Re: NOTICIA DE VENEZUELA

por marinawais Miér Ene 18, 2017 3:03 am

Comentando la Noticia
9 de enero ·

VAMOS HACER VIRAL ESTA IMAGEN, HASTA LOGRAR EL BONO ALIMENTARIO Y MEDICO PARA NUESTROS ABUELOS. QUE SE ENTERE EL MUNDO QUE EL LLAMADO SOCIALISMO DEL SIGLO XXI NIEGA A LOS MÁS DÉBILES JURÍDICOS Y ECONÓMICAMENTE, SU DERECHO NATURAL A VIVIR SUS ÚLTIMOS DÍAS CON "CALIDAD DE VIDA".
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por marinawais Miér Ene 18, 2017 3:18 am

Guardó la quincena en el pan, robaron el autobús y le llevaron el pan porque no tenía plata

Ene 17, 2017 3:41 pm
Publicado en: Actualidad, Sucesos

NOTICIA DE VENEZUELA - Página 11 Panader%C3%ADas

NOTICIA DE VENEZUELA - Página 11 Panader%C3%ADas

Juan Carlos Flores trabaja como cabillero en una obra de la Gran Misión Vivienda Venezuela y el lunes iba a bordo de una camioneta de pasajeros, donde también viajaban tres antisociales. Antes de subirse, compró un pan andino, lo abrió por una de sus puntas y “escondió” el dinero en efectivo que acababa de cobrar por su trabajo. Sin embargo, no se salvó de ser robado porque uno de los delincuentes tenía hambre, reseñó elpitazo.com.

Los viajeros de la ruta Charallave-Ocumare en los Valles del Tuy fueron despojados de teléfonos celulares, zapatos, prendas y efectivo. Flores resguardó su pan y le dijo a uno de los delincuentes que no llevaba nada de valor, y este le respondió: “Pásame ese pan, pana mío, que lo que tengo es hambre”·

“En ese momento, muchas cosas te vienen a la mente, pero cuando piensas en lo valioso que es la vida, no te queda más remedio que ceder”, dijo Flores, que con la bolsa de pan entregó los 32.000 bolívares que recibió por una semana de trabajo.
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por marinawais Miér Ene 18, 2017 3:55 am

Blanca Rosa Mármol anuncia recolección de firmas para activar asamblea constituyente

por marinawais Miér Ene 18, 2017 4:12 am

Liliana Ortega: “Hay una destrucción del estado democrático”; por Hugo Prieto

Por Hugo Prieto | 15 de enero, 2017

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Liliana Ortega retratada por Roberto Mata

Se acabó la tregua navideña. La decisión de la Asamblea Nacional, a comienzos de esta semana, que declara “el abandono del cargo” del presidente Nicolás Maduro, agrega un nuevo eslabón a la crisis institucional, cuyo punto de partida es el 6-D de 2015, cuando la oposición obtuvo la mayoría contundente de diputados en el parlamento venezolano y rompió con la hegemonía del chavismo al frente de los poderes públicos.

La respuesta del gobierno ocurrió el mismo día, al crearse el Comando Antigolpe, cuya coordinación ejerce el vicepresidente de la república, Tareck El Aissami, un duro del ala radical del chavismo. La actuación fue inmediata, al producirse una nueva detención arbitraria, en esta oportunidad del diputado Gilber Caro, de Voluntad Popular, a quien no le sirvió de nada su inmunidad parlamentaria.

Pero esto es sólo un elemento dentro de un cuadro mucho más complejo, que caracteriza la destrucción del estado democrático en Venezuela. El trasfondo son otros mecanismos, distintos a los contemplados en la Ley de Vagos y Maleantes, pero igualmente “terribles y letales”. ¿La crisis institucional agrava la situación de los Derechos Humanos en Venezuela?, esta pregunta —de apenas 92 caracteres— que cabría holgadamente en un tuit, la responde Liliana Ortega, vocera de Cofavic (Comité de familiares de las Víctimas del Caracazo). La síntesis que sigue a estas líneas, además de inquietante, es sumamente grave.

En medio de la ruina institucional, del conflicto de poderes y de la crisis constitucional, ¿cuál es su visión de los Derechos Humanos en Venezuela?

Hay una conjunción de factores, no este año, sino en los años más recientes, que se vienen acumulando y que se traducen en una crisis de Derechos Humanos. Hay tres elementos que pueden probar lo que digo. El primero de ellos, que no es nuevo, que es estructural, crónico, pero que sin duda se ha acentuado, es el tema de la impunidad. En casos de Derechos Humanos, el 98 por ciento de las víctimas no se sientan en un tribunal, no son escuchadas por un juez. Ese elemento estructural ha socavado toda la agenda de Derechos Humanos y ha creado una situación muy grave. En 2015, por ejemplo, se cometieron 125 feminicidios. Eso revela que, además de los casos que están en la agenda pública (presos políticos, detenciones arbitrarias, negación de derechos constitucionales), hay otros casos, que si bien no tienen el mismo impacto, también están permeados por la impunidad. El segundo elemento es el déficit de institucionalidad democrática. Por supuesto, el nicho de los Derechos Humanos son los tratados internacionales y la Constitución. Pero eso tendría que aterrizar en la realidad y para que eso ocurra, los países necesitan tener instituciones democráticas que protejan y garanticen los Derechos Humanos. En Venezuela hay una situación muy clara de falta de independencia de los poderes públicos y de debilitamiento de la institucionalidad democrática. Y el tercer elemento, sin duda, es la violencia generalizada, que lo permea todo.

Acaba de mencionar el déficit institucional. Pero a raíz de la Constitución del año 99, se creó la Defensoría del Pueblo. Y en las ruedas de prensa del organismo, Tarek William Saab, quien dirige esa institución, enumera las miles de gestiones que ha realizado ese organismo, justamente, para garantizar y hacer cumplir los Derechos Humanos.

Es importante que en la ley podamos tener espacios normativos, que permitan la creación de nuevas instituciones en materia de Derechos Humanos y mayores recursos a los operadores de justicia. Esos elementos son necesarios, pero no son suficientes. La institucionalidad democrática también tiene que revisarse en relación a los hechos que produce. Si en Venezuela la impunidad es de 98 por ciento, tenemos que preguntarnos si esa institucionalidad está funcionando o no. Cuando en un país se usa la justicia como una herramienta de venganza política tenemos que hacernos esa misma pregunta. Todos los regímenes políticos tienen una institucionalidad. Pero cuando yo hablo de una ausencia, de un déficit, tengo que hacer énfasis en una institucionalidad democrática. Y eso tiene que ver con una característica fundamental: una institucionalidad democrática es aquella que le sirva a los ciudadanos y no a un partido político determinado. Esa característica es muy importante para que los ciudadanos sientan amparo y que además sea efectivo. En Venezuela tenemos una sociedad desamparada, porque la institucionalidad nominal no les sirve a todos los ciudadanos. Un país puede tener buenos o malos gobiernos, pero lo que no puede dejar de tener es una institucionalidad democrática, porque en definitiva ¿cuál es el origen de los Derechos Humanos? Es la protección de las personas frente al abuso del poder.

¿Cómo califica usted la actuación del Tribunal Supremo de Justicia?

Nosotros, desde Cofavic, hemos señalado, con mucha preocupación, cómo en Venezuela se ha venido usando la justicia como una herramienta de venganza política. Creemos que hay una serie de sentencias del TSJ que agravan la crisis de ruptura constitucional y democrática en el país, cuyo inicio lo marca la declaratoria del estado de excepción, porque ahí se violaron las competencias que tiene la Asamblea Nacional para determinar, constitucionalmente, si el estado de excepción tenía vigencia o no. Cofavic tiene una partida de nacimiento que es imposible dejarla de lado, que es el Caracazo. Posteriormente, trabajamos arduamente, tanto en los hechos del retén de Catia (1992) como en los del deslave de Vargas (1999), todos esos casos históricos en Venezuela revelan un tema fundamental: el uso desproporcionado de la fuerza pública, además, muchos de ellos ocurrieron de facto, o por declaratoria, en Gaceta Oficial, de estados de excepción, mal diseñados, mal ejecutados, que crearon una situación muy grave para la sociedad venezolana. Para nosotros, el TSJ que debería cumplir un papel fundamental en la serenidad del país, en el respeto de la Constitución y en el servicio de los ciudadanos, ha hecho todo lo contrario, ha creado una situación muy difícil desde el punto de vista del cumplimiento, de la vigencia, de la Constitución.

¿Cómo es que se llega al punto en que un tribunal emite una boleta de excarcelación y aquí los organismos policiales, entre otros el Sebin, la desconocen, la incumplen? ¿Cómo es que la denegación de justicia llega hasta esa circunstancia?

Hay una contradicción, pero sólo aparente. Para algunos el Estado es omnipresente. ¿Pero cuál Estado? No es precisamente, el Estado democrático, que ha ido desapareciendo, se ha ido desestructurando. Ese estado democrático es el que permite que, aunque haya malas decisiones en el Ejecutivo o incluso en el Legislativo, ellas puedan ser corregidas. Eso en definitiva, en Derechos Humanos, es lo que se llama el debido proceso, garantías judiciales, el ejercicio de la justicia, la igualdad ante la ley, el bienestar, etc. Esos temas se diluyen cuando las instituciones que deben garantizar y proteger esos derechos, no cumplen su función fundamental. Entonces, tenemos casos muy importantes, donde han ocurrido detenciones arbitrarias, calificadas así por el propio sistema de Naciones Unidas, donde no ha habido el control del Ministerio Público que, de acuerdo a la Constitución, tiene el monopolio de la acción penal y de los tribunales. Sin embargo, esas personas continúan privadas de libertad. Puede ser que el Estado tenga presencia, pero es el Estado arbitrario, el Estado que puede practicar detenciones sin control del Ministerio Público, y ese Estado no está al servicio de los ciudadanos sino de una facción política.

A partir del estado de excepción y de la crisis institucional, aquí cada quien está por su cuenta y riesgo, digamos, sin ninguna garantía legal para el ejercicio de derechos tan elementales como el libre tránsito, el derecho a reunión y la libertad de expresión. En Venezuela, trabajar puede tipificarse como un delito. ¿En qué régimen político estamos?

Si bien es cierto que hay una lamentable destrucción de la institucionalidad democrática, también es cierto que eso no exime de responsabilidad a quienes han ido socavando las bases de la democracia. Es decir, cuando un juez, un policía o un funcionario militar comete violaciones de Derechos Humanos, no puede alegar que lo hizo obedeciendo determinadas órdenes o porque no había control del Estado sobre lo que estaba ocurriendo, que tuvo que tomar decisiones propias. El Estado tiene una responsabilidad única e indivisible que está contemplada en la Constitución y en los tratados internacionales, que no es otra que el respeto y garantía de los Derechos Humanos. Quienes ejercen funciones dentro del Estado están sujetos a esa responsabilidad. Ahora, ¿en qué régimen político estamos? Nosotros creemos que hay una ruptura del hilo constitucional democrático que tiene su punto más importante, su punto de inflexión, en la declaratoria del estado de excepción, cuya declaratoria no contó con la revisión constitucional de la AN. Pero esa ruptura se profundiza con decisiones posteriores, una de ellas es la suspensión del referéndum revocatorio. Otra, el diferimiento de las elecciones de gobernadores.

¿Ustedes no comparten el criterio de Provea que, justamente, a partir de la suspensión del Referéndum Revocatorio (20, oct. 2016) advierte que el gobierno de Nicolás Maduro “debe calificarse como una dictadura”?

¿Por qué nosotros decimos, al igual que la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, que se trata de una ruptura del hilo constitucional y democrático? Porque el origen del presidente Maduro fue a través de unas elecciones, a pesar de las dudas que rodearon el resultado. Por lo tanto, el presidente Maduro estaba en el ejercicio de su período constitucional. Pero la ruptura del hilo constitucional se produce a raíz del decreto del estado de excepción, entre otras cosas, porque hay una separación de las obligaciones constitucionales, justamente a través de esa declaratoria. El estado de excepción es una especie de terapia intensiva para el Estado, pero no es la eutanasia del Estado. No se declara (el estado de excepción) para acabar con las libertades públicas y los Derechos Humanos. Es todo lo contrario. Por eso tiene dos visos de control institucional, uno lo ejerce el poder judicial y el otro la AN. En ese sentido, la postura que ha mantenido Cofavic, es que estamos ante una ruptura del hilo constitucional y democrático.

Usted habla de eutanasia, pero hay politólogos y abogados constitucionalistas, por ejemplo, que hablan de una institucionalidad en ruinas. Hay una serie de conceptos, de caracterizaciones, de percepciones alrededor de la crisis de la democracia venezolana. También hay una secuencia de hechos, una línea de tiempo como diría un criminólogo, la pregunta que uno se hace es si vale la pena seguir en un cauce democrático, si tomamos en cuenta los elementos que acabo de enumerar.

Por supuesto que vale la pena. A lo largo de 28 años, he visto y veo cómo las personas con más carencias de todo tipo —medicinas, alimentos, seguridad, instituciones— denuncian y no renuncian. Intentan, con todos los medios a su alcance, seguir conservando la esperanza de que sea posible revalorizar la vida, luchar por la justicia y mejorar. Por supuesto que vale la pena seguir luchando por el fortalecimiento de la democracia, por la vigencia de los Derechos Humanos y por la esperanza. Ese es un acumulado, un acervo que debemos fortalecer. Seguramente, la reconstrucción de la memoria histórica que, necesariamente se hará en el futuro, dará cuenta de que estos tiempos difíciles han servido para que los venezolanos podamos tener mayor abnegación, mayor solidaridad entre la gente, mayores acumulados, que actualmente no se visualizan porque hay una situación de violencia, de crispación, de desesperanza, de sufrimiento en general y de abandono. Pero que están allí y son los que hacen posible que la vida continúe, que sigamos trabajando y haciendo cosas. Eso está allí. Esta es una situación muy difícil, muy compleja, en donde la esperanza, sin que sea algo holístico, un sueño, sea un valor compartido.

Varios sociólogos, especializados en el tema de la violencia, advirtieron con suficiente antelación, y diría que hasta la saciedad, de que la militarización de la seguridad ciudadana iba a desembocar en violaciones masivas a los Derechos Humanos. Sin embargo, el gobierno eligió esa ruta, además, piso con fuerza el acelerador. Para prueba un botón, las masacres de Cariaco, Barlovento y Tumeremo. ¿Guerra avisada no mata a soldado, no? Y, sin embargo, llegamos al despeñadero.

Hay una sentencia histórica —en la Corte Interamericana de Derechos Humanos—, referida a los hechos del Caracazo. Allí se señala muy claramente que el Estado venezolano debe adecuar sus políticas y programas de control, de orden público y seguridad ciudadana, a los estándares de los Derechos Humanos. Posterior a esa sentencia vino la Constitución del 99, que también recoge esa ruta y establece muy claramente que todas las fuerzas de seguridad ciudadana tienen que ser de carácter civil. Eso no es un capricho. Sin embargo, en los últimos tres años vemos que en Venezuela se está utilizando con acento la presencia de fuerzas militares en temas relacionados con la seguridad ciudadana, particularmente en la coordinación de operativos. Eso es un error muy grave y tiene un costo altísimo para el gobierno, pero también para la Fuerza Armada, porque en definitiva le endilga unas responsabilidades para las cuales no están preparados. Adicionalmente, tenemos una creciente criminalización de la pobreza, especialmente de jóvenes que viven en sectores urbanos pobres, para quienes no hay ningún tipo de presunción de inocencia, ningún tipo de posibilidades de defensa y eso ha sido desarrollado a través de distintos mecanismos, uno de ellos es el Operativo de Liberación del Pueblo. Pero hay otros que también tienen ese denominador común.

¿No sería mejor regresar a la Ley de Vagos y Maleantes? Al menos, había la probabilidad de salvar la vida.

Es que no estamos fuera de la Ley de Vagos y Maleantes. Los mecanismos para la criminalización de los pobres son otros, pero son tan terribles y tan letales como los contemplados en esa ley, bajo la cual se podía detener a una persona, sin ningún control jurisdiccional y por un tiempo indeterminado, ya sea porque no tenía trabajo o tenía determinado aspecto. El asunto es que no hemos superado la Ley de Vagos y Maleantes. Recientemente, se han empleado unos mecanismos de discriminación y de represión muy importantes, no sólo en materia de seguridad ciudadana, sino también en la distribución de alimentos. Cofavic es una organización de base, que trabaja en los sectores populares, y eso es lo que hemos visto con los Clap, por ejemplo. Este tema, digamos, ha pasado inadvertido. Si bien (a partir de 2014), hemos tenido muchas denuncias de violaciones a los Derechos Humanos en los sectores medios de la sociedad, de estudiantes, de dirigentes políticos, de líderes sociales, no es menos cierto que las carencias y el sufrimiento de los sectores populares, se hicieron invisibles o se opacaron en la agenda de los Derechos Humanos, porque la copaban todas estas detenciones muy graves a las que hice referencia, pero hay que decir, con toda la fuerza que los sectores populares están pagando un altísimo precio en el tema de la represión. Y ese precio está dado en el aumento de las ejecuciones extrajudiciales, en el aumento de las desapariciones forzadas de personas, en las detenciones arbitrarias. Y en la ausencia de mecanismos básicos para el acceso a medicinas y alimentos.

Se puso en marcha el Comando Anti Golpe y al día siguiente fue aprehendido el diputado de Voluntad Popular, Gilber Caro. El vicepresidente Tareck El Aissami contextualizó la noticia, al relatar, con lujo de detalles, el expediente judicial de Caro, quien purgó condena en las cárceles venezolanas por varios delitos. Se saca a relucir un expediente, pero a violadores y homicidas les cubren el rostro al momento de presentarlos en ruedas de prensa. Se actúa bajo el concepto de una supra moral “revolucionaria” que envenenó la convivencia social en Venezuela. Caro es diputado y lo ampara la inmunidad parlamentaria, ¿Qué significación tiene este hecho en materia de Derechos Humanos?

Hay varias cosas allí. Una, la deshumanización del otro, sólo porque piensa distinto. Esto tiene como caldo de cultivo la intolerancia política que viene en aumento desde el año 2002. Es decir, concebir al otro como no persona. Este es un tema crucial en Venezuela. Dos, la destrucción del estado democrático. No es el poder Ejecutivo, no es un alto funcionario, quien puede sentenciar, quien puede ofrecer pruebas, juzgar o utilizar las informaciones personales de un individuo públicamente. Acá en Venezuela hubo una detención, un caso muy conocido: el caso de la jueza Afiuni. Ese caso, muy grave, todavía está pendiente. No se trata de un caso individual. Ese caso ha creado lo que hemos denominado ‘El efecto Afiuni’. Según cifras extraoficiales, no desmentidas por el gobierno, el 70 por ciento de los jueces ocupan sus cargos de forma provisional y pueden ser destituidos, mediante un correo electrónico o una llamada telefónica. ¿Qué juez puede tomar una medida en contra del poder Ejecutivo, que anuncia una sentencia desde una televisora pública? Un diputado, sea cual sea el crimen que haya cometido, tiene, primero, que resguardarse la inmunidad parlamentaria y llevarse el procedimiento debido y luego, los civiles no puede ser juzgados por tribunales militares, eso es anticonstitucional. Y, por otro lado, para que la justicia sea creíble, modere y dé amparo a la gente, tiene que ser independiente. En ese sentido, el caso del diputado Caro, como otros casos, lo que genera en la población es más incertidumbre, más temor en la sociedad, ¿Es ese el efecto que se quiere? Si es el caso, obviamente, se logra. Pero el asunto es que eso le hace mucho daño al gobierno. Actualmente, no se puede gobernar en medio de ejecuciones extra judiciales, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, entre otras cosas, porque la comunidad internacional es vigilante y sensible a estos temas. Se abriría la puerta a la aplicación de probables sanciones.

¿Cuál va a ser el efecto que tendrá la crisis institucional y constitucional en materia de Derechos Humanos? Previsiblemente, el malestar social, las protestas, van a aumentar en medio de este contexto. ¿Qué garantía pueden tener los Derechos Humanos en medio de la destrucción del estado democrático?

Predecir es muy difícil y en Venezuela imposible, ciertamente. Ahora, en Venezuela hay un descontento, una frustración, una rabia y una sensación de abandono de la sociedad, perceptible para todos. Lamentablemente, pareciera que eso está siendo desoído sistemáticamente por el Estado y también por algunos factores políticos de la oposición, lo cual es muy grave. Creo que es muy importante advertir que el país vive en unas condiciones nunca vistas en la historia reciente de Venezuela, no comparables con las que nosotros hemos monitoreado en Cofavic. Y esa situación, con los componentes de violencia, de colectivos armados, de mega bandas delictivas organizadas, de anomia creciente, de desaparición de la institucionalidad democrática, se convierte en un caldo de cultivo muy peligroso. Por lo tanto, desoír esas alarmas —para quienes ejercen el poder—, encierra un enorme peligro.

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por marinawais Miér Ene 18, 2017 4:18 am

Trabajadores de Kreisel están a la deriva desde que el gobierno tomó la empresa hace más de un mes

por marinawais Miér Ene 18, 2017 4:23 am

Capriles: La guerra que hay que dar en Venezuela es contra el hambre y la inseguridad

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Este martes, durante una Asamblea Popular llevada a cabo en la parroquia Nueva Cúa, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, aseguró que el conflicto armado al cual hacen referencia representantes del gobierno no se corresponde con la realidad venezolana.

“La única guerra que hay que dar en Venezuela es contra el hambre y la inseguridad. La guerra de la que habla Maduro sólo existe en su imaginación. La verdadera guerra está en las calles de nuestro país. En 2016 se registraron 29 mil muertes violentas”, dijo.

Cuestionó que Maduro en cadena nacional haya tomado un fusil y dicho que debían llevarse a los barrios y campos 20 mil armas para defender el país. “A ustedes señores del gobierno, les digo que los barrios no quieren armas, los venezolanos lo que queremos es que se desarme el hampa para acabar con la violencia. ¿Cuántas familias amanecen todos los días llorando a un hijo o hermano porque lo mató el hampa? Ustedes (gobierno) son los únicos responsables de que Venezuela llegara a esta situación”.

Capriles recalcó que la violencia se combate reforzando la educación. “Este gobierno ha destruido hasta la educación. Ahora hablan de una nueva reforma al currículo escolar. Todo se queda en palabras y no lo llevan a hechos. En el país se necesita construir cinco mil liceos y por eso tenemos que luchar los venezolanos para que nuestros niños y jóvenes tengan una mejor educación. Un muchacho que tenga una buena educación puede tener un mejor futuro. La educación es lo más sagrado que podemos ofrecer a quienes son el futuro de este país”.

Con respecto a las bolsas de comida distribuidas por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), reiteró que es chantaje político del gobierno y que las mismas llegan con una periodicidad de tres meses.

“Esto es otra de las grandes estafas que este gobierno le ha hecho a los venezolanos. Estas bolsas de comida no permiten que una familia cumpla con una dieta balanceada y con la carga calórica que debe consumir. Ahora vemos cómo protesta el pueblo porque las bolsas no les llegan. Y las pocas que llegan las entregan según la preferencia política. El hambre no tiene color político. El país no va a salir adelante con una bolsa de comida, el país sale adelante produciendo. Lo que se requiere en Venezuela no es que llegue la bolsa, es que los venezolanos podamos ir a la bodega y encontrar los productos sin hacer colas”.

Tomada de Prensa Miranda

17/1/2017 10:00am

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por marinawais Miér Ene 18, 2017 4:37 am

Denuncia Chuo Torrealba: Gobierno aplica política de Estado para destruir solidaridad entre venezolanos

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El secretario ejecutivo de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba, denunció que lo ocurrido este lunes en Upata, estado Bolívar, no es un hecho aislado ni casual, sino el resultado de una política de Estado para “destruir la solidaridad” que siempre caracterizó a los venezolanos.

“Me estremeció esto que vimos en Upata y que para mí es claramente el resultado de 18 años de demolición de los principios de solidaridad que privaban antes entre los venezolanos, por parte de esta cosa absurda que algunos llaman ‘revolución’”, dijo Torrealba en su programa radial La Fuerza es la Unión.

Se refería al vídeo que circuló este 16 de enero por las redes sociales del choque automovilístico ocurrido en la vía hacia Upata, en el cual resultaron muertas dos personas y una tercera herida de gravedad. En el interior del vehículo impactado iba una maleta llena de dinero, la cual se reventó y los billetes volaron, como en las películas. “El accidente generó un embotellamiento, como es normal, y la gente se bajó de sus carros pero no a ayudar al herido o a colocar una piadosa sabana sobre los muertos, sino a recoger los billetes, a la rapiña de los billetes”, contó Torrealba.

“Me impactó profundamente el espectáculo de las personas pasando por encima de los cadáveres y de la persona herida, haciendo caso omiso del sufrimiento humano, y recogiendo los billetes. La codicia y la avaricia también están en la naturaleza humana, dirán algunos. Sí, pero también tenemos libre albedrio y capacidad para decidir entre el bien y el mal”, añadió.

“La fractura de la solidaridad entre los venezolanos no es un hecho aislado ni casual, es una política de Estado. Ese sujeto insensible que se comporta así puede que sea madurista u opositor, no lo sé. Lo que sí puedo decir es que ese es el ‘hombre nuevo’ que creó la ‘revolución’”, señaló, para pasar a enumerar ejemplos de cómo se ha venido aplicando esta política de Estado.

Recordó que en diciembre pasado, el partido ABP organizó en La Candelaria, en el centro de Caracas, su tradicional comida navideña para personas en situación de calle. “Cuando estaban comiendo, llegaron los colectivos y tumbaron los mesones, aplastaron las hallacas, el pan de jamón corrió por la calle, estrellaron contra el suelo las fuentes con la ensalada de gallina, y los comensales lloraban. Todos sabemos lo que costó hacer una hallaca este diciembre. Imagínense lo que sintieron las personas que estaban a punto de comer”, contó.

“Esto es un ejemplo concreto de fractura de la solidaridad. Los agredidos no fueron Antonio Ledezma ni Richard Blanco ni el partido ABP. Los agredidos fueron los indigentes que dejaron de comer la que posiblemente sería la única hallaca que tendrían esta Navidad, pero vino la ‘revolución’ y se las quitó”, dijo.

Numerosos ejemplos se han visto también cada vez que organizaciones no gubernamentales o grupos de personas se acercan a un hospital sin recursos, especialmente infantiles, a entregar una donación. “Lo que ha ocurrido es que estando en plena entrega, llegan los colectivos a impedir que se haga efectiva la donación, como pasó en octubre pasado en el Servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital Central de Maracay. Eso no es política, eso no es combate ideológico ni defensa del Estado, eso es malandraje puro y duro. Eso es fractura de la solidaridad”, apuntó.

Un tercer ejemplo y más reciente fue el asesinato, el pasado fin de semana, de Arnaldo Albornoz, uno de los animadores del programa La Bomba, que transmite Televen. “El mismo joven que hizo un desgarrador llamado al gobierno y al cielo para parar el baño de sangre en Venezuela, cuando ocurrió el asesinato de Mónica Spear. Tres años después asesinan a Arnaldo en la puerta de su casa en Caricuao, presuntamente para atracarlo. Ese es otro ejemplo concretísimo y doloroso de cómo se fractura la solidaridad social”, sostuvo Torrealba.

“La tragedia de la inseguridad en Venezuela no es un fenómeno natural, no es producto del fenómeno El Niño, no pueden poner las excusas de costumbre. Es una tragedia prefabricada, articulada tanto por lo que el gobierno hace como por lo que deja de hacer en esta materia”, apuntó.

“Son tres ejemplos muy concretos de cómo se fractura la solidaridad social. Uno tiene que ver con la comida, otro tiene que ver con la salud, otro tiene que ver con la seguridad, pero los tres están referidos a ese drama humano en el que la relación entre las personas termina siendo no una de cooperación en función del bien común, sino que termina siendo una relación de rapiña, de cómo un individuo le saca los ojos al otro para poder vivir”, sentenció.

El bachaqueo, el peor de todos

Otro ejemplo lamentable de la degradación moral que ha ocurrido en el seno de la sociedad venezolana es el llamado “bachaquerismo, una de las peores expresiones del desprecio del ser humano por el ser humano”, como la calificó Torrealba.

Refirió que, en principio, se puede considerar una “actividad económica” consecuencia de la mala praxis del gobierno, que ha destruido el empleo privado y la calidad del empleo público, y que ha hecho imposible el emprendimiento honesto. “Entonces surge el bachaqueo como alternativa, lamentable, pero alternativa. Me sorprende que el gobierno se sorprenda por esto”, dijo.

Asimismo, denunció que resulta “impensable” la existencia de mafias del bachaqueo sin conexión con el gobierno. “Quien tiene el control absoluto de la distribución de los alimentos, a través de las guías, es el gobierno. Las mafias del bachaqueo son rojas rojitas o por lo menos conectadas intensamente con la estructura politiquera del PSUV”, aseguró.

En Maracaibo están vendiendo los pañales desechables detallados a mil bolívares la unidad, un millón de los bolívares de antes. El bachaquero es implacable: te lo llevas a ese precio o el muchachito se te hace pupú encima. Eso está pasando hoy”, dijo.
“Todo esto tiene una dimensión política que es clarísima, pero también tiene una dimensión personal, espiritual, ética, moral que todos tenemos que revisar para derrotar, allí donde importa, al morbo del autoritarismo. ¿Dónde? En nuestra alma, en nuestra conciencia, en nuestra manera de ejercernos cotidianamente en la familia, en la vecindad, en el trabajo”, señaló.

“Podremos derrotar política y electoralmente al adversario, sin embargo, si nos ejercemos igual a como lo hacen ellos ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Vamos a sacar a un tipo mal hablado por un mal hablado un poquito más estudiado, vamos a cambiar un color por otro, a un grupo por otro? O es cambio de verdad o, por el contrario, será la ratificación de que el odio como sistema sí puede ser gobierno. Ojo con eso: si no hay cambio interno, no hay cambio afuera”, advirtió.

En ese sentido, invitó a los venezolanos a hacer una profunda reflexión y a ver cada uno en su interior, pero también en el interior de sus familias y de sus comunidades para “detectar esas conductas y decir ‘no chico, a mi no me van a convertir en ese ‘hombre nuevo’, poco solidario, poco responsable, poco humano”.

“El primer acto de rebeldía frente al gobierno no es salir a desfilar en una marcha. El primer acto de rebeldía frente al autoritarismo es no permitir que nos conviertan en lo que ellos son. No imitar lo que estamos diciendo que hay que cambiar. El gobierno no nos agrede solo con sus políticas económicas o cuando nos reprime con su policía, sino que está tratando de cambiar nuestra condición humana, nuestro ADN como pueblo, como personas, como sociedad. Eso no podemos permitirlo y esa batalla la damos en nuestra propia alma, en nuestro propio corazón y en nuestras propias familias”, concluyó.

17/1/2017 10:54am

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por marinawais Miér Ene 18, 2017 4:40 am

Asamblea NacionalCuenta verificada‏

[ltr]@AsambleaVE[/ltr]

Dip.@JoseAGuerra: la economía venezolana tuvo el peor desempeño en 2016; -12% en PIB, 500% de inflación y -20% en poder adquisitivo.
NOTICIA DE VENEZUELA - Página 11 C2aIXHiXcAAkkWg

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15:06 - 17 ene. 2017

por marinawais Miér Ene 18, 2017 4:43 am

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Asamblea NacionalCuenta verificada‏

[ltr]@AsambleaVE[/ltr]

Dip.@JoseAGuerra: exigimos que cese la discriminación y se le entreguen los nuevos billetes a los estados fronterizos.
NOTICIA DE VENEZUELA - Página 11 C2aJd93W8AAjOam

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15:11 - 17 ene. 2017

por marinawais Miér Ene 18, 2017 4:46 am

Unidad Venezuela‏

[ltr]@unidadvenezuela[/ltr]

.@DelsaSolorzano:"Todos los funcionarios que tienen secuestrado a Gilber están incurriendo en delitos y serán sancionados". #17Ene #SesionAN

por marinawais Miér Ene 18, 2017 4:48 am

Asamblea NacionalCuenta verificada‏

[ltr]@AsambleaVE[/ltr]

Dip.@EliasMattaW: con una inflación de 847% al cierre de 2016, no hay dinero que alcance en esta economía destruida por ese decreto.

NOTICIA DE VENEZUELA - Página 11 C2aNYLfXgAItYLK

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15:28 - 17 ene. 2017

por marinawais Miér Ene 18, 2017 4:51 am

Asamblea NacionalCuenta verificada‏
[ltr]@AsambleaVE[/ltr]

Dip.@delsasolorzano: Han pasado 6 días sin debido proceso y @gilbercaro está secuestrado. Lo último que falta es que pidan rescate #SesiónAN

NOTICIA DE VENEZUELA - Página 11 C2aAsMuWQAAOsKb

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14:32 - 17 ene. 2017

por marinawais Miér Ene 18, 2017 5:13 am

Es lo unico que sabe hacer tratar de asustar para que no hagamos nada, que parte de que ya no le tenemos miedo no termina de entender que el temor ahora esta de su lado, que tonto lo decreto que ahora en su lado se quedo, asi como le paso a el muerto galactico con su patria, socialismo y muerte, la patria la destruyo, el socialismo no lo logro y la muerte se lo llevo, cuando entenderán que las palabras tiene poder y son como el bumeram que vuelven a quien las dice, a quien las manda, a quien las desea, por lo visto no lo quieren aprender, no lo quieren entender, entonces, lo aprenderán en su próxima vida si no cambian, porque en esta por lo visto no lo quieren aceptar. Evil or Very Mad

MÁS ARMAS, MÁS VIOLENCIA: el gobierno inventa guerras mientras el pueblo solo quiere paz #NoMásBalas

por marinawais Miér Ene 18, 2017 6:26 am

Magnifico deberían implementarlo en Venezuela y en el resto del mundo tambien. Very Happy

Perú: aprueban polémica ley de “muerte civil” para políticos y funcionarios corruptos

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Perú: aprueban polémica ley de “muerte civil” para políticos y funcionarios corruptos
Tomás Hayek Octubre 21, 2016 Noticias, Politica Nacional

Debido a los reiterados casos de corrupción que sacuden a la administración pública en Perú, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski aprobó este miércoles la ley de “muerte civil” para los funcionarios públicos que incurran en ilícitos.

“Muerte civil (pérdida de derechos civiles) lo hemos aprobado hoy en Consejo de Ministros y se va publicar en las próximas 24 horas”, subrayó el Presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, durante una rueda de prensa en Lima.

Según informa América Economía, con esta nueva ley, todos los funcionarios gubernamentales que estén involucrados en actos dolosos en contra de la administración pública no volverán a trabajar en el Estado de por vida.

Finalmente, cabe mencionar que las pérdidas económicas que generan los actos de corrupción en Perú ascienden a unos US$ 3.570 millones anuales, lo cual deteriora el desarrollo del país.

Foto: BBC

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por marinawais Miér Ene 18, 2017 6:57 am

¡DIFUNDIR! En 2013 el TSJ dijo que un poder NO puede desproclamar a funcionario electo por voto

ESCRITO POR REDACCIÓN · ENERO 12, 2016 · @NOTITOTALCOM

“El Poder Judicial no puede desproclamar autoridades electas mediante voto popular”insiste la oposición frente a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que la declaró “en desato” y declaro como “nulas” todas sus acciones. Pero... ¿Hay sustento judicial para tal aseveración de la MUD? Sí, si la hay y con importante precedente que se dio en el año 2013, en un caso que involucró al expresidente Hugo Chávez.

El TSJ en esa oportunidad, dio la razón a lo que hoy denuncia la MUD, una autoridad electa por voto popular no puede ser desproclamada por el TSJ. ¿Pero por qué este principio aplicaría con Chávez y no ahora con la oposición?

Analicemos en detalle:

A más de un mes de realizadas las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, donde la oposición logró la tan ansiada mayoría calificada, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha declarado nulas las decisiones de este Parlamento, alegando desacato a un recurso de impugnación interpuesto por el chavismo contra los resultados en el estado Amazonas, donde tres opositores y un oficialista obtuvieron un curul.

Sin embargo, la decisión del TSJ se contradice con una sentencia del mismo ente de emitida en enero de 2013, en la cual el mismo aseguran que este ente no puede desproclamar ningún cargo electo por la voluntad popular.

A continuación parte del texto que el mismo TSJ emitió como respuesta en ese momento y que se puede ver completo en su web:

“Cualquier pretensión de anular una elección y/o de desproclamar a un funcionario electo por parte de algún poder constituido, al margen de una disposición constitucional expresa y desconociendo ‘el preponderante rol del cuerpo electoral una vez que ha sido manifestada su voluntad en un proceso comicial’,implicaría subordinar la libre expresión de la voluntad popular a una ‘técnica operativa, tomando en consideración –además- los traumatismos políticos e institucionales que supone la forzosa desincorporación de un funcionario electo…’, como expresara esta Sala en el fallo citado”, dice parte del texto que puede revisar en este enlace.
A mayor abundamiento, es necesario precisar que el sufragio es una manifestación directa del ejercicio de la soberanía popular (artículo 5 constitucional) por parte de su titular y que es un rasgo característico de la democracia participativa (artículo 6 eiusdem). Al respecto, esta Sala Constitucional en sentencia 1680/2007 expresó que, al ejercerse el sufragio, ‘entra en juego un valor fundamental de nuestro máximo texto normativo que atañe al altísimo papel que ha sido reconocido a la voluntad popular, como manifestación del ejercicio de la democracia participativa y protagónica, cuyo contenido axiológico se deriva claramente de los artículos 2, 3 y 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contando con vasto desarrollo en el catálogo abierto de derechos políticos, especialmente en las normas contenidas en el Capítulo IV del Título II de nuestra Carta Magna’.

INGRESE ACÁ PARA VER EL TEXTO COMPLETO DEL TSJ.

(Entrar a el enlace para ver el video)

Si bien la sentencia fue utilizada para el caso del fallecido presidente Hugo Chávez, cuando ese mismo año no logró asistir a su toma de posesión, la Constitución venezolana es clara en su artículo 200:

“Los diputados a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo”.

Asimismo, el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafalli, estima que estas medidas lo que hacen es “generar más caos y confusión de los entre los poderes públicos en el país. Lo más sano era que la Sala Electoral revocara la sentencia. Esta es más una medida política que judicial”.

El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, también se pronunció ante la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, y aseguró que “esta sentencia es absolutamente política y no existe forma alguna de que se pueda acatar esa norma que acaba de dictar el TSJ”.

Calzadilla exhortó al Ejecutivo Nacional a “reflexionar y respetar la soberanía popular y el voto”. “Esto no le trae ningún beneficio al pueblo, ya es hora de respetar al país”, finalizó.

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Con información de El Venezolano / La Patilla/ Maduradas

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