Directora del FMI investigada por falsificación y desvío de bienes públicos
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Directora del FMI investigada por falsificación y desvío de bienes públicos
por lilian Jue Mar 21, 2013 2:21 pm
Directora del FMI investigada por falsificación y desvío de bienes públicos
El
abogado de Lagarde, Yves Repiquet, ha confirmado a los medios franceses
la información pero ha destacado que el registro va a servir para
“esclarecer la verdad” y contribuir a “exonerar de toda responsabilidad
penal” a su clienta.
La investigación a Lagarde por parte de la Justicia francesa se abrió
oficialmente en agosto de 2011, con el objetivo de verificar si en 2008
intercedió de forma presuntamente ilegal para conceder una millonaria
indemnización al empresario Bernard Tapie e incurrió en los delitos de
“complicidad en falsificación” y “desvío de bienes públicos”.
Arbitraje sospechoso
La entonces ministra de Economía de Francia, en el gobierno de
Nicolás Sarkozy, decidió que el monto de esa compensación por la venta
de Adidas, empresa embargada a mediados de la década de 1990, fuera
fijado por una comisión de arbitraje privada y no por los tribunales,
tras 18 años de litigios.
La elevada cuantía acordada, de 285 millones de euros que con los
intereses se acercaba a los 400 millones, sorprendió a varios diputados
socialistas, que acabaron acudiendo a la Justicia para denunciar el
procedimiento.
Un documento del Tribunal de Justicia (CJR), difundido en agosto de
2011, indicaba que hay “indicios graves y concordantes que permiten
sospechar que, bajo la apariencia de regularidad de un procedimiento de
arbitraje, se esconde una acción concertada para otorgar” a Tapie una
indemnización que no habría podido obtener por la vía judicial.
La Policía se ha presentado también recientemente, entre otros, en
los domicilios del entonces secretario general del Elíseo, Claude
Guéant, del propio Tapie y de Stéphane Richard, que dirigía el gabinete
de Lagarde cuando se produjo el arbitraje.
Si se demostraran los hechos, Lagarde podría ser condenada a una pena máxima de diez años de cárcel y a 10.000 euros de multa.
Reuters
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- Jueves, marzo 21, 2013, 0:07
- Europa
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La Policía francesa ha registrado este miércoles el piso
parisino de la jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine
Lagarde, como parte de la investigación del caso Tapie.
Elabogado de Lagarde, Yves Repiquet, ha confirmado a los medios franceses
la información pero ha destacado que el registro va a servir para
“esclarecer la verdad” y contribuir a “exonerar de toda responsabilidad
penal” a su clienta.
La investigación a Lagarde por parte de la Justicia francesa se abrió
oficialmente en agosto de 2011, con el objetivo de verificar si en 2008
intercedió de forma presuntamente ilegal para conceder una millonaria
indemnización al empresario Bernard Tapie e incurrió en los delitos de
“complicidad en falsificación” y “desvío de bienes públicos”.
Arbitraje sospechoso
La entonces ministra de Economía de Francia, en el gobierno de
Nicolás Sarkozy, decidió que el monto de esa compensación por la venta
de Adidas, empresa embargada a mediados de la década de 1990, fuera
fijado por una comisión de arbitraje privada y no por los tribunales,
tras 18 años de litigios.
La elevada cuantía acordada, de 285 millones de euros que con los
intereses se acercaba a los 400 millones, sorprendió a varios diputados
socialistas, que acabaron acudiendo a la Justicia para denunciar el
procedimiento.
Un documento del Tribunal de Justicia (CJR), difundido en agosto de
2011, indicaba que hay “indicios graves y concordantes que permiten
sospechar que, bajo la apariencia de regularidad de un procedimiento de
arbitraje, se esconde una acción concertada para otorgar” a Tapie una
indemnización que no habría podido obtener por la vía judicial.
La Policía se ha presentado también recientemente, entre otros, en
los domicilios del entonces secretario general del Elíseo, Claude
Guéant, del propio Tapie y de Stéphane Richard, que dirigía el gabinete
de Lagarde cuando se produjo el arbitraje.
Si se demostraran los hechos, Lagarde podría ser condenada a una pena máxima de diez años de cárcel y a 10.000 euros de multa.
Reuters
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