ESPAÑA SALE A LA CALLE ,EN CONTRA DE LA POLITICA DEL PP

Más de 4.000 jóvenes que se han ido a trabajar fuera de su hogar ante la falta de expectativas laborales en España se apuntan a la campaña 'No nos vamos, nos echan' para denunciar cómo se ven obligados a elegir "entre el paro, la precariedad o el exilio forzado"



Daniel Hernando es un joven de 22 años que vive en la ciudad de Linyi, en China. Estuvo buscando trabajo año y medio tras acabar su carrera de magisterio. Acudió a todos los centros privados y concertados del País Vasco y Navarra a dejar su currículum pero nunca le llamaron. La enseñanza en el sector público estaba completamente cerrada por lo que la única opción real que le quedaba era emigrar. Hizo las maletas y se fue a vivir a China, pues allí tenía la oportunidad de optar a un trabajo más digno que en el lugar donde nació. "No me agrada tener que estar a medio mundo de distancia de mi hogar, pero es la mejor opción que tengo. Si pudiera volver y tener un trabajo de maestro, volvería. Pero eso es inimaginable ahora mismo".

Otro caso es la de Juan José, un ingeniero técnico en informática de gestión de 26 años que se fue a Alemania porque "¿Para qué quedarse en España? ¿Para ganar una miseria de prácticas en Madrid o Barcelona y trabajar en jornadas interminables en una cárnica?". O la de Rosa Díaz, de 24, que se fue Francia a buscar trabajo de profesora y sigue parada. Son sólo algunos de los más de los 4.000 puntos que aparecen contando su historia en el mapa web de nonosvamosnosechan.net y que han ido rellenando jóvenes esta semana después de que el colectivo Juventud Sin Futuro lanzara esta iniciativa a través de las redes sociales "que denuncia la situación de exilio forzoso de la juventud precaria".

El número de españoles que residen en el extranjero, como ellos mismos recogen, ha crecido un 5,5% desde el inicio de la crisis económica en 2008. Según datos del INE, en 2012, han sido 302.623 los jóvenes (entre 15 y 29 años) con nacionalidad española que residen en otros países, mientras que en 2009 eran 242.154, sin contar a los emigrados que no se apuntan en los consulados, que son la mayoría en el caso de los jóvenes. Se estima que cada semana emigran varios miles. Aunque los datos se riñen en la actualidad, la realidad es que hay una generación que creció en los tiempos de bonanza económica, los del "ladrillazo" y las hipotecas, y a los que se les prometió un futuro prometedor. Pero cuando han crecido se han encontrada lo que país les aguardaba era trabajos precarios o paro.

Pero hay algunos de estos jóvenes que no se resignan y, con el impulso de las movilizaciones contra los recortes y las políticas de austeridad del Gobierno de Rajoy, quieren que también se oiga su voz. Por eso, desde el colectivo Juventud Sin Futuro, que se dio a conocer en abril de 2011 con una manifestación bajo el lema "sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo" y que posteriormente fue impulsora del 15-M junto a Democracia Real Ya, han decidido sacar esta campaña a través de las redes sociales para visibilizar el drama de estos miles de jóvenes que se han marchado a trabajar a otros países bajo el lema No nos vamos, nos echan. Es lo que denominan el "exilio". En muchos casos, para trabajar también en precario.

Lo que quieren es "desmentir el discurso que nos ofrece el gobierno, de que es nuestro espíritu aventurero el que nos hace marcharnos en búsqueda de un futuro mejor, no nos vamos, nos están echando. Vemos cómo éste no es país para jóvenes, con la tasa de paro juvenil más alta de toda la Unión Europea y dónde la única alternativa que nos proponen es poder encadenar contratos en práctica ya sin límite". Así lo explica Andrea Raboso, una de las organizadoras de la campaña. Más indignados que hace dos años, pues han sufrido una reforma laboral y el paro juvenil ha aumentado desde que salieron por primera vez a la calle, han vuelto a convocar una manifestación en la misma fecha, el 7 de abril.

"Como venimos denunciando desde hace mucho tiempo, este no es país para jóvenes: su austeridad, sus políticas y su crisis nos obligan a irnos, cada día de una forma más evidente. Vuelven inaccesible la educación para miles de jóvenes y convierten el transporte público en un lujo para muchas inalcanzable", como explica el colectivo en el comunicado colgado en su página web. Añaden además que en el extranjero no está el paraíso laboral, pues "la precariedad es un mal endémico en toda Europa, se sufre igual en inglés, alemán y francés que en castellano".

De momento, la campaña ha tenido "muy buena acogida en las redes sociales", pues en tan sólo dos días hen recibido más de 4.500 historias diferentes y más de 150.000 visitas en la página, como explica Raboso, pues han recibido mails de apoyo a la iniciativa de prácticamente todos los lugares del mundo. De cara a la manifestación, esperan contar con el apoyo de los jóvenes, ya sean trabajadoras, desempleadas o estudiantes, pero también del resto de la sociedad porque están convencidos de que es un problema "que afecta a todos". Además, se están organizando con aquéllos que les han escrito desde el extranjero para que haya acciones de protesta en muchos países más. Frente a las medidas de austeridad, lo que estos jóvenes están pidiendo son "alternativas para un futuro, acceso universal a la vivienda y un empleo digno".

Ecologistas en Acción expone los motivos por los que se suma a la querella de IU contra cargos del PP y responsables de constructoras que aparecían como donantes del partido en la contabilidad B del extesorero, a veces abonando sus 'donativos' sólo 24 horas después de que apareciese en el BOE la adjudicación que les lucraba

La publicación de los papeles de Bárcenas ha puesto sobre la mesa una estrecha relación entre concesiones de obras y servicios públicos, y varias empresas de construcción que hacían donativos al Partido Popular incluso sólo 24 horas después de se publicase en el BOE alguna de estas lucrativas adjudicaciones.

Ante estas evidencias, el pasado jueves Izquierda Unida presentó ante la Audiencia Nacional una querella criminal contra los extesoreros del PP, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y también contra varios ministros del anterior Gobierno del PP, como Federico Trillo, Rodrigo Rato o Ángel Acebes, además del expolítico conservador y empresario Pablo Crespo, implicado en la trama Gürtel, por haber supuestamente cometido varios presuntos delitos derivados de los pagos de empresas que aparecen en la contabilidad B de Bárcenas.

El PP ya anunció el mismo jueves que emprendería una acción judicial en defensa de su honor y contra las "graves acusaciones" que se imputan a los miembros de su partido. Sin embargo, la querella de IU no iba dirigida sólo a cargos públicos, sino que también se extendía a los presidentes y expresidentes de ocho constructoras que aparecen como presuntos donantes en los famosos cuadernos de contabilidad paralela de Bárcenas. La querella también estaba apoyada por otras organizaciones como Ecologistas en Acción, la Asociación Justicia y Sociedad, y la Asociación Libre de Abogados.

"La mayoría de las donaciones se tradujeron en licitaciones de grandes obras que ahora debemos" Estas organizaciones denuncian que el resultado de las incontestables conexiones entre las anotaciones de donaciones al PP y las adjudicaciones de obras públicas a las empresas donantes no ha sido otro que el aumento desproporcionado de la deuda pública de España en aras de disfrutar de una serie de instalaciones e infraestructuras que apenas se utilizan y por las que gobiernos autonómicos han hipotecado los derechos sociales de su población en beneficio de estas empresas concesionarias.

Así lo denuncia uno de los querellantes, Ecologistas en Acción, que se ha sumado a la acción judicial por el resultado de esta íntima relación entre poder político, donativos suculentos de constructoras y aumento insostenible de la deuda pública. "La mayor parte de los pagos supuestamente ilícitos que aparecen en los papeles de Bárcenas presumiblemente se tradujeron luego en licitaciones de grandes e insostenibles obras de infraestructura que ahora debemos pagar incrementando de forma abrumadora la deuda pública", critican los ecologistas.

Megaproyectos y crecimiento no siempre van a de la mano

Según denuncian, el pretexto de estos megaproyectos siempre ha sido que van de la mano del desarrollo económico. Sin embargo, y a pesar de que "España es el país europeo con más kilómetros de autovías y de autopistas, con más kilómetros de alta velocidad y con más aeropuertos sin servicio de Europa", "también somos récord en problemas económicos y en desempleo", apunta la organización, que lleva varios años informando de este "despilfarro" con datos contrastados. Ejemplo de ello es el informe titulado "Infraestructuras de transporte y crisis: Mitos y realidades" , publicado en 2011 y en el que los ecologistas advertían de que el país se estaba precipitando en un "situación de desmesura en la dotación de infraestructuras de transporte, muy difícil de entender desde una óptica racional".

"Llevamos años denunciando el despilfarro en infraestructuras insostenibles, con muchos datos y cálculos económicos contrastados. Los papeles de Bárcenas apuntan ahora a las razones de esas concesiones públicas, que no son más que el enriquecimiento de las constructoras a cambio de donativos que la cúpula del PP se repartía en sobres".

"España es el país europeo con más kilómetros de autopistas, de alta velocidad y con más aeropuertos sin servicio de Europa" La confederación ecologista pone sobre la mesa varios casos de inversiones ruinosas para el erario público y destructivas para el territorio y el medio ambiente centradas en infraestructuras de transporte y construidas por algunos de los nombres que aparecen en los papeles de los supuestos donativos que Luis Bárcenas recopilaba.

Uno de ellos es la autopista AP-41 de Madrid-Toledo, una de las 13 radiales que circunvalan la capital. "Se trata de una autopista que tiene el 11% del tráfico previsto. Costó 440 millones de euros y no sólo es deficitaria --al igual que otras cinco de estas carreteras--, sino que la concesionaria, que pertenece al grupo Sando (cuyo presidente, José Luis Sánchez, es uno de los querellados) ha demandado a Fomento y el Tribunal Supremo le ha dado la razón, por incumplimiento contractual, de modo que el Estado deberá compensarla con 320 millones".

Algo parecido ocurre con el Metro ligero de Madrid, cuya construcción costó a los madrileños 585 millones de euros, que se embolsó la constructora OHL, cuyo expresidente, Juan Miguel Villar Mir, también aparece en la citada querella. Esta instalación sirve para que una ínfima población de la capital se desplace por el oeste de la ciudad suponiendo un coste para la Comunidad de Madrid de 5 euros por viajero, cuando el coste en toda la red de Metro es de 1,7 euros. "Además, si la demanda de viajeros queda por debajo del 68% de la prevista en el contrato, la Comunidad de Madrid también debe compensar a la concesionaria. Un negocio redondo", denuncian.

"Estas inversiones se acometen mientras aplican recortes en partidas básicas" La construcción del AVE también ha repartido pingües contratas a compañías contra las que también se ha presentado querella, como Hispánica o Aldesa. La inversión del Ministerio de Fomento por cada kilómetro de vía es cercana a 30 millones de euros, según cifra esta organización a partir de datos del propio Ministerio de Fomento. La Comisión Europea advierte de que la demanda mínima recomendable para este tipo de inversión son nueve millones de pasajeros, pero este volumen no es superado ni siquiera por la línea Madrid-Barcelona.

Aún así, critican desde la plataforma, "Fomento prevé gastar 8.500 millones de euros en llevar el AVE a Galicia, cuando un estudio encargado por el propio ministerio concluye que no hay demanda más que para tres trenes diarios por sentido. Y estas inversiones se acometen al mismo tiempo que se aplican unos draconianos recortes en partidas básicas para el bienestar de la ciudadanía".

Ecologistas en Acción considera que la mayor parte los 40.000 millones acumulados en deuda entre Fomento, Adif, Aena y otras empresas públicas "no tienen justificación desde el punto de vista del transporte ni del interés social, pero sí de los turbios intereses que se pretenden desvelar con esta querella".