NOTICIA DE VENEZUELA

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DESTACADOCOLUMNISTAS
Almagro y el Frente Amplio: los reales motivos de su expulsión

"Defienden dictaduras, defienden opresión, defienden represión, defienden tortura, defienden a los torturadores, defienden a los asesinos, defienden a aquellos que violan a los presos políticos. No sean ridículos, no sean imbéciles”

Por Hana Fischer Actualizado Dic 22, 2018




El partido político que gobierna en Uruguay expulsó de sus filas –por unanimidad- al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
El “fundamento” de tan denigratoria decisión fue el dictamen de su Tribunal de Conducta Política (TCP). Allí se expresa que los actos de Almagro con respecto a Venezuela, “pueden considerarse la violación más grave” de los principios del Frente Amplio “que cabe imaginar en el ejercicio de la altísima función que tiene a su cargo”. 
Resalta que “es inequívoca la incompatibilidad absoluta de esa postura con los principios que sustenta el Frente Amplio en materia de derecho internacional y defensa del principio de no intervención como pilar indispensable del régimen interamericano. La preservación de este principio en toda circunstancia es vital, cualquiera que sea la visión que se tenga sobre la situación interna de un país”.
Dado que estamos hablando de jueces morales, los “considerandos” sobre los que basan su fallo nos comunican los valores éticos y conductas asociadas que defienden esos magistrados. Asimismo, la ética que mueve a los miembros del Plenario del Frente Amplio que expulsaron a Almagro por considerarlo “indigno” de integrar sus filas.
Si para ellos el comportamiento de Almagro es “despreciable”, entonces también lo son los principios y valores morales que defiende. Esto es interesante porque nos brindará una radiografía de la conducta ética de esas personas. Es decir, sacará a la superficie aquellas cosas que defienden y los auténticos móviles de su accionar.
Lo primero que hay que mencionar, es que el Frente Amplio y el gobierno uruguayo son muy cercanos a las dictaduras que asolan a Venezuela y Cuba. Explícita o implícitamente las han defendido en todas las instancias posibles.
En la vereda opuesta se ha plantado Almagro desde que dirige a la OEA. Han sido constantes sus denuncias sobre la situación política y humanitaria imperantes en Venezuela. Y últimamente, ha definido a Cuba como “la dictadura más antigua” de América, acusó a sus gobernantes de “crímenes de lesa humanidad” y de exportar “violencia” a Venezuela y Nicaragua.
La “excusa” puntal que utilizó el Frente Amplio para juzgar y expulsar a Almagro, fueron unas palabras pronunciadas en septiembre de este año cuando estaba en la frontera colombiana-venezolana. Su objetivo era constatar directamente la situación de los miles de venezolanos que huyen debido al hambre, la falta de medicinas básicas, la inseguridad y la persecución política.
Conmovido ante tanta tragedia humana, declaró: “Las acciones diplomáticas están en primer lugar” pero no se pueden descartar otras dada la gravedad de la situación. “En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción”.
Entonces, rasgándose hipócritamente las vestiduras, grupos del Frente Amplio exigieron su expulsión por haber hecho referencia a una eventual intervención militar.
El expresidente “Pepe” Mujica manifestó que una intervención militar no es “negociable bajo ninguna circunstancia” porque los que intervienen son “poderosos” que cubren sus acciones con banderas de derechos humanos.
Un indignado Almagro les retrucó manifestando: “Defienden dictaduras, defienden opresión, defienden represión, defienden tortura, defienden a los torturadores, defienden a los asesinos, defienden a aquellos que violan a los presos políticos. No sean ridículos, no sean imbéciles”.
Por otra parte, dice mucho acerca de los “principios” defendidos por el Frente Amplio, el hecho de que callen y se hagan los “bobos” con respecto al ejército de ocupación cubano que opera en Venezuela. Que por cierto, no es para proteger los derechos humanos sino todo lo contrario.

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En 2008 se establece en Venezuela el “Grupo de Cooperación Estratégica” dirigido por un general de las Fuerzas Armadas de Cuba, cuya función es la de asesorar  a las venezolanas y revisar los nuevos planes operacionales de acuerdo con la nueva doctrina militar. Ello incluyó el establecimiento de una unidad militar cubana de unos 200 a 300 efectivos con sede en Fuerte Tiuna que operan en las diversas áreas del nuevo concepto de defensa.
En el 2012, ya habían pasado por Venezuela 210.000 cubanos. En la actualidad, hay unos 80.000 instalados ahí.
Por consiguiente, lo que en realidad les molesta sobremanera al gobierno y al partido oficialista, es la actitud de Almagro hacia sus aliados ideológicos y… ¿cómplices? Eso ha quedado claro desde hace mucho tiempo:
En 2015, Almagro estaba denunciando la violación de los derechos humanos en Venezuela y que la dictadura de Nicolás Maduro estaba organizando un fraude electoral. En ese contexto, Mujica le mandó una carta diciéndole: “Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido.”
En el 2016, cuando Maduro endureció la mano con la oposición y Almagro quiso activar la cláusula democrática de la OEA, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez afirmó: “No estamos, y lo digo en forma personal, de acuerdo con la actitud que ha tomado el secretario general Almagro. Ya lo hemos dicho estando en la Unasur y en la presidencia pro témpore del Mercosur”.
En estos días cuando se hablaba de expulsar a Almagro del Frente Amplio, Mujica afirmó: “Me parece que hace rato las cosas están determinadas y meridianamente claras” con respecto a ese tema.
Almagro no se quedó quieto y mediante una carta expresó su opinión sobre la forma en que fue juzgado y expulsado del Frente Amplio:
Comienza expresando que “no es admisible pretender juzgar la ética política de una persona partiendo desde la propia falta de ética del TPC”.
“Es lamentable que este TPC tenga la indecencia de efectuar un pronunciamiento sobre una persona sin hacer traslado de denuncia, no de acusación, ni dar vista de actuaciones o testimonios o medios de prueba y sin siquiera darle a conocer sus conclusiones. He tenido durante este proceso las mismas garantías que un preso político en Venezuela o en Cuba. Ello tiene la misma sustancia de las dictaduras que he confrontado por su absurda falta de garantías para hacer valer derechos fundamentales”. Actúa “sin el más mínimo sentido de la justicia”.
“Pero fundamentalmente, y aquí está la mayor inmoralidad respecto al trabajo del TPC, para evitar la discusión en el marco ético que debe ser abordado, esto es la dictadura venezolana y la cubana, esto es respecto de la crisis humanitaria que vive Venezuela, la crisis migratoria, los torturados y asesinados por la dictadura, los presos políticos de la misma”.
“Lo hacen para evitar hablar del hambre del pueblo venezolano, de l@s venezolanit@s que mueren de desnutrición infantil, de l@s que mueren por no poder hacerse diálisis o por no tener insulina, o l@s que mueren de cáncer porque el régimen les niega quimioterapia a los que no presentan el ‘carnet de la patria’. Para no tener que hablar de la indecencia de un régimen que se niega a recibir ayuda humanitaria y condena con ello a millones al sufrimiento”.
“Cuando la verdad no es admitida dentro de una organización ello significa que su construcción política se está edificando sobre la mentira y la falsedad”.
Y culmina señalando: “Definitivamente sí, nos separan principios fundamentales, donde ustedes están parados en la defensa de la dictadura venezolana y de sus violaciones de derechos humanos (torturas, asesinatos, presos políticos) y la defensa de una dictadura arcaica […]  Definitivamente sí, tenemos diferencias irreconciliables en principios fundamentales de derechos humanos y democracia”.
Falsedad, hipocresía, carencia de empatía, autoritarismo, doblez moral… parecerían ser los rasgos predominantes dentro del partido de gobierno.
Y por eso Almagro fue expulsado del Frente Amplio: porque constantemente los deja en evidencia.
 
Hana Fischer 

Hana Fischer es uruguaya. Es escritora, investigadora y columnista de temas internacionales en distintos medios de prensa. Especializada en filosofía, política y economía, es autora de varios libros y ha recibido menciones honoríficas. Síguela en @hana_fischer.


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Dictadura chavista acaba con el último diario independiente de Venezuela

Este viernes 14 de diciembre dejó de circular el diario El Nacional, tras las presiones y obstáculos impuestos por la dictadura.

Por Sabrina Martín Actualizado Dic 14, 2018




El régimen de Nicolás Maduro logró acabar con todos los medios impresos e independientes de Venezuela, pues el periódico El Nacionaldejó de circular este viernes tras las presiones y obstáculos impuestos por la dictadura.
Después de haber mantenido a flote durante 75 años por las calles del país, el único diario independiente de difusión nacional en Venezuela que conservaba su edición en papel cerró sus rotativas.
El diario El Nacional sufrió al menos 15 años de acoso estatal, a tal punto de ser víctima de demandas millonarias por parte del chavismo. Sin embargo, después de tanto defender la libertad de expresión, no pudo ganarle al oficialismo en su intención de destruir su versión impresa.
Miguel Henrique Otero, presidente y editor de El Nacional, señaló en una entrevista para el ABC de España que el régimen logró “silenciar la radio y la televisión, y ha hecho desaparecer a los medios impresos independientes convirtiéndolos en plataformas web”.

“Nosotros éramos el último periódico nacional que mantenía la edición impresa (…) el acoso a los medios libres completa el perfil de una dictadura pura y dura en la que no hay división de poderes ni libertad de expresión”, expresó.
La principal razón por la cual El Nacional dejó de imprimirse es por las trabas gubernamentales para poder acceder al papel periódico. “Nosotros duramos más que los demás porque hubo solidaridad de otros periódicos latinoamericanos para que siguiéramos imprimiendo, pero al final no pudimos resistir”, señaló Otero.

Maduro impulsó el cierre de un centenar de medios

Según datos de la ONG Espacio Público, desde 2013, cuando asumió Maduro, hasta octubre de 2018, son más de 115 medios de comunicación menos los que hay en el vecino país.
De acuerdo con la ONG, desde 2013 han salido del aire 65 estaciones de radio, 10 televisoras y han dejado de imprimirse 70 diarios. Entre esas 10 televisoras están Caracol TV, RCN TV, El Tiempo TV y CNN en español.

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Adicionalmente, hay seis estados en Venezuela (Sucre al oriente, Trujillo en los Andes, Portuguesa y Barinas en los llanos, Apure al sur y Vargas en la región capital) donde no circula ni un solo diario, por la misma razón de El Nacional, no les enviaron más papel para imprimir.
Además, hay estados importantes como Carabobo o Nueva Esparta (isla de Margarita) donde la mayoría de los diarios pasaron a ser semanarios para poder rendir el papel que les queda.

Maduro, el “depredador de la prensa”

En un informe publicado en 2016 por la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF), tanto Raúl Castro de Cuba como Maduro de Venezuela fueron catalogados como los “depredadores” de la prensa en América Latina, junto al cártel mexicano de Los Zetas.
La ONG  publicó una galería de retratos con 35 jefes de Estado, políticos, líderes religiosos, milicias y organizaciones criminales que censuran, encarcelan, torturan o asesinan a periodistas.
El organismo internacional elaboró una ficha con cada uno de estos “depredadores”, y allí describe sus principales técnicas de ataque, sus brazos armados, sus blancos preferidos, sus discursos de amenazas y “sus trofeos de caza”.
Entre los 35 jefes de Estado y de Gobierno figura además el presidente ruso, Valdímir Putin; el de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang; el de China, Xi Jinping; el de Egipto, Abdelfatah Al Sissi; y el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.
Otros políticos de la lista de RSF son el presidente de Siria, Bachar Al-Assad; el de Arabia Saudí, el rey Salman bin Abdelaziz; el líder norcoreano Kim Jong-un; el primer ministro de Tailandia, Prayut Chan-O-Cha; y el guía supremo de Irán, Ali Khamenei.
El Estado Islámico (EI) y los servicios secretos de Pakistán también figuran en la lista, así como el movimiento político chiíta Houthis (Yemen) y el grupo islamista Shebab (Somalia).
“Estos depredadores son los que más pisotean la libertad de prensa y los que cometen las peores atrocidades contra los periodistas”, denunció Christophe Deloire, secretario general de RSF, quien propuso acabar con la impunidad nombrando un representante especial de la ONU que siga de cerca estos casos para proteger a los periodistas
Sabrina Martín 3164 Posts 0 Comments

Periodista y locutora venezolana, especialista en comunicaciones corporativas. Síguela en Twitter: @SabrinaMartinR.


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¿Hasta cuándo el mundo se hace el sordo-mudo con la dominación cubana en Venezuela?

Hoy día se sabe que los militares cubanos están desde lo alto de comandos militares, bases aéreas, puestos fronterizos e instalaciones petroleras

Por María Teresa Romero Actualizado Dic 15, 2018




Mientras Nicolás Maduro hace gala y se regocija con la llegada de dos aviones misilistico rusos a Venezuela, luego de la inesperada y veloz visita que realizará a Moscú este fin del 2018 para buscar dinero fresco y apoyo militar que lo siga atornillando en el poder, el dictador venezolano continúa permitiéndole al régimen castrista la casi imperceptible pero feroz penetración que viene realizando desde hace veinte años en todas y cada una de las instituciones venezolanas.
Como todo un imperio, Cuba ha pasado a dominar y subordinar a sus planes e intereses a nuestro país.
Y ello empezó –que nunca se nos olvide- gracias al permiso absoluto que en su momento le otorgó Hugo Chávez, el primer lacayo del imperialismo comunista del siglo XX, quien en el 2000 firmó un acuerdo marco con Cuba mediante el cual se intercambiaba petróleo por especialistas cubanos en distintas ramas.
Lo peor es que esta dominación cubana “permitida” es ahora, después de veinte años, que empieza a ser denunciada con fuerza en la comunidad internacional. La primera semana de este diciembre, fue que finalmente un secretario general de la OEA acusó a “la más larga dictadura del continente de crímenes de lesa humanidad y de exportar violencia a Venezuela y Nicaragua”. Luis Almagro denunció la presencia de unos 46 mil cubanos en la Venezuela de Maduro, “una fuerza de ocupación que enseña a torturar, reprimir y hace tareas de inteligencia”.

Sin embargo, esta audaz y valiente denuncia no ha logrado aún mover ni uno solo de los resortes democráticos que suponemos existen en la región y en la propia Venezuela, pues sus palabras no han tenido mayor eco, sino solo para los cubanos castristas, quienes, como era previsible, desmintieron la acusación.
¿Qué pasa en América Latina y en Venezuela que se mantiene casi en silencio y como si no tuviera importancia el hecho de que Cuba lleva casi 20 años penetrando todas las instancias venezolanas? Es increíbleque esto aún suceda, pues ya es conocido por todos la forma como los cubanos operan en el país, monitoreando y decidiendo hasta la identidad de los venezolanos, sus pertenencias y sus movimientos, tanto de los opositores como los seguidores del régimen chavista.

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Aun así, son escasas las voces dentro y fuera de Venezuela que alzan el volumen para denunciar la penetración cubana. La mayoría de los gobiernos y de personas con influencia se excusan en lo difícil que espresentar pruebas al respecto, aunque saben bien que si algo han logrado perfeccionar los cubanos es su capacidad de insertarse en la sociedad sin que se les note, peor aun cuando lo hacen desde los cargos directivos de las instituciones.
Es tal la opacidad del régimen chavo-madurista que no es fácil penetrar en los intríngulis del poder y las manos que mueven los hilos desde arriba.
En medio de ese silencio regional y mundial por parte de nuestros “amigos demócratas”, hay que destacar que los Estados Unidos han manifestado su creciente preocupación, al menos desde la llegada deDonald Trump a la presidencia de ese país.
Voceros de la Casa Blanca han afirmado en días recientes que planean incrementar “por cualquier vía, con herramientas económicas, diplomáticas y políticas”, la presión sobre Cuba, en particular sobre militares cubanos que trabajan con la inteligencia madurista para fortalecer y preservar el actual régimen venezolano.
Y dentro de Venezuela, sin duda hay que destacar y aplaudir los pronunciamientos de María Corina Machado, quien es una de los pocos dirigentes políticos que constantemente denuncia la presencia cubana en Venezuela, así sea sin pruebas en la mano, pero todos en el país saben de la poderosa presencia cubana, desde los registros mercantiles, las oficinas de identificación y todos y cada uno de los ministerios y oficinas públicas, incluso ya tocando los cuarteles.
Hoy día se sabe que los militares cubanos están desde lo alto de comandos militares, bases aéreas, puestos fronterizos e instalaciones petroleras. También son de resaltar estudios periodísticos y académicos como el más reciente del joven venezolano Orlando Avendaño, quien en su libro Días de sumisión evidencia con datos y ejemplos concretos el sometimiento de Venezuela a Cuba.
¿Hasta cuándo los altos jefes militares venezolanos van a seguir sojuzgados por los cubanos? ¿Es tanto el miedo que les tienen? ¿O es a perder las enormes prebendas de las que disfrutan, que van desde el acceso a dólares preferenciales, participación en los negocios de minería y extracción de oro y minerales preciosos, o de contrabando de combustible?
Aún más: ¿hasta cuándo la comunidad internacional, especialmente la latinoamericana, seguirá haciéndose la “vista gorda” ante esta invasión cubana en uno de los países de la región? ¿O es que aquella fascinación por la revolución cubana desde los años sesenta aún surte efectos hipnotizadores en la dirigencia del subcontinente? Preferimos pensar que ya no, pero que nos lo demuestren con hechos.

María Teresa Romero141 Posts 0 Comments

Periodista con Maestría y Doctorado en Ciencias Políticas, especializada en política internacional. Es profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, escritora en varios periódicos venezolanos e internacionales, y autora de varios libros. Síguela en Twitter: @MT_romero.


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Maduro pide al Alba que adopte una moneda virtual que nadie quiere

Ante el evidente el fracaso del Petro, que Trump prohibió y que ni Rusia aceptó, el régimen venezolano espera ahora que por solidaridad automática un bloque debilitado y compuesto por pequeñas economías lo asuman "como centro de sus esfuerzos monetarios para la integración económica"

Por Josefina Blanco Actualizado Dic 17, 2018





Nicolás Maduro ya no sabe cómo hacer para colocar en el mercado internacional -e incluso nacional- una de sus “geniales” iniciativas económicas: el Petro.  Esta “moneda virtual” fue lanzada en febrero por el régimen para “hacer frente a las sanciones del gobierno supremacista de Donald Trump”, acabar con “la manipulación de un mercado paralelo de dólares que “ha deteriorado por completo la capacidad de consumo e imposibilitado el ahorro” de los venezolanos”, según reza un folleto explicativo titulado: “El Petro es independencia”.
Esta vez, quizás esperando la solidaridad automática de los pocos gobiernos de la región que lo apoyan, como los que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (Alba), les inisitió que adopten su  “criptomoneda” “como centro de sus esfuerzos monetarios para la integración económica”. El mandatario ya le habia hecho la sugerencia al bloque en enero de este año, pero sin éxito.

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Prensa Presidencial@PresidencialVen





[ltr][Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | "Propongo que el Alba asuma la criptomoneda El Petro como centro de sus esfuerzos monetarios para la liberación económica", planteó el Pdte. @NicolasMaduro en la XVI Cumbre del ALBA- TCP[/ltr]



13:33 - 14 dic. 2018

“El Petro es una realidad, nació batallando contra las sanciones y la persecución financiera pero no lo persigue ni lo sanciona nadie. Si lo asumimos entre todos estoy seguro de que el Alba, más temprano que tarde, habrá encontrado un instrumento maravilloso”, aseveró durante la XVI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del bloque celebrada este viernes en Cuba.
Pero aún no es una realidad y ademas la “criptomoneda” venezolana ya fue sancionada. El pasado 19 de marzo, a solo un mes de su lanzamiento,  el presidente, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que prohíbe realizar transacciones con el Petro.
La orden prohíbe “todas las transacciones vinculadas, provisiones de financiamiento y otros negocios por parte de una persona de Estados Unidos o dentro de Estados Unidos, con cualquier moneda, divisa o ficha digital” emitida por el gobierno de Venezuela desde el 9 de enero, destaca el texto en su sección 1.
Pero además,  esta semana, Rusia, el gran aliado del régimen madurista, que según el regimen le ofreció US$6.000 millones y envió dos de sus poderosos bombarderos a Venezuela, no tiene previsto aceptar el uso del Petro en transacciones bilaterales.
“Los representantes de nuestros servicios tributarios, el Banco Central, estuvieron durante la presentación de la criptodivisa que ellos {los venezolanos} ahora implementan, pero no más, respecto a los pagos, todavía no hay nada”, dijo el viceministro de Finanzas ruso, Serguéi Storchak, esta semana al referirse a una vista de una delegación de su país a Venezuela, de acuerdo con la agencia RIA Nóvosti.
Según el régimen, el Petro revolucionaría el mercado de las criptomonedas, “porque no se sustentará solo en la fe que los usuarios tengan en el mercado virtual, sino que contará con el respaldo de las reservas probadas de petróleo venezolanas”.
Pero parece que los usuarios no tienen “fe” en el Petro. Una investigación realizada por la agencia REUTERS y publicada el 30 de agosto de este año -siete meses después que la moneda virtual fue lanzada con bombos y platillos-, destacó que “la criptomoneda de Venezuela no se encuentra en ninguna parte”.
Para ese momento, Maduro había afirmado que las ventas de Petros habían recaudado USD $3.300 millones y que se estaba utilizando para pagar las importaciones.
Pero en su nota, Reuters dijo que los pocos compradores que pudo localizar fueron aquellos que publicaron sus experiencias en foros de criptomonedas en línea y ninguno quiso identificarse. Incluso uno se quejó de haber sido “estafado”.

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Pero quién puede tener “fe” en un gobierno que ha endeudado al país y ha destruido su economía a niveles de una hiperinflación de más de un millón por ciento, y una caída de más del 50% en cuatro años. Sin contar que ha llevado la producción petrolera a niveles de los años 30. Y si el valor del Petro depende de las reservas de crudo que se encuentran en el subsuelo, como se puede calcular el valor de algo que todavía no está disponible.
Sin contar que, con la creación del Petro como criptomoneda, el régimen está violando la Constitución venezolana porque al estar respaldada con recursos del Estado, representa una emisión de una deuda pública y ameritaría la aprobación de la Asamblea Nacional. Y no la tiene.
Y además viola el artículo 3 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la cual prohíbe dar reservas petroleras en garantía.
El economista venezolano, Willians Ruíz, le dijo al PanAm Post en febrero que el Petro es un “sistema fraudulento”.
El Petro carece de las condiciones para ser considerada criptomoneda porque surge de manera diferente y con un propósito diferente; el mismo estaría siendo promovido por un Estado y sería soportado por el Banco Central, brindándole así la oportunidad al régimen de que expanda su liquidez monetaria, explicó.
Ruíz señaló que la realidad es que el bolívar ha sido destruido y que el Petro carece de respaldo.
Otros economistas venezolanos, como Asdrúbal Oliveros, tampoco consideran al Petro una criptomoneda y auguran su fracaso.  “Parece ser más un mecanismo con el que el régimen aspira a enfrentar el escenario de sanciones y limitaciones de pagos”, dijo en su cuenta Twitter a finales de 2017.

Asdrubal R. Oliveros

@aroliveros

[ltr]El petro lo menos que es, es una criptomoneda. Parece ser más un mecanismo con el que el régimen aspira a enfrentar el escenario de sanciones y limitaciones de pagos. Y en esto último no le veo mucha probabilidad de éxito[/ltr]





Leonardo romero@menchitor

@aroliveros buen día, tiene futuro la criptomoneda al poner maduro el petróleo fe la faja?

11:06 - 28 dic. 2017
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Con todos estos antecedentes, será muy difícil que los países del Alba acepten la propuesta de Maduro. Además, la Alba, tras sus 14 años de creación, ha perdido mucha fuerza. Hoy enfrenta uno de sus momentos más complicados, ante el viraje a la derecha que experimenta la región y la abierta hostilidad de Estados Unidos.
El bloque, impulsado por el fallecido Hugo Chávez, perdió al que llegó a ser uno de sus principales valedores, Ecuador -el presidente Lenín Moreno sacó a su país en agosto en respuesta a la crisis migratoria venezolana-, mientras Santa Lucía no envió a nadie al encuentro en La Habana, lo que se entiende como un alejamiento, según informó EFE.
Además de Venezuela y Cuba, el bloque lo integran Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada y San Cristóbal y Nieves.

Mariano de Alba

@marianodealba

[ltr]- En la cumbre del [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo], Nicolás Maduro volvió a pedirle a sus países aliados que adopten el [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]. Ya lo había hecho en enero de este año. Ni siquiera sus amigos le hacen caso.
- En otro tema, por primera vez Santa Lucía no envió ningún representante a la reunión.[/ltr]



23:30 - 14 dic. 2018
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Las preguntas entonces son: ¿qué gana Venezuela con que estas pequeñas economías con poca capacidad de intercambio económico adopten el Petro? ¿Estarán estas pequeñas naciones dispuestas a enfrentar la prohibición impuesta por EEUU? ¿Qué probabilidad existe que lo adopten, si ignoraron la primera propuesta de Maduro a principios de 2018?

Josefina Blanco 

Periodista venezolana egresada de la Universidad Catolica Andres Bello, Ha trabajado para El Nacional (Caracas), Diario de Caracas y El Tiempo de Puerto La Cruz. Es editora del PanAm Post.


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Maduro será derrocado y la ONU tendrá que actuar: vicepresidente brasileño

Mourao aseguró que Maduro será derrocado y ante el hecho, la ONU deberá actuar con "enviados especiales de paz", medida en la que aseguró se verá el papel de Brasil.

Por Sabrina Martín El Dic 17, 2018




Hamilton Mourao, futuro vicepresidente brasileño, aseguró que su país ofrecerá militares para las tropas que la ONU deberá enviar a Venezuela luego de que en el exterior se forme un Gobierno de transición.
Mourao aseguró que Maduro será derrocado y ante el hecho, la ONUdeberá actuar con “enviados especiales de paz”, medida en la que aseguró se verá el papel de Brasil.
Las recientes declaraciones del próximo vicepresidente brasileño coinciden con las de Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, quien aseguró que la solución a la crisis venezolana es que Maduro sea derrocado.
Bolsonaro aseveró: “los inmigrantes que llegan a Brasil, llegan huyendo de una narcodictadura, huyendo del hambre, de la falta de medicina. Entonces, un primer punto, es un tema humanitario. Yo sé que es difícil, pero de alguna manera tenemos que acoger a nuestros hermanos venezolanos que están llegando”.
Asimismo, indicó que Brasil y Naciones Unidas “pueden hacer proyectos para acoger a estos inmigrantes, es el primer paso. El segundo, no reconocer las últimas elecciones en Venezuela. Después, formar un Gobierno de transición en Colombia, o en Brasil o en la OEA y entonces hacer presión junto con otros países para que Maduro salga. No quiero que muera, me gustaría que se fuera a otro país”.
El diputado más votado de la historia brasileña también insistió en que “no podemos ser cómplices de una narcodictadura” y consideró que “en algún punto los propios venezolanos se van a rebelar”.
Eduardo Bolsonaro dejó claro que su país no declarará la guerra a Venezuela. “Poner tanques, militares para invadir Venezuela, eso no va a pasar”.
Y es que con Jair Bolsonaro, en la presidencia, Brasil sería el primer país suramericano en sancionar a Maduro. El nuevo presidente brasileño podría ser ese aliado de Donald Trump que termine asumiendo un liderazgo internacional contra Maduro. Podría anunciar medidas contra la dictadura y entonces reforzar las tensiones diplomáticas con el Gobierno venezolano, con el cual comparte fronteras.

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Hay que destacar que recientemente Eduardo Bolsonaro viajó a Estados Unidos para analizar la posibilidad de emitir sanciones económicas contra funcionarios cubanos y venezolanos ligados a la dictadura.
En declaraciones al diario brasileño O Globo, señaló que hay “varios instrumentos” que durante años “no se tomaron en serio” y que podrían servir para “congelar todo lo que pasa por las dictaduras cubana y venezolana”.
Al ser consultado sobre si la Convención de Palermo permitiría que Brasil realizara un bloqueo de capitales de los mencionados países, E. Bolsonaro dijo creer que sí, y que en caso contrario se buscarán alternativas.

Vienen sanciones

Ante la proximidad del 10 de enero, fecha en la que Maduro perdería total legitimidad, los gobiernos democráticos del mundo preparan acciones conjuntas para presionar aún más a la dictadura de Venezuela.
Por un lado, la Unión Europea acordó una línea común de actuación respecto a la toma de posesión ilegítima de Maduro. Avanzan en conformación de un Grupo de Contacto para intentar crear condiciones para un proceso político.
A lo anterior, hay que sumarle que el pasado viernes, el canciller peruano Néstor Popolizio, quien lidera el Grupo de Lima, anunció que propondrá a los países de la región romper relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro, aplicar sanciones económicas e impedir la entrada de funcionarios del régimen de Venezuela a sus países.
Queda esperar cuáles serán las acciones que tomarán por parte de los gobiernos del mundo a partir del 10 de enero.
De los 76 países con democracia plena, según el Índice de Democracia de The Economist en 2018, 54 desconocen la última elección presidencial en Venezuela. Los países que la reconocieron fueron regímenes autoritarios e híbridos.


Sabrina Martín 

Periodista y locutora venezolana, especialista en comunicaciones corporativas. Síguela en Twitter: @SabrinaMartinR.


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[size=40]NOTICIAS PRINCIPALES
DECEMBER 26, 2018 / 9:14 AM /[/size]
REPORTE ESPECIAL-Mando militar sume a PDVSA en su peor crisis en décadas
Por Alexandra Ulmer y Marianna Parraga



CARACAS (Reuters) - El pasado 6 de julio, el mayor general Manuel Quevedo se unió en oración a su esposa, un sacerdote católico y un grupo de trabajadores petroleros en una sala de conferencias de la sede de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Caracas.
El militar de carrera, quien ha llevado las riendas de la atribulada petrolera estatal en el último año, no presenció una misa ordinaria. En la ceremonia, Quevedo y otros altos funcionarios de la industria petrolera venezolana le pidieron a Dios incrementar la producción de crudo.
“Este espacio de paz y espiritualidad”, se lee en un comunicado del Ministerio de Petróleo que luego fue retirado de su página web, “estuvo acompañado por las peticiones de la clase trabajadora dirigidas a la recuperación productiva de la industria”.
El presidente Nicolás Maduro sorprendió a muchos en noviembre de 2017 cuando nombró a Quevedo, un alto oficial de la Guardia Nacional sin experiencia en el sector petrolero, para dirigir PDVSA.
Desde entonces, las acciones de Quevedo han despertado aún más dudas de que él y los demás militares que dirigen PDVSA tengan un plan viable para rescatar la empresa de una deuda aplastante, el éxodo de buena parte de sus trabajadores y una producción menguante, que ha bajado a su menor nivel en casi siete décadas.
Además de suplicar al cielo, Quevedo ha ejecutado en los últimos meses una serie de polémicas medidas que expertos de la industria, empleados y contratistas de PDVSA e, incluso, ciudadanos comunes, dicen está empujando a la ruina a la otrora respetada y rentable compañía.
Soldados armados con fusiles AK-47, siguiendo órdenes de prevenir trampas en los manifiestos de carga, ahora abordan tanqueros para acompañar las inspecciones, creando temor entre muchos capitanes y tripulantes extranjeros.
Los trabajadores que cometan errores al operar los cada vez mas deteriorados equipos de PDVSA enfrentan el riesgo de ser arrestados bajo acusaciones ​​de sabotaje o corrupción. Asimismo, jefes militares con nexos con el sector privado se disputan con otros contratistas lucrativos contratos de servicios y negocios de suministro a la compañía.
En un revés poco difundido de la política gubernamental de nacionalización de la industria, que perduró por casi dos décadas, la falta de experiencia entre gerentes militares está llevando a PDVSA a contratar firmas externas para mantener a flote incluso sus operaciones medulares, como perforar o producir crudo en los campos petroleros.
Para consternación de muchos actores familiarizados con la industria petrolera venezolana, algunos contratos se asignan a compañías poco conocidas sin experiencia en el sector.
Combinadas, las acciones de las Fuerzas Armadas en PDVSA dejan a la compañía más importante del país, responsable de más del 90 por ciento de sus ingresos por exportaciones, con cada vez menos vías para reconstruir las finanzas nacionales, pagar a sus numerosos acreedores y recuperar su holgada autosuficiencia como productor de petróleo, dicen veteranos de la industria.
“Vemos una política de destrucción de la industria petrolera”, dijo José Bodas, secretario general de la Federación de Trabajadores del Petróleo, un sindicato nacional de trabajadores. “Los militares no escuchan a los trabajadores. Pretenden dar órdenes, con el agravante de que desconocen la naturaleza de un trabajo tan complejo”.

“PDVSA SOCIALISTA”

Maduro defiende a los jefes militares argumentando que están más en sintonía con su visión socialista en comparación con profesionales capitalistas de la industria que “explotan” al país para beneficio personal.
“Quiero a una PDVSA socialista”, dijo el presidente a la Asamblea Nacional Constituyente a comienzos de año. “Una PDVSA ética, soberana y productiva. Hay que romper el modelo rentista petrolero”, agregó.
Quevedo, quien es a la vez ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo. Ni el Ministerio de Comunicación e Información ni la oficina de prensa de PDVSA respondieron a llamadas telefónicas o correos electrónicos de Reuters.
PDVSA y el Ministerio de Petróleo han revelado escasa información sobre Quevedo, que tiene 51 años, según su registro de seguridad social. Aunque rara vez hace discursos públicos, a su llegada a una reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo en Viena en junio, Quevedo dijo a periodistas que PDVSA era consciente de sus desafíos y esperaba revertir en pocos meses la caída de la producción.
“Esperamos a fin de año recuperar la producción diferida”, dijo en un pronóstico que no se cumplió. “Tenemos la capacidad, hemos llamado a la fuerza de los trabajadores”, agregó.
Casi 20 años después de que el fallecido presidente Hugo Chávez lanzó su “revolución bolivariana”, los problemas se acumulan en Venezuela. Alimentos y medicinas escasean, la hiperinflación ha destruido el poder adquisitivo de los ciudadanos, cada vez más desesperados, y cerca de tres millones de venezolanos han salido del país en busca de una mejor vida.
En PDVSA, la gerencia buscó por mucho tiempo mantener a la empresa funcionando incluso cuando la crisis económica y los declinantes precios del petróleo recortaron los recursos disponibles para invertir en exploración, crecimiento y mantenimiento básico.
Pero sus esfuerzos no fueron suficientes para detener el progresivo deterioro, que condujo a una disminución en la producción aún mayor, daño acumulado en las instalaciones y pérdida progresiva de trabajadores calificados.
Ahora, dicen los críticos, los militares que dirigen PDVSA han dejado de lado cualquier pretensión de manejar la compañía como un verdadero negocio, haciendo poco por detener la veloz caída en la producción o aliviar los problemas financieros, operativos y de personal de la petrolera.
Sin importar el grado de disfunción, PDVSA sigue siendo una rara y crucial fuente de moneda extranjera para la debilitada nación OPEP. Para Maduro, quien llegó a la presidencia después de que Chávez falleció en 2013, la entrega de la compañía a los militares fue un movimiento calculado para comprar la lealtad de oficiales clave, según observadores.


“Ahora nadie va a poder sacar a los militares de PDVSA”, dijo Rafael Ramírez, exministro de Petróleo. En tiempos de Chávez también dirigió la compañía durante una década, pero tras la muerte del mandatario se enfrentó a Maduro, quien lo acusa a él y a otros exejecutivos de corrupción. “PDVSA es un cuartel”, dijo Ramírez.
La petrolera enfrenta dificultades para cumplir sus contratos de suministro a clientes, incluyendo acreedores de China y Rusia que adelantaron miles de millones de dólares al país en la última década a cambio de petróleo.
El mes pasado, Igor Sechin, jefe de la petrolera estatal rusa Rosneft, voló a Venezuela y se quejó ante Maduro por los retrasos en los pagos con crudo, informó Reuters.
Si bien el apetito por el petróleo venezolano en el mundo no ha disminuido, los problemas operacionales durante la gestión de Quevedo han hecho que la producción caiga un 20 por ciento, a 1,46 millones de barriles por día, según las últimas cifras que Caracas reportó a la OPEP.
En enero Quevedo asumirá la presidencia rotativa de la OPEP por un año. Los problemas financieros de PDVSA probablemente demandarán gran parte de su atención.
Se proyecta que el valor bruto de las exportaciones petroleras de PDVSA caerá a 20.900 millones de dólares este año en comparación con los 24.900 millones de dólares del año pasado, según cálculos proporcionados a Reuters por el Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA, una escuela de negocios en Caracas.
Hace una década, el valor de las exportaciones era cuatro veces más alto, de unos 89.000 millones de dólares, según datos de PDVSA. La petrolera no ha publicado su balance financiero de 2017 y tampoco estadísticas sobre su gestión este año.

LA PURGA

Poco han dicho públicamente PDVSA y el gobierno de Maduro sobre la transformación militar dentro de sus filas.
Una revisión hecha por Reuters de documentos confidenciales de PDVSA, así como entrevistas con docenas de empleados y extrabajadores, comerciantes, intermediarios, ejecutivos de petroleras extranjeras y socios de negocios con la compañía muestran cómo la Guardia Nacional de Quevedo se está filtrando en todas las facetas del negocio petrolero.
Los documentos incluyen registros de empleo, acuerdos con contratistas y notas internas.
Quevedo ha colocado a más de 100 asistentes y asesores provenientes del mundo militar y de su paso previo por instancias de gobierno en posiciones clave en PDVSA, según una persona familiarizada con registros de recursos humanos de la empresa.
Dentro de su envejecida sede en Caracas, que una vez estuvo repleta de trajeados ejecutivos, los militares están ahora al mando de las decisiones.
Trabajadores dicen que las oficinas de Quevedo, situadas en la planta alta, siguen siendo lujosas. Pero en los pasillos de abajo, la propaganda socialista, incluidos retratos de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara, aún decoran las paredes.
El cambio hacia la administración militar ha sido el resultado de una purga en el liderazgo de PDVSA.
Las denuncias de corrupción han permeado a toda la administración pública venezolana en los últimos años. El mismo Maduro es blanco de sanciones de Estados Unidos por presuntos malos manejos y violaciones de derechos humanos, lo que el presidente niega.
En 2017, Maduro hizo públicas sus propias acusaciones contra PDVSA, describiéndola como una guarida de “ladrones”. Acusó a muchos exejecutivos de corrupción y lavado de dinero y argumentó que sus acciones empeoraron la crisis del país. También ordenó el arresto de docenas de altos directivos, incluidos los dos presidentes anteriores de la compañías, el químico Nelson Martínez y el ingeniero Eulogio del Pino.
Martínez falleció este mes en el Hospital Militar de Caracas estando en custodia del Estado, al sufrir un ataque cardíaco mientras se sometía a diálisis renal, dijeron dos personas familiarizadas con el caso.
Del Pino sigue detenido a la espera de juicio. Sus abogados no pudieron ser contactados para hacer comentarios. Una persona familiarizada con su defensa dijo que después de un año en prisión, aún no ha tenido una primera audiencia.
Al momento de la purga, Quevedo había ascendido en las filas de la Guardia Nacional, hasta convertirse en un conocido funcionario al servicio del gobierno.
Su perfil en Twitter suele mostrar una foto del general, un hombre robusto y calvo, con cejas gruesas, revisando papeles con el presidente o sonriendo alegremente a su lado. Su historial consiste casi exclusivamente en retransmisiones de las publicaciones de Maduro.
Desde 2001, Quevedo ha alternado cargos militares y civiles. Tiene una larga relación con Diosdado Cabello, el poderoso vicepresidente del Partido Socialista: fueron compañeros de clase en la academia militar.
Esos lazos llevaron a Quevedo a altos cargos en el Ministerio de Defensa y en un programa creado por Chávez para la entrega de viviendas a personas de bajos ingresos, según boletines oficiales del gobierno y personas que conocen su trayectoria.
En 2014, de nuevo en un puesto de mando en la Guardia Nacional, dirigió una unidad que se enfrentó con manifestantes en las protestas que sacudieron a Venezuela durante cuatro meses. Al menos 43 personas de ambos bandos murieron durante las manifestaciones, provocadas por la escasez de alimentos.

Quevedo fue criticado por muchos opositores por el uso excesivo de la fuerza, lo que negó. Apareció con frecuencia en la televisión estatal en aquel momento, vistiendo casco verde oliva y chaleco antibalas. “Estos son grupos terroristas”, dijo sobre los manifestantes, quienes finalmente se disiparon, lo que lo llevó a declarar que “el golpe ha sido derrotado”.
Complacido con el desempeño de Quevedo, Maduro lo nombró ministro de Vivienda en 2015. En sus dos años en el cargo, nuevamente se convirtió en un entrevistado frecuente de la televisora estatal, donde a menudo aparecía con la camisa roja del movimiento socialista elogiando las políticas de vivienda “humanitarias” del presidente.
Líderes de la oposición se burlaron de lo que dijeron eran exageradas declaraciones de Quevedo, incluida la afirmación, sin pruebas, de que el gobierno erigió más de 2 millones de casas, pese a la escasez generalizada de materiales básicos de construcción. El Ministerio de Vivienda no respondió a una solicitud de comentarios.
En noviembre de 2017, en una redada antes del amanecer, agentes de inteligencia arrestaron a Del Pino por cargos de corrupción. Para entonces, Quevedo era la elección de Maduro para liderar la petrolera, un anuncio que provocó un amplio escepticismo en la industria.
Sin embargo, Quevedo dijo que necesitaría poco tiempo para recuperar el negocio petrolero. “Dame 10 días”, dijo a los conocidos, según una persona que habló con él en ese momento.
Maduro dejó claro el desafío desde el principio. En un discurso durante ‘Venezuela Potencia 2018’, una conferencia organizada por el gobierno para mostrar el potencial de negocios del país, el presidente ordenó a Quevedo aumentar la producción en 1 millón de barriles por día, un alza de casi 50 por ciento en ese momento.
No obstante, Quevedo no ha logrado revertir la curva declinante que dibuja la producción.
Uno de sus primeros desafíos, según personas dentro de PDVSA, fue detener la salida de trabajadores, muchos de los cuales han abandonado la empresa e incluso el país.
PDVSA no ha revelado cifras recientes sobre su fuerza laboral, pero cálculos de IPD Latin America, una consultora de petróleo y gas, indican que tiene unos 106.000 trabajadores, 27 por ciento menos que en 2016.
Debido al aumento en el costo de vida, que ahora supera el millón por ciento interanual según la Asamblea Nacional controlada por la oposición, los salarios de PDVSA se han derrumbado al equivalente de unos pocos dólares por mes para la mayoría de los trabajadores.
Sin dinero y menos tareas que hacer en las depauperadas instalaciones de PDVSA, algunos empleados solo se presentan para comer en las pocas cafeterías de la compañía que siguen abiertas. Firmas navieras dijeron a Reuters que algunos trabajadores a veces abordan embarcaciones para pedir comida.

MALICIA

Para aumentar la mano de obra, Quevedo ha llenado varios puestos, incluidos algunos que requerían conocimientos técnicos, con personal de la Guardia Nacional.
En Jose, un puerto caribeño al noreste de Venezuela que permanece como uno de los pocos terminales en funciones para la exportación de crudo, estos cambios de personal molestan a los compradores.
Algunos capitanes de tanqueros se quejan de tener que lidiar con soldados jóvenes no preparados para verificar detalles técnicos como si la densidad del crudo -un atributo crucial de calidad- cumple con las especificaciones del contrato, según dijeron tres fuentes navieras y un empleado de PDVSA.
La tripulación teme que una bala accidental desde el armamento de los soldados pueda provocar un incendio, mientras se queja de que buena parte del crimen que aflige al país se está abriendo camino a bordo de estas embarcaciones.
Aunque Quevedo les ha encomendado a los soldados que ayuden a detectar focos de corrupción, algunos funcionarios mal pagados terminan pidiendo sobornos, dijeron las fuentes navieras, para autorizar la documentación requerida o completar las inspecciones sin demoras.
“Hay muchos riesgos”, dijo un capitán a Reuters.
El Ministerio de Defensa, que supervisa a la Guardia Nacional, no respondió a llamadas telefónicas de Reuters ni a los correos electrónicos solicitando comentarios.
Incluso usando oficiales militares como sustitutos, PDVSA no ha podido encontrar los trabajadores que necesita para ocupar muchos puestos. Desde el procesamiento de crudo en sus refinerías hasta la negociación de contratos con compradores, la escasez de personal calificado está perjudicando a la compañía.
Un informe interno preparado en noviembre sobre PDV Marina, la unidad marítima de la compañía, dice que la dotación de personal se encuentra en “situación crítica” en la flota de tanqueros de PDVSA, obligando a algunos operarios a trabajar más horas de las establecidas en la contratación laboral.
El “alarmante déficit de personal titular”, según el informe, significa que “no podemos cumplir con uno de los acuerdos laborales (...) interrumpiendo el disfrute de períodos de descanso”.
Asimismo, las tensiones con los jefes militares están acelerando las renuncias y despidos, según trabajadores consultados.
En un incidente en junio, dos tanqueros petroleros atracaron en el puerto de Jose. Uno estaba preparado para recibir crudo pesado, el otro una variedad de petróleo más ligero.
Cuando las embarcaciones estaban en carga, empleados del terminal notaron un error: los crudos se habían mezclado. La equivocación, dijo el gobierno más tarde, obligó a PDVSA a pagar a los compradores 2,7 millones de dólares en compensaciones previstas en los contratos.

La confusión también resultó costosa para nueve empleados de PDVSA.
Poco después del incidente, soldados y agentes de inteligencia arrestaron a los trabajadores bajo acusaciones de sabotaje. “Fue premeditado”, dijo el fiscal general, Tarek Saab, al anunciar los arrestos en televisión pública.
“Las acciones van más allá de la negligencia, aquí hubo malicia”, dijo Saab.
Seis meses después, el gobierno no ha presentado pruebas contra los trabajadores.
Después de permanecer tres días en una hacinada cárcel militar, los trabajadores fueron liberados a la espera de juicio. Dos empleados de la industria familiarizados con su caso dijeron que la confusión se debió a un mantenimiento deficiente, no a un sabotaje.
Un sistema defectuoso de válvulas, endeble después de años sin recibir mantenimiento, provocó que los crudos se mezclaran, dijeron.
Reuters no pudo contactar a los acusados o determinar independientemente la causa del accidente. Colegas de los trabajadores dijeron que tienen órdenes de no hablar públicamente sobre el incidente.
Los arrestos han estremecido a los empleados de PDVSA, especialmente porque soldados y agentes de inteligencia también han detenido a trabajadores en otras instalaciones tras incidentes similares.
En julio, cuatro empleados de PDVSA fueron arrestados al detectarse un derrame de crudo en un río cerca de un campo petrolero en el estado de Monagas, según los trabajadores y medios de comunicación de la zona.
Un trabajador de Monagas dijo a Reuters que turbinas de inyección de agua defectuosas causaron el derrame y que la escasez de vehículos impidió que los empleados llegaran a tiempo al sitio para detener el flujo de crudo.
“No entendemos que una falla ocasionada por la no disponibilidad de recursos se convierte en una excusa para acusar a estos trabajadores de inobservancia o, peor aún, de saboteadores”, dijo. “Se les pide que trabajen sin equipos de seguridad, sin herramientas, e incluso sin comer bien, ni él, ni sus familias”.
Quevedo ha estado creando nuevas asociaciones con la meta de apuntalar PDVSA. En agosto, por ejemplo, dijo que la compañía estaba “abriendo sus puertas” a la negociación de “contratos de servicio” no especificados con siete empresas privadas.
La movida generó inquietud, al ir en contra del sostenido esfuerzo del gobierno socialista por nacionalizar la industria. El mismo Chávez eliminó contratos similares, argumentando que enriquecieron a la empresa privada por un trabajo que debería hacer el Estado.
Según un documento visto por Reuters, las compañías obtuvieron acuerdos por seis años para operar campos petroleros en nombre de PDVSA con el compromiso de aumentar la producción, financiar inversiones y adquirir equipos.
Las empresas incluidas en el grupo son mayormente desconocidas incluso para veteranos de la industria petrolera de Venezuela. Ninguna es reconocida por tener experiencia en la operación de campos petroleros.
El Consorcio Rinoca Centauro Kariña, uno de los que figuran en el documento, no parece tener un sitio web. Reuters no pudo ubicarlo, ni a ninguno de los otros.
Críticos de estos acuerdos y opositores del gobierno dicen que las transacciones no son transparentes. Al mantener alejados los detalles del público, argumentan, PDVSA enfrenta muy poco escrutinio sobre con quién escoge hacer negocios.
“Están buscando mantener las confederación de mafias, su cuota de saqueo al país”, dijo Jorge Millán, un legislador de la oposición que en septiembre lideró una iniciativa en la Asamblea Nacional para denunciar los contratos firmados.
Si bien la militarización de PDVSA no ha revertido el deterioro de la compañía, el gobierno muestra pocos signos públicos de disgusto.
En octubre se anunciaron cambios en la junta directiva de la compañía. Entre los gerentes entrantes está José Rojas, otro general de la Guardia Nacional, en reemplazó de un director civil.
Exejecutivos ​​bromean diciendo que Quevedo sabía lo que estaba haciendo cuando rezó pidiendo ayuda.
“Tiene razón”, dijo José Toro Hardy, un economista que se desempeñó en la junta directiva de PDVSA en la década de 1990. “Haría falta un milagro para que aumente en estas condiciones”.
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GRÁFICO sobre el desempeño operacional y financiero de PDVSA en la última década (en inglés) tmsnrt.rs/2S8REpB
A FONDO-Huyendo de la miseria, los migrantes venezolanos también luchan en el extranjero


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Dictadura venezolana difiere audiencia de Requesens tras 133 días detenido

El Estado venezolano ha mostrado un patrón aplicado a la mayoría de las causas políticas, que consiste en mantener presas a las personas, sin llevarlas a juicio.

Por Sabrina Martín El Dic 19, 2018




La dictadura de Nicolás Maduro, de la mano del chavista Poder Judicial, viola una vez más el legítimo derecho a la defensa tras diferir por primera vez la audiencia de presentación del diputado opositor Juan Requesens.
Luego de 133 días preso, Requesens no ha podido defenderse ni acudir a su audiencia preliminar como lo establecen las normas nacionales e internacionales; esto sumado a que por ser diputado contaba con inmunidad parlamentaria y aun así fue detenido por la dictadura venezolana.
La defensa del preso político denunció que dos horas después de pautada la audiencia de presentación, el tribunal les notificó el diferimiento. “Nos informaron que la audiencia fue diferida porque el procurador general así lo solicitó”, dijo el abogado Joel García.
El abogado alertó que el Estado venezolano ha mostrado un patrón aplicado a la mayoría de las causas políticas, que consiste en mantener presas a las personas sin llevarlas a juicio, dando lugar a una especie de condena adelantada: “A solicitud de la Procuraduría General de la República, fue diferida la audiencia preliminar del diputado Juan Requesens para el 24/01/2019. Con ello comienza la pena anticipada que el régimen impone a todos los presos políticos como patrón sistemático en la violación de DD. HH.”

“El tribunal, los fiscales y los órganos de policía se confabulan para que a una persona se le violen los derechos humanos y esto pueda desencadenar en una condena anticipada. Juan Requesens va a estar preso estas navidades cuando no debería. Y si fuera el caso, debería estar en su residencia, conforme lo establece la Constitución en el caso de los diputados“, dijo el abogado.

joel garcía@joelgarcia69

[ltr][Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] A solicitud de la Procuraduría General de la República, fue diferida la audiencia preliminar del diputado @JuanRequesens para el 24/01/2019. Con ello comienza la pena anticipada que el régimen impone a todos los presos políticos como patrón sistemático en la violación DDHH[/ltr]





15:45 - 18 dic. 2018
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Requesens fue imputado por el ilegítimo y chavista fiscal general, Tarek William Saab, por la supuesta comisión de siete delitos, vinculados supuesto atentado fallido contra Maduro el 4 de agosto pasado. Hasta ahora no se conoce ninguna prueba en su contra.
Y es que con este diferimiento de audiencia inicia para Requesens una “odisea” al tener que esperar para poder presentarse ante un juez mientras continúa detenido. Su caso podría ser como el de Lorent Saleh, quien luego de estar más de 4 años preso en el Sebin, acumuló 53 audiencias preliminares diferidas. Es decir, después de ser presentado, nunca más fue escuchado por un juez y sus abogados no pudieron refutar públicamente las supuestas pruebas en su contra.

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La abogada y defensora de los derechos humanos, Tamara Suju, cuestionó las decisiones del Gobierno de Maduro ante el caso de Requesens. A través de su cuenta en la red social Twitter, Suju indicó que dichas acciones por parte del Gobierno demuestra diferimientos injustificados para mantener a las víctimas “en total indefensión” durante meses y años.
En Venezuela hay 410 presos políticos tras la persecución de los regímenes de Maduro y Hugo Chávez, que decidieron amedrentar y detener a la disidencia.

CIDH “preocupada”

Este martes 18 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó “su profunda preocupación por la grave situación de DDHH en Venezuela”.
La CIDH incluyó en el resumen del año, tras culminar el 170 periodo de sesiones, lo relacionado con el caso Venezuela. La instancia denunció que se alteró el orden constitucional, pues se desconoció “el principio de separación de poderes” y “existe una falta de independencia de las instituciones”.
Agregó que “a esta crítica situación que afecta el Estado de derecho, se suma una crisis socioeconómica” y advirtió que la caída de la economía se agrava “de manera alarmante en los últimos años”.
Cabe destacar que este martes 18 de diciembre la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, se pronunció contra la privación de libertad y “torturas” a presos políticos.
A través de un acuerdo. el órgano legislativo repudió y condenó la privación ilegítima de libertad, las torturas, tratos crueles e inhumanos aplicados por autoridades del Gobierno Nacional en contra de los presos políticos, civiles y militares que actualmente se encuentran sujetos a írritos procesos judiciales.
La diputada Delsa Solórzano destacó que este ha sido un año muy duro en materia de violación de derechos humanos, “nosotros arrancamos el año con una masacre televisada, la de óscar Pérez y un grupo de 7 venezolanos que fueron asesinados por el Estado. De allí para adelante no hemos parado de ver casos de asesinatos como es el de Fernando Albán”.
Explicó que el acuerdo habla de la judicialización del ejercicio de los derechos laborales porque hay sindicalistas y periodistas presos, y se está persiguiendo políticamente a enfermeras, médicos y a todos los que levantan su voz contra la dictadura.


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