NOTICIA DE VENEZUELA

El presidente encargado de Venezuela y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ofreció este sábado a través de una transmisión en vivo, una rueda de prensa sobre la designación ilegítima de autoridades del CNE.

Luego de conocerse la decisión del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Maduro de juramentar a los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral, sin consultar a la Asamblea Nacional, Juan Guaidó se pronunció al respecto para rechazar la acción.

Sobre los ataques del régimen de Maduro, dijo que "saben que no tienen ningún ancla, ningún sustento para Venezuela. Intentaron dividir a la unidad una vez más, y salieron derrotados. La actual Asamblea Nacional tiene vigencia y tiene sus competencias muy claras".

"No reconoceremos ninguna imposición ni nada que emane de ese falso CNE. No nos agarra por sorpresa, sabíamos la intención de la dictadura", acotó. Y agregó que "es momento de ir a acciones internacionales de mayor contundencia que en conjunto nos lleven a la libertad definitiva".

Juan Guaidó hizo especial énfasis en la unión: "Ese es el factor que nos ha mantenido firmes ante la dictadura".

Sobre las acciones que se han tomado en las últimas horas, detalló que "no es casualidad el anuncio de la captura de Alex Saab. Es evidente también todo lo que implica en este momento". De ahí que constatara que "la justicia llega; a veces duele esperar, pero llega la justicia, y llegará para todos los venezolanos". En este sentido, y ante las preguntas de la prensa durante la transmisión, dijo que el tema de la acción internacional es fundamental y que hay muchas investigaciones y medidas en curso, cuyos resultados ya se están viendo.

"No podemos asumir una política pasiva. Sé que es difícil asumir una posición en Venezuela, con la persecución que existe", admitió el mandatario venezolano. Sin embargo, siguió, "la dictadura trata de dinamitar la ruta electoral". Por eso la importancia de "desconocer inmediatamente cualquier decisión emanada por ese falso CNE".

Luego de conocerse la decisión del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Maduro de juramentar a los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral, sin consultar a la Asamblea Nacional, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se pronunció al respecto para rechazar la acción.

También, el embajador de Venezuela en Canadá por parte del gobierno encargado del presidente Juan Guaidó, Orlando Viera-Blanco, también se pronunció sobre la designación de los nuevos rectores.

Al respecto, el diplomático de Venezuela rechazó el hecho a través de su cuenta en la red social Twitter. "El mundo sabe que el régimen subasta legitimidad para disfrazar eventos electorales. El mundo sabe que el TSJ es un apéndice tartufo de la dictadura como lo es toda autoridad comicial no elegida por la AN. Sin condiciones no hay elecciones justas. Así lo ve el mundo y así lo condena", escribió.

Horas antes, el presidente Guaidó también se pronunció sobre la designación de los rectores electorales. "Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Obstaculizan la posibilidad de soluciones, arremeten contra una de las condiciones para salir de la crisis. Recuerden: el crimen no paga. Rebelarse a las injusticias es NUESTRO DERECHO. Seguimos trabajando, y punto", escribió el presidente encargado en Twitter.

"Solo el Comité de Postulaciones y la AN designan el CNE. No renunciaremos a nuestro derecho. Si la dictadura quiere seguir cayéndose a mentiras, que se lance por su barranco. Tienen el juego trancado y ya les empezaron a colgar los teléfonos. Que nadie caiga en distracciones", explicó Guaidó en un segundo mensaje.

El máximo tribunal del país, en manos del régimen, nombró a Indira Alfonzo y Gladys Gutiérrez, ambas magistradas de la Corte; el excongresista Rafael Simón Jiménez; Tania D’Amelio, actual miembro del Poder Electoral, y José Luis Gutiérrez, como nuevos miembros del CNE, señala un comunicado del organismo que fue difundido en las redes sociales.

Todos los "elegidos" son aliados de la dictadura de Nicolás Maduro. Alfonzo fue designada como presidenta del organismo electoral, mientras que Jiménez quedó como vicepresidente, y el resto como rectores principales.

Los nombramientos se dan una semana después que la Corte declaró que el Congreso había incurrido en una “omisión inconstitucional” en el proceso de selección de las autoridades electorales que se venía adelantando desde hace varios meses.

Probablemente la tarea de describir el colapso del sistema educativo en Venezuela sea especialmente compleja y dolorosa. En un primer plano, es posible consignar algunas cifras que pueden ilustrar la gravedad de lo que está ocurriendo: el sistema de educación pública sirve cada vez a un menor número de niños y adolescentes. Se trata de un proceso regresivo. En la medida en que el porcentaje de menores escolarizados decrece, más nos aproximamos, en términos numéricos, a las realidades de los años 40 y 50 del siglo XX. Del total de alumnos que debería tener el sistema educativo, apenas un poco más del 30% permanece activo. En los últimos 12 años, la caída que se ha producido es simplemente pavorosa: de 20 puntos, aproximadamente. La advertencia hecha por UNICEF debería encender las alarmas: más de 2.2 millones no tienen acceso a la escuela. Y ese número sigue creciendo a diario.

Una parte de esa dramática disminución -alrededor de la cuarta parte-, tiene su causa en la migración. Pero una mayoría considerable, entre 500 y 600 mil menores, no van a la escuela porque no disponen de las mínimas condiciones necesarias para hacerlo: o no se llegaron a inscribir nunca o dejaron la escuela en algún momento del recorrido escolar.

Pero la baja creciente de la cobertura (un sistema educativo que, en su desempeño, es cada vez más excluyente), es solo la superficie del problema. Decenas de testimonios a los que he tenido acceso, provenientes de distintas regiones del país, dan una idea de las condiciones y de la calidad de la educación que reciben la mayoría de los escolares. Una primera cuestión a considerar es fundamental: el bajo nivel educativo de un alto porcentaje de los docentes que, a su vez, no han recibido una formación suficiente -especialmente entre los más jóvenes-; o no han tenido oportunidad de actualizarse; o no tienen las calificaciones mínimas necesarias para ejercer la docencia porque, en realidad, en vez de docentes de formación y oficio, no son más que enchufados. A esto hay que sumar a los que han huido del país, pedagogos del mejor nivel, que no han podido ser reemplazados o que han sido reemplazados por personas que no cuentan con las capacidades pedagógicas necesarias para liderar un aula. Basta con ver a los incompetentes que aparecen en Venezolana de Televisión dando clases, para estimar el deterioro del sistema educativo en su conjunto.

Pero es obligado detenerse también en la situación de la mayoría de los alumnos hoy: mal alimentados o bajo condiciones de hambre permanente; sometidos a diarias adversidades para llegar a sus centros educativos; sin acceso a libros de texto y a materiales educativos imprescindibles para realizar las actividades en el aula; a menudo, obligados a quedarse en sus casas porque sus padres no tienen cómo llevarlos a la escuela; muchas veces amenazados por bandas de delincuentes que los acechan en las calles; sin contar en sus casas con los mínimos recursos necesarios para investigar, hacer consultas o simplemente estudiar, porque viven en espacios mínimos y densamente habitados. Me han contado de niños que, con ocho y nueve años de edad, apenas saben sostener un lápiz entre los dedos y que con dificultad logran escribir su propio nombre en una hoja de papel.

Esta precariedad alcanza también a los docentes que reciben por su trabajo salarios de montos absurdos, inservibles para afrontar los precios dolarizados de la hiperinflación. Más que trabajar, lo que hacen es un sacrificio que, por si fuera poco, está sometido a las presiones de supervisores que actúan como comisarios políticos y que, todavía hoy, se proponen colonizar y hacer del sistema educativo venezolano, un capítulo más del anómico, ilegítimo, ilegal, fraudulento y corrupto régimen de Nicolás Maduro. No exagero: hay maestros y alumnos en Venezuela, que deben caminar 30 y 40 kilómetros cada día, para desplazarse a sus lugares de trabajo, con zapatos remendados y casi inservibles, y hay también -maestros y alumnos- que no pueden llegar a sus aulas porque no tienen un par de zapatos con el que cumplir con el propósito de dar clases o recibirlas, o porque sus padres no tienen cómo transportarlos o porque en sus zonas el transporte público ha dejado de operar.

A estas cifras y testimonios del colapso hay que agregar las otras variables: centros educativos donde no hay electricidad o falla la mayor parte del tiempo; donde el acceso a internet no existe o es irregular; centros en los que, desde hace meses, no llega una gota de agua ni tampoco un camión cisterna, y donde los baños han debido clausurarse por el estado de suciedad en que se encuentran; o que, continuamente, son vandalizados por bandas de delincuentes, que no solo roban, sino que también destruyen mobiliario y la infraestructura.

Todo el colapso someramente descrito hasta aquí, es previo a la irrupción de la pandemia. Así las cosas, la reciente pretensión del régimen, de saltar a un modelo de teleducación es simplemente ridícula y carente de sentido. Si menos de 40% de los hogares tienen acceso a internet; si el servicio de internet falla en buena parte del territorio; si más de 90% del territorio tiene problemas con el servicio eléctrico -o no tienen o falla la mayor parte del tiempo-; si los docentes no han sido formados en las herramientas de la teleducación; si Conatel a menudo bloquea el acceso a plataformas como YouTube, donde hay miles de millones de recursos educativos; si más de 50% de las escuelas públicas no cuentan con equipos ni softwares para fines pedagógicos, entonces la meta del gobierno oculta otra intensión: dar un salto atrás que conduzca al país, del colapso actual a una catástrofe educativa de todavía más grandes proporciones, cuyas consecuencias castigarían a Venezuela por las siguientes cinco o seis décadas.

Guarequena Gutiérrez, quien se venía desempeñando como embajadora del gobierno de Juan Guaidó en Chile desde el mes de enero presentó la renuncia al cargo alegando motivaciones de carácter económico y migratorio.

Gutiérrez explicó que durante estos meses no ha contado con un salario ni con beneficios económicos derivados de este. "Durante este período no he tenido un salario ni lo que eso conlleva: cotizaciones, inclusión en el servicio de salud en Chile o poder optar a una visa de permanencia definitiva", explicó, reseñó El Nacional, que cita una nota del diario El Mercurio.

Afirmó que en julio comenzará a realizar los trámites para solicitar una visa que sustituya a la que tiene actualmente que es la de responsabilidad democrática.

"Vine a un país con políticas migratorias que quienes luchamos por tener Estado de Derecho en nuestra tierra debemos cumplir. Y ese es el camino que emprenderé. Por ahora es largo, sabemos que el departamento de extranjería ha digitalizado procesos y que todo sirva para que los inmigrantes en Chile podamos estar regulados en lapsos comprensibles", expresó.

Indicó que "ahora estoy con la visa de responsabilidad democrática que vence en septiembre y tres meses antes hay que empezar a hacerlo".

El Mercurio indicó que el equipo de Guaidó ya está buscando un representante.

Gutiérrez asumió como embajadora de Venezuela en Chile el 29 de enero y fue reconocida por el presidente Sebastián Piñera, como representante de la Asamblea Nacional.