NOTICIA DE VENEZUELA
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Unidad Venezuela
por marinawais Jue Feb 16, 2017 9:59 am
Sindicato de trabajadores de la AN exigen al Gob. aprobación de recursos para gastos administrativos
marinawais- Reportero total
Unidad Venezuela
por marinawais Jue Feb 16, 2017 10:06 am
Estudiantes darán una lección a todos los venezolanos al rechazar dictamen del TSJ
marinawais- Reportero total
Dolar Today
por marinawais Jue Feb 16, 2017 10:23 am
¡MÁS LUCRATIVO QUE EL NARCOTRÁFICO! Caja Clap a dólar SIMADI le cuesta a los venezolanos 1.000 dòlares.
DolarToday / Feb 14, 2017 @ 1:00 pm
El diputado a la Asamblea Nacional (AN) José Guerra, criticó este domingo que las cajas que entregan los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, publica El Impulso
El diputado a la Asamblea Nacional (AN) José Guerra, criticó este domingo que las cajas que entregan los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) cuesten mil dólares a tasa preferencial (Dipro).
En una entrevista ofrecida al periodista Carlos Croes, indicó que el año pasado cobraban dos o tres mil bolívares por una bolsa que trae: dos paquetes de harina, uno de grano, pollo o carne, una mantequilla, dos kilos de pasta y un kilo de leche; mientras que en la actualidad tiene un valor de 10 mil bolívares.
“Si tu divides 10 mil bolívares entre el tipo de cambio a Bs. 10 por dólar que está destinado para comprar alimentos, te da que la caja cuesta mil dólares. ¿Usted cree que esa caja que yo describí cuesta mil dólares? con ese dinero una familia de cinco miembros come todo un mes y lo que quieran. Hay muchas irregularidades en esta materia”, explicó.
Apuntó que el sistema de control cambiario que incluye un dólar a Bs. 10, otro a Bs. 800 y una tasa paralela, debe desmontarse, porque de lo contrario no habrá pronta solución en cuanto al poder de compra
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DolarToday / Feb 14, 2017 @ 1:00 pm
El diputado a la Asamblea Nacional (AN) José Guerra, criticó este domingo que las cajas que entregan los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, publica El Impulso
El diputado a la Asamblea Nacional (AN) José Guerra, criticó este domingo que las cajas que entregan los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) cuesten mil dólares a tasa preferencial (Dipro).
En una entrevista ofrecida al periodista Carlos Croes, indicó que el año pasado cobraban dos o tres mil bolívares por una bolsa que trae: dos paquetes de harina, uno de grano, pollo o carne, una mantequilla, dos kilos de pasta y un kilo de leche; mientras que en la actualidad tiene un valor de 10 mil bolívares.
“Si tu divides 10 mil bolívares entre el tipo de cambio a Bs. 10 por dólar que está destinado para comprar alimentos, te da que la caja cuesta mil dólares. ¿Usted cree que esa caja que yo describí cuesta mil dólares? con ese dinero una familia de cinco miembros come todo un mes y lo que quieran. Hay muchas irregularidades en esta materia”, explicó.
Apuntó que el sistema de control cambiario que incluye un dólar a Bs. 10, otro a Bs. 800 y una tasa paralela, debe desmontarse, porque de lo contrario no habrá pronta solución en cuanto al poder de compra
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marinawais- Reportero total
Dolar Today
por marinawais Jue Feb 16, 2017 10:34 am
¡ACORRALADOS! Régimen venezolano afronta juicio internacional por discriminación política
DolarToday / Feb 14, 2017 @ 7:00 pm
El director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), experto en América Latina, José Miguel Vivanco informó, que este martes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tocará un tema que evidencia el irrespeto que existe en Venezuela en cuanto a la libertad de pensamiento, publica El Venezolano
Ante esta situación, se suscitan casos como el ocurrido en el 2004, el cual el Consejo Nacional de Fronteras de Venezuela, despidió a tres empleadas, y aunque el motivo no salió explícito en la carta, se conoció luego, que estaban siendo castigadas por haber firmado una petición a favor de un referéndum revocatorio contra el expresidente Hugo Chávez.
A su vez, reseña HRW, otro caso salió a la luz pública, cuando la oficina pública a cargo de cuestiones aduaneras y tributarias despidió a decenas de trabajadores el año pasado, en aparente represalia por haber apoyado un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, al igual otro cientos de personas.
En un memorial de amicus, expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, introducida ante la Corte Interamericana esta semana, Human Rights Watch sostuvo que los derechos de los ciudadanos a expresar opiniones y participar en el proceso político implican no sólo poder votar en elecciones, sino además no ser objeto de represalias por manifestar su opinión. Esto incluye la prohibición de ser arbitrariamente despedido de empleos públicos.
De igual manera, hacen referencia al poder judicial venezolano, que es simpatizante al Gobierno nacional, el cual es otro factor que socava gravemente la libertad de expresión en Venezuela. “El poder judicial ha dejado de funcionar como una rama independiente del gobierno, y los ciudadanos cuyos derechos son violados tienen nulas posibilidades de obtener resarcimiento o de poner freno a atropellos gubernamentales”.
Agregan que el caso de 2004, tendrá audiencia este 14 de febrero, y llega como una oportunidad para ampliar la jurisprudencia de la corte sobre los derechos fundamentales de libertad de expresión, participación política y no discriminación.
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DolarToday / Feb 14, 2017 @ 7:00 pm
El director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), experto en América Latina, José Miguel Vivanco informó, que este martes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tocará un tema que evidencia el irrespeto que existe en Venezuela en cuanto a la libertad de pensamiento, publica El Venezolano
Ante esta situación, se suscitan casos como el ocurrido en el 2004, el cual el Consejo Nacional de Fronteras de Venezuela, despidió a tres empleadas, y aunque el motivo no salió explícito en la carta, se conoció luego, que estaban siendo castigadas por haber firmado una petición a favor de un referéndum revocatorio contra el expresidente Hugo Chávez.
A su vez, reseña HRW, otro caso salió a la luz pública, cuando la oficina pública a cargo de cuestiones aduaneras y tributarias despidió a decenas de trabajadores el año pasado, en aparente represalia por haber apoyado un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, al igual otro cientos de personas.
En un memorial de amicus, expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, introducida ante la Corte Interamericana esta semana, Human Rights Watch sostuvo que los derechos de los ciudadanos a expresar opiniones y participar en el proceso político implican no sólo poder votar en elecciones, sino además no ser objeto de represalias por manifestar su opinión. Esto incluye la prohibición de ser arbitrariamente despedido de empleos públicos.
De igual manera, hacen referencia al poder judicial venezolano, que es simpatizante al Gobierno nacional, el cual es otro factor que socava gravemente la libertad de expresión en Venezuela. “El poder judicial ha dejado de funcionar como una rama independiente del gobierno, y los ciudadanos cuyos derechos son violados tienen nulas posibilidades de obtener resarcimiento o de poner freno a atropellos gubernamentales”.
Agregan que el caso de 2004, tendrá audiencia este 14 de febrero, y llega como una oportunidad para ampliar la jurisprudencia de la corte sobre los derechos fundamentales de libertad de expresión, participación política y no discriminación.
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Dolar Today
por marinawais Jue Feb 16, 2017 10:42 am
¡ESTÁN MURIENDO EN MASA! Fallece de difteria otra niña en Venezuela
@DolarToday / Feb 14, 2017 @ 2:00 pm
La difteria, esa enfermedad que había desaparecido de Venezuela hace 24 años y que reapareció en el estado Bolívar en 2016, tiene otra víctima: Desireé Machuca, reseña Correo del Caroní.
La niña, de 10 años, era de Pariaguán, estado Anzoátegui. La internaron el sábado en el hospital Doctor Raúl Leoni, de Guaiparo, San Félix. El diagnóstico fue inmediato, igual que el tratamiento. Sin embargo, nada se pudo hacer y murió en la madrugada del domingo.
Con ella, se repite una historia de enero: la de Eliannys Medina Vivas, de nueve años, también oriunda de Pariaguán, también enferma de difteria, también hospitalizada en Guaiparo, y también fallecida allí.
Con ella, son 25 las muertes conocidas por difteria en el estado Bolívar en menos de un año.
Conocido y ocultado
La reaparición de la difteria no fue asunto extraño y desconocido para el Gobierno. Al contrario, el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) sabía sobre los nuevos casos.
En septiembre, autoridades del MPPS visitaron el estado Bolívar para reunirse con los médicos públicos. En ella, confirmaron que, para entonces, 17 niños habían muerto en Bolívar por la enfermedad. La orden: prohibido hablar al respecto.
Pero los médicos lo advirtieron. Las muertes continuaron. El Gobierno, entonces, tuvo que desplegar un plan de vacunación.
En octubre, las colas en el estado Bolívar ya no eran solo por comida: cientos y cientos de niños y de adultos se congregaron en los centros de salud regionales para vacunarse.
El mal persiste
Las muertes continuaron en octubre. En total, durante 2016 hubo en Bolívar 23 muertes por difteria, especialmente en los municipios Caroní y Sifontes, sin contar un par de casos en Heres, del hospital universitario Ruiz y Páez.
A finales de año, la Sociedad Venezolana de Salud Pública y la Red Defendamos la Epidemiología alertaron sobre más de 200 casos en Bolívar, Monagas, Sucre, Miranda y Anzoátegui.
Las alertas no fueron, según lo que ahora ocurre, tomadas muy en cuenta. Las dos muertes de este año por la enfermedad en Bolívar provienen de ese último estado y de la misma población: Pariaguán. Primero fue Eliannys Medina Vivas, de nueve años, quien murió el 18 de enero. Ahora es Desireé Machuca, el nombre que vino a recordar que la difteria sigue matando niños.
La Patilla
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@DolarToday / Feb 14, 2017 @ 2:00 pm
La difteria, esa enfermedad que había desaparecido de Venezuela hace 24 años y que reapareció en el estado Bolívar en 2016, tiene otra víctima: Desireé Machuca, reseña Correo del Caroní.
La niña, de 10 años, era de Pariaguán, estado Anzoátegui. La internaron el sábado en el hospital Doctor Raúl Leoni, de Guaiparo, San Félix. El diagnóstico fue inmediato, igual que el tratamiento. Sin embargo, nada se pudo hacer y murió en la madrugada del domingo.
Con ella, se repite una historia de enero: la de Eliannys Medina Vivas, de nueve años, también oriunda de Pariaguán, también enferma de difteria, también hospitalizada en Guaiparo, y también fallecida allí.
Con ella, son 25 las muertes conocidas por difteria en el estado Bolívar en menos de un año.
Conocido y ocultado
La reaparición de la difteria no fue asunto extraño y desconocido para el Gobierno. Al contrario, el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) sabía sobre los nuevos casos.
En septiembre, autoridades del MPPS visitaron el estado Bolívar para reunirse con los médicos públicos. En ella, confirmaron que, para entonces, 17 niños habían muerto en Bolívar por la enfermedad. La orden: prohibido hablar al respecto.
Pero los médicos lo advirtieron. Las muertes continuaron. El Gobierno, entonces, tuvo que desplegar un plan de vacunación.
En octubre, las colas en el estado Bolívar ya no eran solo por comida: cientos y cientos de niños y de adultos se congregaron en los centros de salud regionales para vacunarse.
El mal persiste
Las muertes continuaron en octubre. En total, durante 2016 hubo en Bolívar 23 muertes por difteria, especialmente en los municipios Caroní y Sifontes, sin contar un par de casos en Heres, del hospital universitario Ruiz y Páez.
A finales de año, la Sociedad Venezolana de Salud Pública y la Red Defendamos la Epidemiología alertaron sobre más de 200 casos en Bolívar, Monagas, Sucre, Miranda y Anzoátegui.
Las alertas no fueron, según lo que ahora ocurre, tomadas muy en cuenta. Las dos muertes de este año por la enfermedad en Bolívar provienen de ese último estado y de la misma población: Pariaguán. Primero fue Eliannys Medina Vivas, de nueve años, quien murió el 18 de enero. Ahora es Desireé Machuca, el nombre que vino a recordar que la difteria sigue matando niños.
La Patilla
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Unidad Venezuela
por marinawais Sáb Feb 18, 2017 2:38 am
MUD fija posición ante sanciones contra Tareck El Aissami
Ante las sanciones anunciadas este lunes 13 de febrero de 2017 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el ciudadano Tareck El Aissami, Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, y contra un empresario señalado de ser su testaferro por presuntos delitos vinculados con narcotráfico, la Mesa de la Unidad Democrática fija posición en los siguientes términos:
1) La desgastada retórica “anti-imperialista” no puede ser la respuesta del régimen de Maduro frente a las delicadas acusaciones contra el Vicepresidente El Aissami. La gravedad de las acusaciones y la alta investidura de quien es objeto de las mismas merecen una respuesta seria que le permita a los venezolanos aclarar en detalle todos los aspectos de la situación. En un sistema democrático lo usual fuese que se abriera una investigación independiente y transparente por parte de la Fiscalía para que los venezolanos podamos determinar con precisión la responsabilidad o no de los señalados. De allí que sea necesario que los venezolanos conozcamos todas las evidencias que se puedan tener a los efectos de establecer las responsabilidades respectivas. No es aceptable que se manipule el concepto de soberanía para impedir una investigación y mucho menos para proteger a determinadas personas. La sanción impuesta solo tiene efectos en Estados Unidos y aplica sobre bienes ubicados en Estados Unidos. Ha sido una decisión tomada de acuerdo a las leyes de ese país, tal y como podría haberlo hecho el nuestro.
2) Lo único aceptable es una investigación seria. Instamos a la Fiscalía a abrir una investigación penal y a que la realice de manera objetiva, solicitando información a la ONA y haciendo uso de los acuerdos internacionales para obtener las probanzas necesarias dentro y fuera del país. Eso es respetar a Venezuela y a los venezolanos, en lugar de buscar excusas desgastadas y repetidas. Ante esta situación, es válido preguntarse: ¿Existió o existe alguna relación del Vicepresidente El Aissami con los narcotraficantes allí mencionados? ¿Cuál ha sido el testimonio de Makled quien acusó a varios funcionarios venezolanos y hoy se encuentra detenido por narcotraficante? ¿Cuál es la relación entre El Aissami y Samark López? ¿Tiene Samark López relaciones y negocios con el régimen de Maduro? ¿De dónde proviene si riqueza? ¿Por qué tiene cuantiosos bienes en Estados Unidos? Son preguntas sobre las cuales los venezolanos merecemos respuesta. La corrupción y el narcotráfico han llevado al sufrimiento de muchos a cambio del disfrute de la cúpula que hoy (des)gobierna nuestro país.
3) Promoveremos y apoyaremos las investigaciones que se hagan desde la Asamblea Nacional, único poder público autónomo en el país. El pueblo de Venezuela tiene derecho a conocer la verdad sobre esta y otras situaciones similares de las que se ha hablado desde hace mucho tiempo sin que se haya producido investigación alguna, en tiempos en que también la Asamblea Nacional estaba subordinada al Poder Ejecutivo. Una vez evaluados todos los aspectos y efectuada la investigación respectiva, no descartamos que el Parlamento pueda y deba ejercer las facultades previstas en los artículos 187 y 240 de la Constitución a los efectos de aprobar un voto de censura contra el actual Vicepresidente, si los resultados de la investigación así lo determinan.
15/2/2017 8:30am
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Ante las sanciones anunciadas este lunes 13 de febrero de 2017 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el ciudadano Tareck El Aissami, Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, y contra un empresario señalado de ser su testaferro por presuntos delitos vinculados con narcotráfico, la Mesa de la Unidad Democrática fija posición en los siguientes términos:
1) La desgastada retórica “anti-imperialista” no puede ser la respuesta del régimen de Maduro frente a las delicadas acusaciones contra el Vicepresidente El Aissami. La gravedad de las acusaciones y la alta investidura de quien es objeto de las mismas merecen una respuesta seria que le permita a los venezolanos aclarar en detalle todos los aspectos de la situación. En un sistema democrático lo usual fuese que se abriera una investigación independiente y transparente por parte de la Fiscalía para que los venezolanos podamos determinar con precisión la responsabilidad o no de los señalados. De allí que sea necesario que los venezolanos conozcamos todas las evidencias que se puedan tener a los efectos de establecer las responsabilidades respectivas. No es aceptable que se manipule el concepto de soberanía para impedir una investigación y mucho menos para proteger a determinadas personas. La sanción impuesta solo tiene efectos en Estados Unidos y aplica sobre bienes ubicados en Estados Unidos. Ha sido una decisión tomada de acuerdo a las leyes de ese país, tal y como podría haberlo hecho el nuestro.
2) Lo único aceptable es una investigación seria. Instamos a la Fiscalía a abrir una investigación penal y a que la realice de manera objetiva, solicitando información a la ONA y haciendo uso de los acuerdos internacionales para obtener las probanzas necesarias dentro y fuera del país. Eso es respetar a Venezuela y a los venezolanos, en lugar de buscar excusas desgastadas y repetidas. Ante esta situación, es válido preguntarse: ¿Existió o existe alguna relación del Vicepresidente El Aissami con los narcotraficantes allí mencionados? ¿Cuál ha sido el testimonio de Makled quien acusó a varios funcionarios venezolanos y hoy se encuentra detenido por narcotraficante? ¿Cuál es la relación entre El Aissami y Samark López? ¿Tiene Samark López relaciones y negocios con el régimen de Maduro? ¿De dónde proviene si riqueza? ¿Por qué tiene cuantiosos bienes en Estados Unidos? Son preguntas sobre las cuales los venezolanos merecemos respuesta. La corrupción y el narcotráfico han llevado al sufrimiento de muchos a cambio del disfrute de la cúpula que hoy (des)gobierna nuestro país.
3) Promoveremos y apoyaremos las investigaciones que se hagan desde la Asamblea Nacional, único poder público autónomo en el país. El pueblo de Venezuela tiene derecho a conocer la verdad sobre esta y otras situaciones similares de las que se ha hablado desde hace mucho tiempo sin que se haya producido investigación alguna, en tiempos en que también la Asamblea Nacional estaba subordinada al Poder Ejecutivo. Una vez evaluados todos los aspectos y efectuada la investigación respectiva, no descartamos que el Parlamento pueda y deba ejercer las facultades previstas en los artículos 187 y 240 de la Constitución a los efectos de aprobar un voto de censura contra el actual Vicepresidente, si los resultados de la investigación así lo determinan.
15/2/2017 8:30am
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marinawais- Reportero total
Unidad Venezuela
por marinawais Sáb Feb 18, 2017 2:42 am
Venezuela, el penúltimo país en el ranking mundial de libertades económicas
Venezuela figura en el puesto 179 de 180 países incluidos en la edición correspondiente a 2017 del Índice de Libertades Económicas que realiza anualmente la Fundación Heritage.
El economista Jesús Casique indicó que el informe, que analiza entre otras cosas controles como el de cambio y el de precios, la seguridad jurídica y las expropiaciones, coloca a Cuba, Venezuela y Corea del Norte en las tres últimas posiciones, respectivamente, mientras que en los tres primeros puestos se destacan Hong Kong, Singapur y Nueva Zelanda.
“Eso tiene un impacto para los inversionistas foráneos, porque en el ranking inciden el ataque a la Asamblea Nacional, el control de precios, el control de cambios y todos los factores políticos y económicos que ocurren en Venezuela”, comentó.
En otra materia, el economista advirtió que el gobierno, a través del Seniat, no publicó el reajuste de la Unidad Tributaria como corresponde según el numeral 15 del Código Orgánico Tributario que establece que esa medida debe tomarse los primeros 15 días del mes de febrero.
Recordó que el 13 de enero de este año fue emitida la Gaceta Oficial 41.074, la cual señala, entre otros aspectos, que la administración tributaria puede prescindir de otros poderes públicos para reajustar la Unidad Tributaria cuando estos se encuentran inhabilitados legal o judicialmente. Explicó que con esa Gaceta se pasa por encima del Código Orgánico Tributario, norma que señala que la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional debe dar su visto bueno al reajuste de la Unidad Tributaria.
16/2/2017 3:14pm
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Venezuela figura en el puesto 179 de 180 países incluidos en la edición correspondiente a 2017 del Índice de Libertades Económicas que realiza anualmente la Fundación Heritage.
El economista Jesús Casique indicó que el informe, que analiza entre otras cosas controles como el de cambio y el de precios, la seguridad jurídica y las expropiaciones, coloca a Cuba, Venezuela y Corea del Norte en las tres últimas posiciones, respectivamente, mientras que en los tres primeros puestos se destacan Hong Kong, Singapur y Nueva Zelanda.
“Eso tiene un impacto para los inversionistas foráneos, porque en el ranking inciden el ataque a la Asamblea Nacional, el control de precios, el control de cambios y todos los factores políticos y económicos que ocurren en Venezuela”, comentó.
En otra materia, el economista advirtió que el gobierno, a través del Seniat, no publicó el reajuste de la Unidad Tributaria como corresponde según el numeral 15 del Código Orgánico Tributario que establece que esa medida debe tomarse los primeros 15 días del mes de febrero.
Recordó que el 13 de enero de este año fue emitida la Gaceta Oficial 41.074, la cual señala, entre otros aspectos, que la administración tributaria puede prescindir de otros poderes públicos para reajustar la Unidad Tributaria cuando estos se encuentran inhabilitados legal o judicialmente. Explicó que con esa Gaceta se pasa por encima del Código Orgánico Tributario, norma que señala que la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional debe dar su visto bueno al reajuste de la Unidad Tributaria.
16/2/2017 3:14pm
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marinawais- Reportero total
Unidad Venezuela
por marinawais Sáb Feb 18, 2017 2:46 am
En sus 396 años, Petare está marginada por el Gobierno. En Campo Rico, ancianos pasan hambre
marinawais- Reportero total
Unidad Venezuela
por marinawais Sáb Feb 18, 2017 2:51 am
Chuo Torrealba en RDP: "La MUD migra a tres equipos: técnico, político y social"
marinawais- Reportero total
Unidad Venezuela
por marinawais Sáb Feb 18, 2017 2:54 am
Chuo Torrealba en RDP: En Venezuela hay un 82% de pobreza, era urgente reestructurar la MUD
marinawais- Reportero total
Unidad Venezuela
por marinawais Sáb Feb 18, 2017 2:56 am
Chuo Torrealba: “Con Congreso Sociedad Democrática, Unidad diseñará políticas para el cambio”
marinawais- Reportero total
Unidad Venezuela
por marinawais Sáb Feb 18, 2017 3:10 am
Me encanta el ultimo párrafo, yo le pondría nombre y se llamaría: FUE CHAVEZ, "SI FUE EL". 
Una sentencia favorable de la Corte IDH beneficiará a todos los discriminados por razones políticas en Venezuela
Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, confía en que será favorable la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el juicio que se sigue al Estado venezolano por haberla despedido de sus cargos, a ella y a otras dos ciudadanas, por la aplicación de la denominada “lista Tascón”.
“Una sentencia favorable en este caso va a ayudar a todos los discriminados políticos en Venezuela”, aseguró San Miguel, quien anoche regresó de Costa Rica, donde está la sede de la Corte IDH, al programa La Fuerza es la Unión, que conduce el periodista Jesús Chuo Torrealba, también secretario ejecutivo de la Unidad Democrática.
San Miguel informó que junto a Magally Chang y Thais Peña fueron despedidas por José Vicente Rangel, en marzo de 2004, del Consejo Nacional de Fronteras, un organismo público en el cual laboraban, luego de haberse hecho público, a través de la divulgación de la ‘lista Tascón’, que ellas, al igual que millones de venezolanos, habían firmado a favor de la convocatoria del referendo para revocar el mandato al entonces presidente Hugo Chávez.
“Poder dar mi testimonio ante un tribunal con jueces independientes, es una experiencia en sí misma reparadora. Es un caso muy sólido, aunque no lo haya sido para los jueces venezolanos, que siguieron las órdenes de Rangel, pero sí lo fue para los jueves de la Corte IDH. Tenemos la impresión de que habrá una sentencia favorable que podría estarse dictando en agosto de este mismo año”, señaló.
Agregó que en el juicio también se planteó un tema muy sensible para los venezolanos como lo es el de la estabilidad en los cargos del personal contratado. Refirió que los representantes del Estado venezolano en el juicio alegaron que por tratarse de personas contratadas, pueden ser despedidas en cualquier momento. “Pero los jueces se plantaron con preguntas muy importantes e incluso exigieron al Estado que, en el término de un mes, elabore una estadística para determinar cuántas personas contratadas existen actualmente en la administración pública venezolana”.
La también abogada explicó que obtener una jurisprudencia que de por probada que existe la discriminación política en Venezuela “va a ayudar a todas las víctimas de discriminación política, porque ya no tendrán que demostrar en un juicio que esto ocurrió en Venezuela, sino que a partir de este hecho probado, dictado por la Corte IDH, podrán entonces adelantar su proceso individual”.
San Miguel recordó que las violaciones a los derechos humanos no prescriben, lo que quiere decir que a pesar del tiempo que haya podido haber transcurrido, se trate de personas que estén siendo discriminados en este momento o desde mucho antes, pueden activar la justicia, si desean hacerlo.
“Yo les diría a esas personas que documenten todo lo que puedan, desde la carta de despido que hayan podido tener, una relación de quiénes fueron sus jefes, una relación de cómo ocurrieron los hechos. Si deciden demandar en Venezuela, háganlo. Siempre hay que documentar. A veces esto no es posible porque es extenuante y las personas se agotan en los tribunales, pero es importante documentar porque permite preservar los aspectos fundamentales que rodearon el hecho”, recomendó.
“Nosotros hemos llegado con la convicción de que es necesario comenzar nuevamente a trabajar este caso en Venezuela, porque hay demasiadas victimas que están siendo discriminadas. Yo, en lo personal, he regresado con la convicción de que hay que ponerle un parado a este asunto del carnet de la patria. Es una perversión lo que está ocurriendo en términos de recolección de data política de ciudadanos, la forma inescrupulosa, cínica, criminal en que lo está haciendo el gobierno”, señaló.
La lista Chávez
Al refrescar detalles de cómo surgió la llamada “lista Tascón”, Torrealba recordó que su origen se remonta a finales del año 2003, cuando se realizó el proceso de recolección de firmas para el referendo revocatorio de 2004 contra el entonces presidente Chávez, hoy fallecido.
Al día siguiente de terminado el proceso de recolección firmas, efectuado entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de 2003, Diosdado Cabello, que en ese momento era ministro de Infraestructura, dijo que lista de los firmantes sería expuesta.
El 15 de febrero de 2004 Chávez pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que le entregaran esas listas al diputado Luis Tascón y el 16 de febrero el entonces presidente del poder electoral, Francisco Carrasquero, así lo hizo.
“Esa lista tendría que llamarse la ‘lista Chávez’ porque Tascon lo que hizo fue el mandado. Fue Chávez quien ordeno que así se hiciera. Fue Chávez quien promovió y permitió que tanta y tanta gente fuera perseguida simplemente por haber expresado una opinión política. Para que se sepa, para que las cosas estén en su sitio”, apuntó Torrealba.
17/2/2017 9:59am
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Una sentencia favorable de la Corte IDH beneficiará a todos los discriminados por razones políticas en Venezuela
Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, confía en que será favorable la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el juicio que se sigue al Estado venezolano por haberla despedido de sus cargos, a ella y a otras dos ciudadanas, por la aplicación de la denominada “lista Tascón”.
“Una sentencia favorable en este caso va a ayudar a todos los discriminados políticos en Venezuela”, aseguró San Miguel, quien anoche regresó de Costa Rica, donde está la sede de la Corte IDH, al programa La Fuerza es la Unión, que conduce el periodista Jesús Chuo Torrealba, también secretario ejecutivo de la Unidad Democrática.
San Miguel informó que junto a Magally Chang y Thais Peña fueron despedidas por José Vicente Rangel, en marzo de 2004, del Consejo Nacional de Fronteras, un organismo público en el cual laboraban, luego de haberse hecho público, a través de la divulgación de la ‘lista Tascón’, que ellas, al igual que millones de venezolanos, habían firmado a favor de la convocatoria del referendo para revocar el mandato al entonces presidente Hugo Chávez.
“Poder dar mi testimonio ante un tribunal con jueces independientes, es una experiencia en sí misma reparadora. Es un caso muy sólido, aunque no lo haya sido para los jueces venezolanos, que siguieron las órdenes de Rangel, pero sí lo fue para los jueves de la Corte IDH. Tenemos la impresión de que habrá una sentencia favorable que podría estarse dictando en agosto de este mismo año”, señaló.
Agregó que en el juicio también se planteó un tema muy sensible para los venezolanos como lo es el de la estabilidad en los cargos del personal contratado. Refirió que los representantes del Estado venezolano en el juicio alegaron que por tratarse de personas contratadas, pueden ser despedidas en cualquier momento. “Pero los jueces se plantaron con preguntas muy importantes e incluso exigieron al Estado que, en el término de un mes, elabore una estadística para determinar cuántas personas contratadas existen actualmente en la administración pública venezolana”.
La también abogada explicó que obtener una jurisprudencia que de por probada que existe la discriminación política en Venezuela “va a ayudar a todas las víctimas de discriminación política, porque ya no tendrán que demostrar en un juicio que esto ocurrió en Venezuela, sino que a partir de este hecho probado, dictado por la Corte IDH, podrán entonces adelantar su proceso individual”.
San Miguel recordó que las violaciones a los derechos humanos no prescriben, lo que quiere decir que a pesar del tiempo que haya podido haber transcurrido, se trate de personas que estén siendo discriminados en este momento o desde mucho antes, pueden activar la justicia, si desean hacerlo.
“Yo les diría a esas personas que documenten todo lo que puedan, desde la carta de despido que hayan podido tener, una relación de quiénes fueron sus jefes, una relación de cómo ocurrieron los hechos. Si deciden demandar en Venezuela, háganlo. Siempre hay que documentar. A veces esto no es posible porque es extenuante y las personas se agotan en los tribunales, pero es importante documentar porque permite preservar los aspectos fundamentales que rodearon el hecho”, recomendó.
“Nosotros hemos llegado con la convicción de que es necesario comenzar nuevamente a trabajar este caso en Venezuela, porque hay demasiadas victimas que están siendo discriminadas. Yo, en lo personal, he regresado con la convicción de que hay que ponerle un parado a este asunto del carnet de la patria. Es una perversión lo que está ocurriendo en términos de recolección de data política de ciudadanos, la forma inescrupulosa, cínica, criminal en que lo está haciendo el gobierno”, señaló.
La lista Chávez
Al refrescar detalles de cómo surgió la llamada “lista Tascón”, Torrealba recordó que su origen se remonta a finales del año 2003, cuando se realizó el proceso de recolección de firmas para el referendo revocatorio de 2004 contra el entonces presidente Chávez, hoy fallecido.
Al día siguiente de terminado el proceso de recolección firmas, efectuado entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de 2003, Diosdado Cabello, que en ese momento era ministro de Infraestructura, dijo que lista de los firmantes sería expuesta.
El 15 de febrero de 2004 Chávez pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que le entregaran esas listas al diputado Luis Tascón y el 16 de febrero el entonces presidente del poder electoral, Francisco Carrasquero, así lo hizo.
“Esa lista tendría que llamarse la ‘lista Chávez’ porque Tascon lo que hizo fue el mandado. Fue Chávez quien ordeno que así se hiciera. Fue Chávez quien promovió y permitió que tanta y tanta gente fuera perseguida simplemente por haber expresado una opinión política. Para que se sepa, para que las cosas estén en su sitio”, apuntó Torrealba.
17/2/2017 9:59am
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Unidad Venezuela
por marinawais Sáb Feb 18, 2017 3:17 am
Juan Carlos Caldera: Pedimos al CNE cambiar reglas para la renovación de los partidos, no la fecha
El representante de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Carlos Caldera, aseguró que los sorprendió el anuncio del ente comicial de suspender hasta el 4 de marzo el proceso de renovación de las nóminas de militantes de los partidos políticos. “No estamos pidiendo una modificación de la fecha, lo que estamos solicitando es un cambio sustancial de las condiciones”, dijo.
Explicó que por unanimidad las 59 organizaciones políticas que deben cumplir con ese trámite para poder postular candidatos, es decir tanto de la Unidad Democrática como las simpatizantes del oficialismo, exigen que se cambien las condiciones en las que el organismo electoral ha planteado el proceso.
“Rechazamos de manera unánime las condiciones, porque están hechas para aniquilar a los partidos políticos y no para permitir el ejercicio de la democracia”, enfatizó Caldera en declaraciones a Prensa Unidad Venezuela.
Al ser consultado sobre si considera adecuado el número de máquinas dispuesto por el CNE (421) para el proceso, precisó que eso depende, porque si la renovación se hace en un lapso de 90 días continuos como se había señalado el año pasado, el número podría ser menor; pero si es un plazo de tan solo dos días se requiere una cantidad mayor. Además, eso también está relacionado con la ubicación de los puntos y los horarios.
“Lo importante es que las normas para la renovación de los partidos políticos tienen que tener un solo fin que es facilitar, promover y garantizar el ejercicio del derecho de la participación a la libre asociación de los venezolanos, y no ser un obstáculo para impedirlo que es como está planteado en estos momentos”, expresó.
El dirigente de la Unidad considera que lo lógico sería que el CNE convoque a los representantes de las organizaciones políticas para informarles si las observaciones y exigencias que han planteado han sido o serán tomadas en cuenta. Sin embargo, hasta las 6:00 pm de este jueves eso no había ocurrido.
Caldera reiteró el llamado al CNE para que fije la fecha de las elecciones regionales, puesto que, según destacó, “se las deben al pueblo, están en mora desde diciembre de 2016”. Recordó además que el 8 de octubre del año pasado, Tibisay Lucena dijo a los venezolanos que iban a hacer tres procesos en 2017: la renovación de los partidos, las elecciones regionales a más tardar en junio y las municipales a finales de año.
16/2/2017 5:49pm
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El representante de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Carlos Caldera, aseguró que los sorprendió el anuncio del ente comicial de suspender hasta el 4 de marzo el proceso de renovación de las nóminas de militantes de los partidos políticos. “No estamos pidiendo una modificación de la fecha, lo que estamos solicitando es un cambio sustancial de las condiciones”, dijo.
Explicó que por unanimidad las 59 organizaciones políticas que deben cumplir con ese trámite para poder postular candidatos, es decir tanto de la Unidad Democrática como las simpatizantes del oficialismo, exigen que se cambien las condiciones en las que el organismo electoral ha planteado el proceso.
“Rechazamos de manera unánime las condiciones, porque están hechas para aniquilar a los partidos políticos y no para permitir el ejercicio de la democracia”, enfatizó Caldera en declaraciones a Prensa Unidad Venezuela.
Al ser consultado sobre si considera adecuado el número de máquinas dispuesto por el CNE (421) para el proceso, precisó que eso depende, porque si la renovación se hace en un lapso de 90 días continuos como se había señalado el año pasado, el número podría ser menor; pero si es un plazo de tan solo dos días se requiere una cantidad mayor. Además, eso también está relacionado con la ubicación de los puntos y los horarios.
“Lo importante es que las normas para la renovación de los partidos políticos tienen que tener un solo fin que es facilitar, promover y garantizar el ejercicio del derecho de la participación a la libre asociación de los venezolanos, y no ser un obstáculo para impedirlo que es como está planteado en estos momentos”, expresó.
El dirigente de la Unidad considera que lo lógico sería que el CNE convoque a los representantes de las organizaciones políticas para informarles si las observaciones y exigencias que han planteado han sido o serán tomadas en cuenta. Sin embargo, hasta las 6:00 pm de este jueves eso no había ocurrido.
Caldera reiteró el llamado al CNE para que fije la fecha de las elecciones regionales, puesto que, según destacó, “se las deben al pueblo, están en mora desde diciembre de 2016”. Recordó además que el 8 de octubre del año pasado, Tibisay Lucena dijo a los venezolanos que iban a hacer tres procesos en 2017: la renovación de los partidos, las elecciones regionales a más tardar en junio y las municipales a finales de año.
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marinawais- Reportero total
Unidad Venezuela
por marinawais Sáb Feb 18, 2017 3:23 am
Dip. Adriana D'Elia, caso CNNEE: "Gob. avanza en proyecto autoritario, Conatel no es independiente"
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