NOTICIA DE VENEZUELA

REDACCIÓN.- Este martes 5 de enero de 2021vence el periodo constitucional de la Asamblea Nacional electa legítimamente en 2015, si embargo, el cuerpo legislativo se mantendrá vigente hasta que se hayan realizado elecciones claras y transparentes para seleccionar los nuevos parlamentarios.

Así lo señala el abogado venezolano y profesor universitario José Ignacio Hernández, quien explicó que en Venezuela se ha aceptado, desde hace ya mucho tiempo, el principio de continuidad de los mandatos. “Si un mandato popular vence, y sin embargo no se han hecho elecciones, el funcionario de elección popular debe mantenerse en el cargo hasta tanto se celebren elecciones. Siempre y cuando la falta de celebración de elecciones no sea imputada al funcionario”.

Explica que un caso específico fue el del gobernados de Amazonas, quien fue electo por voluntad popular y cuando su período vencía en el 2005 no se habían hecho elecciones por desórdenes del Consejo Nacional Electoral. En su momento la Asamblea Legislativa aseguró que como su período había vencido él ya no sería más gobernador, pero el Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia No. 1.300 del año 2005, dijo que a pesar de que el periodo había vencido no se habían celebrado elecciones por causas no imputadas al gobernador y por tanto el gobernador tenía que mantenerse en el mandato.

“Ese principio de continuidad de los mandatos se aplicó y se ha aplicado en Venezuela desde el caso del gobernador de Amazonas. Se aplicó en el 2009 para el caso de los concejales, cuando no se celebraron elecciones y estuvieron 4 años de más en el cargo. También se volvió a aplicar en el 2017 para los concejales y se aplicó en el 2016 para los gobernadores. Ya en Venezuela, al menos en 4 ocasiones, funcionarios de elección popular han continuado en el ejercicio del cargo, pese al vencimiento del mandato”.

El letrado recalcó que mañana vence el periodo de la Asamblea Nacional electa en el 2015, pero que no ha habido elecciones para sustituirla.

“Lo que hubo fue un fraude", dijo Hernández en referencia a los comicios recientemente efectuados el 6 de diciembre, para los cuales Nicolás Maduro estableció condiciones previas que le permitieran tomar ventaja a sus partidarios y habilitar un Parlamento paralelo al que fue elegido hace cinco años por voto popular.

En opinión del académico, se trató de "un proceso viciado que en Venezuela y en la comunidad internacional ha sido desconocido como una elección. Jurídicamente no hubo elección y si no hubo elección parlamentaria, cabe la pregunta: ¿Qué pasa con el mandato de los diputados electos en el año en el 2015? Los funcionarios de elección popular, los funcionarios electos en el 2015, tienen que mantenerse en el cargo hasta tanto sean sustituidos en el cargo por diputados debidamente electos”.

El experto destacó que en base a esto, la Asamblea Nacional decide mantenerse legítima, porque no es una decisión sacada de un sombrero, es una decisión basada en una sentencia previa al 2005 y que ha sido utilizada en diferentes oportunidades.

Al ser consultado sobre la existencia de Asambleas paralelas, el profesor señala que no será una situación nueva, porque desde 2017 había dos Asambleas, como al electa por elección popular y la Asamblea Nacional Constituyente que fue impuesta. Recordó que en 2020 hubo tres Asambleas. La liderada por Juan Guaidó, la Constituyente de Diosdado Cabello y la Asamblea fraudulenta que aseguraba Luis Parra que dirigía, pero que nadie sabe dónde sesionaba y ante quién lo hacía.

Destacó que desde el punto de vista práctico, la Unión Europea ha asegurado que hay que nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, lo que requerirá de un acuerdo político. “Y si en los próximos meses, se da ese acuerdo político, quien nombrará a esos actores políticos necesarios no será esta Asamblea fraudulenta presidida por Jorge Rodríguez. Solo lo puede designar la Asamblea legalmente electa en 2015. Y una ventaja que tiene esta AN es que es una Asamblea Plural, que requiere el acuerdo del oficialismo”.

Hace ya casi dos años, en febrero 2019, la Asamblea Nacional sancionó el “Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. La continuidad de los usurpadores en el poder y el agotamiento del término de cinco años de los diputados elegidos el 6 de diciembre de 2015, obligaron a introducir cambios indispensables en el Estatuto, ya que por razones de continuidad constitucional, en ausencia de nuevos diputados legítimamente elegidos, los anteriores deben permanecer en el ejercicio de sus funciones para la transición democrática, “el pleno restablecimiento del orden constitucional, el rescate de la soberanía popular a través de elecciones libres y la reversión de la emergencia humanitaria compleja, con el propósito de rescatar el sistema de libertades, garantías constitucionales y los derechos humanos”.

Como preámbulo al hecho histórico del blindaje jurídico para la transición democrática, Venezuela vivió este mes de diciembre dos hechos con un mismo protagonista: el pueblo. Fue el pueblo el que el 6 de diciembre se abstuvo de participar en el anunciado fraude electoral. Fue ese mismo pueblo el que, del 7 al 12 de diciembre, opinó en la Consulta Popular propuesta por la sociedad civil, acogida por el Presidente Guaidó, desafiando la amenaza de más hambre para quienes se expresaran. El glorioso bravo pueblo demostró una vez más que es superior a sus líderes.

Para los fines de la transición democrática es objetivo fundamental el rescate de la soberanía popular, a través de elecciones libres. En el Estatuto se determinan dos fases, una primera antes del cese de la usurpación, que será ejecutada por el Presidente Encargado, a quien por mandato del Estatuto le compete la organización del nuevo gobierno provisorio y del “Consejo Político”, cuyo Reglamento debe ser dictado por decreto presidencial, dentro de los 30 días continuos a partir del próximo 5 de enero. La segunda fase deberá cumplirse luego del cese de la usurpación, para lo cual será designado un Presidente Temporal, quien conformará un gobierno provisional hasta que el pueblo celebre elecciones libres.

En VenAmérica ratificamos nuestro apoyo a la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015 y al Presidente Encargado Juan Guaidó, de quien aspiramos dé la participación necesaria, en el gobierno provisorio, a la sociedad civil organizada para que, conjuntamente con el cuerpo político de la Asamblea Nacional, contribuya en esta nueva etapa a resolver la grave crisis social y económica de Venezuela, consecuencia del régimen criminal. Igualmente esperamos que el Parlamento cumpla su función de control, sin interferir en las funciones propias del Ejecutivo.

Para el logro de una exitosa labor de transición a la democracia, y tal como el pueblo opinó en la reciente Consulta Popular, es imprescindible “adelantar las gestiones necesarias, ante la comunidad internacional, para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permita rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de crímenes de lesa humanidad.

La Voz de la Diáspora: La transición a la Democracia está jurídicamente blindada (diariolasamericas.com)