NOTICIA DE VENEZUELA

CARACAS.- Entre el 7 y el 12 de diciembre, los venezolanos dentro y fuera del país están convocados a participar en la denominada "Consulta ciudadana", un mecanismo implementado por el gobierno del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para rechazar las elecciones parlamentarias del régimen de Nicolás Maduro.

El proceso que intenta demostrar que el gobierno de Guaidó cuenta con el respaldo y la legitimidad de la mayoría de los venezolanos, consta de tres preguntas que deberán ser respondidas por los venezolanos que participen en ella.

CARACAS.- “El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida” así fue la amenaza que hizo Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del régimen de Nicolás Maduro, durante un encuentro que mantuvo este domingo en el occidente de Venezuela en medio de una gira nacional que realiza previa a las elecciones parlamentarias de este domingo 6 de diciembre, convocadas por la dictadura y señaladas por ser un fraude, no solo por la oposición sino por distintos países.

"Y las mujeres van a estar al frente de esta batalla, yo sé que es así, yo sé que es la mujer la que se va a levantar temprano y va a decir en la casa 'epa, a levantarse con la diana Carabobo, porque hay que ir a votar', dijo el dirigente chavista para luego apuntar "claro, él que no vota no come; para el que no vote, no hay comida; el que no vote, no come; se le aplica una cuarentena ahí, sin comer", dijo Cabello.

El próximo domingo se celebrarán elecciones legislativas en Venezuela, las cuales fueron convocadas por régimen de Nicolás Maduro. La oposición rechazó participar en la contienda electoral al afirmar que éstas no cuentan con las garantías democráticas que lo hagan un proceso "justo, transparente y libre".

Las autoridades del ente rector, el Consejo Nacional Electoral (CNE), fueron designadas por el Tribunal Supremos de Justicia (TSJ), controlado por Maduro, cuando el Parlamento, de mayoría opositora, es el poder nacional que le corresponde esa competencia.

Además, Maduro se encargó de dividir a los principales partidos de oposición y crear juntas directivas paralelas dirigidas por grupos que apoyan la convocatoria a elecciones. De esa manera, logró configurar una oposición a su medida.

CARACAS/ESPECIAL. – El evento electoral organizado por Nicolás Maduro, programado para el 6 de diciembre, tiene como propósito el surgimiento de una estructura que funja como Parlamento o Asamblea Nacional que estaría ampliamente dominada por el chavismo.

Estos comicios, a los que no acudirá la clase política aglutinada en torno al actual presidente del Parlamento y presidente interino de la República Juan Guaidó, solo servirá para darle a la oposición que negocia con el chavismo en torno a la llamada Mesa de Diálogo Nacional, pequeñas cuotas de poder que no amenazarán la hegemonía de la cúpula que se mantiene en control del poder en el país.

En el evento parlamentario del 6 de diciembre participarán -como ocurrió en 2018- los partidos opositores Avanzada Progresista. Cambiemos, Soluciones, Movimiento al Socialismo y Esperanza por el Cambio; así como los desertores de fuerzas políticas a los que el Supremo chavista les “premió” nombrándoles directiva de partidos como Acción democrática y Voluntad Popular.

Sin embargo, el nuevo ecosistema de partidos políticos de oposición que el régimen de Nicolás Maduro ha construido tiene muy pocas oportunidades de amenazar el control casi absoluto que tendrá el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUVE) en las próximas elecciones.

Para este proceso electoral el chavismo modificó sustancialmente el sistema de adjudicación de cargos e incrementó inconstitucionalmente en 66% la cantidad de diputados que integran al Parlamento.

En los informes realizados por el Observatorio Electoral Venezolano, Asamblea de Educación y Súmate se explica que los cambios acordados por la nueva oposición y el chavismo buscaban, en caso de que Guaidó decidiera participar en las elecciones parlamentarias, sub representar a los partidos que lo apoyaron, sobre representando al chavismo y garantizando un mínimo de cuotas parlamentarias a los integrantes de la Mesa de Diálogo Nacional.

Según el análisis de escenarios de Súmate sin la participación de la oposición agrupada en torno a Guaidó el efecto de sobre representación del sistema de adjudicación de cargos provocará que el PSUV pueda llegar a controlar hasta 239 cargos de los 277 que están en disputa.

Es conveniente recordar que el TSJ y el CNE acordaron aumentar de 167 a 277 la cantidad de integrantes del Parlamento venezolano. Al sumársele 110 nuevos curules los cargos se distribuyen de la siguiente manera:

Según advirtieron en su momento los técnicos del Observatorio Electoral Venezolano y de la Asamblea de Educación estos cambios están precedidos por varias violaciones a la ley, las tres más relevantes son:

Según el análisis de Súmate en el actual escenario, con el PSUV compitiendo contra algunas coaliciones minoritarias del chavismo y de la oposición que hace vida en la Mesa de Diálogo Nacional, junto a los partidos intervenidos por el TSJ, es evidente que el partido de gobierno obtendrá mucho más de los tres cuartas partes del nuevo Parlamento que han planeado.

Asumiendo que el comportamiento electoral sea similar a lo que se observó durante el evento presidencial celebrado en el año 2018, el PSUV capitalizando 59.7% de los votos nacionales pudiese obtener 239 curules (86,3%) de la próxima Asamblea Nacional.

Estos 239 diputados se distribuirían de la siguiente manera: 128 diputados nominales, 79 diputados por listas regionales y 29 diputados por la lista nacional. Adicionalmente deben incorporarse los 3 diputados indígenas a causa del particular proceso para su selección, ampliamente controlado por factores afines al gobierno de Nicolás Maduro.

¿Puede el PSUV capitalizar 59.7% de los votos el 6 de diciembre?

Según el más reciente estudio de la firma Consultores 21 apenas 22% de los ciudadanos están dispuestos a votar en las elecciones parlamentarias. De este grupo, una amplia mayoría se identifica con la llamada revolución bolivariana.

El estudio de Consultores 21 concluye que 61% de quienes se dicen chavistas están dispuestos a votar, al igual que 17% de los ciudadanos que se califican como independientes y 12% de quienes aseguran ser opositores.

La decisión de no participar en el evento del 6 de diciembre no ha servido para unificar a los tres principales bloques opositores del país. Dejando a un lado a los partidos y liderazgos políticos que integran la Mesa de Diálogo Nacional, la oposición tradicional se divide en tres grupos muy bien definidos

El Gobierno Interino encabezado por Juan Guaidó que centra sus objetivos en la continuidad de la Asamblea Nacional electa en 2015 y en la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional. La principal apuesta de este sector es que la precarización del país, junto a las sanciones internacionales fracturen a la coalición gobernante para que los militares decidan apartar a Nicolás Maduro del poder. Este grupo basa toda su legitimidad en la consulta popular que debe realizarse entre el 7 y 12 de diciembre.

Por otra parte, se encuentran los sectores liderados por Henrique Capriles Radonski -conformado por diputados de la actual Asamblea Nacional, empresarios, académicos y ONG- que sostienen que la estrategia desplegada entre 2019 y 2020 no ha logrado fracturar a la coalición gobernante, lo que provoca que, pese a las sanciones internacionales y la precarización del país el estatus quo se afianzara en el poder. Por esta razón proponen rechazar la continuidad del gobierno interino y buscar alternativas que permitan pactar con el chavismo la reinstitucionalización del país.

Por último, el tercer grupo, con menor impacto nacional e internacional, es el liderado por María Corina Machado, que apuesta a la aplicación del TIAR y del principio de derecho internacional llamado Responsabilidad de Proteger (R2P) para que una coalición internacional separe a Maduro del poder, y restituya la democracia en el país.

@Puzkas

Oposición fabricada tendrá pocos espacios en Parlamento impuesto por Maduro (diariolasamericas.com)

CARACAS.- El comisionado presidencial para Relaciones Exteriores Julio Borges aseguró este lunes que el informe de la Misión de Determinación de Hechos reflejó que la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y el sistema judicial son los brazos ejecutores de la dictadura de Nicolás Maduro.

Afirmó que entre las prácticas comunes de estos órganos se encuentran: detención arbitraria, torturas, hostigamiento a los familiares, entre otros, informó el Centro de Comunicación Nacional, portal informativo de la presidencia encargada de Venezuela.

“La DGCIM, el SEBIN y el sistema judicial son señalados en el informe de la Misión de Determinación de Hechos como los brazos ejecutores de la dictadura de Nicolás Maduro. Practican detenciones arbitrarias, torturas, hostigamiento a familiares, procesos penales amañados, entre otros”, sostuvo.

El representante de la política exterior del gobierno encargado de Juan Guaidó señaló que los responsables de cada uno de estos hechos están señalados en el informe y, por tanto, debe activarse la justicia internacional.

“Cada violador de DDHH está identificado en el informe de la Misión de Determinación de Hechos y existe la posibilidad de ser juzgado por la justicia universal. Ese es el camino a seguir por el mundo libre”, señaló.

Asimismo, Borges señaló que Maduro se sostiene con base a un aparato dictatorial construido por Cuba.

“Lo que sostiene a Maduro es ese aparataje dictatorial construido por Cuba, a través de este persigue y reprime a la sociedad civil, a la Fuerza Armada y a la alternativa democrática”.

Borges recalcó que la lucha interna es fundamental para fracturar al régimen y propiciar un cambio político en el país.