NOTICIA DE VENEZUELA

El Departamento de Estado de EEUU publicó este miércoles el informe anual por país sobre Terrorismo, que revela que Cuba y Venezuela mantienen vínculos estrechos con patrocinadores del terrorismo.

El informe indica que Cuba mantiene vínculos estrechos y de colaboración con países patrocinadores del terrorismo, como Irán y Corea del Norte. Al mismo tiempo señala que el régimen cubano continúa apoyando a guerrilleros del Ejército de Liberación Naciona (ELN) a pesar de las reiteradas solicitudes de extradición de Colombia.

"Cuba también continúa albergando a múltiples fugitivos que cometieron o apoyaron actos de terrorismo en los Estados Unidos. El Departamento de Estado de EE. UU. Certificó a Cuba como "patrocinador del terrorismo" luego que esa designación fue cancelada en 2015" durante la administración del presidente Barack Obama.

El régimen comunista fue designado por primera vez como patrocinador del Terrorismo en 1982 debido a “su larga historia de brindar asesoramiento, refugio, comunicaciones, capacitación y apoyo financiero a grupos guerrilleros y terroristas”.

"Cuba rechazó la solicitud de Colombia de extraditar a 10 líderes del ELN que viven en La Habana, luego de que ese grupo guerrillero se atribuyera el atentado, en enero de 2019, contra una academia de policía de Bogotá, el cual dejó 22 personas muertas y unas 87 heridas", revela el informe.

Igualmente, el informe señala que además de los terroristas del ELN, el régimen de La Habana brindó refugio a varios disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que abandonaron el proceso de paz. Estados Unidos se refiere a los excabecillas Iván Márquez y Jesús Santrich.

“El 28 de julio, durante las palabras de clausura del Foro de Sao Paulo en Caracas, Nicolás Maduro declaró que Iván Márquez y Jesús Santrich, exlíderes desmovilizados de las FARC que huyeron de Colombia después de abandonar el proceso de paz y retornaron a las acciones terroristas, eran bienvenidos en Venezuela. Cuba es un defensor clave del narcorégimen de Maduro y es un participante activo en el mantenimiento de la autoridad de Maduro”, subraya el informe.

Por su parte, en el texto, aunque se afirma que no hubo ataques terroristas en Cuba en 2019, las autoridades estadounidenses denuncian que el régimen comunista cubano “continúa albergando a múltiples fugitivos que cometieron o apoyaron actos de terrorismo en los Estados Unidos”.

Entre esos casos menciona que Cuba se niega a extraditar a Joanne Chesimard, conocida como Assata Shakur, una fugitiva que integra la lista de terroristas más buscados del FBI, condenada por ejecutar al agente de policía estatal Werner Foerster de Nueva Jersey. Igualmente a William ‘Guillermo’ Morales, un fabricante de bombas fugitivo de las Fuerzas Armadas para la Liberación Nacional (FALN), buscado por el FBI y quien escapó de la detención después de ser condenado por cargos relacionados con terrorismo interno.

Sobre Venezuela, el informe establece que el régimen de Nicolás Maduro fomenta un "ambiente permisivo" para la acción de grupos terroristas, entre ellos las disidencias de las FARC, el ELN y Hezbolá.

El reporte sobre terrorismo en Venezuela durante 2019 señala que "Maduro y sus asociados usan actividades criminales para ayudar a mantener su control legítimos del poder". Así "los lazos financieros con las FARC-D, el ELN y los grupos paramilitares venezolanos facilitan la corrupción pública y los esquemas de corrupción del régimen para incluir a miembros de las fuerzas armadas".

El reporte señala además la "cooperación esporádica entre las FARC-D y el ELN en las áreas de control de carreteras / fronteras, distribución subsidiada de alimentos, reclutamiento y desplazamiento forzado de comunidades indígenas vulnerables y tráfico de narcóticos y oro ilegales".

También reseña que de acuerdo a reportes de medios locales e internacionales, el ELN tiene presencia en 12 de los 24 estados de Venezuela, con mayor fortaleza en Anzoátegui, Amazonas, Apure, Bolívar, Zulia y Táchira).

"La presencia del ELN se ha expandido más allá de su base histórica en la zona fronteriza con Colombia. Los medios informan un papel cada vez más importante para el ELN en la distribución de alimentos subsidiados por el régimen, el contrabando (gas, productos básicos, carne), la extorsión, la minería ilegal y la propaganda de reclutamiento, a veces a través del control de las estaciones de radio", dice el reporte.

Asimismo, señala que el régimen de Maduro "no ha demostrado voluntad política para abordar las preocupaciones sobre terrorismo en Venezuela".

"La usurpación del régimen del sistema judicial y los servicios militares / de seguridad para sus propios fines ilícitos, la corrupción pública desenfrenada y la cooperación con elementos criminales proporcionaron condiciones ideales para la actividad ilegal. La mala gestión económica del régimen ha creado graves limitaciones de recursos. El régimen usa regularmente cargos de terrorismo para perseguir a la oposición política y reprimir la disidencia. Ha acusado sin evidencia o debido proceso al Jefe de Gabinete de Guaidó y a varios diputados de AN de 'terrorismo'".

El Embajador de Venezuela ante EEUU Carlos Vecchio señaló en Twitter que "es lamentable que vínculos del régimen de Maduro con el terrorismo internacional, con organizaciones como ISIS, Al Qaeda, el ELN y la disidencia de las FARC, comprometan y afecten a [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]. El Pdte. (E) @jguaido ha activado mecanismos como el [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] para combatir este peligro".

Visión general: El 10 de enero de 2019, Nicolás Maduro buscó comenzar un segundo mandato ilegítimo como presidente, luego de las elecciones presidenciales de 2018 que fueron ampliamente condenadas como fraudulentas. Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional (AN), invocó la constitución venezolana el 23 de enero sobre las vacantes en la Oficina del Presidente para asumir el papel de Presidente Interino. Maduro y sus asociados usan actividades criminales para ayudar a mantener su control ilegítimo del poder, fomentando un ambiente permisivo para grupos terroristas conocidos, incluidos los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-D), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de origen colombiano. y simpatizantes de Hezbolá. Lazos financieros con FARC-D, ELN, y los grupos paramilitares venezolanos facilitan la corrupción pública y los esquemas de corrupción del régimen para incluir a miembros de las fuerzas armadas. Preocupante, hubo informes que señalaban una cooperación esporádica entre las FARC-D y el ELN en las áreas de control de carreteras / fronteras, distribución subsidiada de alimentos, reclutamiento y desplazamiento forzado de comunidades indígenas vulnerables y tráfico de narcóticos y oro ilegales. Según los medios locales e internacionales, el ELN estuvo presente en 12 de los 24 estados de Venezuela (con especial fortaleza en los estados de Anzoátegui, Amazonas, Apure, Bolívar, Zulia y Táchira). La presencia del ELN se ha expandido más allá de su base histórica en la zona fronteriza con Colombia. Los medios informan un papel cada vez más importante para el ELN en la distribución de alimentos subsidiados por el régimen, el contrabando (gas, productos básicos, carne), la extorsión, la minería ilegal,

El presidente interino Guaidó condenó la complicidad de Maduro con el ELN y las FARC-D. En octubre, dijo que el antiguo régimen "promueve y protege el terrorismo, lo que representa un riesgo para la paz en la región". Dentro de la misma resolución, la AN designó oficialmente a las FARC-D, ELN, Hamas, Hizballah e ISIS como organizaciones terroristas. Guaidó advirtió que Maduro ha perdido el control de las fronteras y el territorio de Venezuela, corriendo el riesgo de convertir a Venezuela en un "estado fallido".

Incidentes terroristas en 2019: los incidentes terroristas en Venezuela reflejaron la creciente presencia y control territorial del ELN. Se incrementaron las confrontaciones entre el ELN, otros grupos armados ilegales colombianos y venezolanos y las fuerzas gubernamentales venezolanas.

Legislación, aplicación de la ley y seguridad fronteriza: no hubo cambios en la legislación antiterrorista de Venezuela en 2019.

El antiguo régimen de Maduro no ha demostrado voluntad política para abordar las preocupaciones sobre terrorismo en Venezuela. La usurpación por parte del régimen del sistema judicial y los servicios militares / de seguridad para sus propios fines ilícitos, la corrupción pública desenfrenada y la cooperación con elementos criminales proporcionaron las condiciones ideales para la actividad ilegal. La mala gestión económica del régimen ha creado graves limitaciones de recursos. El régimen usa regularmente cargos de terrorismo para perseguir a la oposición política y reprimir la disidencia. Ha acusado sin evidencia o debido proceso al Jefe de Gabinete de Guaidó y a varios diputados de AN de "terrorismo".

La corrupción sistemática plaga la emisión de pasaportes venezolanos y documentos de identificación. En diciembre de 2019, Estados Unidos sancionó a los directores actuales y anteriores de la agencia de pasaportes de Venezuela (Servicio Administrativo de Identificación, Migración e Inmigración) a la luz de actividades como la venta de pasaportes de la agencia por miles de dólares, incluso a ciudadanos no venezolanos. . La seguridad fronteriza en los puertos de entrada era vulnerable y susceptible a la corrupción. El cribado biométrico no se realiza en los puertos de entrada venezolanos. No existe un sistema automatizado para recopilar registros API o PNR en vuelos comerciales o para verificar los manifiestos de vuelo con datos de desembarque de pasajeros.

Contrarrestando el Financiamiento del Terrorismo: Venezuela es miembro del GAFIC. La UIF de Venezuela, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, es miembro del Grupo Egmont. No hubo actualizaciones significativas en 2019.

Contrarrestar el extremismo violento: no hubo esfuerzos de CVE en curso en 2019.

Cooperación internacional y regional: El gobierno de Guaidó trabajó con socios regionales para invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (también conocido como el Tratado de Río) en septiembre para abordar las actividades ilegales del antiguo régimen de Maduro, incluido el terrorismo y su financiación. Guaidó se comprometió a trabajar estrechamente con el presidente colombiano Duque en la amenaza regional que representan el ELN, las FARC-D y otros actores armados ilegales en Venezuela.

MIAMI.- Alegaciones de presunta negligencia de parte de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, y el supuesto encubrimiento de crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela son los temas principales en la agenda de una conferencia virtual programada para este jueves 25 de junio, a partir de las 11 de la mañana (hora del Este de Estados Unidos).

El evento es promovido por las organizaciones VenAmérica, Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid y Fundación El Amparo, según informaron en un comunicado de prensa los activistas políticos Walter Márquez y Paciano Padrón.

De acuerdo con el parte informativo emitido por los organizadores del foro, Márquez, un parlamentario jubilado de la Asamblea Nacional de Venezuela y presidente de la Fundación El Amparo, ha investigado durante los últimos años la actuación de la fiscal Bensouda, en casos relacionados con Nicolás Maduro, por crímenes de lesa humanidad.

Márquez, junto a William Cárdenas Rubio, abogado y exdiplomático que ha sido uno de los primeros denunciantes contra Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro ante la CPI, serán los responsables de comunicar a los asistentes a la conferencia los “pormenores de sus gestiones, las causas de la demora procesal y los posibles resultados”, según se desprende del comunicado enviado a los medios.

Asimismo, se anunció que los moderadores del simposio serán el exdiputado venezolano, vicepresidente de VenAmérica y recientemente electo vicepresidente de la Coalición por Venezuela, Paciano Padrón, y el abogado Omar Estacio, quien denunció a Hugo Chávez Frías ante la CPI y ha coordinado algunas denuncias contra Nicolás Maduro.

Durante la conferencia se analizarán las “numerosas denuncias interpuestas sin resultados en contra de Chávez, Maduro y sus secuaces”, las presuntas faltas procesales graves y negligencia por parte de la fiscal Fatou Bensouda, y sus supuestos vínculos con Haifa El Aissami, hermana de Tareck El Aissami, y la dictadura venezolana.

También se presentará una revisión de las más de 120 acusaciones que han sido presentadas ante la CPI en contra de Maduro, así como la denuncia de seis países en contra del régimen venezolano, liderada por el presidente colombiano Iván Duque.

De igual forma, los organizadores del evento anuncian la presentación de un plan de acción que se ha denominado “Plan La Haya”, bajo el slogan: “Que haya justicia en La Haya”, con el propósito de brindar a las víctimas de crímenes de lesa humanidad y activistas de derechos humanos en Venezuela, la oportunidad de exigir respuesta de la fiscalía de la CPI

¿Es Juan Guaidó el representante de Venezuela y tiene poder para controlar sus bienes en el extranjero? Es la pregunta de los mil millones que un juez británico prometió el jueves responder "lo antes posible".

Un tribunal comercial de la Alta Corte de Londres examinó esta cuestión durante cuatro días en el marco de una querella del Banco Central de Venezuela (BCV) contra el Banco de Inglaterra (BoE) para recuperar más de 30 toneladas de oro, valoradas en mil millones de dólares.

Al término de las audiencias el jueves, el juez Nigel Teare prometió anunciar su decisión "lo antes posible" sin más precisiones.

En el último día de vistas, el abogado Andrew Fulton, que representa los intereses del presidente legítimo de Venezuela, argumentó que "no es el papel (...) de la justicia inglesa interferir en los asuntos internos de un Estado extranjero soberano".

Y que poner en duda las decisiones tomadas por Guaidó, tras reconocerlo como "presidente constitucional interino" en febrero de 2019, sería entrar ilegítimamente en política.

"No son argumentos políticos, y aunque algunos de ellos (...) plantean cuestiones de interpretación de la Constitución de Venezuela bajo la ley venezolana eso no es una cuestión política sino jurídica", aseguró Nick Vineall, abogado de la dictadura de Nicolás Maduro.

Consultado por el tribunal, el gobierno de Boris Johnson repitió en una carta lo dicho por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, en 2019: que reconoce a Guaidó como "presidente constitucional interino de Venezuela hasta que se puedan celebrar elecciones presidenciales creíbles".

Según Vineall, fue un acto "meramente político" que no le otorga ningún poder.

Se hizo "de manera un poco ambigua", reconoce a la AFP Diego Moya-Ocampos, experto sobre las Américas para el grupo londinense de análisis de riesgos IHS Markit.

"La corte debe decidir si tiene implicaciones suficientes como para que él válidamente nombrase una junta directiva del banco central", agrega.

Tras "invalidar" al presidente del BCV Calixto Ortega, en julio de 2019 Guaidó nombró su propia dirección de la institución, una decisión que poco después fue anulada por la Corte Suprema de Venezuela, a manos del chavismo.

Pero Fulton argumentó que la Corte Suprema venezolana es "una marioneta del régimen corrupto" de Maduro.

Y el juez Teare se preguntó si "¿un acto de Estado ilegal sigue sin embargo siendo un acto de Estado?".

En opinión de Moya-Ocampos, "es muy poco probable que la corte vaya a autorizar la transferencia de los activos hacia la administración de Maduro".

Los lingotes podrían simplemente permanecer en las cámaras acorazadas de Londres hasta que se celebren elecciones transparentes.

La junta del BCV nombrada por Guaidó pidió al BoE que no entregue el dinero para evitar que sirva al enriquecimiento personal de figuras del régimen y la represión de la población civil.

Según datos del World Gold Council, Venezuela posee un total de 161,2 toneladas de oro.

En los últimos años, "ha venido vendiendo parte de esas reservas de forma poco transparente y ese dinero no se ha utilizado para financiar ayuda humanitaria, ni tampoco ha entrado a las arcas del tesoro venezolano", afirma el analista.

Y asegura que existe en Londres "un gran temor por el daño reputacional para el Banco de Inglaterra, para las cortes británicas y para el Reino Unido como tal porque, evidentemente, estamos hablando de mucho dinero que sencillamente no va a ser destinado a ayuda humanitaria".

El régimen de Maduro asegura necesitar los fondos para luchar contra la pandemia de covid-19, pero lo cierto es que lleva más de año y medio intentando repatriar estos lingotes.

En opinión Moya-Ocampos, "el tema del coronavirus es simplemente un pretexto".

La dictadura aseguró haber negociado que el dinero se trasfiera directamente al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la compra de medicamentos y suministros médicos.

Pero, preguntado por la AFP, el PNUD solo confirmó que Caracas le hizo la propuesta y que el organismo está dispuesto a "explorarla" en el marco de un eventual acuerdo entre el BCV y el BoE.

El resultado de este juicio puede sentar un precedente para otros fondos venezolanos bloqueados en el extranjero, señala Moya-Ocampos.

La conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional que atienda y ponga fin a la emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela que ha originado la migración de más de cinco millones de venezolanos, sería la solución para frenar esta situación, según lo planteado por el presidente encargado del país, Juan Guaidó.

“La única manera de solucionar esa crisis (en referencia a la migración) es logrando un Gobierno de Emergencia Nacional. De las cinco tragedias humanitarias de refugiados más grandes del planeta donde se encuentran Sudán del Sur, Afganistan, Siria, Myanmar, países en conflicto; en guerra, Venezuela, es la única del continente", dijo Guaidó durante el debate del “Proyecto de Acuerdo en conmemoración por el Día Mundial del Refugiado”, que tuvo lugar en la sesión online del Parlamento este martes, informó el Centro de Comunicación Nacional, el portal web de la presidencia encargada de Venezuela.

Dijo que en Venezuela “la guerra que hubo fue la de la dictadura contra el ciudadano”, en contra de las oportunidades de desarrollo al expropiar empresas, por ejemplo. Destacó la labor que han hecho los diputados para visibilizar la crisis migratoria venezolana que hoy es reconocida en el mundo.

“En Venezuela no oímos las bombas como en los países en guerra; pero sí vimos la destrucción; destruyeron la libertad de expresión, por citar un ejemplo. Hoy levantamos la voz por los venezolanos migrantes, no sólo para que regresen, sino para solucionar el conflicto”.

Recordó Guaidó que hace unas semanas se hizo la Conferencia de Donantes en Europa, auspiciada por la Unión Europea y el Gobierno del reino de España, donde se recaudaron fondos que serán destinados a países receptores de migrantes venezolanos para atender sus necesidades que se hacen mayor en medio de la pandemia por el COVID-19.

Agradeció una vez más el gesto, pero reiteró que no es suficiente; por lo que se hace urgente poner fin a la crisis en Venezuela a través de la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional para que, entre otras cosas, retornen los venezolanos a su país.