NOTICIA DE VENEZUELA

CARACAS — La familia de un ejecutivo de la empresa petrolera Citgo que vive en Houston y que fue declarado culpable y sentenciado a prisión en Venezuela junto con otros cinco exhortó a Nicolás Maduro a que tenga compasión.

En una carta abierta, los familiares de José Pereira, de 63 años, le escribieron a Maduro que el hombre sufre numerosos problemas de salud que necesitan atención médica.

Le piden a Maduro que lo excarcele — y a los otros cinco — para que puedan volver con sus familias en Estados Unidos.

“El motivo de esta misiva no es la de entrar en diatribas legales sobre el caso”, dice la carta. “Sólo queremos implorar a su lado humanitario y compasivo”.

La carta fue publicada un día después del fallo en que los seis fueron declarados culpables de cargos de corrupción. Llevan tres años encarcelados en Venezuela.

Los así llamados 6 de Citgo son empleados de la compañía de refinación Citgo ubicada en Houston, que es propiedad de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Fueron convocados a Venezuela en noviembre de 2017 para una reunión de negocios y arrestados.

Además de Pereira, los otros cinco son Gustavo Cárdenas, Jorge Toledo, los hermanos José Luis Zambrano y Alirio Zambrano, y Tomeu Vadell, todos ya ciudadanos estadounidenses. El juez los sentenció a 8 años y 10 meses de prisión.

Pereira, residente permanente en Estados Unidos, había sido promovido a presidente interino de Citgo poco antes del arresto. Fue sentenciado a 13 años en prisión, la condena más larga.

Los familiares dicen que los hombres fueron declarados culpables injustamente, y los abogados defensores señalaron que apelarán.

"El caso de Citgo se ha desarrollado con normalidad durante todas las etapas que establece el proceso penal venezolano”, señaló el fiscal general en un comunicado.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anunció los veredictos y las sentencias. El régimen de Maduro no ha comentado sobre el resultado del juicio.

Tras los arrestos, las autoridades venezolanas emprendieron una "depuración" de PDVSA para "erradicar" la corrupción en un momento en que las relaciones entre Caracas y Washington se estaban desmoronando y Venezuela se sumía en una crisis social y económica.

Todos estaban también acusados de malversación derivada de una propuesta que nunca se llevó a cabo para refinanciar unos 4.000 millones de dólares en bonos de Citgo ofreciendo como aval una participación del 50% en las acciones de la compañía. En ese entonces Maduro los acusó de “traición”. Todos se han declarado inocentes.

Se negó el acceso a las audiencias a los medios de comunicación y a grupos defensores de los derechos humanos. La jueza Lorena Cornielles, que presidió el proceso, no respondió a una carta de The Associated Press solicitando permiso para estar presente.

El exgobernador de Nuevo México Bill Richardson, que ha negociado la liberación de otros estadounidenses detenidos por gobiernos hostiles, viajó a Caracas en julio y se reunió con Maduro. Dos días después, dos de los hombres — Cárdenas y Toledo — fueron puestos en arresto domiciliario y dos semanas más tarde comenzó el juicio.

Venezuela lleva años sumida en una crisis por políticas económicas fallidas y a un gobierno crecientemente autoritario, ante lo cual al menos 5 millones de venezolanos han decidido irse del país.

El presidente estadounidense Donald Trump ha presionado fuertemente para quitar del cargo al mandatario venezolano mediante sanciones financieras, y el Departamento de Justicia ha acusado formalmente a Maduro de ser "narcoterrorista”, ofreciendo una recompensa de 15 millones de dólares por su arresto.

La familia de Pereira dijo en la carta que éste sufre de al menos siete problemas crónicos de salud, incluyendo diabetes y un padecimiento de la espalda que requiere cirugía.

“Le pedimos solemne y respetuosamente que usted interceda en nuestro caso y podamos lograr así liberar a estos 6 hombres y permitirles volver a casa con sus seres amados”, le pidió la familia a Maduro.

CARACAS.- El comisionado presidencial para Relaciones Exteriores Julio Borges aseveró este jueves que la empresa Albanisa fue constituida en Nicaragua con el dinero venezolano y ha sido utilizada por el régimen de Nicolás Maduro para alimentar redes de corrupción y financiar la dictadura de Daniel Ortega.

Borges aseveró que todo el aparataje dictatorial que existe en ese país se levantó a partir de los créditos venezolanos. Por esta razón, reiteró que Nicolás Maduro es la principal amenaza para la democracia del hemisferio, informó el Centro de Comunicación Nacional, portal informativo de la presidencia encargada de Venezuela.

“La empresa Albanisa fue el vehículo de la dictadura para generar redes de corrupción en Nicaragua y financiar el régimen de Ortega. Todo el aparataje dictatorial que existe en ese país fue fraguado con el dinero de los venezolanos, una muestra de que Nicolás Maduro se ha convertido en el principal enemigo de la democracia en la región”, sostuvo.

Borges reveló que con los recursos de PDVSA se financiaron los programas sociales de Ortega, se adquirieron medios comunicación y se financió la represión.

“Con el dinero de PDVSA, se financiaron programas sociales en Nicaragua. Por ejemplo, US$123,5 millones fueron destinados a iniciativas en seguridad alimentaria y nutrición; algo que es insólito, pues los venezolanos padecen una crisis alimentaria sin precedentes. Pero también se financió la adquisición de medios de comunicación para que Ortega ampliara su aparato de propaganda y por si no fuera poco, hubo dinero destinado a la represión”, señaló.

Asimismo, Borges recalcó que la región debe presionar al régimen de Maduro, pues a su juicio el problema de Venezuela ya no es un asunto local.

“Ya no se trata de la casa del vecino que se está incendiando, no. Es que ya es tu casa la que está invadida por ese fuego. Maduro y Cuba tienen un plan y es socavar la democracia en todo el continente, por eso financian grupos de desestabilización, por eso buscan dividir al continente. Es realmente un proyecto regional que tiene su raíz en Cuba y pasa por Venezuela. La única manera de frenar esto es con mayor presión sobre ambas dictaduras”, dijo.

Un ejecutivo petrolero estadounidense que lleva tres años encarcelado en Venezuela dijo que lo único que espera es tener un juicio justo para que pueda salir en libertad con su nombre limpio y regresar a casa en Estados Unidos para reunirse con su familia.

En una carta desde la prisión proporcionada en forma exclusiva a The Associated Press, Tomeu Vadell dijo que es especialmente doloroso estar separado durante la temporada del Día de Acción de Gracias de su esposa, tres hijos adultos y un nieto recién nacido al que ni siquiera ha podido cargar.

“Antes de vivir esta tragedia, estas celebraciones eran tiempos muy especiales para mi familia”, escribió Vadell, y señaló que adoptó la tradicional festividad estadounidense después de mudarse de Caracas a Lake Charles, Luisiana, en 1999 por un empleo en la petrolera venezolana Citgo. “Ahora me traen mucha tristeza”.

Es la primera vez que Vadell, o alguno de los miembros del grupo conocido como Citgo 6, ha hablado públicamente desde que fueron arrestados y acusados de un plan masivo de corrupción. Está detenido en la temida cárcel de El Helicoide en Caracas.

Pese a las circunstancias, Vadell mantiene la esperanza en un futuro mejor.

“Durante el juicio, la verdad ha resultado ser inocultable”, señaló en la carta manuscrita de cuatro páginas. “Demostró que soy inocente”.

Vadell, de 61 años, y otros cinco ejecutivos de Citgo fueron convocados a la sede de Petróleos de Venezuela (PDVSA), que es la empresa matriz de Citgo, con sede en Houston, para lo que les dijeron era una reunión presupuestaria el 21 de noviembre de 2017. Un jet ejecutivo los llevó a Caracas y les dijeron que estarían de regreso a casa para el Día de Acción de Gracias.

En lugar de ello, un grupo de oficiales de inteligencia militar invadió la sala de juntas y los llevó a prisión.

Su juicio comenzó hace cuatro meses y los alegatos finales se llevaron a cabo el jueves. Ahora sólo falta que el juez emita el veredicto.

Con sus detenciones, el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro emprendió una depuración dentro de la industria petrolera del país, que alguna vez fue próspera y que cuenta con las reservas de crudo más grandes del mundo. Posteriormente arrestó al director de PDVSA, a un exministro de petróleo y a decenas de personas más.

Los hombres acusados junto con Vadell son Gustavo Cárdenas, Jorge Toledo, los hermanos José Luis Zambrano y Alirio Zambrano, todos ellos con nacionalidad estadounidense, y José Pereira, quien tiene la residencia permanente en Estados Unidos.

Están acusados de malversación derivada de una propuesta que nunca se llevó a cabo para refinanciar unos 4.000 millones de dólares en bonos de Citgo ofreciendo a cambio una participación del 50% en las acciones de la compañía. En ese entonces, Maduro los acusó de “traición”. Todos se han declarado inocentes.

El juicio se ha desarrollado un día a la semana en un tribunal del centro de Caracas. A causa de la pandemia de coronavirus, las sesiones se realizan frente a una hilera de ascensores inactivos en un pasillo, aparentemente para aprovechar el aire que fluye a través de las ventanas abiertas.

Se negó el acceso a las audiencias a los medios de comunicación y a grupos defensores de los derechos humanos. Una carta dirigida a la jueza Lorena Cornielles solicitándole permiso para que The Associated Press pudiera estar presente no fue respondida.

La Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela dijo en un comunicado enviado a la AP que los investigadores encontraron evidencia seria que corrobora los delitos financieros potencialmente dañinos para la petrolera estatal.

“El caso de Citgo se ha desarrollado con normalidad durante todas las etapas que establece el proceso penal venezolano”, se lee en el comunicado. “En los próximos días conoceremos la sentencia”.

En tanto, el abogado de Vadell, Jesús Loreto, dijo que su cliente parece estar atrapado en un “conflicto geopolítico” del cual no forma parte. Señaló que el nombre de Vadell nunca apareció en ningún documento que los fiscales presentaron como evidencia.

“No hay nada que haga referencia a Tomeu en ninguna forma, directa o indirectamente”, comentó. “Esta es la historia de un buen hombre que está detenido en contra de su voluntad por todas las razones equivocadas”.

El exgobernador de Nuevo México Bill Richardson, quien ha negociado las liberaciones de otros estadounidenses detenidos por gobiernos hostiles, viajó a Caracas en julio y se reunió con Maduro.

No obtuvo su liberación, pero días después dos de los hombres —Cárdenas y Toledo— fueron puestos en libertad y colocados bajo arresto domiciliario. Dos semanas más tarde empezó el juicio largamente postergado.

Richardson comentó a The Associated Press que las conversaciones con el gobierno venezolano siguen en curso, pese a que su reunión con Maduro fue “un poco agitada”.

El exgobernador dijo que cree que ha surgido una oportunidad vinculada con la victoria del presidente electo Joe Biden y un deseo de Maduro por mejorar las relaciones con Washington.

“Creo que los venezolanos han sido honestos conmigo, pero hay que hacer más progresos”, señaló. “Mi esperanza es tener algo positivo para Navidad”.

Se desconoce cuál será el enfoque que Biden tomará respecto a Maduro. El presidente estadounidense Donald Trump ha presionado fuertemente para quitar del cargo al mandatario venezolano mediante sanciones financieras, y el Departamento de Justicia ha designado a Maduro como “narcoterrorista”, ofreciendo una recompensa de 15 millones de dólares por su arresto.

En su carta, Vadell se mantuvo alejado de la política. No mencionó a Maduro ni habló sobre sus carceleros, aunque sí expresó inquietudes sobre las “consecuencias y repercusiones” por expresarse.

Alentado por su familia, Vadell rompió el silencio, aceptando correr un riesgo que sus familiares consideraron necesario.

“Creo que es más importante que nos ilumine la luz de la esperanza”, escribió Vadell. “Que la luz de esperanza acabe con la tristeza de mi familia”.

Los otros cinco hombres no respondieron a solicitudes de comentarios que les hizo la AP a través de sus abogados.

La hija de Vadell, Cristina, de 29 años, dijo durante una entrevista telefónica desde Lake Charles que su padre no es la clase de persona que busca llamar la atención. En lugar de eso, prefiere enfocarse en su trabajo y familia.

Durante sus 35 años de carrera con PDVSA y Citgo, Vadell terminó dirigiendo una enorme refinería en Lake Charles y luego se volvió vicepresidente de refinación. La carta trata de exponer esta parte de su vida, comentó su hija.

“Creo que estaba dispuesto a correr algunos riesgos y abrir algunos corazones que le permitan regresar a casa", añadió. “Creo que sigue preguntándose: ‘¿Qué ocurrió?’ Fue a una reunión de trabajo y nunca regresó a casa”.

Cristina Vadell compartió fotografías de la familia con su padre, de pie junto a un pavo durante el Día de Acción de Gracias. Cada año le ponían un nombre, algo así como Charlie o Phillip. Los últimos tres años esa festividad no ha sido lo mismo sin él, expresó.

Vadell escribió que está orgulloso de ser hijo de inmigrantes españoles que llegaron a Venezuela, donde estudió ingeniería. Llevó a su familia a Estados Unidos, juntando lo mejor de los dos países, comentó.

“Ahora estoy llegando a una intersección donde si se hace justicia voy a poder rehacer mi vida y tratar de compensar a mi familia todos los momentos perdidos”, escribió. “La luz es intensa, la esperanza es grande. Denme la libertad”.

La desaparición del comerciante Edward Velásquez Fernández en manos de efectivos de la FAES apenas asoma el rostro de lo que el Frankenstein construido por Nicolás Maduro es capaz de hacer, sin lealtad alguna a su creador. La Fuerza de Acciones Especiales ha atacado al entorno presidencial, haciendo honor a su inspiración: el crimen ejecutado con impunidad para su provecho y sin lealtades.

Velásquez Fernández, próspero contratista de organismos del Estado, había cobrado cuatro días antes de su desaparición por lo menos un millón de dólares en el Fonden, organismo que preside Laura Carolina Guerra Angulo, cuñada de Maduro y en consecuencia tía de Nicolás Maduro Guerra, alias Nicolasito. El cobro de las facturas fue en efectivo tal como lo hacen los contratistas de confianza del régimen. Así lo hacía Alex Saab, por ejemplo.

Velásquez Fernández de 40 años, amigo de Nicolasito y Delcy Rodríguez entre otros, operaba como proveedor de equipos médicos a través de dos empresas, Brandon Corp y Medio Suplies SL. Trascendió que acababa de firmar un contrato millonario con el IVSS. Su relación con la élite del régimen se extendía a miembros de su familia. Su primo Atahualpa Fernández Alburú bautizado como “el zar de las telas” o “el empresario de los morrales de Chávez”, ha construido su fortuna sobre una variedad de negocios que pasan por proyectos textiles -proveedor de los morrales repartidos en la campaña presidencial de Maduro en 2013- hasta embotellador de agua mineral desde Fuerte Tiuna. Amigo de la élite de la FANB, es particularmente cercano a Vladimir Padrino López y Remigio Ceballos del Comando Estratégico Operacional.

El 12 de noviembre pasado Velásquez Fernández fue seguido hasta su casa en Campo Alegre por tres vehículos en un operativo inocultablemente policial. En principio se manejó la hipótesis de secuestro, pero ante la ausencia de solicitud de rescate, los investigadores dan peso al homicidio. Videos prueban que sujetos identificados de la FAES ingresaron a su domicilio donde vaciaron la caja de seguridad y se llevaron al empresario a lugar desconocido. Su carro apareció quemado.

Fuentes de inteligencia indican que en el crimen están involucrados colectivos del 23 de Enero y efectivos de la FAES.

¿Tan seguros se sienten los miembros de este grupo de exterminio que son capaces de actuar contra amigos de la familia Maduro y cercanos de la cúpula militar? Todo indica que sí. Solo depende de quien pague. Y con el contenido de la caja de seguridad cobraron bastante.

Debe destacarse que, en el entorno del dictador, especialmente en el área financiera, la pelea es a muerte. Resalta sin duda, la expansión del poder del hijo de Maduro quien aspira a ser diputado en el fraude planteado para el 6 de diciembre. Nicolasito se apalanca para sus operaciones en los hermanos Santiago y Ricardo Morón, dos sujetos sancionados -junto a él mismo- por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Adelantándose a dicha sanción habrían intentado antes, negociar con Estados Unidos ofreciendo la cabeza de Alex Saab. Esa vez nada sucedió.

Los Morón controlan los negocios con el oro y el coltán y en su ansiada expansión, habrían decidido también quitarse de encima a Simón Zerpa otrora hombre fuerte de las finanzas del régimen. El detonante fueron retrasos en pagos a la empresa CCS Investments, registrada en Eslovaquia a nombre de Ricardo Morón y su esposa Zuzana Melicherova. Los Morón habrían ideado que la mejor manera de quitarse de encima a Zerpa era convertirlo en sospechoso de haber delatado a Alex Saab (lo que ellos mismos habían intentado) informando de su ruta y la respectiva parada en Cabo Verde. En adición, se cargaron también al padre, Iván Antonio Zerpa Guerrero, quien era embajador en China, territorio ansiado de negocios. Allí fue colocado Félix Plasencia, hombre de Delcy Rodríguez, quien no estuvo excluida de tan ambiciosa operación y ocupó la silla de Zerpa en la vicepresidencia de Finanzas.

El plan se habría fraguado en la vicepresidencia de la República donde Nicolasito despacha desde 2017.

Según fuentes de Palacio, Maduro habría ignorado lo que se fraguaba, pero una vez hecho realidad, comprendió que sus acciones y el motor financiero no se verían afectados con la prisión de Alex Saab porque los aliados claves tienen en Tareck El Aissami un hombre efectivo. En efecto, lo único que les preocupa -y mucho- sobre Alex Saab es que terminará revelando los detalles del complejo entramado de los negocios de Maduro.

Este es el contexto de Nicolasito en plena campaña electoral. A su lado, los hermanos Morón se retratan repartiendo bolsas de comida en el estado Vargas. Negocio que antes manejaba Saab

PDVSA, la petrolera de Venezuela, estaría presionando a la Audiencia Nacional de España para evitar la admisión de un pedido del partido político VOX que requiere la investigación de Pablo Iglesias en conexión con presuntos cobros ilegales desde la nación sudamericana, indicó un reporte publicado en Periodista Digital.

El régimen de Nicolás Maduro, junto a miembros de los partidos Podemos y PSOE, hizo llegar dicha petición mediante el juez Baltasar Garzón (abogado de Alex Saab).

Maduro y Garzón piden frenar pesquisa a Iglesias y Zapatero (diariolasamericas.com)