NOTICIA DE VENEZUELA

El Embajador de Venezuela en Canadá Orlando Viera-Blanco afirmó que lo que está sucediendo con la "minería irresponsable" en el país constituye un "crimen ecológico sin precedentes" e instó a que se debe parar el "ecocidio".

Viera Blando estuvo en la PDAC (Prospertor and Developers Association of Canada), la convención minera más importante del mundo, donde participan las principales empresas del mundo de explotación, desarrollo, financiamiento y explotación de la industria minera, reseñó una nota de prensa.

“Es el segundo año que asistimos a esta importante conferencia en representación de Venezuela. Es realmente alentador apreciar como numerosos inversionistas de la industria responsable, calificada y avanzada de minería estarían dispuestos a regresar e invertir en Venezuela", destacó el diplomático.

Agregó que Venezuela cuenta con toneladas de yacimientos probados de oro y minerales. Sin embargo, se refirió a la explotación indiscriminada que se hace actualmente en el Arco Minero, al sur del país.

"Lo que sucede con la minería irresponsable en Venezuela es un crimen ecológico sin precedentes. Han acabado con el arco minero. Es hora de parar este ecocidio y rescatar una industria sumamente rentable para el país además de un impacto social favorable a nuestros nativos y al estado venezolano”, expresó.

Luego de la caída de los precios del petróleo experimentada en 2009, el gobierno del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez se volteó hacia otras riquezas naturales del país como el oro y otros minerales altamente cotizados en los mercados internacionales.

Esos minerales se encuentran en abundancia en un área de 111 mil kilómetros cuadrados (12% del territorio nacional), al sur del rio Orinoco en el estado Bolívar, esa zona es conocida como Arco Minero.

Desde siempre ha existido la minería ilegal en esa zona y la disputa por los territorios, pero hasta ese momento, sólo se trataba de pequeños grupos que funcionaban clandestinamente.

En 2016 vuelven a caer los precios del petróleo a niveles históricos y otra vez las riquezas minerales se presentaron como la mejor opción para cubrir el hueco fiscal creado por el enorme gasto público que tenía la “revolución” bolivariana. No hay que olvidar que además de dicha caída, está la multimillonaria fuga de capitales producto de la corrupción, develada posteriormente, en la industria petrolera.

Cuando en 2017 hicieron el anuncio del plan Arco Minero del Orinoco, en el mensaje de los voceros del gobierno central se reiteraba constantemente que el objetivo era “regularizar la compra venta del oro, en una zona donde la lucha por el territorio ha sido la lucha por varias décadas”, como lo decía Jorge Arreaza cuando era el Ministro de Minas. Llegaron a asegurar que por este concepto “podrían ingresar a la nación hasta 4.000 millones de dólares” los cuales serían “indiscutiblemente” invertidos en planes sociales.

Esta extraordinaria explotación minera, que buscaba ingresos rápidos, implicaba una destrucción socioambiental sin retorno en un extenso territorio y además traería como consecuencia el etnocidio de los pueblos indígenas habitantes de la zona. Un complejo problema con muchas aristas.

Las denuncias se hicieron hasta la saciedad. Ambientalistas, expertos, líderes indígenas, estudiosos se mostraron contrarios a abrir esta apreciada zona para la explotación indiscriminada.

Pero se hicieron de oídos sordos, y se anunció como un gran logro la activación del plan Arco Minero del Orinoco, donde además del oro, había la posibilidad de extraer el apreciado coltán, la bauxita y otros minerales. Un menú apetecible capaz de llenar los bolsillos de quien lo manejara, sin importar que su extracción genera pérdidas irreparables.

Lo que nadie imaginaba era que dentro de las maniobras de la dictadura se permitiría la presencia de grupos irregulares en la zona, otorgándole extensas y definidas áreas para la explotación minera.

A juicio del diputado exiliado, Américo de Grazia, el sur del Orinoco quedará ingobernable luego de que el dictador Nicolás Maduro caiga, ya que la zona ha sido divida entre los grupos irregulares que han tomado el control y extraen la riqueza minera sin que haya algún tipo de pago o compensación al estado venezolano.

El parlamentario, quien es oriundo de la zona, ha denunciado en diferentes oportunidades que entre los grupos están los disidentes de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, los del Ejército de Liberación Nacional; ELN, miembros de grupos terroristas como Hamas y Hezbolá, además de los líderes de las cárceles conocidos como “pranes”. El Observatorio de Ecología Política de Venezuela incluye además en esa lista a los “sindicatos” señalando que operan en la Faja del Orinoco, Hugo Rafael Chávez Frías.

El parlamentario De Grazia denuncia que en la zona lo que opera es “el quítate tú para ponerme yo” desde el punto de vista financiero. Las acciones que emprenden no buscan acabar con la mafia, si no, intentan eliminar las élites financieras o grupos económicos que manejaban la parte minera, y a quienes les pasaron una carta de despido para que se retiraran alegando que estaban siendo solicitados por traficar oro. Fue para ocupar el negocio por otros que fuesen aliados al régimen. En el caso de la operación física, quien opera la mina abajo (como en el caso de Icabarú), a esos no les pasan una boleta de despido sino que los matan, los decapitan, los pican. Si una persona se lleva la luz roja del semáforo le dan un tiro en la pierna y eso lo graban”.

Recalca que hay zonas que antes no estaban incluidas en el Arco Minero y que ahora lo están. “Maduro en febrero de 2016 pinta un Arco Minero y ocupa de acuerdo al decreto 111.840 kms cuadrados, un espacio superior a Panamá, Cuba, Portugal o Bélgica. Ocupa el 12% del territorio nacional y casi todo el estado Bolívar. Pero en la práctica pasa a tener el 50% del territorio porque se hace minería en todo Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. El Parque Nacional Canaima no estaba en el Arco Minero del Orinoco, pero allí hay minería, masacre y desplazamiento del pueblo indígena”.

Asegura que ahora hay minería en los nueve parques nacionales de la zona, es decir en todo Delta Amacuro. Afirma que han sido ubicadas a través de satélites más de 1.900 minas, pero podría haber más. Denuncia que en esas minas están los grupos irregulares armados, y que no conocen sino su ley. “En las minas de coltán, ubicadas en Parguaza, al sur del municipio Cedeño dentro de estado Bolívar. Debajo de la capital Caicara del Orinoco, cercano a Puerto Ayacucho y San Fernando de Apure, es la única mina de coltán que conozco, está custodiada por el ELN. Esa mina la maneja, y de ella se financia y beneficia de manera directa Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro Moros. Hay otras donde el beneficiario es Maikel Moreno [al frente del Supremo de Justicia chavista], y así. Otra la tienen los militares, y otra los ‘pranes’ [jefes] de las cárceles. A ellos los incluyeron en el reparto”.

La violencia generada por los grupos irregulares ha afetado severamente a las poblaciones venezolanas originarias del lugar. Además la destrucción de la naturaleza donde se ha desplazado la rica biodiversidad de la zona. Éstos serán temas tratados en próximas entregas.

Sandra Hernández, esposa del sargento mayor de tercera de la Guardia Nacional (GN) Luis Bandres, preso político del régimen de Nicolás Maduro, considera que el retardo procesal en la causa de su pareja se debe a que no hay pruebas contundentes para juzgarlo.

Durante una entrevista que ofreció al diario El Nacional, Hernandez comenta cómo son las requisas que los efectivos de seguridad le hacen a ella y a sus hijos pequeños. Relata que tanto ella como los niños son sometidos a "un trato abusivo e invasivo", al punto que ha tenido que defender a los pequeños porque los funcionarios los han tocado de manera inapropiada.

"Pasas al cuarto. Te tienes que quitar la ropa. Te revisan el relleno del sostén, que no tengas nada allí, tienes que bajarte el pantalón, la ropa interior, agacharte. Te revisan los zapatos, las medias. Es un trato abusivo e invasivo", dijo.

"Me siento degradada. Un día te ve una custodia, otro día te ve otra, y así. Si son 15 custodias que están de guardia, son 15 que te van a ver. Muchas veces te ven con desprecio porque eres familiar de un preso", añadió.

Bandres fue detenido el 21 de enero de 2019 por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana cuando lideraba el alzamiento militar del Comando Escuadrón Montado, en San José de Cotiza. Ese día hizo un llamado por las redes para que la gente lo apoyara, pero solo unos pocos vecinos del lugar llegaron hasta las puertas del comando. A él se le imputaron los delitos de sustracción de efectos de la Fuerza Armada, rebelión, ultraje contra el decoro militar y traición a la patria.

"Estamos en el limbo, no sabemos una fecha en específico, y eso es desesperante. Ves que hay personas que tienen tantos años y ni siquiera tienen una fecha. ¿Si ellos que tienen cuatro, cinco años no tienen fecha de juicio, qué quedará para nosotros?", dijo Hernández.

Tres días después de su detención, el 24 de enero de 2019, Bandres fue presentado en tribunales. La audiencia preliminar fue en marzo, y en julio pasó a juicio. Desde esa fecha, no se le ha vuelto a presentar en tribunales.

"Llegamos a concluir, como familiares de presos políticos, que hay tanto retardo procesal porque en realidad no hay pruebas contundentes para juzgarlos y condenarlos", dijo.

Hernández relató que durante la reclusión, su esposo fue encerrado en una celda de tortura llamada el "Cuarto de los Locos". “Lo esposaron, lo colgaron de cabezas y lo empiezan a golpear. Durante las golpizas, él se desmayaba, lo mojaban y luego lo electrocutaban para despertarlo y lo continuaban golpeando con bates, manoplas de metal y cadenas”, contó.

Esas torturas tenían la finalidad de que Bandres responsabilizara al presidente encargado Juan Guaidó, junto a Julio Borges, Leopoldo López y María Corina Machado de financiar un golpe de Estado. Agregó que su esposo se negó, lo que le costó que le quitaran el alimento por cinco días. Luego, fue llevado a la cárcel de Ramo Verde, donde estuvo en una celda de castigo durante 15 días.

“El 15 de febrero de 2019 es una fecha que jamás olvidaré; cuando lo vi, por primera vez tras su aprehensión, no lo reconocía. Estaba superdelgado, tenía cicatrices en la cara, tenía marcas en las manos, no las podía mover bien”, cuenta Hernández, con la voz entrecortada", relató Hernández, reseñó El Nacional.

Hernández considera que su esposo es "un valiente". "Su motivo (para el alzamiento) fue la situación tan dura, el sueldo que no alcanza, había mucha escasez de comida y medicamentos. Mi hijo y su hermana son autistas, necesitan medicamentos. La niña necesita anticonvulsivos, no se conseguían y convulsionaba. Ya estaba cansado de esto.

Expresó que los militares tienen claro que ellos pueden ser las próximas víctimas del régimen, y por eso no se atreven a desconocer a Maduro.

"Lamentablemente, el miedo se apodera de ellos y del alto mando. La pequeña cúpula que sostiene a Nicolás Maduro lo hace por el dinero, más nada, porque ni siquiera se tienen confianza entre ellos mismos" indicó.

A Maduro, le dice que "nos deje ser felices, que nos deje estar en paz". "Una paz real, no esa paz que él menciona, pero que tras las cámaras nos tortura y asedia como pueblo. No le voy a decir que se ponga la mano en el corazón porque para nosotros queda demostrado que eso no está dentro del régimen, no existe".

Aruba, Curazao y Bonaire solicitarán visa a los venezolanos que quieran ingresar a sus territorios, a partir del próximo 1 de abril. La política forma parte de un paquete de medidas que incluye un sistema de autorización de viaje, un sistema de información anticipada para pasajeros y controles previos al embarque.

El ministro de Asuntos Exteriores Stef Blok informó que "por razones de manejabilidad, el número de solicitudes de visa para el Caribe holandés se maximizará en 8.000 por año", informó El Nacional.

El visado para los venezolanos tendrá una duración máxima de 90 días.

Blok agregó que continuarán conversando con las autoridades venezolanas sobre la manera de regular el tráfico de personas entre el Caribe holandés y Venezuela.