America Latina

lilian escribió:viernes, 22 de junio de 2012


Muy buen artículo Lilian. Gracias !






Imprescindible: Las razones de un paro







Impresionante.
Sin que nadie le pague, por amor a la verdad y a la justicia, Boot se
toma el trabajo de viviseccionar la incomprensible movida de los Moyano,
volviéndola transparente en su sinrazón, visibilizando sus motivaciones
inconfesables. Las mismas que Moyano debe explicar... Mientras Cecilia
Pando llama a ir a la plaza el próximo miércoles, me pregunto si la
simultaneidad entre el camionazo argentino, el golpe institucional de
Paraguay y la sublevación de los policías bolivianos fue pura
casualidad...





Las razones
de un paro






Por Teodoro
Boot

Mientras
exista una situación de injusticia siempre habrá razones para un paro de los
trabajadores. Este es un principio que no vamos a discutir ni del que vamos a
renegar, pero sí debe admitirse que el reclamo por la igualdad universal no
suele ser la razón esgrimida para la realización de la mayoría de los paros, de
manera que, para no extraviarnos, conviene concentrar nuestra atención en las
razones del paro realizado por orden de Pablo Moyano y también del convocado por
su padre para la semana próxima.

Las razones
de Pablo Moyano se vinculan a la discusión partidaria con la cámara empresaria
del sector, lo que en el caso particular de camioneros supone algunas
complicaciones. De acuerdo a la legislación laboral argentina, el
encuadramiento gremial de un trabajador es el derivado da la actividad
principal de la empresa en que desempeña su tarea, lo que facilita y da
racionalidad a la negociación paritaria que, recuérdese, no consiste únicamente
en la discusión de salarios: en las paritarias se discuten principalmente las
condiciones de trabajo.

Inspirado
en la legislación norteamericana y con el sigiloso pero obvio apoyo
gubernamental, y amparado en el proverbial amarillismo de algunos gremios
“competidores” –tal el caso de Comercio– así como en la tercerización de
servicios y la precarización de los trabajadores –como ocurre con los
distribuidores de diarios, los transportistas de combustible o los recolectores
de residuos– Hugo Moyano dio en considerar como encuadrado en su gremio a todo
trabajador que condujera un camión o camioneta transportando algo, cualquier
cosa.



En los hechos, esto
supuso que los encuadrados en el sindicato de
camioneros no fueran necesariamente los trabajadores de las empresas
nucleadas
en la cámara de transportistas de carga: en la novedosa interpretación
(recordémoslo: implementada de consuno entre Hugo Moyano y las
administraciones
kirchneristas) pertenecen a camioneros y afectados por la misma
negociación
colectiva quienes transportan cargas en general más aquellos que
transportan
combustible, bebidas, alimentos, caudales, automóviles, diarios,
residuos, etcétera, independientemente del rubro o rama de la industria a
que pertenezcan sus
empleadores. Tan sólo faltan los choferes de ambulancias y los
conductores de
coches fúnebres. ¿O no faltan?

El proceso
de crecimiento del sindicato de camioneros no se llevó a cabo en contra de la
voluntad de los trabajadores involucrados. Por el contrario: éstos se pasaron
con entusiasmo al sindicato de Moyano, cuyos salarios y condiciones de trabajo
son muy superiores a las fijadas por los convenios –de nuevo– de Comercio, el
gremio más depredado por Moyano. Por no mencionar los casos de los choferes de
las pequeñas empresas inventadas por los grandes conglomerados para tercerizar
sus servicios y precarizar al personal.

El
inconveniente de esta alteración del tradicional sistema de encuadramiento
sindical argentino radica en que en la negociación paritaria, la cámara del
sector (FADEEAC. Federación Argentina de Entidades Empresarias del
Autotransporte de Cargas) no puede representar, ni siquiera deficientemente, a
la totalidad de los empleadores involucrados o afectados por la negociación
salarial. En los últimos años esos inconvenientes se subsanaron con una suerte
de bendigo a tutti gubernamental que buscaba amortiguar los daños colaterales
del fulgurante ascenso de Hugo Moyano, así como apuntalarlo en su consolidación
como dirigente máximo del sindicalismo argentino. Cualquier sindicalista, aun
los moyanistas del MTA, solían murmurar entre dientes su despecho: “Los
aumentos que consigue el Negro para los camioneros los terminamos pagando todos
con los nuevos subsidios al combustible que, para compensarlas, el gobierno le da a las empresas transportistas”.

No viene al
caso en esta oportunidad, ni el autor conoce, entiende, ni mucho menos comprende las razones que
llevaron al progresivo distanciamiento entre Hugo Moyano y el gobierno de
Cristina Fernández, evidente no sólo en los hechos, que son los que cuentan, sino
también en los gestos y manifestaciones de ambas partes, que no carecen de
importancia. Lo que está claro es que, tanto por el distanciamiento como por
los riesgos económicos provocados por la interminable crisis internacional y el
cambio en algunos parámetros (por ejemplo, el de la disminución de subsidios a
numerosos servicios y también al transporte, que sería reemplazado por un
supuesto subsidio a los usuarios), Moyano no iba a concurrir a esta negociación
paritaria contando con el apoyo y, no menos importante, el reaseguro
gubernamental de que cubriría las espaldas de los empresarios para garantizar el
resultado de las paritarias.

La
negociación prometía desarrollarse conflictivamente, ya desde las primeras
declaraciones públicas del sindicato, que decía reclamaría un 40% de aumento, y
de la cámara empresaria, que parecía plantada en un 18%. Vistas así las cosas,
cualquier diría: es imposible que se llegue a un acuerdo.

Pero las cosas nunca
son así como parecen, menos aun en un regateo. Sin ir más lejos, los bancarios
decían reclamar un 39% y nadie se desmayó.

Tal vez sea
oportuna una digresión. En la experiencia, incluso personal, de la mayoría de
los dirigentes sindicales, centrar la puja distributiva en el monto de los
salarios es contraproducente, pues induce –o justifica– una carrera
inflacionaria en la que el salario de los trabajadores es la primera y
principal víctima. Los índices de inflación –oficiales u
extraoficiales– no son parámetros a tomar en cuenta: más conviene a la CGT llevar su propia
estadística, centrada en la canasta familiar, y sólo para su propio manejo,
para tratar de ganar poder adquisitivo en forma directa, cuando se pueda, y en
forma indirecta, por medio de la redistribución de los ingresos mediante obras
públicas y mejoramiento de las condiciones de vida y de los servicios que sea
capaz de ejecutar un gobierno, así como de los beneficios que la propia
organización gremial desarrolla para sus afiliados y familias.

Por otra
parte, sin mencionar aquellas ventajas que pueden obtenerse con imaginación y
un buen uso de la oportunidad, como la participación en las ganancias
empresarias que tienen los obreros y empleados del caucho, en las partidarias
se discuten también condiciones de trabajo. Sin disminuir la importancia del
incremento salarial, cualquier trabajador sabe que una mejora en las
condiciones de trabajo vale tanto como un aumento de sueldo, porque suele equivaler
a un aumento salarial indirecto.

Para
finalizar la digresión, ante una negociación paritaria se abre una
multiplicidad de opciones sobre las cuales pujar y regatear. Y ningún
gremialista se obcecará en ninguna de las opciones, por más que de la boca para
afuera y por razones de marketing o de precedencia política suela hacer
hincapié en el mágico “porcentaje”.

Volviendo a
la paritaria de camioneros, la alharaca mediática significó bien poco una vez
que, sentados a la mesa de negociaciones, trabajadores y empresarios pusieron
sus condiciones: 21%, dijeron los empresarios; 30 %, exigieron los
representantes obreros. A diferencia de las cifras manifestadas para consumo
mediático, estos dos extremos de la puja ya estaban dentro de la misma
dimensión.

Por lo
general una negociación paritaria es como un regateo entre comerciantes
armenios, lleno de idas, vueltas, lamentos, amenazas, promesas de
suicidio y desplantes que, en
prácticamente ningún caso llegan al punto de patearle la mercadería al
otro o
de prenderle fuego. No, al menos, mientras dure el regateo. Sin
embargo,
inopinadamente, apenas comenzada la paritaria y tras hacer diferentes
paros
parciales, que no obedecían a ningún conflicto en particular, el
sindicato conducido por Pablo Moyano lanzó un paro de transporte
de combustible que provocó numerosos y graves inconvenientes y algunos
ensañamientos
gratuitos que el más obtuso representante de los trabajadores debería
tratar
de evitar, como dejar sin gas y en pleno invierno a algunas localidades
del sur
bonaerense. La madre, la tía, la abuela y otras varias inocentes
integrantes femeninas
de la familia Moyano han sido muy recordadas en estos días en Guaminí.

Frente al
salvajismo del paro camionero cualquiera hubiera dicho que las negociaciones
estaban rotas y poco menos que para siempre, pero resultó ser, y se supo en
breve, por boca del propio presidente de
la cámara empresaria, que se encontraban muy encaminadas. Tanto, que el
acuerdo se firmó en horas de la mañana, a menos de 24 horas de iniciado el paro,
según dijo el dirigente empresario, quien afirmó que el acuerdo era del 25.5%,
a implementarse en tres tramos.

El
resultado fue un poco descorazonador ya que de jugarse alguna tómbola con los
porcentajes de aumento surgidos de las paritarias, seríamos muchos los que
habríamos acertado: un 24, 25% era lo lógico, partiendo desde donde
sindicalistas y empresarios lo habían hecho. Entonces ¿tanto lío para esto?

El 25.5% es
mucho, se dirá, más de lo obtenido por otros gremios.



¿Más?
Veamos:

Ese 25.5 %
se aplicará de la siguiente manera: un 12.5 a partir de julio, que se completará con
un 7 % a partir de noviembre y un 6 % recién en marzo de 2013. Es un
buen aumento. Partiendo de un sueldo hipotético de 100 bolitas, de julio del 2012 a junio del 2013 y sin
aguinaldos y extras, de no mediar este aumento, un camionero cobraría 1200 bolitas. Con
el aumento, la cifra ascendería a 1430.

Dicho sin considerar todas las demás
variables que inciden en el salario, como la antigüedad, el presentismo, etc.
Además, y puesto que no se ha informado lo contrario, el incremento es
remunerativo, vale decir que se aplica sobre el mínimo, por lo que incrementa
las distintas variables y forma parte del aguinaldo y las vacaciones.

No
es el
caso, por ejemplo, de Comercio, que convino un incremento del 24 por
ciento, en su suma mayor al de camioneros, toda vez que sobre la base
100, en un
año el empleado de comercio llegará a las 1461 bolitas, contra las 1430
de camioneros, pero
el acuerdo de Comercio desdobla ese porcentaje en un 15 % inicial, ya
cobrado,
pero no remunerativo y un 9 por ciento en octubre, que supuestamente
será
remunerativo e incrementará aguinaldo, vacaciones, antigüedad, etc. Vale
decir,
probablemente, de tomarse en cuenta todos los rubros, el acuerdo de
camioneros
sea algo mejor que el de comercio, pero no mucho
mejor. Téngase en cuenta que el escalonamiento de los aumentos produce un
resultado final menor cuando sumamos todos los salarios cobrados por un
trabajador a lo largo del año, de ahí
que la suma final de comercio es –insistimos, sin tomar en cuenta todos los
rubros– mayor que la de camioneros.

Pero veamos
otros gremios cuyos aumentos sí fueron remunerativos.

La UOCRA pactó un acuerdo del 24 % a
aplicarse de inmediato, lo que proyectado a lo largo de un año daría, siempre sobre
la base 100, una suma de 1488, cifra ya bastante superior a los 1430 de
camioneros. La UOCRA
pactó, además, unas sumas fijas a cobrar en abril y mayo de entre 546 y 1609
pesos, dependiendo de las categorías y, que, obviamente no tomamos en cuenta.

La UOM, por su parte, muy criticada por
los moyanistas en su momento, pactó un incremento del 23 por ciento, también a
aplicarse de inmediato. Sin tomar en consideración la suma fija de 1100
pesos en dos cuotas que cobrarán todos los metalúrgicos independientemente de
su categoría, la suma asciende a 1476, también muy superior a
los 1430 de camioneros.

Aceiteros,
con un 24 por ciento sin desdoblamientos, está también en los 1488 de los
obreros de la construcción. Y bancarios, por ejemplo, con un 19,5 % por ciento pactado en el primer
trimestre y un 24.5 para el resto del año, suma en un año, siempre sobre la
misma base 100, 1479, también muy por encima de los 1430 de camioneros.

Obsérvese
qué curioso: el incremento del salario bancario fue estimado por los
medios y voceros ministeriales y sindicales, en
un 23,1 por ciento, el de la UOM
en un 23, el de la UOCRA
en un 24 y el de camioneros en un 25,5, olvidando en todos los casos
considerar
la cifra anual que el trabajador cobrará una vez que se apliquen esos
incrementos. De hacerse esto, surge que el incremento de camioneros no
es del
25.5 sino de un menor pero nada desdeñable 20%, siempre sobre esa misma
base
cien y, repetimos, sin considerar el modo en que el aumento del mínimo
incide
en los diferentes rubros e incentivos, un componente esencial de la
negociación
paritaria que suele pasar desapercibido y que se aplica a todos los
gremios que hayan firmado acuerdos por porcentajes remunerativos.
Haciendo
las mismas consideraciones y sobre la misma base cien, el incremento pactado
por los molineros y obreros de la construcción es exactamente del 24 por ciento,
el de la UOM el 23
y el de bancarios 22%, todos superiores al 20 % de camioneros. Para el que
Pablo Moyano lanzó un paro de transporte de combustible que afectó brutalmente
la vida y el comercio. A pesar de que los demás gremios, para obtener más, no tuvieron
que recurrir a medidas de fuerza semejantes.

Los Moyano
y el conjunto de los activistas de camioneros movilizados para la ocasión,
festejaron ruidosamente el supuesto 25.5 %.

Las
preguntas al respecto son dos:
La primera saber
si los empresarios transportistas se mostraban tan irreductibles como para
tener que ablandarlos con semejante medida de fuerza, lo que no surgiría de las
declaraciones del sector patronal.

La segunda a quién le quiere vender Hugo Moyano ese 25.5 % que es en
realidad un 20m. No al resto de los dirigentes sindicales, que hacen al vuelo
estas cuentas que tantas sumas, multiplicaciones y divisiones me llevaron y que
a los lectores les habrá resultado aún más trabajoso comprender.

¿Se trató
nomás de encontrar una excusa para una demostración de fuerza, exhibiendo parte
del daño que el sindicato es capaz de provocar?

De ser ese el caso, ¿quiénes son los destinatarios
de ese aviso que, siempre, de una u otra manera, será una negociación?

En el mismo
momento en que anunciaba la finalización del “conflicto” –discúlpense las
comillas, que suenan inevitables– Hugo Moyano convocó a un nuevo paro, esta vez
general, y con movilización a Plaza de Mayo incluida.

Comenzamos
estas líneas justificando cualquier paro que se realice en tanto no
imperen la
igualdad y la justicia universales. Desde luego, no es éste el propósito
inmediato de Hugo Moyano quien, más allá de las consideraciones
políticas, a
gusto tanto de sus nuevos aliados de la ultraizquierda como de sus
nuevos y aun
más extraños amigos de la derecha económica, sostiene dos reclamos
centrales del movimiento obrero en los últimos tiempos: la eliminación
del impuesto a las
ganancias para los asalariados o, cuanto menos, la suba del mínimo no
imponible (que todos convienen en que se encuentra retrasado) y la
eliminación
del tope para el cobro de las asignaciones familiares.

Cada uno de
estos puntos merecería ser considerado en mayor detalle del que nos es posible,
tanto en el orden de los principios como en el de la viabilidad práctica,
aunque siempre conservando el sentido de
las proporciones, que suele extraviarse cuando uno se adentra en los cenagosos
terrenos de la moral, la filosofía política o la jurisprudencia.

Los
gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner han hecho hincapié en la elevación de
los ingresos y las condiciones de vida de los sectores más postergados, a
menudo posponiendo los reclamos, por lo general legítimos, de quienes se
encontraban en mejor condición relativa. Un ejemplo de ello fueron las
jubilaciones: durante los primeros años se incrementaron las mínimas y aun se
jubiló de oficio a casi dos millones de personas mayores que no habían aportado
lo suficiente, mientras las jubilaciones medias y altas parecían congeladas.
Desde un punto de vista, desde el de los derechos individuales de los
ciudadanos, hay una cierta injusticia en tal discriminación. Desde otro punto
de vista, el del derecho social, la justicia consiste en la progresiva
eliminación de las diferencias sociales o, cuando menos, en garantizar la
satisfacción de los derechos sociales de todos los ciudadanos, lo que requiere,
en primer lugar, reconocer la inequidad para luego proceder a una acción
reparadora, que deberá ser necesariamente discriminatoria. Los
ejemplos de esta clase de discriminación “positiva” los tenemos a mano, aun a
pesar de los recurrentes empeños reformistas de los blumbergs penales y
laborales, en la legislación de menores y en el derecho laboral, en el que la
ley y el sistema deben ser lo bastante discriminatorios como para ayudar a
nivelar la desigualdad inicial en la que se encuentran las distintas partes,
tanto si se trata de un niño en litigio con un mayor como de un trabajador en
conflicto con el empleador.


Por
tradición y naturaleza, las organizaciones obreras abonaron y se nutrieron de
los principios de, lo que llevado a su punto más alto, se conoce como
constitucionalismo social. Y en sus puntos más bajos y pedestres, al modo
discriminatorio en que se recaudan y gastan los recursos del Estado, cuya única
función no es atender a las necesidades de los postergados, pero que sí debe
tener a esa atención como una de sus mayores prioridades. Nadie duda de que el
movimiento obrero comparte este principio. Al menos, nunca se ha manifestado
públicamente ni a favor de los más ricos ni partidario de una igualdad
abstracta que sólo sirve para sancionar la desigualdad real.

Hechas
estas aclaraciones, debemos convenir en lo odioso y discriminatorio que resulta
el tope para el cobro de las asignaciones familiares y lo inusual, para nuestra
tradición en materia de legislación laboral e impositiva, de que los
asalariados paguen impuesto a las ganancias. “El sueldo no es ganancia”, dicen
algunos, seguramente con fundamento, aunque nunca se termina de explicar qué
diablos es ganancia y en consecuencia, qué no lo es. Porque ganar plata, el trabajador
gana. No trabaja de balde ni por amor al arte.

Para el
Frente Amplio uruguayo, y así lo ha sancionado en la legislación desde el
gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, el impuesto a las ganancias debe ser abonado
por todos, empresarios, profesionales y trabajadores, sin mínimo de ninguna
clase y, lógicamente, siempre de acuerdo al nivel de ingresos de cada quién, de
lo que puede deducirse que el principio universal según el que los trabajadores
no deben tributar ganancias, no es tan universal que digamos.

Pero yendo
a una faz más práctica del asunto, lo primero que puede advertirse de la
simultaneidad de ambos reclamos, es su naturaleza contradictoria, equivalente,
sin ánimo de establecer comparaciones odiosas, al reclamo de subsidios para la
sequía, la lluvia y la mar en coche de
los productores rurales simultáneo a su negativa a pagar impuestos. Muy
semejante también a la pretensión del 82 por ciento móvil para las jubilaciones
sin establecer el modo en que dichas jubilaciones podrían financiarse. Venimos, al Cieñp y la Tierratryu

Para el
caso, veamos que las asignaciones familiares son pagadas por el Anses, que
obtiene sus ingresos de los aportes de los trabajadores activos y de sus
empleadores, cifra que, habida cuenta los dos millones de adultos mayores que
recibieron el beneficio jubilatorio sin haber hecho los aportes que establece
la ley, es completada, duplicada en realidad, por el Tesoro a partir de fondos
que ingresan en concepto de IVA y de impuesto a las ganancias.

Vale decir,
simplificando, que mientras reclama la eliminación del tope para el cobro de
asignaciones familiares, al oponerse a que los trabajadores paguen impuesto a
las ganancias, Hugo Moyano le quita al beneficio que reclama para los que más
ganan, parte de la financiación que tiene ese beneficio que reciben quienes
menos ganan.

Hay una
contradicción en esto, en lo que además de las conveniencias monetarias,
intervienen
–o deberían intervenir, tratándose de la representación de los
trabajadores– consideraciones
de orden ideológico y moral. Pero uno no es quién para decirle a Moyano
lo
que Moyano ya sabe de sobra, ni menos sugerirle que, como representante
de los
trabajadores, debería serlo de todos ellos, en especial de los más
postergados,
por lo que tal vez fuera más adecuado que en vez de exigir la
eliminación del impuesto a
las ganancias, reclamara un incremento de las asignaciones universales
que
reciben los que no tienen nada. Uno no es quien para eso pero sí para
poner las cosas en situación y mostrar de qué hablamos cuando hablamos
de
principios abstractos.




Extrañamente, Hugo Moyano
no reclama por la actualización de las tasas según las que se establece el
impuesto a las ganancias, inalteradas desde hace por lo menos 20 años, ni
propone una razonable elevación del techo porcentual, establecido con bastante
arbitrariedad en el 35 por ciento de los ingresos siendo que en los países
desarrollados (que tal vez por estos mismos detalles sean desarrollados) supera
ampliamente el 50 por ciento y en casos como los de Escandinavia llega casi al
70 por ciento.

Vale decir, superado determinado nivel de
ingresos, el porcentaje de los mismos que los ricachones deben pagar en concepto
de impuesto a las ganancias en el “primer mundo” supera largamente el 50 %.
Y aquí es del 35%, con montos no actualizados desde la década del 90.

La facción
de la CGT
liderada por Hugo Moyano no propone la modificación de ninguno de estos
parámetros, que volverían al impuesto más “progresivo” sino que se limita a
exigir su eliminación para los asalariados (gerentes de banco, jueces, CEOs
multimillonarios, entre ellos) o la elevación del mínimo no imponible, reclamo
en el que, dicho sea de paso, es acompañado por el propio gobierno, a juzgar
por las declaraciones de la ministra de Trabajo Noemí Rial.

En la
opinión de Hugo Moyano, el acuerdo salarial pasa a segundo plano, es
secundario y “no sirve para nada si no se aumenta el mínimo no imponible”.

Para no
perdernos en vericuetos de porcentajes abstractos, veamos los ejemplos
concretos para tratar de entender de qué habla Hugo Moyano:

Un
trabajador que gana por planilla 12.000 pesos, que según los analistas sería un
salario promedio en las ramas industriales, y que una vez hechos los descuentos, percibe de
bolsillo unos 9.300 pesos, paga de impuesto a las ganancias… 227 pesos con
setenta centavos, cerca del 3 por ciento del total de su ingreso.



227 pesos con
setenta centavos sobre un ingreso de 9.300 pesos, proyectados al año, sin
aguinaldo ni vacaciones, equivalen a 2724 pesos de impuestos sobre un ingreso real de 111.600 (ciento once mil
seiscientos) pesos.

227 pesos
con setenta centavos.




¿De qué
diablos está hablando Hugo Moyano cuando afirma que el impuesto a las ganancias
se “come” el incremento que se obtiene en las paritarias? ¿En qué están
pensando todos los que repiten ese absurdo, sin razonarlo ni medio minuto?

227 pesos
con setenta centavos.

¿Un paro general por 227 pesos con setenta centavos?

A tenor de cómo han evolucionado algunos conflcitos, es evidente que
“el ingreso de los trabajadores ha pasado a segundo plano”.

Lo que Hugo Moyano
debe explicar es qué es lo que ha pasado a estar en primer plano.

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Por Iñigo Sáenz de Ugarte
Guerra Eterna

La derecha promovió la destitución de Lugo. Pero sus
intereses no se vieron muy amenazados por Lugo. “Los exportadores de
soja en Paraguay solo pagan un 3% de impuestos, mientras que en
Argentina pagan más del 30%, sostiene Rodríguez. “No pudo hacer gran
cosa por la reforma agraria, pero consiguió implantar un sistema de
salud que permitió a la mayor parte de la población obtener medicina de
forma gratuita. También concedió subsidios para más de 20.000 familias
que viven en la extrema pobreza y llevó el desayuno y el almuerzo
gratuito a las escuelas públicas”, añade Óscar Rodríguez [economista y
profesor en la Universidad Católica de Asunción].

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