NOTICIAS VENEZUELA

¿SER RICO ES MALO? María Gabriela Chávez se hospeda en el hotel MÁS LUJOSO de Canaima (+ Fotos)
28 noviembre, 2014


La hija del ex presidente Hugo Chávez, María Gabriela Chávez, llegó el lunes 25 de noviembre a pasar unos días en el Parque Nacional Canaima. Chávez se hospedó en la posada más costosa del sitio: Wakü Lodge, publica RunRunes. La hija del ex mandatario no estaba sola, fue acompañada de un joven y custodiada por ocho escoltas, según relataron algunos huéspedes. Todo el personal de seguridad de Chávez se hospedó en la posada. La comitiva ocupó al menos cuatro habitaciones. La tarifa de una noche en Wakü Lodge es de 10.980 bolívares por persona, e incluye tres comidas. La embajadora suplente en la ONU escogió Wakü Lodge sobre el Hotel Venetur que se ubica a escasos metros del primero, y es más económico. En cambio, una noche en el hotel manejado por el Estado, cuesta 4.800 bolívares por persona, con tres comidas incluidas.

Hotel-Canaima-lujoso






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PRIMERO JUSTICIA


¿Ganamos el salario más alto de #Latinoamérica? ¿Cómo justifica esto el Gobierno?
#MaduroGrinch

El Nacional


López a Maduro: Lo que pasa en las cárceles es tu responsabilidad

El dirigente político le advirtió al mandatario que la justicia le llegaría, pues "el mundo entero está claro de los abusos y atropellos [a los que son sometidos quienes piensan distinto]" El dirigente político le advirtió al mandatario que la justicia le llegaría, pues "el mundo entero está claro de los abusos y atropellos [a los que son sometidos quienes piensan distinto]"

Maduradas


Q.E.P.D el bolívar, acabado en comunismo. Gracias Maduro por los favores concedidos. Destruyeron nuestra economía #RIPBolivar

¡FIRMES CONTRA EL DICTADOR! ONU expresó ALARMA por denuncias de tortura en Venezuela (+Doc)
28 noviembre, 2014


(Entrar a el enlace para leer el informe)

El comité de las Naciones Unidas contra la tortura expresó el viernes su “alarma” por las denuncias de tortura y malos tratos de parte de las autoridades venezolanas durante los meses de protestas opositoras a principios de este año, e instó al país a investigar a fondo los incidentes, reseña Reuters.

ONU-Naciones-Unidas

El Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de la ONU dijo que las quejas incluían informes de palizas, quemaduras y descargas eléctricas para obtener confesiones y detalló que los fiscales sólo han presentado cargos en cinco de 185 investigaciones de este tipo de incidentes.

“El Estado (venezolano) debe garantizar que todas las denuncias y los casos de tortura y malos tratos de detenidos sean investigados de forma pronta, exhaustiva e independiente”, dijo el reporte presentado el viernes en Ginebra.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Más de 40 personas, entre manifestantes, partidarios del gobierno y funcionarios de seguridad, murieron durante los tres meses de protestas donde simpatizantes de la oposición exigían la renuncia del presidente Nicolás Maduro.

El heredero político del fallecido Hugo Chávez culpó a los manifestantes de la mayoría de las muertes y se comprometió a investigar todos los casos de abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Una comisión de la verdad fue creada para tal fin.

Grupos de oposición y activistas de derechos humanos sostienen que el ejército y la policía detuvieron, sistemáticamente, manifestantes que participaban en demostraciones pacíficas, algunos de los cuales se mantienen detenidos sin proceso ni acceso a abogados.

El comité también instó a Venezuela a investigar los informes de detenciones arbitrarias y las reiteradas peticiones para la liberación del líder de las protestas, Leopoldo López, y del ex alcalde de oposición Daniel Ceballos.

Insta a permitir visita de Relator

El Comité Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) publicó sus observaciones, preocupaciones y recomendaciones sobre los informes presentados por el Estado venezolano, respecto a la situación de los derechos humanos en el país entre 2002 y 2014.

El Comité lamentó que estos informes hayan sido entregados con ocho años de retraso, y que algunas de las preguntas formuladas al Estado quedaran sin responder.

Igualmente, el organismo expresó su “alarma ante informes que describen el alto grado de violencia en los centros penitenciarios, registrándose 4.791 muertes y 9.931 heridos desde enero de 2004”.

Destacó que, de acuerdo a cifras de la delegación venezolana, actualmente existiría una población penitenciaria de 50.721 reclusos para una capacidad de 51.127 plazas, cifra que discrepa con reportes que indican un hacinamiento de 190% durante el primer semestre de 2014.

Preocupó la alta proporción de detenidos en espera de juicio (65,71%). Exhortaron al Estado a publicar datos desglosados por lugar de detención sobre la capacidad de alojamiento.

En este sentido, el Comité de Naciones Unidas instó al Gobierno de Nicolás Maduro a que permita “sin demora una visita del Relator contra la Tortura y el acceso de organizaciones no gubernamentales a todos los lugares de privación de libertad de manera que puedan verificar los avances mencionados por el Estado”, según el cual no hay violencia en 87% de las cárceles.

Preocupa la impunidad

El Comité Contra la Tortura también destacó la alta impunidad en el país. De 3.1096 denuncias por violaciones de derechos humanos recibidas entre 2011 y 2014, tan sólo 3,10% resultó en acusación por parte del Ministerio Público, y sólo 12 funcionarios fueron sancionados por cometer actos de tortura ente 2003 y 2011.

“Preocupa profundamente al Comité la información según la cual los fiscales a menudo no inician investigaciones de oficio pese a existir claros signos de lesiones en las personas detenidas”, detalló el informe.

En este sentido, los expertos de Naciones Unidas urgieron al Estado venezolano a garantizar el acceso inmediato de las víctimas a los órganos judiciales para denunciar incidentes de tortura y malos tratos, asegurando su protección; velar por que se investiguen de oficio y de manera pronta, exhaustiva e imparcial; acelerar el proceso de restructuración, depuración y capacitación de los cuerpos policiales; y, enjuiciar a los autores de torturas o malos tratos.

Alarma tortura durante protestas

El Comité de la ONU también se refirió a la detención de 3.306 personas, incluidos 400 adolescentes, en el marco de las manifestaciones ocurridas entre febrero y junio de 2014, manifestando su preocupación porque “un gran número de estas detenciones fueron arbitrarias, por no existir orden judicial ni flagrancia”.

El informe señala que “el Estado parte debe adoptar sin demora medidas efectivas para que, conforme a las opiniones del Grupo de Trabajo sobre detención arbitraria, se libere inmediatamente a Leopoldo López y Daniel Ceballos, y a todos aquellos que hayan sido detenidos arbitrariamente por ejercer su derecho a expresarse y protestar pacíficamente”.

Igualmente, el Comité se mostró alarmado ante las denuncias de tortura contra manifestantes, que incluirían “palizas, descargas eléctricas, quemaduras, asfixia, violación sexual y amenazas, presuntamente con el objeto de destruir pruebas de las actuaciones de las fuerzas de seguridad, obtener información, castigar, obtener confesiones y por discriminación de género”.

Destacan que de las 185 investigaciones llevadas a cabo por Fiscalía por trato cruel, sólo se han presentado 5 acusaciones, y las 2 investigaciones por tortura todavía siguen su curso. Además expresaron su inquietud por la discrepancia en los datos presentados por el Estado.

Complicidad con colectivos armados

En el informe, los expertos de Naciones Unidas también se refirieron a los 437 ataques de grupos armados pro-oficialistas en contra de manifestantes ocurridos entre febrero y abril de 2014, una gran parte de estos con la complicidad y aquiescencia de las fuerzas del orden.

Al respecto, aseguraron que el Estado debe “investigar con prontitud, exhaustividad e imparcialidad todos los ataques de grupos armados pro-gobierno durante las manifestaciones y enjuiciar debidamente a sus autores y a los funcionarios que fueron cómplices”.

Igualmente, reclamaron “la participación de efectivos militares, como la Guardia Nacional Bolivariana, en el control de las manifestaciones, pese a que su función no es el mantenimiento del orden público y aun cuando no hubo un estado de excepción o emergencia declarados”.

Asimismo, el Comité Contra la Tortura mostró su “consternación” ante las ejecuciones extrajudiciales por parte de grupos policiales o para-policiales, que dan cuenta de al menos 667 homicidios por parte de agentes del orden en 2012, y 600 en 2013.

No hay independencia judicial

En cuanto al caso de la jueza María Lourdes Afiuni, que la integrante del Comité Essadia Belmir calificó como un “terremoto”, el informe señala que es una muestra de la falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela, donde no se garantiza la estabilidad de los jueces en sus funciones.

Solicitaron investigar de oficio y de manera pronta, exhaustiva e imparcial las alegaciones de tortura cometidos contra Afiuni durante su detención en el Instituto Nacional de Orientación Femenina.

Finalmente, el Comité exhortó al Estado a abstenerse de descalificar la labor de los defensores de derechos humanos y periodistas. Expresaron su “profunda preocupación” por los señalamientos públicos del Presidente de la Asamblea Nacional, citando informaciones de “patriotas cooperantes”, en contra de Carlos Correa, Humberto Prado y Marino Alvarado.

Lea el texto completo del informe del Comité Contra la Tortura de la ONU

(Entrar a el enlace para leer el informe)


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PRIMERO JUSTICIA


Richard Mardo: Acusado de fraude fiscal y lavado de dinero (se le allanó inmunidad) #RechazaLaPersecución

¡DESCARADA! Fiscal general desmiente tratos crueles contra detenidos en Ramo Verde
27 noviembre, 2014


La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, desmintió las versiones de presuntos tratos crueles o degradantes contra dos detenidos (Leopoldo López y Enzo Scarano), en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, municipio Guaicaipuro, estado Miranda. La máxima representante del Ministerio Público enfatizó al ser consultada por los periodistas, que existen afirmaciones irresponsables, siendo falso que estas dos personas hayan sido bañadas con algún tipo de fluido, líquido o materia. Dijo que ante estos señalamientos inciertos fue comisionada la directora de Derechos Fundamentales de la institución, María Mercedes Berthé, para visitar a los detenidos y constatar el estado en el que se encuentran.

Luisa-Ortega-Diaz-Fiscal-General-de-la-Republica

Asimismo, informó que existen fotos y videos que muestran las condiciones de reclusión de estos privados de libertad. Ortega Díaz indicó que en el caso de que se llegara a determinar cualquier caso de violación de derechos humanos para estos u otros detenidos, el Ministerio Público haría una investigación de inmediato.

Al ser consultada sobre la recomendación del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas de liberar a López, afirmó que Venezuela es un Estado soberano y decide si toma o no las recomendaciones.

Adicionalmente, dijo que nadie pregunta por los 43 fallecidos durante los hechos violentos ocurridos en el país, el que muchos de ellos hayan sido funcionarios muertos en cumplimiento de su deber y otros venezolanos que, simplemente, querían transitar por las calles y se vieron impedidos por las barricadas, “simplemente se les ha invisibilizado”, acotó.

En referencia a la renovación de los cargos de Fiscal General, Defensor y Contralor de la República, Ortega Díaz explicó que al no llegar a un consenso los integrantes del Consejo Moral Republicano para la convocatoria de un Comité de Evaluación de Postulaciones, ahora corresponde a la Asamblea Nacional la designación de las nuevas autoridades.

Fuente: El Nacional


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Machado: 'Iré a la Fiscalía por mis hijos y por Venezuela' (ENTREVISTA)

      El fanatismo no tiene limites, ¡por Dios...! ¡vuelvan a Dios...! o por lo menos hacia ustedes mismos y respetense, amense, quieranse, dejen las idolatrias, valorense.
Jesus en ti confiamos, Amen y gracias.        



sábado, 29 de noviembre de 2014
El Ballet de Hugo Chavez... Y que dirá el homofóbico maduro?


Por si fuera poco, ahora crearon un Ballet de Hugo Chavez! Una pieza teatral en la que se hace una encarnación de Chavez bailando el vals y moviéndose muy sensualmente por el escenario mientras se escuchan sus discursos.
Ahora nos preguntamos, Qué pensara Nicolás Maburro al respecto? ya que el se ha declarado homofóbico muchas veces y eso ha quedado en evidencia en muchas de sus apariciones en la TV.... Esperemos a ver la reacción de Maburro!






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Al Régimen de Venezuela le tocó admitir en Ginebra 96,9% de “Impunidad” en violaciones de DDHH


Al Régimen de Venezuela le tocó admitir en Ginebra  96,9% de “Impunidad” en violaciones de DDHH
DolarToday / Nov 29, 2014 @ 11:00 am

“La Defensoría parece carecer del grado de independencia necesario para ser la institución nacional responsable de investigar las denuncias de tortura y malos tratos”, señaló Comité contra la Tortura, publica El Nacional

La delegación del Estado venezolano que fue a Ginebra a rendir cuentas sobre la situación de los derechos humanos en el país reveló los indicadores de impunidad que deliberadamente se han ocultado en los últimos informes anuales del Ministerio Público: entre 2014 y 2014 la Fiscalía recibió 31.096 denuncias por violaciones de derechos humanos y solo 3,10% concluyó en acusaciones.

La información destaca en el informe de observaciones finales del Comité contra la Tortura que fue publicado ayer. “El Comité lamenta que la información facilitada no incluya datos oficiales actualizados sobre las sentencias y penas impuestas durante este período. Sin embargo, de acuerdo con las cifras anexas al tercer y cuarto informes periódicos combinados, entre los años 2003 y 2011 tan solo 12 funcionarios fueron sancionados por cometer actos de tortura”, se indica en el documento.

Indirectamente se da respuesta a la fiscal general de la República, Luisa Ortega, que suele alegar que los excesos cometidos por los cuerpos de seguridad no se investigan porque no son formalmente denunciados por las víctimas. Tal alegato fue repetido por la directora de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes Berthé, ante los 10 expertos independientes que integran el Comité contra la Tortura respecto a la violación sexual de la jueza María Lourdes Afiuni por un agente estatal mientras estuvo presa en la cárcel de muejres de Los Teques: “Despreocúpense por eso”, sugirió Berthé. Tal sugerencia no fue acogida; por el contrario, respondieron que “preocupa profundamente al Comité la información según la cual los fiscales a menudo no inician investigaciones de oficio, pese a existir claros signos de lesiones en las personas detenidas”.

Más adelante, en el informe se insiste en el caso Afiuni: “A pesar de ser este un crimen de acción pública, el Comité lamenta que no se haya iniciado investigación de oficio hasta la fecha”.

La ONU pide investigaciones eficaces y a cargo de policías y fiscales verdaderamente independientes. En casos de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes recomiendan incluir “a los funcionarios que supieran o debieran haber sabido que se estaban cometiendo dichos actos y no los impidieron ni los denunciaron”. No le satisfacen los resultados que presentó el Estado el 6 y 7 de noviembre, los cuales indican que de “las 185 investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público por trato cruel, solo se han presentado 5 acusaciones, y las 2 investigaciones por tortura todavía siguen su curso”.

Error conceptual. La primera preocupación manifestada por el Comité contra la Tortura se refiere a las carencias de la definición del delito de tortura en el artículo 17 de la Ley contra la Tortura, “ya que solo se aplica cuando las víctimas están bajo la custodia del funcionario público. Tampoco se considera tortura bajo este artículo los dolores o sufrimientos infligidos por otra persona en el ejercicio de funciones públicas, o a instigación, con el consentimiento o aquiescencia de funcionarios públicos. La conducta de los funcionarios públicos que hayan instigado o consentido actos de tortura infligidos por personas naturales tampoco estaría tipificada como complicidad o participación en la tortura”. Específicamente la ONU propuso ajustar la ley a los estándares internacionales, pues ofrecen mayor protección que la ley que el gobierno presentó como un gran logro.

La Defensoría del Pueblo salió muy mal parada: “El Comité muestra su inquietud por el hecho de que la Defensoría parece carecer del grado de independencia necesario para ser la institución nacional responsable de investigar las denuncias de tortura y malos tratos”.

La crítica se fundamenta en que el organismo dirigido por Gabriela Ramírez no ofreció explicaciones “acerca del resultado del 48% de las denuncias de actos de tortura o malos tratos que fueron recibidas y cerradas por la Defensoría del Pueblo entre 2002 y 2014, así como del resultado de las visitas a centros de detención realizadas”.

Los excesos de los cuerpos de seguridad del Estado en la represión de las manifestaciones contra el gobierno entre febrero y junio de 2014 fueron condenados por la ONU. “El Comité expresa su alarma ante informaciones concurrentes que denuncian actos de tortura y malos tratos de personas arrestadas. Dichos actos incluirían palizas, descargas eléctricas, quemaduras, asfixia, violación sexual y amenazas, presuntamente con el objeto de destruir pruebas de las actuaciones de las fuerzas de seguridad, obtener información, castigar, obtener confesiones y por discriminación de género”, se indica en el informe.

Tragedia penitenciaria. El Estado venezolano había asegurado que en las cárceles venezolanas no existe hacinamiento porque se disponen de 51.127 plazas para un total de 50.721 presos. Sin embargo, el Comité recibió informes que dan cuenta de un hacinamiento por el orden de 190% y, por ello, reiteró al Estado la solictud de información desglosada por cada centro de reclusión y que se permita que el relator contra la Tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez, visite Venezuela.

Lo que no podría negar el gobierno es la violencia carcelaria y, por ello, precisó que en 2014 han muerto 140 reos. En el informe se duda de la efectividad del llamado nuevo régimen penitenciario fundamentado, y se insta al Estado a evitar la instrucción militar de la población penal y a prácticas de formación castrense, entre ellas el orden cerrado.

Desde Ginebra, en conferencia de prensa, el miembro del Comité contra la Tortura, Alessio Bruni, expresó: “La situación del sistema penitenciario en Venezuela es una tragedia”.

Libertad para López y Ceballos

El Comité contra la Tortura se sumó a la solicitud de liberación inmediata de los dirigentes opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos, formulada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein.

La jueza 28 de Juicio, Susana Barreiros, encargada del proceso penal contra López, determinó que tales solicitudes no son de obligatorio cumplimiento por las autoridades venezolanas. Como forma de protesta, el máximo líder de Voluntad Popular decidió no volver a comparecer ante Barreiros, hasta que la Corte de Apelaciones rectifique la negativa a concederle libertad. La jueza 15 de Juicio, Yhosmar González, que juzga a Ceballos, no se ha pronunciado.

El Ministerio Público precisó en Ginebra que 3.306 personas, incluidos 400 adolescentes, fueron detenidas durante las manifestaciones antigubernamentales ocurridas entre febrero y junio de 2014. Al respecto, el Comité señaló estar preocupado porque “informes concordantes” indican que “un gran número de estas detenciones fueron arbitrarias, por no existir orden judicial ni flagrancia, como en el caso de detenciones en las residencias aledañas a los lugares de las manifestaciones (…) no tuvieron acceso confidencial a un abogado hasta minutos antes de la audiencia judicial, fueron transferidos a varios centros de detención sin comunicar el paradero a sus familiares y no habrían recibido atención médica oportunamente.

A favor de todos los presos por ejercer su derecho de expresarse y de manifestar, el Comité recomendó facilitar la impugnación de las detenciones arbitrarias y sancionar a los funcionarios responsables.

Ni la GNB ni los colectivos

El Comité contra la Tortura repudió la intervención de funcionarios militares, específicamente de la Guardia Nacional Bolivariana, en la represión de las manifestaciones entre febrero y junio de 2014. “Su función no es el mantenimiento del orden público y no hubo un estado de excepción o emergencia declarados”, refiere el informe y se agrega que 121 funcionarios fueron denunciados por excesos en el ejercicio de sus funciones.

Los expertos de la ONU recomendaron hacer valer el artículo 332 de la Constitución para “asegurar que los órganos que se ocupan del mantenimiento de la seguridad ciudadana sean de carácter civil”.

Los colectivos chavistas también fueron objeto de análisis. “El Comité expresa su preocupación ante los informes que registran un total de 437 ataques de grupos armados pro oficialistas a manifestantes durante las manifestaciones transcurridas entre febrero y abril de 2014. Según informaciones concurrentes, una gran parte de estos ataques se realizaron con la complicidad y aquiescencia de las fuerzas del orden y permanecen en la impunidad”, estableció el organismo adscrito al Consejo de Derechos Humanos.

Además de solicitar la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de delitos, el Comité pidió “diseñar con urgencia estrategias efectivas para el desarme, control y desmantelamiento de grupos civiles armados”.

Se dejó constancia de que la delegación estatal que fue a Ginebra y estuvo presidida por José Rangel Ávalos se negó a suministrar mayores detalles sobre los colectivos.

Las Cifras

667 homicidios a manos de policías ocurrieron en 2012 y otros 600 en 2013. El Comité define la situación como “un extendido patrón de ejecuciones extrajudiciales”

62% de los jueces venezolanos son provisorios y vulnerables a presiones. El Comité instó a asegurar la independencia judicial mediante concursos de oposición públicos


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Ahora van a venir con el cuento de que no lo sabían, si luis........ por Dios...! eso se sabe desde hace muchos años, porque cuando el rió suena peñones trae. Entre cielo y tierra no hay nada oculto.    
Por fin salen a la luz todas estas barbaridades y se demuestra quienes son, gracias Dios.
Doble discurso, doble moral, mas de lo mismo. Macabra esta elite diabolica, como lograron por un tiempo cegar a los incautos, gracias a Dios ya todo esta saliendo a la luz, el tiempo de Dios es perfecto.    
Jesus en ti confiamos, falta poquiiiito tic, tac, Amen y gracias Dios.  


Elias Jaua solo es la punta del iceberg: Investigan a red de viajeros que volaron en “colitas revolucionarias”


Elias Jaua solo es la punta del iceberg: Investigan a red de viajeros que volaron en “colitas revolucionarias”
DolarToday / Nov 29, 2014 @ 12:00 pm

Un Falcon siglas YV2726 sería la clave para saber quiénes y cuántas personas han viajado por cuenta del Estado venezolano. El diputado de Primero Justicia Ángel Medina reveló que andan tras la pista de este y otros aviones administrados por el Servicio Autónomo de Transporte Aéreo del Ejecutivo, pero utilizados para fines no oficiales. Aspiran a determinar el monto del daño patrimonial y la lista de los beneficiarios de las “colitas revolucionarias”, publica El Nacional

“Hay una red de pasajeros que volaron a Argentina, Colombia, Ecuador y otros países en ese Falcon, que gozaron de privilegios, como si se tratara de un bien personal. Hicieron uso de un bien del Estado, un bien de todos los venezolanos, algo cuestionable. ¡Aquí no puede haber privilegiados!”, afirmó Medina.

Yaneth Anza, la niñera del ministro y vicepresidente Elías Jaua, que viajó a Brasil el pasado 24 de octubre en un avión autorizado por el SATA, no estaba sola. Reportes de la prensa brasileña afirman que “la niñera vino de Caracas con la suegra de Jaua y otros familiares en un avión de Pdvsa, y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en Sao Paulo”.

El desembarco de Anza generó un expediente judicial que la mantuvo presa por seis días, luego que se le detectó en su equipaje un revólver calibre 38, que posteriormente el ministro reconoció como propio. Tras lograr la libertad condicional de su empleada, Jaua declaró a los medios de Brasil que regresaría a Venezuela. El diario Folha de Sao Paulo reportó el 2 de noviembre que luego de ser liberada Anza “regresó a Caracas con el ministro en un vuelo de Pdvsa”.

“¿Por qué un grupito tiene más derechos que otros? ¿Cómo es que usan aviones, recursos del gobierno, mientras en los barrios no hay agua ni electricidad?”, se preguntó Medina.

Indicó que las visitas a la Embajada de Brasil y a Pdvsa para solicitar información sobre el caso Jaua-niñera-Brasil fueron reprogramadas para la próxima semana. “La lista de ‘las colitas’ es larga e incluye a otras personalidades”, expresó el diputado, que abriga la esperanza de que los poderes públicos investiguen, a pesar del silencio impuesto desde Miraflores.

La memoria y cuenta del SATA correspondiente a 2013, cuando Jaua era canciller, reporta: “Fueron más de 70 solicitudes de vuelo provenientes del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, para la participación de la República en reuniones del Celac, Unasur, Mercosur y ALBA”.

En vista de los hechos, la legisladora del Consejo Legislativo de Miranda Milagros Valera (PJ) exigió al Ministerio Público abrir una investigación por presunto peculado de uso contra el ministro y vicepresidente de Socialismo Territorial, Elías Jaua: “Así como actuó de oficio y tomando declaraciones aparecidas en los medios de comunicación en el caso contra el diputado Juan Carlos Caldera, le exigimos que abra una investigación de oficio contra Jaua por utilizar aviones del Estado para viajes de familiares y empleados personales”.

Confusión con niños

Además del caso de la niñera y de las incómodas reuniones de Elías Jaua con movimientos sociales, el 17 de noviembre se abrió otro flanco: el procurador Ailton de Souza inició una averiguación por el supuesto adoctrinamiento de niños brasileño en Venezuela. La prensa de ese país aclaró esta semana que un error de traducción de un documento oficial venezolano de 2011 generó la confusión. En el mismo se aludía al reclutamiento de 26 niños para la brigada de propaganda “en la comunidad de Brasil, estado Sucre”; pero se entendió que el reclutamiento se hacía en Brasil. “El Ministerio Público de Goias no afirma ni deja de afirmar que hubo reclutamiento de jóvenes. Lo que se busca es verificar la verosimilitud de la noticia”, dijo ayer el ente brasileño en un comunicado.


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Por Dios el que la escucha de fuera debe creer que en los abastecimientos del estado no faltan cosas, jeje, de quien sera la culpa que en esos abastecimientos falten tantas cosas, ¿de quien?, ¡por Dios ....! lo que han hecho con el pueblo, menos mal que solo unos poquitos todavia creen el la robolucion, menos mal, gracias a Dios.  
Jesus en ti confiamos para que te los lleves ya y para siempre, Amen y gracias, muchas gracias Dios  


¡PASA EN LA PATRIA! Dan ultimátum a empresas: “O producen o las tomaremos”… ¡A LO MALANDRO!
28 noviembre, 2014


La dirigente sindical Eglé Sánchez manifestó que “hay un plan de la derecha nacional e internacional para debilitar al Gobierno Nacional“, esto en relación a la situación económica actual del país, así lo dijo en el programa Sin Coba que transmite VTV.

Luego de su intervención el día de ayer en el acto de instalación del Consejo Presidencial de Gobierno de las Mujeres con el presidente Nicolás Maduro, expresó que además de los logros en materia de reforma de la Ley del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “había algunas cosas puntuales que teníamos que decir”. Y añadió que la “derecha venezolana viene atentando de manera sistemática contra los derechos de la mujer trabajadora”.



“El sector empresarial es el que tiene la mayor responsabilidad“, dijo al tiempo que aseguró que “hay un plan de la derecha nacional e internacional para debilitar al Gobierno nacional porque no le gusta el Presidente, por venir de las filas de la clase obrera”, reseñó el portal Noticias24.

Exhortó a la población a reaccionar ante la situación de las colas para comprar productos de primera necesidad. “El pueblo organizado tiene que denunciarlo ante el Presidente porque hemos sido víctimas de un sector parasitario que recibe dólares, pero la producción no se ve aumentada en el país”, sumó.

Llamado al sector empresarial

Sánchez reprochó la actuación de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), y les atribuyó parte de la responsabilidad de en la “crisis” para la compra de algunos alimentos. “Fedecámaras y sus empresas han agudizado la crisis en el país y nosotros tenemos que denunciarlo. Las colas se tienen que acabar. Vamos a darle un tiempo al sector empresarial para que produzca, y si no se da entonces vamos a importar los productos pero no podemos estarle suplicando a los empresarios que produzcan”.

“Quiero decirle a los empresarios que no se pasen de la raya, porque las mujeres estamos movilizadas. Si no es así, entonces no hay otra cosa que tomar las empresas, ponerlas a producir (…) con los consejos comunales, con las comunas, con el pueblo organizado, porque son los trabajadores los que saben cómo hacer el jabón, el aceite, la harina, etc.”.

Ante la pregunta de si es viable tomar las empresas, Sánchez afirmó que “los trabajadores estamos en condiciones tomar las empresas y ponerlas a producir (…) tenemos la capacidad de hacerlo (…) No vamos a dejar que sigan atropellando al pueblo todos los días, vamos a salir a la calle, pero no contra Nicolás Maduro porque él le ha dado a ellos (los empresarios) los dólares suficientes para poner a producir las empresas”.

Nos preguntamos: ¿Como es que se opera una empresa con tantas reglas impuestas, falta de divisas y desabastecimiento en insumos o materia prima?

Que ilógico y que desubicada esta la dirigente sindical. En Venezuela hay una escasez estructural inducida por la malas prácticas económicas y políticas monetarias que han hecho que el país esté en una inflación que ahoga al ciudadano. Para que las empresas produzcan debe haber abastecimiento, entrega oportuna de divisas y seguridad jurídica que es todo lo contrario a lo que plantea la sindicalista (tomar por la fuerza empresas). Deberían comenzar tomando las empresas que han expropiado y que están abandonadas o quebradas por mala administración y falta de conocimiento para operarlas.

Lecturas Recomendadas:

EN VIDEO: Estudiante de economía da clase magistral sobre el control de cambio en Venezuela

VIDEO: Explicación Económica de lo que pasa en Venezuela y la posible solución

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Esta es la manera en que actúan las elites.  



Régimen de Maduro encarcela a lideres vecinales con su bebé de 3 añitos


Régimen de Maduro encarcela a lideres vecinales con su bebé de 3 añitos
@DolarToday / Nov 29, 2014 @ 10:00 am

Nicolás Maduro no sólo le teme a los dirigentes que formulan denuncias sobre la incapacidad de su gobierno, de la represión qiue ejerce contra los ciudadanos y de la corrupción que adorna a sus ministros y parlamentarios, sino que también le teme a los dirigentes comunitarios que transmiten a sus vecinos el mensaje de una Venezuela democrática y próspera.

Es el caso de de los esposos Carolina González y Gilberto Sojo, activistas de Voluntad Popular en el sector popular de Marín, en San Agustín, en Caracas, el lugar donde nació el Grupo Madera.

Según denuncia de Voluntad Popular, a estos dos activistas los apresaron funcionarios del Sebin, junto a su pequeña hija de 3 años de edad, a quien venían de buscar en la guardería, con la complicidad de la telefónica Movilnet, ya que les hicieron una llamada para que fueran a retirar un premio a una agencia Movilnet en la parroquia Candelaria y cuando llegaron los detuvieron.

Los hechos vergonzosos cometidos por funcionarios de la policía política, “por órdenes de arriba” ocurrieron el pasado martes a las 3 de la tarde cuando Carolina González y Gilberto Sojo fueron apresados arbitrariamente y posteriormente ruleteados y llevados a la sede del Sebin en El Helicoide, donde no se les ofreció ninguna explicación.

Veedores de la Federación Interamericana de Abogados se trasladaron a la sede de la policía política solicitando información sobre la situación de Carolina, Gilberto y su bebé, amparados en el Derecho a la Defensa que tiene todo venezolano, recibiendo como respuesta de los funcionarios de ese cuerpo político que allí no se encontraban dichos ciudadanos y la niña de escasos 3 años de edad.

Ante tal situación, los abogados de la FIA iniciaron una denuncia por los Delitos de Desaparición Forzosa de Personas, tipificado en el art 180-A del Código Penal Venezolano concatenado con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del cual el Estado venezolano es suscriptor.

La inmediata respuesta del régimen fue un allanamiento a la casa de familia de estos activistas ubicada en el sector popular San Agustín del Sur, en Caracas, llevándose como supuestos elementos de interés criminalístico gorras identificadas con el logo de Voluntad Popular y el rostro de Leopoldo López, así como gran cantidad de planillas de recolección de firmas para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que adelanta esa organización política a través de sus activistas.

Hasta el momento, a Carolina y Gilberto no se les ha permitido el acceso a sus abogados, desconociéndose su situación y la de su bebé.

A través de un comunicado, el Equipo Nacional de Activistas de Voluntad Popular expresó su más enérgico rechazo a los continuos atropellos, persecuciones, violaciones de Derechos Constitucionales y Humanos, siembra de evidencias y montaje de delitos que contra los activistas y dirigentes de Voluntad Popular y de la Unidad Democrática adelanta el régimen represor de Nicolás Maduro.

“Esta humilde y honorable familia caraqueña no ha cometido ningún delito, por el contrario, con su esfuerzo diario se mantiene al servicio de la construcción de La Mejor Venezuela en donde todos los derechos sean para todas las personas. Frente a la represión, al abuso de poder e intimidación que adelanta el régimen contra quienes piensan distinto nos mantenemos firmes con la convicción de que más temprano que tarde se concretará el cambio político y constitucional que demandan 8 de cada 10 venezolanos”, reza el comunicado de Voluntad Popular.

Voluntad Polar hace esponsables a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; al director del Sebin y a la Ministra de Interior, Carmen Meléndez, de lo que pueda ocurrirles a los activistas Carolina González, Gilberto Sojo y su menor hija de tan solo 3 años de edad.

Tal Cual Digital


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