación Americana de Juristas, organización continental no gubernamental, con estatuto consultivo en la ONU-, repudia la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos que rechazó el tratamiento de la apelación del Estado Argentino al fallo de juez Thomas Griesa, que condenó a nuestro país al pago de los bonos en poder de los fondos buitres. La AAJ, que desde hace 30 años analiza el tema, reafirma la ilegalidad e ilegitimidad de la deuda externa pública de la Nación Argentina, y ratifica en todos sus términos su declaración de fecha 2 de Diciembre del 2012, en ocasión del fallo de Griesa.

Seguimos sosteniendo que no se debe acatar los fallos de ningún juez extranjero en causas en las que la contraparte del Estado Nacional es una persona o sociedad privada, por ser violatorio de principios de derecho nacional e internacional. Tal situación de ilegalidad e ilegitimidad, lo es en cuestiones que exceden el marco de los tratados de DD.HH. en los que se delega jurisdicción con los límites del artículo 75, inciso 24 de la Constitución Nacional. Específicamente viola lo establecido por el artículo 116 de nuestra Constitución, que establece la competencia de los tribunales nacionales en esta materia, y el artículo 27 que ordena que los tratados de comercio con potencias extranjeras deben estar “en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución” y que, con más razón, esa obligación resulta ineludible para los contratos celebrados con privados. Por tanto, tambien la reforma del art. 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación autorizando la posibilidad de someterse a tribunales extranjeros, deviene manifiestamente inconstitucional, atento que el artículo 28 de la Carta Magna establece de modo tajante que “los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sentencia del 13 de marzo de 2014, dictada en la demanda promovida por Claren Corporation para dar validez internacional y reconocimiento en la Argentina al fallo dictado el 12 de diciembre de 2007 por el juez del Distrito Sur de Nueva York, Thomas Griesa, que impone a la Argentina el pago de 7.507.089 dólares en concepto de capital e intereses vencidos de los títulos Bonos Externos Globales 1997/2017, propiedad de la demandante, decidió el rechazo de la pretensión, por desconocer el principio de inmunidad soberana del Estado argentino. Dijo que las leyes que ordenaron el diferimiento del pago de los títulos de la deuda forman parte del orden público del derecho argentino, lo que, de acuerdo a los normas procesales, impide el exequatur (reconocimiento de sentencias extranjeras). “Otorgarlo implicaría convalidar a través de una acción individual promovida ante un tribunal extranjero, eludir el proceso de reestructuración de la deuda pública dispuesto por el Estado Argentino mediante las normas de emergencia dictadas por las autoridades competentes de acuerdo con lo establecido por la Constitución Nacional".

En materia de derecho internacional resulta especialmente aplicable la normativa incorporada al plexo constitucional, con la reforma de 1994. El principio de igualdad soberana de los Estados y de equidad en las relaciones entre los mismos (art. 2 inc. 1 de la Carta de las Naciones Unidas) y el de autodeterminación de los pueblos (art. 1º de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos Sociales y Culturales) determinan que el Poder Judicial propio, es parte de la soberanía. De lo contrario -como se da en este caso-, el país queda bajo el dominio del Estado extranjero al que pertenecen el juez Griesa, y la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Cabe señalar que la independencia de estos Tribunales, en algún momento puede manifestarse respecto del poder político, pero raramente se ha manifestado respecto al poder económico. Ello no siempre ocurre por corrupción. Basta con la identificación ideológica, política, religiosa, la pertenencia a un mismo núcleo social: el de los jueces.

En el caso de los fondos buitres, se protegen los intereses de un grupo minúsculo de especuladores -en grado de usura-, que se contraponen incluso con los del sector financiero, posiblemente, de acuerdo con sus manifestaciones, con los del gobierno actual de los EEUU, y ponen en cuestión al sistema, pero se acoplan a la perfección al objetivo de sancionar la política del gobierno argentino de impulso a la integración regional latinoamericana y caribeña cuyo desarrollo es una pesadilla para el sistema de dominación imperialista. Por otra parte, hay cláusulas de los bonos manifiestamente ilegales, resultado de la continuidad con similares disposiciones de emisiones en diversas refinanciaciones, que limitan el ejercicio del derecho de defensa, y que por lo tanto son nulas de nulidad absoluta.

Los contratos originarios contenían cláusulas violatorias de principios generales del derecho tales como el abuso del derecho, la lesión enorme, la teoría de la imprevisión, la desigualdad de las partes contratantes, la ausencia de principios compensatorios, la extralimitación en el ejercicio de facultades (abuso de poder), la inaplicabilidad de las leyes contrarias al orden público nacional, la violación por el acreedor de su obligación de facilitar el cumplimiento del contrato (en especial, debe apreciarse los efectos provocados por el proteccionismo, los términos de intercambio adversos a los países deudores y la facilitación de la evasión de capitales), la existencia de obligaciones sin causa, el sometimiento del estado a la jurisdicción y a la ley extranjera, y su renuncia a la inmunidad soberana y al derecho de la defensa, el compromiso de no modificar las leyes y normas existentes bajo pena de resolución del contracto, el cumplimiento cruzado por deudas de distintos deudores, la usura determinada por condiciones financieras excesivamente onerosas (intereses, comisiones spreads, etc).

A ello se agregaban las prácticas monopólicas en la fijación unilateral de las condiciones financieras que se modificaban a posteriori de la concertación, en particular de las tasas de interés variables a sola voluntad de los consorcios de bancos, y la exoneración de impuestos nacionales en el país deudor.

No se puede olvidar la ilegalidad derivada de haber sido contraída por un gobierno usurpador y destinada en parte a financiar terrorismo de Estado en el país y en otros de la región, como en Honduras.

Tal como se determinó en la investigación judicial de la deuda contraída por la dictadura cívico militar (causa “Olmos”), en la concertación y operatoria de los préstamos se cometieron los delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, prevaricato y concusión, fraude, como en los casos en que se ocultó la identidad entre acreedor y deudor (auto-préstamos), o cuando el Estado otorgó garantía o avales a deudores privados insolventes, o sin autorización legal, o cuando se simulan préstamos externos para beneficiarse con seguros de cambio.

Según los principios del antiguo derecho romano en materia contractual, los contratos que dan origen y/o continuidad a la deuda externa, son total y absolutamente ilegítimos. El principio del “pacta sunt servanda”, que establece la obligatoriedad del cumplimiento de los contratos, es válido sólo para aquellos que se realizaron de conformidad a las fórmulas establecidas por el respectivo ordenamiento jurídico.

En los contratos referidos, sea ab-initio, sea en las sucesivas renegociaciones, faltaba el elemento esencial: el consentimiento libremente expresado. Es de público y notorio que si el deudor no aceptaba las condiciones impuestas por el acreedor, en contratos formularios de adhesión, era amenazado, y lo sigue siendo actualmente cada vez que debe renegociar, con gravísimas sanciones, no sólo económicas. En este aspecto conviene aclarar que el reconocimiento del derecho internacional a los gobiernos de facto, para representar a sus países en las relaciones internacionales, siempre que ejerzan autoridad absoluta en el territorio nacional, se limita al plano de las relaciones inter-estatales, o de organizaciones supranacionales. Y aún así ese reconocimiento, dentro de esos límites-, no es absoluto, puesto que determinados actos pueden ser desconocidos por el próximo gobierno que surja de la expresión de la soberanía popular.

En consecuencia la deuda contraída por funcionarios usurpadores del poder político, que carecían de capacidad para representar al Estado respectivo, es nula de nulidad absoluta, y el acreedor no tiene siquiera derecho al reclamo.

Las refinanciaciones realizadas por los gobiernos constitucionales posteriores, incluida la adhesión al Plan Brady, el Blindaje y el Megacanje, más allá de las responsabilidades penales, no han purgado la nulidad absoluta de sus orígenes, porque aunque los acreedores ya no son los mismos, y los nuevos son titulares de derechos que emergen de contractos otorgados por autoridades legítimas, su conocimiento previo del carácter ilegítimo de la deuda original los coloca en la misma situación de sus antecesores.

Es útil recordar los fallos de la Corte Suprema, conservadora de 1941 (“Los Lagos S.A.G. c/Gobierno Nacional,) y la peronista de 1975 (Fallos: 164: 140; 179: 249; 185: 177; 250: 491; 253: 15. entre otros)” (autos “Pustelnik, Carlos Arnoldo y otro c/Resolución del Intendente Municipal”) que sentenciaron “la invalidez manifiesta de los actos cuya ilegitimidad o irregularidad aparece patente en los mismos sin que sea necesario investigar vicio oculto alguno, constituye un concepto general del orden jurídico, que sólo requiere una declaración judicial o administrativa a su respecto, a diferencia de la invalidez oculta que requiere el enjuiciamiento previo para que se torne visible.” No cabe duda que los actos de contracción de la deuda durante la dictadura revisten el carácter de nulidad absoluta, por ese sólo hecho. Consecuentemente las refinanciaciones posteriores adolecen del mismo vicio. Ni los tenedores, ni la banca que intervino en la concertación de los "nuevos" préstamos, ni el Tesoro de los EEUU, pueden alegar ignorancia de los vicios de legitimidad y/o legalidad, ni de la coacción ejercida sobre los gobiernos constitucionales.

Las amenazas de suspensión de créditos y provisión de elementos substanciales para la producción industrial y hasta para la salud, por parte de los EEUU y de los organismos financieros internacionales que controla (FMI, BM, BID, etc.) forzaron la aceptación de las condiciones impuestas.

Fracasada la tentativa del presidente Alfonsín de una actuación conjunta de los países deudores del continente, que le costó su cargo al Ministro Grinspun, sucesivos “planes de ajuste”, impulsados por el FMI y el Banco Mundial, acentuaron el atropello a los derechos económicos, sociales y culturales, en función del pago de la deuda, provocando más víctimas que las causadas por el terrorismo de estado, y condicionando toda la vida nacional, incluso su política exterior.

En esas condiciones, se llegó a la última refinanciación, realizada por el Presidente Néstor Kirchner, comparable con un concurso preventivo en el cual el deudor -el Estado Argentino- en virtual cesación de pagos, propuso un plan con quita y extensión temporal para saldar la deuda, manteniendo casi todas las cláusulas susceptibles de nulidad contenidas en los préstamos a refinanciar, convencido que la relación de fuerzas existente en el contexto internacional, no permitía una solución mejor.

Esa propuesta fue aceptada por casi el 93% de los acreedores, con lo cual en el marco del derecho mercantil, aquí y en cualquier país del mundo, implica que el 7% restante sólo puede adherir al acuerdo, lo que no hizo, incluso cuando se le dio una nueva oportunidad. Es más, no se trata de los tenedores originales de los bonos sino de un fondo buitre que desvergonzadamente, violando los principios más elementales de buena fe, especula con la posibilidad de que un juez carente de jurisdicción, ejemplo de la negación de imparcialidad e independencia indispensables para su función, les facilite una impresionante ganancia. Es lo que Griesa ha hecho, poniendo en riesgo, no sólo el próximo pago a los tenedores que aceptaron el acuerdo, sino la viabilidad de cualquier otro acuerdo de otros países deudores. Asimismo, en forma indirecta afecta gravemente el proceso de Integración Regional. Su última decisión tiene un nivel de degradación jurídica insólito. Ante el anuncio del ministro de Economía de la intención de pagar a los bonistas que ingresaron al canje en la Argentina, dispuso: “se prohibe a la Argentina llevarlo adelante”.

Se ha llegado a un momento crucial para la preservación de la identidad, la dignidad y la subsistencia misma de nuestro pueblo. Por eso, es preciso recordar lo establecido, idénticamente, en el art. 1º de ambos pactos internacionales de derechos humanos, el de derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y de los civiles y políticos (DCP): En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. “Medios de subsistencia” son según el diccionario “los medios necesarios para el sustento de la vida humana”. La Declaración Universal de Derechos Humanos lo resume en su artículo 25: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios...a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. En este sentido es necesario atender al texto de los Principios Rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos aprobado `por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2012.

Afortunadamente la situación de hoy difiere de la de 1985. El avance en el proceso de integración regional (Mercosur, Unasur, Celac) abre una perspectiva de solidaridad ante la agresión vía judicial ilegitima, que ya tuvo un inicio en el pronunciamiento efectuado por el G77 más China, y en el reciente apoyo del Mercosur y la CELAC. Las acciones de los fondos buitres en los tribunales representan un peligro para los procesos actuales y futuros de reestructuración de la deuda, para los países en desarrollo y los desarrollados. Y por eso resulta crucial impedir que priven a los Estados de los recursos para proteger a su pueblo conforme al derecho internacional.

Las circunstancias actuales sin duda son producto de las políticas de endeudamiento irresponsable, fraudulento, y entreguista de diversos sectores políticos y económicos que ha provocado exclusión, miseria y dependencia económica de nuestro pueblo. Consideramos que los tres poderes del gobierno argentino tienen la enorme responsabilidad de tomar una posición inclaudicable frente a esta nueva forma de expoliación y sometimiento de la economía y la política de un país en proceso de desarrollo, adoptando medidas que preserven la soberanía nacional y aseguren el avance en el nivel alcanzado de los derechos económicos y sociales. Y que esas medidas sean apoyadas por todo el arco político que pregona la defensa de los intereses nacionales, sin oportunismos banales. Señalamos la importancia del rol que en circunstancias como estas tienen los comunicadores sociales y los medios de información, por los terribles efectos que puede tener una comunicación irresponsable, alarmista y sesgada.

Convocamos asimismo a las organizaciones de abogados, jueces, funcionarios del Ministerio Público, y a las universidades a pronunciarse.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de Junio de 2014.

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fondos buitre
Oliver Stone acusó a la derecha estadounidense de "disparar" contra la Argentina

El director cinematográfico expresó su apoyo a la Argentina en la disputa contra los fondos buitre, señalando a "el ala derecha del Estado de Florida" como uno de los responsables de los ataques especulativos contra nuestro país.



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“Argentina: el ala derecha del Estado de Florida golpea de nuevo en detrimento de todos nosotros. No es Cuba, ni Venezuela esta vez, sino Argentina”, comentó Stone al compartir en su cuenta de Facebook una nota del columnista de The Guardian, Mark Weisbrot, titulada “¿Quién disparó a la Argentina?”.

El artículo en cuestión apunta a congresistas estadounidenses de Florida y sectores neoconservadores de ese mismo Estado, como los impulsores de las campañas en contra de nuestro país financiadas por la organización conocida como `American Task Force Argentina`.

Para Weisbrot, estos sectores "quieren que un partido político diferente asuma el poder en Argentina", para lo cual han gastado, sólo en 2013, cerca de un millón de dólares.

El multipremiado cineasta estadounidense es un conocido defensor de los gobiernos populares de América Latina, hecho que ha plasmado en sus trabajos de no ficción, particularmente en el documental "Al sur de la Frontera", estrenado en el Festival de Venecia en 2009, donde cuenta las experiencias de las presidencias de Venezuela, Bolivia, Argentina, Ecuador, Cuba, Paraguay y Brasil en los últimos años.



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lunes, 30 de junio de 2014
DEUDA. Argentina no aceptaría que le devuelvan los dólares que giró a Nueva York

Que grande el Turco Zaiat. Siempre explica de modo que lo comprenda cualquiera, los problemas que el Partido del Extranjero presenta como galimatías atemorizantes.

ARGENTINA GIRO LOS DOLARES DEL VENCIMIENTO DE DEUDA DE MAÑANA Y EL JUEZ THOMAS GRIESA IMPIDE QUE LOS ACREEDORES COBREN

Default Griesa

El deudor (Argentina) paga en tiempo y forma, pero los acreedores (del canje) no pueden recibir los dólares por un fallo judicial a favor de fondos buitre. Es un acontecimiento inédito en ocho siglos de historia financiera mundial. Esta extravagancia es provocada por el juez Thomas Griesa por su militante parcialidad a favor del fondo buitre Elliott, de Paul Singer.

Por Alfredo Zaiat

Si continúa en su abierta parcialidad a favor del fondo buitre Elliott, del financista republicano Paul Singer, como manifiesta en cada una de las audiencias convocadas en su juzgado, Thomas Griesa puede convertir el caso contra Argentina en único en la historia financiera mundial: sería la primera vez en ocho siglos que por una orden judicial los acreedores no pueden cobrar pese al pago efectuado por el país deudor. Sería el default Griesa, categoría hasta ahora desconocida en los mercados internacionales. El deudor paga en tiempo y forma, pero los acreedores no pueden recibir los dólares por un fallo judicial. Este inédito acontecimiento financiero puede ser provocado por el juez de primera instancia del distrito sur de Nueva York, área donde opera Wall Street.

En el período 1800-1945 se registraron 127 episodios de países que declararon el default con una duración promedio de seis años. En los años que van de 1946 a 2006, la interrupción en el pago de deudas se repitió 169 veces de lapso medio de tres años. El inventario también abarca de 1300 a 1799, cuando países europeos considerados hoy muy ricos (Alemania, Francia) contabilizaron varias cesaciones de pago, al igual que Austria, España y Portugal. Estados Unidos no declaró formalmente un default, pero alteró en dos oportunidades la paridad del dólar con el oro (1933 y 1971), lo que implicó pagar su deuda con una moneda depreciada, que en los hechos significó una quita de capital a los acreedores. Este recorrido histórico por 66 países de los cinco continentes forma parte de una investigación apabullante en cifras e indicadores de los economistas Kenneth Rogoff (ex economista jefe del FMI) y Carmen Reinhart en Ocho siglos de crisis financieras. Historia mundial de los defaults.

Todos esos defaults fueron decididos por el país deudor; nunca por un juez que impide a los acreedores cobrar el pago del deudor, como lo dispuso Griesa el viernes pasado.
La extravagante interpretación del pari passu (igual trato) a los acreedores para favorecer a fondos buitres del juez Thomas Griesa y de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Nueva York incorpora ese factor adicional para hacer del recorrido reciente de la deuda argentina un caso único. Además del riesgo del default Griesa, esa historia comenzó con la cesación de pagos de 2001 que involucró el monto de deuda más elevado hasta la debacle griega. Esa deuda fue reestructurada en los canjes 2005 y 2010. Fue inédita la magnitud de la quita de capital de la deuda, la mayor de la historia financiera moderna, que incluyó una fuerte baja de la tasa de interés y extensión de los plazos de pagos. Fue la primera vez en el sistema financiero internacional conformado desde los años setenta que el diseño y gestión de la reestructuración se desarrollaron sin la participación del FMI, que ni siquiera auditó las proyecciones financieras que fundamentaban la propuesta oficial.

Otra cuestión poco mencionada es que Estados Unidos tuvo una posición favorable a la estrategia argentina en relación con el proceso de reestructuración de la deuda en default, que hoy un juez pone en riesgo. Manifestaciones públicas de la administración de George W. Bush, y especialmente a través de su influencia en el FMI, facilitó el plan del gobierno de Néstor Kirchner con los acreedores. La posición de Estados Unidos era que las crisis y los defaults son consecuencias de endeudamientos excesivos, y esa responsabilidad no era sola del país emisor de bonos, sino también de conductas imprudentes de los acreedores que le prestaron. En esa línea, la magnitud de la quita de capital sobre los títulos de deuda en default definida en el canje 2005 no fue cuestionada por el gobierno estadounidense, sino que la evaluó satisfactoria. Es lo que explican Mario Damill, Roberto Frenkel y Martín Rapetti en La deuda Argentina: historia, default y reestructuración, al señalar que las condiciones del canje de deuda "no resultaron muy incómodas para el gobierno de Estados Unidos", debido a que en esa visión la elevada magnitud de la quita fue "proporcional a una gran irresponsabilidad del mercado". Ahora un juez estadounidense puede anular este exitoso proceso de reestructuración respaldado en su momento por su país.

Pese a este desarrollo histórico, y por más que un país soberano haya depositado los dólares para pagar a los acreedores, calificadoras de riesgo, analistas financieros y el elenco estable de economistas del turno mañana, tarde y noche que recorren los medios locales hablan de un eventual default. El detalle que ocultan es que para que haya cesación de pagos la tiene que declarar el país deudor; no un juez estadounidense de primera instancia. Este puede impedir la efectivización del pago abrazado a los intereses de fondos buitre, pero es una cuestión judicial que se seguirá dirimiendo en tribunales estadounidenses, además de nacionales e internacionales, de acuerdo con la posición informada por el Gobierno. Argentina pagó el vencimiento de deuda en tiempo y forma, y giró el dinero a quien correspondía: a la entidad contratada para distribuirlo entre acreedores, el Bank of New York Mellon.

En la última audiencia de partes convocada por la sociedad Griesa-Singer, ese banco adelantó que hará lo que el juez ordene, con lo que incumpliría el contrato de agente fiduciario de la deuda argentina. Tiene desde el jueves pasado los dólares en su cuenta del Banco Central para distribuirlo en Nueva York entre acreedores de deuda regular. Si no concretara la tarea por la que fue contratado y cobra, se abriría un litigio de Argentina contra ese banco, pero también de los bonistas, por no girarles esos dólares que les pertenece. Griesa ordenó al banco devolverlos sin decidir el embargo de esos dólares, medida que refleja su vocación de gobernar desde su rancho de Montana un país sudamericano denominado Argentina. El juez puede ordenar devolver los dólares, el banco querer hacerlo, pero nada obliga a la Argentina a recibirlos. Por el contrario, si lo hace estaría infringiendo leyes locales, y quien lo hiciera estaría incumpliendo los deberes de funcionario público.

Quienes tienen rodilleras bien mullidas siguen alimentando la confusión sobre el objetivo de los fondos buitre cuando analizan sus estrategias con criterio financiero. Son buitres porque compran bonos de deuda colapsados para luego reclamar por vía judicial el valor total más los intereses devengados. No son lo mismo que los holdouts, acreedores con títulos en default que por distintas razones no aceptaron la reestructuración sin especular con acciones legales. Aunque les cueste decirlo a endeudores seriales por la seducción atrapante del poder de las finanzas (el gobierno de Mauricio Macri aumentó en 300 por ciento la deuda en dólares durante su gestión), los buitres no son acreedores de buena voluntad ni actores interesados en participar del juego del mercado financiero, espacio donde se gana y se pierde con apuestas más o menos arriesgadas con el subibaja de las cotizaciones. No les interesa ser parte de las reglas del negocio de bonos soberanos, donde interviene la oferta y la demanda, sino que el camino para contabilizar ganancias fabulosas es hacer juicios a acreedores vulnerables. Los buitres no pretenden cobrar por mecanismos del mercado de deuda, sino por vía judicial. La rentabilidad la obtienen recurriendo a tribunales que les aseguran la desaparición de ese riesgo. Esto es posible por la existencia de un sistema poco regulado y por un poder judicial y político estadounidense que legitima estas conductas.

No deja de asombrar cómo especialistas en rodillas al piso analizan cada frase de Griesa y los buitres como si fueran sentencias absolutas a cumplir, cuestionando con más o menos énfasis, dependiendo el grado de inhibición, cada paso legal que realiza Argentina para defender su soberanía y finanzas. Quedaron descolocados con su última jugada que desarticuló la estrategia Griesa-Singer, dupla que no dispuso el embargo de los dólares girados al Banco of New York Mellon ni pudo dictar el desacato al fallo.
El documento leído por el ministro Axel Kicillof el jueves pasado, acompañado por el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, ofrece suficiente información para que dejen de tirar fruta empleados de la verdulería de la city.

La posición argentina definida en ese documento histórico es la siguiente:

- Acepta el fallo que ordena pagar a los fondos buitre pero demanda una negociación "de buena fe en condiciones equitativas, justas y legales", reafirmando el compromiso "de honrar sus deudas con el 100 por ciento de los acreedores".

- Esa instancia de negociación no debería impedir pagar a los bonistas que ingresaron en el canje de deuda en default, porque "no pagar teniendo los recursos y forzando un default voluntario es algo que no está contemplado en la ley argentina, sería contrario al orden público argentino y una clara violación a los prospectos de deuda".

- Este es un punto importante: Griesa no sólo estrujó la interpretación del pari passu a favor de los buitres, sino que avanzó sobre el canje de deuda limitando el derecho del resto de los acreedores a cobrar en tiempo y forma, impidiendo "ejercer un derecho en forma voluntaria" que es "depositar los fondos cumpliendo con las obligaciones establecidas en el prospecto de emisión de los títulos de deuda".

- Por ese motivo, Argentina rechaza la posibilidad de considerar que ingresó en un default ni que sea denominado "técnico", puesto que "se pretende asociar el impedimento antojadizo de un pago por orden judicial sin considerar la voluntad del deudor de cumplir con sus obligaciones".

- Si la sociedad Griesa-Singer impiden pagar a los bonistas, atropellando una decisión soberana, Argentina adelanta que avanzará en eventuales acciones judiciales para "hacer valer legítimamente nuestros derechos como miembro de la comunidad internacional" hasta en "el Tribunal Internacional de La Haya como sujetos de derecho internacional y ante tribunales ordinarios de la República Argentina".

- En esa línea, advierte "respecto de las consecuencias de sus actos a los Estados Unidos por la responsabilidad internacional que le cabe por las decisiones de su Poder Judicial, al agente fiduciario, a las entidades financieras involucradas, a los litigantes y al mismo juez Thomas Griesa".

Estos criterios que son manifestaciones de soberanía en las decisiones financieras de un país son cuestionados en el ámbito doméstico por quienes estuvieron en uno u otro lado de la mesa de negociación de la deuda desde mediados de la década del setenta hasta el colapso de 2001. Son los mismos que proponían pagar para levantar el insólito embargo de la Fragata Libertad en un puerto de Ghana. Es notable esa comunión de intereses dedicada a confundir cuando avalan la falsa actitud de negociación de los buitres y su juez amigo.
Argentina adelantó que no declarará el default y no convalidará la definición de "default técnico". Si los dólares girados de las reservas del Banco Central y depositados en el Bank of New York no llegan a las cuentas de los bonistas del canje, mañana o hasta el 30 de julio, la historia mundial de las crisis financieras incorporará una nueva e insólita categoría: default Griesa.
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CON LA ABSTENCIÓN DE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
OEA aprobó declaración de respaldo contra buitres

Plantea el "pleno apoyo" a una solución que tome en cuenta la reestructuración de deuda soberana y el pago a bonistas cooperativos.

Felipe Yapur


OEA aprobó declaración de respaldo contra buitres

La Argentina recibió ayer un nuevo y contundente respaldo político en la controversia que mantiene con los fondos buitre que buscan abortar la reestructuración de su deuda externa. Esta vez fue de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que aprobó por aclamación un documento de apoyo. Tanto el ministro de Economía, Axel Kicillof, como el canciller Héctor Timerman fueron precisos en el momento de fundamentar la necesidad del sostén internacional. "La Argentina es la primera víctima porque, si se vuelve imposible la reestructuración de la deuda, no lo podrá hacer nadie más y por eso hay que actuar rápidamente", azuzó Kicillof. Sólo Estados Unidos y Canadá se abstuvieron de respaldar la medida. Una actitud que no sorprendió a la delegación argentina.
El encuentro comenzó con algunas certezas. La primera era que el documento iba a contar con un fuerte respaldo de los países latinoamericanos y del Caribe. La otra eran las abstenciones de los gobiernos de EE UU y Canadá. La subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, fue la que anunció su voto prescindente y pidió que el documento lleve una nota al pie donde sostiene que "Estados Unidos no puede apoyar esta declaración y hace notar que el tema sigue su curso en el proceso judicial estadounidense". Lo que incomodó a la delegación de la Argentina fue que lo dijeran en dos oportunidades.
Timerman no ocultó su molestia por esta insistencia y hacia el final del encuentro pidió nuevamente la palabra para afirmar que el lunes, cuando una delegación argentina se encuentre con el mediador Daniel Pollack, no sólo estarán acompañados por estas declaraciones de respaldo sino también "por la memoria y las víctimas de los fondos buitre que reciben el apoyo de algunos países". Consultado por Tiempo Argentino sobre si esos países pueden ser los que ayer se abstuvieron respondió que "sus propias acciones los identifican".
La declaración aprobada en la OEA no sólo declama "un pleno apoyo al logro de una solución que busque facilitar el amplio proceso de reestructuración de la deuda soberana argentina". También considera que "es esencial para la estabilidad y predictibilidad de la arquitectura financiera internacional garantizar los acuerdos alcanzados entre deudores y acreedores, en el marco de los procesos de reestructuración de las deudas soberanas, sean respetados permitiendo que los flujos de pago sean distribuidos a los acreedores cooperativos según lo acordado con los mismos en el proceso de readecuación consensuada de la deuda".
El canciller fue el primero de la delegación argentina en hablar y su discurso dio cuenta de que el tono del gobierno no era sólo económico sino también muy político. Timerman sostuvo que los fondos buitre "utilizan medios políticos, medios de comunicación y el lobby para controlar el sistema financiero internacional y adaptarlo a sus necesidades". El canciller fue subiendo el tono de su discurso al afirmar que estos fondos especulativos no sólo pretenden "tener el control y definir cómo se manejan las economías de nuestros países sino también los recursos naturales. Entonces, hablamos de soberanía y eso supera un simple cálculo económico." Timerman advirtió que un posible default "eliminará a nuestros niños la esperanza de un futuro mejor y esto no es un concepto teórico" porque "cuanto más ganan los fondos buitre, más pobres tienen nuestros países".
Kicillof no descuidó el costado económico de la problemática que enfrenta la Argentina, pero también se refirió a la necesidad de que los respaldos se traduzcan en soluciones. "No queremos ser un caso de estudio", subrayó el ministro, para luego decirles a los cancilleres y embajadores de la OEA que "lo que necesitamos y pedimos es que la comunidad internacional y los organismos multilaterales de crédito actúen y lo hagan antes de que el precipicio que nos impuso (el juez Thomas) Griesa se presente ante nuestras narices". Kicillof no se olvidó de resaltar algunos cambios que tuvo la actitud del gobierno estadounidense, al que le recordó que en las instancias iniciales del juicio con Griesa tuvo una posición firme y favorable sobre la reestructuración de la deuda soberana, pero que esa postura "luego no continuó ante la Corte".
En una conferencia de prensa posterior, el ministro de Economía insistió en la predisposición de la Argentina a dialogar y negociar, y confirmó que el lunes una delegación de funcionarios se reunirá con el mediador Daniel Pollack. En esa situación, Kicillof reiteró que el fallo de Griesa es tan "desquiciado" que avanza sobre jurisdicciones que no le corresponden, como el pretender obligar al Banco de Nueva York, que tiene el depósito de pago para los bonistas, a que devuelva el dinero que les corresponde a bonistas europeos. Tiempo Argentino quiso saber si la Argentina está trabajando en un posible cambio de jurisdicción. Kicillof dijo que por ahora no está definido. Por último, reiteró que "la Argentina está comprometida con el diálogo, pero pide igualdad de condiciones. No podemos hacerlo bajo condiciones de extorsión."
Poco antes de que hablaran los representantes argentinos hizo uso de la palabra el titular de la OEA, José Miguel Inzulza, quien afirmó con dureza que "para algunos actores indeseados en esta economía global, la eventual quiebra de un Estado, con enormes daños para sus ciudadanos, especialmente los más pobres, nunca es 'too big' y la crisis es siempre una oportunidad. Por eso se llaman fondos buitre, no de manera peyorativa, sino ajustada a la verdad." Los discursos de los embajadores y cancilleres presentes de América Latina y el Caribe tuvieron un hilo conductor similar. «





Lula, ONU y China

El ex presidente brasileño Lula da Silva dijo ayer que "la Argentina es un país extraordinario que está conversando con los organismos sobre el tema de la deuda". Por su parte, el portavoz de Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, llamó ayer a la Argentina a asegurar que las personas más vulnerables no se vean afectadas de forma "desproporcionada" en caso de que el país declare una suspensión de pagos ante la presión que está recibiendo por parte de los fondos buitre y el poder judicial norteamericano. Por último, el vocero del ministerio de Asuntos Exteriores chino, Hong Lei, “lograr un acuerdo adecuado lo antes posible” en el contexto de las condiciones equitativas y justas para el país.

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