NOTICIA DE VENEZUELA

Ocasionalmente la policía de Colombia lanza una bomba aturdidora para espantarlos. Pero cientos de venezolanos se las ingenian para franquear los pasos ilegales y las restricciones que ambos países han impuesto para frenar la pandemia de coronavirus, porque, sobre todo, temen morir de hambre.

"El coronavirus es Maduro. Mientras no saquen esa enfermedad de Venezuela nunca se va a acabar esto", dice a la AFP un joven con tapabocas que trabaja cargando maletas y pidió mantener su identidad en reserva.

Saltan cultivos de arroz, caminan sobre el pantano, trepan cercas, siempre apurando el paso, evadiendo desconocidos y periodistas.

Para contener la expansión del coronavirus (COVID-19), que con las horas multiplica los muertos y los contagios en el mundo, el presidente Iván Duque cerró los siete pasos fronterizos terrestres a lo largo de la porosa frontera de 2.200 kilómetros que comparten Colombia y Venezuela.

El mandatario Nicolás Maduro ordenó luego a los venezolanos entrar en cuarentena total, una medida que también comenzará a regir a partir del miércoles en territorio colombiano. Duque desconoce el gobierno de Maduro, al que califica de dictadura, y aun con la crisis global sanitaria en curso, solo acepta coordinar acciones a través de organizaciones internacionales de salud.

Pero muchos no pueden esperar a que la pandemia mengüe, porque necesitan abastecerse debido al deterioro de la economía venezolana.

En la trocha conocida como "La Pared" los venezolanos pasan sin cesar, apenas protegidos con tapabocas sucios.

"El hambre nos hace quitar el miedo", dice Jairo Pabón, de 56 años, antes de seguir su camino hacia el municipio colombiano de Villa del Rosario, en busca de alimentos para sus dos nietos.

Una barricada separa a un grupo de policías colombianos de decenas de venezolanos.

"No van a pasar por aquí", les dice una uniformada en uno de los puestos de control.

"¿Y la señora enferma?", preguntan del otro lado.

"Que pase por el paso humanitario" en el puente Simón Bolívar, responde, donde se habilitó la circulación para casos de fuerza mayor.

Las trochas se cuentan por decenas. Son rutas ilegales sin Dios ni ley, custodiadas por grupos armados o contrabandistas que imponen sus reglas a sangre y fuego. El miedo al contagio del coronavirus es menor.

Según Marianne Menjivar, directora de la ONG Comité Internacional de Rescate para Colombia y Venezuela, "los 35.000 venezolanos que cruzaban todos los días a Colombia (...) ahora solo pueden hacerlo a través de cruces ilegales, que los exponen a violación, agresión sexual y otros tipos de violencia".

Un reportero de la AFP vio cómo hombres encapuchados organizaron una suerte de peaje con cuerdas de alambre donde piden dinero con dos palabras: "colaboración, colaboración".

"Uno sabe que por las trochas hay peligro, hay vandalismo, hay todo lo malo, pero no nos queda otro remedio que pasarlas obligatoriamente por la necesidad", lamenta Guillermo Gómez, que a sus 65 años camina frecuentemente por esos pasos ilegales para comprar medicinas.

La otrora potencia petrolera está inmersa en una severa crisis económica y política agravada por la hiperinflación y el desabastecimiento.

Desde 2015, 4,9 millones de venezolanos han huido de su país, según la ONU, y entre ellos 1,7 están en Colombia.

Pero Caracas y Bogotá rompieron relaciones en febrero de 2019 y desde entonces miles de venezolanos y colombianos que estudian, trabajan o se abastecen en el otro país se han visto afectados por los constantes cierres de fronteras.

María Adelaida Rincón, de 58 años, va hacia Villa del Rosario a recoger un dinero que le envió su hija. Por las restricciones en Colombia, es posible que los locales no estén abiertos.

"Vengo arriesgando la vida, pero qué más, me toca porque tengo dos nietos a cargo mío. Allá en Venezuela hay cuarentena por el coronavirus pero ¿qué hacemos con cuarentena y sin comida?", explica.

Acostumbrados a aventurarse por los pasos ilegales para sobrevivir, la pandemia les parece un mal menor.

"A nosotros los venezolanos no nos está matando el coronavirus, sino el hambre", asevera Santina Rubio, de 37 años, mientras vende agua en las trochas.

CARACAS — Entre un laberinto de estrechos pasillos de un viejo y caótico mercado, enclavado en una barriada pobre del oeste de la capital, decenas de personas se aglomeran en un pequeño callejón, donde funcionan las tiendas de hierbas y brebajes curativos a base de serpientes, en busca de alguna medicina natural que les ayude a protegerse del coronavirus.

Ante los altos costos y la escasez de medicamentos que enfrenta la nación sudamericana, algunos habitantes de la capital están optando por recurrir a plantas como el toronjil, el hinojo y el limoncillo, y frutos como el limón, alegando que eso los ayuda a mejorar el sistema inmunológico y evitar el COVID-19, que ha contagiado a 84 personas, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el régimen de Nicolás Maduro, y amenaza con generar graves estragos por el deterioro del sistema de salud, la falta de agua y las precarias condiciones del alimentación de la mayoría de la población.

Hasta ahora no hay medicamento, remedio occidental, tradicional o casero que pueda prevenir o curar el nuevo virus, ratificó recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Científicos de diferentes países iniciaron en los últimos días las pruebas para una posible vacuna que podría demorarse varios meses en salir.

La enfermedad COVID-19 provoca síntomas leves o moderados para muchos y la gran mayoría se recupera. Algunas personas, especialmente ancianos o con problemas de patologías previas, pueden sufrir complicaciones como la neumonía.

El dictador venezolano Nicolás Maduro salió el domingo en defensa de la medicina natural y compartió, durante una alocución al país, un “antibiótico natural” que está recomendando el médico local Sirio Quintero para el coronavirus.

“Con malojillo (limoncillo), sauco, jengibre, pimienta negra, conchas de limón, miel de abeja, y allí hacen un preparado que el (médico) dice que tiene cualidades antibióticas naturales”, dijo Maduro al explicar la receta que algunos seguidores difundieron luego en Twitter mientras que otros detractores del dictador aprovecharon para criticarlo y señarlo de irresponsable.

Maduro acusó el lunes a Twitter de eliminar los mensajes que él difundió sobre tres documentos de Quintero y su producto para "combatir" el coronavirus.

“Creo en la medicina ancestral, naturista”, afirmó Maduro tras confesar que ya inició el consumo de varias tazas al día del “antibiótico natural”, y preparó junto a su esposa Cilia Flores nueve botellas de la receta para repartirlas entre sus familiares.

El temor generado por la pandemia ha elevado las ventas de esas hierbas y el limón que luego que se reportaran los primeros casos locales tuvo una escalada en su precio que pasó de 2 a 6 dólares el kilo en una semana.

Médicos y organizaciones como la Academia Española de Nutrición y Dietética descartan que el consumo de hierbas y frutos puedan proteger a la población de la pandemia, pero en el imaginario de los venezolanos existe otra percepción.

Con el rostro cubierto con un tapabocas de tela azul un hombre fornido, de estatura media, revisa afanosamente con sus manos una montaña de diferentes hierbas mientras pregunta a un joven vendedor por el limoncillo. Luego que el vendedor le respondió que la planta estaba agotada, el hombre optó por llevarse un manojo de otra hierba llamada “sangría”, que adquirió por un monto equivalente a unos centavos de dólar.

“La gente lo que me está pidiendo son guarapos de esto para la nueva gripe”, afirmó Josman Sosa, un vendedor callejero de 36 años, mientras sostenía con su mano izquierda un fajo de pequeñas ramas de “sangría” que estaban envueltas en una hoja de papel periódico.

Sosa relató que ante la creciente demanda de bebedizos decidió reemplazar la venta callejera de café por hierbas.

Rodeada de decenas de velas, tabacos, esencias, palos de madera y grandes envases de vidrio llenos ron y serpientes, Lisbeth Gómez, una comerciante de 46 años que regenta uno de los locales de hierbas del mercado municipal de Catia, al oeste de la capital, indicó que tras la aparición del coronavirus en el país saltaron las ventas de toronjil, limoncillo, orégano, hinojo y jengibre, lo que aseguró que ha comenzado a generar problemas de escasez de esos productos.

Al hablar de los hábitos de consumo de la población, Gómez, quien heredó de su padre el local que ha funcionado en el popular mercado por tres décadas, admitió que entre los venezolanos es una tradición ancestral el consumo de bebedizos de hierbas cuando tienen alguna gripe, pero sostuvo que ante el coronavirus ella está recomendando a sus clientes protegerse mejor con tapabocas y el lavado de manos.

“Esto no es juego”, advirtió. “Es un tema de seguridad personal y todos tenemos que tomar previsiones”.

En Venezuela, el uso de hierbas se remonta a los años de la colonia cuando los indígenas recurrían a diversas plantas para tratar dolencias.

La Academia Española de Nutrición y Dietética afirmó en un estudio del 17 de marzo que “no existen pruebas para recomendar el consumo de ninguna hierba para prevenir o tratar el COVID-19”.

Así lo ratificó la médica Patricia Valenzuela, miembro de la junta directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología, que indicó a The Associated Press que todas las recetas caceras, propias de la cultura de los venezolanos, “no tienen ningún fundamento científico y no tienen ninguna actividad contra el coronavirus”.

Valenzuela dijo que ante la pandemia los médicos están recomendando a la población una dieta balanceada, que incluya frutas, proteínas, carbohidratos y grasas y unos dos litros de agua al día, pero reconoció que en el caso de Venezuela existe un “escenario un poco delicado” de desnutrición, que eleva la vulnerabilidad ante el COVID-19, especialmente entre los mayoritarios sectores pobres que han sido los más golpeados por la crisis económica dominada por la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas, y la recesión.

Una de cada tres personas en Venezuela está en inseguridad alimentaria, indicó el mes pasado el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas basado en una encuesta que realizó entre julio y septiembre pasado.

A las puertas de un mercado público, ubicado en el municipio capitalino de Chacao en el este de la ciudad, Marisol Arias, una psiquiatra de 71 años, afirmó, mientras acomodaba dentro de un carrito algunas bolsas de verduras y limones que acababa de adquirir, que no estaba en contra que los venezolanos recurran a productos naturales para fortalecer el sistema inmunológico y defendió la práctica asegurando que “es algo sano”.

Arias sostuvo que los productos naturales son la opción más barata que le queda a la población ante los altos precios de las vitaminas.

“Uno tiene que apelar a lo que el bolsillo alcanza”, sentenció.

Estados Unidos inculpó estel jueves al dictador Nicolás Maduro por "narcoterrorismo", y ofreció hasta 15 millones de dólares por información que permita su arresto, en una escalada en los esfuerzos del gobierno de Donald Trump por sacarlo del poder en Venezuela.

Además de Maduro, el Departamento de Justicia develó cargos contra el número dos del oficialismo venezolano, Diosdado Cabello; el vicepresidente encargado de Economía, Tareck El Aissami; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; así como contra los militares retirados Hugo Carvajal, exjefe de la inteligencia militar; y Clíver Alcalá Cordones.

También acusó a dos líderes de la extinta guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): Iván Márquez, cuyo verdadero nombre es Luciano Marín, jefe negociador de los rebeldes en las conversaciones que desembocaron en el acuerdo de paz de 2016, y a Jesús Santrich, llamado realmente Seuxis Paucis Hernández, también negociador en los diálogos de La Habana y exalto mando guerrillero.

Los cargos por participar en una "conspiración narcoterrorista" conllevan una sentencia mínima obligatoria de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.

El Departamento de Estado ofreció recompensas de hasta 15 millones de dólares por datos que lleven a la captura de Maduro, cuya autoridad en Venezuela Washington desconoce, y por hasta 10 millones por información que permita detener a Cabello, El Aissami, Carvajal, y Alcalá Cordones.

Maduro es acusado de "haber participado en una asociación criminal que involucra a una organización terrorista extremadamente violenta, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en un esfuerzo por inundar Estados Unidos de cocaína", declaró el fiscal general Bill Barr en una videoconferencia.

Barr acusó a Maduro y a su entorno de conspirar "durante más de 20 años" con las FARC para el tráfico de drogas de Venezuela a Estados Unidos. Dijo que entre 200 y 250 toneladas de cocaína fueron enviadas al amparo del régimen venezolano.

"El anuncio de hoy se centra en erradicar la extensa corrupción dentro del gobierno venezolano", dijo Barr en un comunicado.

"Estados Unidos no permitirá que estos funcionarios venezolanos corruptos usen el sistema bancario estadounidense para mover sus ganancias ilícitas de Sudamérica ni promover sus esquemas criminales", añadió.

Los funcionarios estadounidenses señalaron a Maduro como líder de la organización narcotraficante Cartel de los Soles, que según dijeron involucraba a políticos de alto rango y miembros del ejército y el poder judicial de Venezuela.

Según documentos judiciales, la entonces guerrilla de las FARC y el Cartel de los Soles enviaron cocaína procesada desde Venezuela a Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y países de América Central, como Honduras.

"Maduro usó muy deliberadamente la cocaína como un arma", dijo el fiscal federal Geoffrey Berman.

"Las acciones de hoy envían un mensaje claro a los funcionarios corruptos en todas partes de que nadie está por encima de la ley o más allá del alcance del cumplimiento de la ley estadounidense", señaló por su parte el jefe interino de la agencia antidrogas de EEUU, DEA, Uttam Dhillon.

Al anunciar las recompensas ofrecidas con el fin de llevar ante la justicia a Maduro y los funcionarios y exfuncionarios venezolanos, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, dijo que "estas personas violaron la confianza pública al facilitar los envíos de narcóticos desde Venezuela".

"El pueblo venezolano merece un gobierno transparente, responsable y representativo que atienda las necesidades del pueblo y que no traicione la confianza del pueblo al condonar o emplear a funcionarios públicos que se dediquen al tráfico ilícito de narcóticos", dijo Pompeo.

Y añadió el compromiso de Estados Unidos para "ayudar al pueblo venezolano a restaurar su democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas".

Maduro, sucesor en 2013 del fallecido Hugo Chávez, fue reelegido para un segundo mandato en 2018 después de un boicot electoral por parte de la oposición, que rechazó los resultados por considerarlos fraudulentos, al igual que buena parte de la comunidad internacional.

Estados Unidos, al igual que otros casi 60 países, apoyan al líder opositor venezolano Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), a quien desde enero de 2019 reconocen como presidente interino.

Desde entonces, el Gobierno de Trump presiona por la salida del poder de Maduro con una batería de sanciones económicas. Pero Maduro conserva el apoyo de China, Rusia y Cuba.

El partido de izquierda FARC, surgido del acuerdo de paz en Colombia, oficializó en octubre pasado la expulsión de Márquez y Santrich, exjefes rebeldes que a finales de agosto anunciaron que volvían a las armas.

El expresidente colombiano Andrés Pastrana dijo meses atrás que Márquez y Santrich se ocultan en Cuba tras refugiarse en Venezuela.

MADRID.- La ONG Human Rights Watch (HRW) acusó este miércoles al régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, de llevar a cabo detenciones "arbitrarias" y " desapariciones forzadas" y pidió a las autoridades del país sudamericano que cesen "inmediatamente" en estas prácticas, mientras que solicitó a la comunidad internacional que presione e investigue estos supuestos abusos.

"Ya es bastante malo que las fuerzas de seguridad venezolanas hayan detenido arbitrariamente a miles de personas, pero también han recurrido a desapariciones forzadas, un crimen perverso y globalmente prohibido en todas las circunstancias, al ocultar deliberadamente el paradero de las personas detenidas", señaló el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió en julio de 2019 una denuncia similar, ya que aseguró que en Venezuela se habían registrado hasta 135 casos de personas privadas de libertad de manera arbitraria desde 2014, incluyendo desapariciones forzadas, algunas de corto alcance, puntualizó.

En cuanto a HRW, la ONG ha puesto el foco en la detención "arbitraria" del ejecutivo de la Corporación Petrolera CITGO, Tomeu Vadell Recalde, el 18 de marzo de 2020.

De acuerdo con la información que la ONG maneja, Vadell pudo llamar a su familia 42 días después de haber sido detenido junto a otros directivos de esta filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA), acusados todos ellos de malversación de fondos, blanqueo de capitales y asociación para delinquir, tras llevar a cabo a una serie de acuerdos en perjuicio del Estado venezolano.

No obstante, su abogado siempre ha defendido que, tanto su cliente como el resto de detenidos, jamás llegaron a ratificar esos documentos.

Vadell estuvo detenido dos años en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas (DGCM), hasta que un juez decretó arresto domiciliario en diciembre de 2019. Sin embargo, fue trasladado por agentes de Inteligencia de Venezuela a un lugar desconocido el 9 febrero de 2020. Su abogado denunció que sólo tuvo acceso a la orden que revocaba este beneficio penal diez días después.

A su vez, también denunció que ese mismo día, el 19 de febrero, cuando estaba programado su juicio, éste fue pospuesto, lo que se ha repetido dos veces más, desde entonces.

La familia de Vadell teme por su salud, ya que sufre problemas cardíacos, renales y de hipertensión, los cuales podrían empeorar debido a la crisis sanitaria global por la pandemia de coronavirus COVID-19 que también ha afectado a Venezuela, en donde se han registrado hasta el momento 106 casos de contagio.

La desaparición forzada de Vadell no es un caso aislado, señaló HRW, "sino parte de un patrón de las autoridades venezolanas en los últimos años".

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, por su parte, encontró "un patrón de desapariciones forzadas a corto plazo de opositores políticos o personas percibidas como tales, y sus familiares" en Venezuela.

NUEVA YORK, Estados Unidos - La pandemia del coronavirus en Venezuela, con un sistema de salud colapsado y la mayoría de la población sin acceso continuo a agua y jabón, es un peligro para toda la región si no es controlada, alertó el jueves una alta funcionaria del departamento de Estado estadounidense.

"La situación en Venezuela es extremadamente nefasta (...) Si Venezuela no puede hacer frente al COVID-19, en el futuro éste irá a Brasil, Colombia y la región circundante como estamos viendo con la crisis de refugiados", aseguró Carrie Filipetti, subsecretaria de Estado para Cuba y Venezuela, en una videoconferencia.

"Veremos una expansión de la pandemia del COVID-19 en la región, si no a nivel global, si Venezuela como país no puede enfrentar la crisis", anticipó la diplomática en una conferencia virtual organizada por el Consejo de las Américas.

La pandemia encuentra a Venezuela con una aguda crisis política y la economía devastada por seis años consecutivos de recesión, una galopante inflación y una violenta depreciación de la moneda local.

A esto se suma el colapso en los servicios públicos y la escasez de alimentos y medicamentos en la expotencia petrolera.

Según Filipetti, el país cuenta apenas con 84 camas en unidades de terapia intensiva para una población de unos 30 millones de personas.

"Esto significa que en el minuto en que Venezuela llegue a más de 1.500 casos, no tendrá la capacidad para manejar esta crisis", sostuvo la funcionaria.

Además, el 44% de los hospitales no tiene electricidad de manera continua y el 66% no tienen agua corriente las 24 horas, indicó. El 64% carecen de equipamientos de rayos X, y el 90% no tiene protocolos para cuidados respiratorios frente a virus.

El régimen de Nicolás Maduro da cuenta de 106 casos de coronavirus en todo el país, pero el líder opositor Juan Guaidó señala que la cifra es mayor, según Filipetti.

"No hay información real de cuán serio es esto para Venezuela", indicó la diplomática en referencia al contagioso coronavirus que ya ha matado a más de 22.000 personas en el mundo.

Venezuela ha decretado la suspensión de las actividades laborales y escolares, y declaró cuarentena nacional, exceptuando la distribución de alimentos, salud, servicios básicos, comunicaciones y seguridad.

El régimen ordenó asimismo el uso obligatorio de tapabocas en mercados, farmacias y hospitales, y suspendió todos los vuelos, excepto los de carga.

En medio de la crisis, Maduro recetó también un supuesto antídoto para el virus que se fabrica con miel, malhojillo, jengibre y limón, entre otros ingredientes herbales.

Varios científicos aseguraron a la AFP que este medicamento casero no cura el coronavirus, aunque el mandatario insiste en que sí.

La justicia estadounidense inculpó este jueves a Maduro de "narcoterrorismo" ante una corte de Nueva York, y ofreció 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

El Embajador de Venezuela en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, resaltó que con la pandemia de coronavirus COVID-19 se ratifica que Nicolás Maduro prefiere que los venezolanos mueran antes que dejar el poder.

“Utiliza represión para silenciar. Encarcela periodistas, los amenaza, detiene a diputados. Censura la información. Miente. No hay soluciones serias. Reprime protestas”, sentenció el Embajador Vecchio en un mensaje publicado en Twitter, informó el Centro de Comunicación Nacional.

Asimismo, el diplomático venezolano señaló que Maduro ha vuelto a hablar de diálogo “pero en los mismos términos de siempre. Para manipular. Para no llegar a nada sino para aniquilar al otro y salvarse él. Hay ingenuos que piensan que hablando con Maduro, el FMI va a mandar un cheque. ¿Ustedes creen que Maduro va a llegar a un acuerdo?”

“No se le puede pedir al pueblo que se quede en su casa cuando no tiene qué comer ni cómo curarse. Mientras el dictador goza de todos los privilegios desde el poder. El pueblo tiene el derecho de rebelarse y echarlo del poder . Y la comunidad internacional acompañarlo”, concluyó.

Estados Unidos anunció este jueves la inculpación del dictador venezolano Nicolás Maduro por "narcoterrorismo" y ofreció una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que lleve a su arresto.

Maduro es acusado de "haber participado en una asociación criminal que involucra a una organización terrorista extremadamente violenta, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en un esfuerzo por inundar Estados Unidos de cocaína", declaró el fiscal general Bill Barr en una videoconferencia.

Funcionarios estadounidenses señalaron a Maduro como líder de la organización narcotraficante Cartel de los Soles, que según dijeron involucraba a políticos de alto rango y miembros del ejército y el poder judicial venezolano.

Barr dijo que entre 200 y 250 toneladas de cocaína fueron enviadas al amparo del régimen venezolano.