NOTICIA DE VENEZUELA

CARACAS.- Tras la aprobación de la "Ley Antibloqueo" promulgado por el régimen de Nicolás Maduro con el fin de legitimar sus actuaciones contra la Constitución Nacional con el argumento de proteger a los venezolanos, un grupo de políticos y sindicales, además de destacados juristas hicieron público un documento en el que denuncian a nivel internacional las maniobras del régimen madurista para rematar los activos de la nación.

El documento llamado Acta de Remate de la República, que fue firmado por los dirigentes María Corina Machado, Antonio Ledezma, Diego Arria, Humberto Calderón Berti, Asdrúbal Aguiar, Enrique Aristeguieta Gramcko y Carlos Ortega, contiene una serie de argumentos que respaldan esta posición contra una decisión señalada de arbitraria por parte del régimen.

"El narco régimen de Nicolás Maduro y sus cómplices, militares y civiles, se proponen rematar en absoluto secreto los bienes que hacen parte de los activos de Venezuela, mediante un acto que denominan “antibloqueo”, aseguran lo firmantes.

Se pregunta "¿Cómo? Mediante un acto absolutamente arbitrario y personal busca liquidar y blanquear todos los activos de la república, empresas, servicios y tierras, para entregarlas a sus cómplices y asociados empresariales en el país y en el exterior, como ocurrió en la Rusia poscomunista cuando Putín y sus amigos se quedaron con todas las empresas para ponerlas al servicio del continuismo en el poder dictatorial".

Aseguran que su cometido lo pretenden "hacer mediante un acto tiránico y arbitrario, sostenido solo sobre las bayonetas que siguen traicionando al país, sumándose actores del poder judicial y empresarios locales comprometidos con la narcotiranía".

A continuación la transcripción completa del documento:

CARACAS - La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó este martes un proyecto de acuerdo que declara "inexistente e ineficaz" la llamada "ley antibloqueo" impulsada por el régimen de Nicolás Maduro, al considerar que viola principios de organización del poder público y crea un marco autocrático exento de controles jurídicos y políticos para la dictadura.

A su vez, el acuerdo insta a investigar y establecer responsabilidades civiles, penales y administrativas a los personas, que estén involucrados en su ilegítima promulgación y aplicación, informó el Centro de Comunicación Nacional, portal informativo de la presidencia encargada de Venezuela.

La "ley antibloqueo" fue dictada de manera inconstitucional por la fraudulenta ANC (Asamblea Nacional Constituyente, compuesta en su totalidad por miembros del régimen).

El presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo, diputado Alfonso Marquina, dijo que "ese marco normativo autocrático le da mando a Maduro para desaplicar leyes, usurpando funciones del TSJ; facultades para desconocer normas constitucionales; firmar contratos con empresas extranjeras para la exploración y explotación de nuestro petróleo y manejar las cuentas del Tesoro Nacional y los ingresos adicionales de manera discrecional y pretende liquidar la garantía constitucional prevista en el artículo 314".

El referido acuerdo advierte que toda persona, natural o jurídica, que realice acuerdos o negociaciones al amparo de este instrumento "paralegal y de aplicación fáctica, podría estar incurso en delitos de lesa patria, asociación ilícita para delinquir, aprovechamiento de bienes provenientes del delito, peculado de uso y doloso, aprovechamiento indebido de bienes públicos y otros delitos previstos en el ordenamiento jurídico vigente".

El diputado Luis Stefanelli pidió declarar "nula de toda nulidad el acto jurídico", que se desprenda de la aplicación de este instrumento espurio y sugirió dejar en claro que, la República de Venezuela, no se hará responsable de los daños que puedan ocasionarse con motivo en la aplicación de este "adefesio jurídico".

MIAMI.- El diario El Nacional, fundado en 1943 y que en 2018 se vio obligado a abandonar su edición de papel, hapublicado un editorial en el que argumenta el porqué la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, promovida y promulgada por el régimen de Nicolás Maduro a través de su Asamblea Nacional Constituyente es una "monstruosidad jurídica".

El pasado jueves, la chavista Asamblea Constituyente que rige en Venezuela aprobó una ley que otorga al dictador Nicolás Maduro poderes extraordinarios para tomar decisiones en materia económica, alegando que será un instrumento para "contrarrestar" sanciones encabezadas por Estados Unidos. Según reflejaron las agencias de noticia, la "Ley Antibloqueo", presentada por Maduro, incluso da al mandatario socialista potestad para "inaplicar" normas legales "cuya aplicación resulte imposible o contraproducente" debido a los efectos de las restricciones financieras que enfrenta el país caribeño, según su articulado.

Este domingo, el editor Miguel Otero Silva asegura que la "Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, probablemente el más aborrecible, peligroso y anómico proyecto de “ley” que haya sido concebido por régimen alguno, desde el surgimiento del Estado moderno, en el siglo XVI".

"Hablo aquí, como el lector puede imaginar, de la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, probablemente el más aborrecible, peligroso y anómico proyecto de “ley” que haya sido concebido por régimen alguno, desde el surgimiento del Estado moderno, en el siglo XVI.

Por más de 400 años, examinados en su corriente general, los juristas y los legisladores han producido leyes para organizar y hacer posible la convivencia en la sociedad. La instauración del Estado moderno ha sido una lucha permanente, con no pocos reveses en su recorrido, por crear una estructura legal, institucional y política que superara la práctica del absolutismo, el régimen en el que un solo hombre lo puede todo. Absolutamente todo. El Estado de Derecho, la más significativa invención del Estado moderno, es justamente eso: el esfuerzo por proteger a los individuos de los abusos del poder, de los dictados unilaterales, el reconocimiento de que las personas tienen derechos que deben ser estructuralmente inviolables.

La lógica de fondo, que mantiene intacta su plena vigencia, ha sido la de encontrar una correspondencia entre derechos y deberes, entre posibilidades e imposibilidades. Muchos han entendido que el mejor modelo posible es aquel que establece obligaciones y límites al poder. Contrapesos. Formas de supervisión y contraloría. Contra esos controles han actuado y actúan los enemigos de las libertades y la democracia. Tiranos y dictadores se movilizan siempre bajo la misma aspiración totalitaria: la de detentar todo el poder posible, sustraído de controles. El dictador siempre aspira a lograr una condición que les permita decidir y hacer a su antojo e intereses, sin sopesar ningún otro factor distinto a sus propios deseos. Para lograrlo, tiranos y dictadores han liquidado las leyes y las instituciones, y, cada vez que ha sido necesario, han aplastado a las sociedades y han matado a los hombres que pensaban de otro modo.

El proyecto de Ley Antibloqueo es una aberración: su eje, su principio medular, es que toda ley puede ser desconocida. Ni más ni menos. Propone que se le otorgue al dictador poderes para “desaplicar” el ordenamiento jurídico. Esa desaplicación, tal es la promesa, serviría para reconstruir el funcionamiento de la economía, esa economía que el mismo régimen ha destruido, pieza a pieza, de forma irreversible en algunos casos –como en los casos de Petróleos de Venezuela y de las empresas básicas de Guayana, para mencionar solo dos de los más emblemáticos de su implacable programa de destrucción–.

Debo insistir en el punto crucial: de lo que se trata –sigo aquí el claro análisis del eminente jurista Allan Brewer-Carías– es de suspender las normas jurídicas, incluso aquellas que tienen un carácter constitucional. Lo que se pretende es despejar el terreno, incluso sobre leyes orgánicas y hasta sobre legislaciones específicas sobre ciertas materias, para que la Ley Antibloqueo autorice al dictador a tomar medidas contrarias o negadoras de la Constitución y del marco legal vigente.

Pero esto no es todo. Copio a continuación un fragmento del texto de Brewer-Carías: “La Ley Antibloqueo: la monstruosidad jurídica para desaplicar, en secreto, la totalidad del ordenamiento jurídico”, que tiene la más estratégica importancia. “El marco de inseguridad jurídica regulado expresamente en el proyecto de ley, basado en la potestad otorgada al Ejecutivo Nacional para desaplicar todo tipo de normas que considere indispensable para ejecutar las medidas destinadas a implementar los objetivos de la ley, se completa en una forma por demás aberrante y asombrosa, al disponerse que dicha “desaplicación” de las normas, debe necesariamente hacerse en el marco de lo secreto, de espaldas y fuera del conocimiento de los ciudadanos”. Es decir, el dictador aspira a tomar medidas que seguramente afectarán de forma decisiva, las vidas de personas y familias en todo el país, y que el contenido de esas medidas no se conozca. Esto debe traducirse en que cualquier acto de difusión o divulgación de las medidas podría ser castigado por la ley.

¿Y qué clase de medidas quiere tomar el dictador? ¿Qué se propone hacer, que requiera desconocer el marco legal vigente y crear una gigantesca caja negra informativa, de la que nada se sabría? ¿Para qué ha creado este adefesio que niega la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho? Respuesta: para buscar dinero, donde quiera que se encuentre. ¿Y qué se propone? Entregar las riquezas venezolanas a China, a Rusia y a Irán, lo cual incluye zonas enteras del territorio. Quiere entregar la Pdvsa arruinada y las arruinadas industrias básicas. Quiere privatizar los servicios eléctricos y la Cantv. Vender al mejor postor la explotación maderera nacional. Rematar los parques nacionales, incluyendo tajadas enteras del Amazonas, para hacer crecer el territorio del Arco Minero, y rematar el archipiélago de Los Roques, para vender una concesión que permita al comprador hacerse del control total de las operaciones turísticas por 20 o 25 años. Se propone entregar el control de las empresas del Estado a la gestión de empresas bielorrusas y rusas. Crear cotos territoriales para las operaciones militares de Irán. No solo eso: también permitir la inmigración masiva de chinos, rusos e iraníes. En una frase: la Ley Antibloqueo es la organización del saqueo final de Venezuela, la venta a saldos del país, ejecutada de forma inconsulta, en negociaciones secretas, opacas y corruptas, realizada por un poder usurpador, ilegítimo, ilegal, fraudulento, criminal y protagonista estructural de delitos de lesa humanidad".

El comisionado presidencial para Relaciones Exteriores Julio Borges denunció que la “Ley Antibloqueo”, que pretende imponer la dictadura, es la oficialización ‘legal’ del crimen organizado en Venezuela.

Borges explicó que con esta ilegítima ley, “le otorgan poderes ilimitados a Nicolás Maduro para entregar el dinero de los venezolanos y alimentar la corrupción. El comisionado alertó a la comunidad internacional y a la FANB sobre la maniobra del régimen de Maduro y recordó que esta buscar burlar la función de la Asamblea Nacional”, reseñó el Centro de Comunicación Nacional, portal informativo de la presidencia encargada de Venezuela.

“La comunidad internacional y la FANB deben rechazar esta maniobra que solo busca otorgarle poderes ilimitados a Maduro para entregar el dinero de los venezolanos y la soberanía nacional a sus socios”, denunció.

El jefe de la política exterior del Gobierno Legítimo de Venezuela manifestó que con la ley el régimen busca eludir cualquier tipo de control por parte de la Asamblea Nacional.

“Lo primero es que la ANC no tiene facultad legislativa, por ende, esta supuesta ley es inconstitucional. Lo que vemos detrás de la misma, es una intención de burlar la función legislativa y contralora del parlamento, se habla incluso de que los recursos derivados de dicha ley serán manejados de manera paralela al tesoro nacional”, sostuvo.

Asimismo, Borges alertó que quienes celebren convenios con el régimen de a Maduro sobre la base de esta ley deben tener presente que se trata de actos nulos.

“De haber una transición en el país, será nula, ya que fue emanada de una ley que no tuvo el consentimiento de la Asamblea Nacional, único órgano facultado constitucionalmente para emitir un acto legislativo”, destacó.

Por último, Borges recordó que los pilares que sostienen a Maduro son Cuba, Irán y el crimen organizado y señaló que solo la presión interna y la presión internacional podrán derrumbar esta columna de apoyo de la dictadura.

La Ley antibloqueo de la dictadura es la oficialización del crimen organizado en Venezuela. La comunidad internacional y la FANB deben rechazar esta maniobra que solo busca otorgarle poderes ilimitados a Maduro para entregar el dinero y la soberanía nacional a sus socios.

En tanto, el presidente de Copei, Roberto Enríquez, alertó a los venezolanos que la “Ley antibloqueo” promocionada por el régimen de Maduro es una nueva forma para seguir robando los recursos de la nación bajo un manto de supuesta legalidad.

“El nuevo plan de la dictadura con la inconstitucional Ley antibloqueo no es otra cosa que una Ley Pro Saqueo, para despellejar al país con el secretismo propio de las mafias”, alertó el dirigente político a través de su cuenta de Twitter.

Enríquez exhortó a todos los venezolanos a defender al país y evitar este nuevo intento de saqueo. “Los venezolanos debemos bloquear está estafa de ley”, concluyó.