NOTICIA DE VENEZUELA
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Unidad Venezuela
Insumos para producir harina PAN alcanzarían hasta finales de mayo
Insumos para producir harina PAN alcanzarían hasta finales de mayo
Trabajadores de Alimentos Polar de Planta Turmero y Planta Chivacoa informaron que los niveles de inventario de maíz blanco para producir Harina PAN solo alcanzan para producir hasta finales de mayo.
Manifestaron su preocupación por dicha situación y le solicitaron al Gobierno Nacional que continúe asignando y vendiendo a Alimentos Polar materia prima suficiente y de manera oportuna para seguir produciendo Harina PAN.
Informaron que dado que la cosecha nacional se agotó, de ahora en adelante, para garantizar la producción del producto hasta la próxima cosecha a mediados del mes de octubre, dependen de las asignaciones y venta de maíz importado por el Gobierno Nacional, el cual es el único autorizado para importar esta materia prima en el país y luego venderlo a la industria.
Aseguraron que si las autoridades no les vende maíz blanco importado, las plantas harineras se verán en la obligación de dejar de producir, lo que afectará la disponibilidad de harina en el mercado venezolano. “Sin materia prima, no podemos producir”, sentenciaron.
“Tenemos la capacidad para poner en los anaqueles más de 50 millones de kilos promedio de Harina al mes, pero necesitamos que el Gobierno nos venda la materia prima importada, ya que la cosecha nacional no fue suficiente”, puntualizaron.
Para finalizar, indicaron que de las 12 marcas de Harina Precocida de Maíz que existen en el mercado venezolano, Harina PAN es la marca que más consigue el venezolano, porque sus plantas mantienen la producción al máximo de la capacidad que les permite la materia prima disponible.
16/5/2016 1:10pm
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Insumos para producir harina PAN alcanzarían hasta finales de mayo
Trabajadores de Alimentos Polar de Planta Turmero y Planta Chivacoa informaron que los niveles de inventario de maíz blanco para producir Harina PAN solo alcanzan para producir hasta finales de mayo.
Manifestaron su preocupación por dicha situación y le solicitaron al Gobierno Nacional que continúe asignando y vendiendo a Alimentos Polar materia prima suficiente y de manera oportuna para seguir produciendo Harina PAN.
Informaron que dado que la cosecha nacional se agotó, de ahora en adelante, para garantizar la producción del producto hasta la próxima cosecha a mediados del mes de octubre, dependen de las asignaciones y venta de maíz importado por el Gobierno Nacional, el cual es el único autorizado para importar esta materia prima en el país y luego venderlo a la industria.
Aseguraron que si las autoridades no les vende maíz blanco importado, las plantas harineras se verán en la obligación de dejar de producir, lo que afectará la disponibilidad de harina en el mercado venezolano. “Sin materia prima, no podemos producir”, sentenciaron.
“Tenemos la capacidad para poner en los anaqueles más de 50 millones de kilos promedio de Harina al mes, pero necesitamos que el Gobierno nos venda la materia prima importada, ya que la cosecha nacional no fue suficiente”, puntualizaron.
Para finalizar, indicaron que de las 12 marcas de Harina Precocida de Maíz que existen en el mercado venezolano, Harina PAN es la marca que más consigue el venezolano, porque sus plantas mantienen la producción al máximo de la capacidad que les permite la materia prima disponible.
16/5/2016 1:10pm
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marinawais- Reportero total
Unidad Venezuela
Maduro se esconde bajo las faldas del CNE para evitar referendo - #ReporteUnidad 16/05/16
marinawais- Reportero total
Noticia Vnzl
¡ÚLTIMA HORA! Militares solicitan remover del cargo a Maduro en 3 Dias
La tensión no se hace esperar y Nicolás Maduro vive los dias más oscuros de su existencia, los diferentes opositores incluso desde dentro del mismo gobierno siguen empujando a la salida de Maduro por los diferentes medios disponibles, tal fue el caso siguiente: A través de una extensa carta, un nutrido grupo de militares retirados solicitó este martes a la Asamblea Nacional remover del cargo al presidente Nicolás Maduro “dentro de tres días hábiles”, debido a que éste no ha podido comprobar su nacionalidad venezolana y, según ellos, definitivamente ostenta la colombiana,, publica Noticiero Digital
La carta de diecinueve páginas, disponible en este enlace [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] , suscrita por altos oficiales en situación de retiro, entre ellos varios ex ministros de la Defensa y ex Comandantes Generales, apoya “la solicitud formulada a la Asamblea Nacional en fecha 20 abril 2016 por el Dr. Enrique Aristeguieta Gramcko en relación con el proyecto de Decreto Legislativo” y piden a la AN “cumplir con su deber constitucional de remover del cargo de presidente de la república, Nicolás Maduro por no cumplir con los requisitos constitucionales de ser venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad”.
El petitorio hace un recuento muy detallado sobre las irregularidades en los documentos de identidad de Maduro y de sus familiares, y explica el encubrimiento por parte del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, para impedir que se conozca la verdadera nacionalidad de Maduro, la cual, según los uniformados, es colombiana.
Finalmente, los militares en retiro piden:
“A.- Que esta solicitud sea elevada a conocimiento y decisión de la Plenaria de la Asamblea Nacional”.
“B.- Que se decida un nuevo emplazamiento, con término de sólo tres (3) días laborables de este órgano, con fundamento en los alegatos de derecho constitucional esgrimidos en este documento, mediante los cuales se analiza y demuestra, la inconstitucionalidad de las actuaciones del Consejo Nacional Electoral, de la Asamblea Nacional en ejercicio en abril de 2013, y de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al no exigir el cumplimiento de los requisitos concurrentes estipulados en los artículos 41 y 227 de la Norma Suprema al Presidente de la República, ya debidamente notificado al Presidente de la República mediante escrito del 12 abril 2016, para que presente sus alegatos y defensas, a los fines de establecer las correspondientes responsabilidades personales”.
“C.- Que a las consideraciones planteadas en este escrito, formuladas por ante esta Asamblea Nacional conforme al Derecho de Participación Política, artículos 62 y 132 de la Norma Suprema, así como en los artículos 78 y 128 del reglamento de interior y debates de la Asamblea Nacional, se les dé el trámite de ley y se hagan constar en las actas”.
Información de : Dolartoday
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La tensión no se hace esperar y Nicolás Maduro vive los dias más oscuros de su existencia, los diferentes opositores incluso desde dentro del mismo gobierno siguen empujando a la salida de Maduro por los diferentes medios disponibles, tal fue el caso siguiente: A través de una extensa carta, un nutrido grupo de militares retirados solicitó este martes a la Asamblea Nacional remover del cargo al presidente Nicolás Maduro “dentro de tres días hábiles”, debido a que éste no ha podido comprobar su nacionalidad venezolana y, según ellos, definitivamente ostenta la colombiana,, publica Noticiero Digital
La carta de diecinueve páginas, disponible en este enlace [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] , suscrita por altos oficiales en situación de retiro, entre ellos varios ex ministros de la Defensa y ex Comandantes Generales, apoya “la solicitud formulada a la Asamblea Nacional en fecha 20 abril 2016 por el Dr. Enrique Aristeguieta Gramcko en relación con el proyecto de Decreto Legislativo” y piden a la AN “cumplir con su deber constitucional de remover del cargo de presidente de la república, Nicolás Maduro por no cumplir con los requisitos constitucionales de ser venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad”.
El petitorio hace un recuento muy detallado sobre las irregularidades en los documentos de identidad de Maduro y de sus familiares, y explica el encubrimiento por parte del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, para impedir que se conozca la verdadera nacionalidad de Maduro, la cual, según los uniformados, es colombiana.
Finalmente, los militares en retiro piden:
“A.- Que esta solicitud sea elevada a conocimiento y decisión de la Plenaria de la Asamblea Nacional”.
“B.- Que se decida un nuevo emplazamiento, con término de sólo tres (3) días laborables de este órgano, con fundamento en los alegatos de derecho constitucional esgrimidos en este documento, mediante los cuales se analiza y demuestra, la inconstitucionalidad de las actuaciones del Consejo Nacional Electoral, de la Asamblea Nacional en ejercicio en abril de 2013, y de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al no exigir el cumplimiento de los requisitos concurrentes estipulados en los artículos 41 y 227 de la Norma Suprema al Presidente de la República, ya debidamente notificado al Presidente de la República mediante escrito del 12 abril 2016, para que presente sus alegatos y defensas, a los fines de establecer las correspondientes responsabilidades personales”.
“C.- Que a las consideraciones planteadas en este escrito, formuladas por ante esta Asamblea Nacional conforme al Derecho de Participación Política, artículos 62 y 132 de la Norma Suprema, así como en los artículos 78 y 128 del reglamento de interior y debates de la Asamblea Nacional, se les dé el trámite de ley y se hagan constar en las actas”.
Información de : Dolartoday
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marinawais- Reportero total
Runrunes.
Los Runrunes de Bocaranda de hoy 17.05.2016
Por Nelson Bocaranda SardiFecha: 16/05/2016
ALTO
¿LA PUERTA DE ALCALÁ?:
8 de diciembre 2012. Chávez anunciaba en su última cadena, premonitoriamente, que de no regresar de Cuba con vida el pueblo chavista apoyara a Nicolás Maduro. Antes de ese último viaje y luego de “designar” a su sucesor, le fue solicitada una reunión por un grupo de Generales del Ejército afectos a su revolución quienes querían expresarle su parecer sobre la anunciado. El encuentro se concretó casi de inmediato y los generales Cliver Alcalá Cordones, Rangel Silva, Hugo Carvajal y otros encabezaban el grupo. En el encuentro Clíver fue el vocero encargado de expresarle al moribundo presidente que ellos no estaban de acuerdo con que designara a Maduro como sucesor, entre otras cosas, porque era “un incapaz, sin ascendencia y débil políticamente hablando” (sic). También le manifestaron que no respaldarían a éste como el nuevo ocupante del “trono de la revolución bolivariana”. En el cónclave se generó una súbita tensión . Hugo Chávez les respondió que “esa es mi decisión y además es una orden para todos ustedes”. Impactados por la autoritaria respuesta, los oficiales optaron por no insistir y Alcalá Cordones ( a quien sus compañeros le endosan el mote de “mata generales”) le respondió al entonces mandatario que: “…por ser una orden suya, Comandante en Jefe, la acatamos”. De esa manera concluyó el encuentro pero el grupo de generales, con la excepción de Hugo Carvajal, se alejó de la cúpula del poder; mucho antes de la muerte de Chávez. No obstante- en su fuero interno- Alcalá Cordones nunca dejó de exponer su aversión hacia Maduro y todo lo que representa. Ahora cuando el irresoluto Presidente está siendo devorado por su incapacidad y la gigantesca crisis que tiene herida de muerte a la “revolución chavista”, Alcalá Cordones desenfunda su espada buscando dar una estocada. No obstante, en esta cruzada, el citado general tendrá que librar su lucha no sólo contra Maduro sino contra su compañero Cabello y su combo. Ya el jueves pasado Clíver y Diosdado -quien pidió de urgencia ser invitado de JVR- intercambiaron palabras en una oficina de Televen. ¿Guerra económica? Esa no existe…
MEDIO
DIABÓLICA DISTRACCIÓN:
Iglesia
Un sector del gobierno quiere acabar con la presencia de los sacerdotes católicos en los barrios montando una campaña de pedofilia y violaciones a niños y niñas. Ya fueron alertadas las autoridades eclesiásticas comenzando por el Cardenal sobre esta locura roja contra la Iglesia venezolana. Esta campaña la lanzan previo al diálogo auspiciado por el Vaticano, su Nuncio Apostólico en Caracas y la llegada del Secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, monseñor Paul Richard Gallagher, el próximo 24 de mayo. Gracias a Dios, enviados rojos, hombres y mujeres, fueron detectados y grabados en momentos que ofrecían dinero a familias pobres a cambio de acusar a varios curas. Como la Iglesia tiene la más alta confianza del país es que requieren los “social-comunistas”- ¿paradójico volver al epíteto del opio de los pueblos?- minar esa credibilidad pues la presencia de la Iglesia en los barrios ha sido constante y permanente y eso es lo que atacan repartiendo dinero para desprestigiarla. Acusaciones a los curas implican señalarlos como pedófilos, padres de hijos regados en comunidades y hasta de robo de limosnas. Parte del plan contra la Iglesia es acusarla de recibir donaciones de organizaciones de EEUU y Europa e insistir en apoyo vía Cáritas. Se ha demostrado, el reporte ya está listo, que por más pobres que sean los feligreses de los barrios no aceptan el chantaje rojo de ofrecerles dinero a cambio de calumnias contra los curas y en una localidad andina hasta contra las monjas catequistas. Ante los temores gubernamentales de estallido social en los barrios emprenden esta campaña contra la Iglesia que es la única institución creíble y querida en esas comunidades, paupérrimas en muchos casos. La campaña subrepticia en los barrios repartiendo billete rojo (¿color diablo? alertan algunos) ha sido detectada en los estados Táchira, Trujillo, Mérida y el área metropolitana de Caracas. Autoridades de la Iglesia venezolana prepararán informe a la Santa Sede con pruebas y evidencias digitales, con videos desde celulares, montadas en su contra. ¿Quién está detrás?…
BAJO
CABILLAZOS SIN FIN:
Sidetur
Recordamos con dolor las declaraciones del difunto en el 2012 cuando se procedió a estatizar Sidetur. Una empresa próspera, productiva, generadora de puestos de trabajo estables. No han pasado cuatro años cuando las agencias de noticias nos reportan como el propio movimiento sindical -simpatizante aun del pensamiento socialista- ha trancado sus instalaciones en Barquisimeto al descubrir que por órdenes de la gerencia se iban a extraer los inventarios que aún quedan sin las guías y los procedimiento respectivos, a fin de hacer negocios en el mercado negro. “La lucha -dicen los dirigentes sindicales- es contra la corrupción interna del Complejo Siderúrgico Nacional (la empresa creada por el gobierno) que se viene registrando desde el 2012, por donde han pasado 4 administraciones y se han encargado de desviar material y dinero e incrementar las nóminas con salarios exorbitantes.”. Un trabajador: “Esas plantas producían hasta 20 mil toneladas de material al mes en el 2012 y que en lo que va del año no ha salido la primera tonelada de material nuevo. Se están guisando los inventarios que quedaban a punta de asignaciones a empresas de maletín, empresas amigas de la gente de Caracas. Le pongo un ejemplo, Sidetur tenía un histórico de unos 12 clientes nuevos por año en toda su existencia de 40 años. Y entre los doce meses del año pasado y en lo que va del 2016, se han abierto códigos para 169 nuevos clientes. Clientes que en nuestro criterio son revendedores, verdaderos bachaqueros amigos del oficialismo. Podemos demostrar cómo con solo cambiarle el nombre a una tipo específico de cabilla la pasan de su precio oficial de Bs. 1.800 la tonelada a Bs. 86.000 la tonelada. Estamos ante una monstruosa corrupción y un estruendoso fracaso”. Me pregunto: ¿Volverá a votar este honesto trabajador venezolano por las propuestas socialistas? ¿Necesitará más comprobación para entender que la empresa privada es la mejor opción para él y su familia?.
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Por Nelson Bocaranda SardiFecha: 16/05/2016
ALTO
¿LA PUERTA DE ALCALÁ?:
8 de diciembre 2012. Chávez anunciaba en su última cadena, premonitoriamente, que de no regresar de Cuba con vida el pueblo chavista apoyara a Nicolás Maduro. Antes de ese último viaje y luego de “designar” a su sucesor, le fue solicitada una reunión por un grupo de Generales del Ejército afectos a su revolución quienes querían expresarle su parecer sobre la anunciado. El encuentro se concretó casi de inmediato y los generales Cliver Alcalá Cordones, Rangel Silva, Hugo Carvajal y otros encabezaban el grupo. En el encuentro Clíver fue el vocero encargado de expresarle al moribundo presidente que ellos no estaban de acuerdo con que designara a Maduro como sucesor, entre otras cosas, porque era “un incapaz, sin ascendencia y débil políticamente hablando” (sic). También le manifestaron que no respaldarían a éste como el nuevo ocupante del “trono de la revolución bolivariana”. En el cónclave se generó una súbita tensión . Hugo Chávez les respondió que “esa es mi decisión y además es una orden para todos ustedes”. Impactados por la autoritaria respuesta, los oficiales optaron por no insistir y Alcalá Cordones ( a quien sus compañeros le endosan el mote de “mata generales”) le respondió al entonces mandatario que: “…por ser una orden suya, Comandante en Jefe, la acatamos”. De esa manera concluyó el encuentro pero el grupo de generales, con la excepción de Hugo Carvajal, se alejó de la cúpula del poder; mucho antes de la muerte de Chávez. No obstante- en su fuero interno- Alcalá Cordones nunca dejó de exponer su aversión hacia Maduro y todo lo que representa. Ahora cuando el irresoluto Presidente está siendo devorado por su incapacidad y la gigantesca crisis que tiene herida de muerte a la “revolución chavista”, Alcalá Cordones desenfunda su espada buscando dar una estocada. No obstante, en esta cruzada, el citado general tendrá que librar su lucha no sólo contra Maduro sino contra su compañero Cabello y su combo. Ya el jueves pasado Clíver y Diosdado -quien pidió de urgencia ser invitado de JVR- intercambiaron palabras en una oficina de Televen. ¿Guerra económica? Esa no existe…
MEDIO
DIABÓLICA DISTRACCIÓN:
Iglesia
Un sector del gobierno quiere acabar con la presencia de los sacerdotes católicos en los barrios montando una campaña de pedofilia y violaciones a niños y niñas. Ya fueron alertadas las autoridades eclesiásticas comenzando por el Cardenal sobre esta locura roja contra la Iglesia venezolana. Esta campaña la lanzan previo al diálogo auspiciado por el Vaticano, su Nuncio Apostólico en Caracas y la llegada del Secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, monseñor Paul Richard Gallagher, el próximo 24 de mayo. Gracias a Dios, enviados rojos, hombres y mujeres, fueron detectados y grabados en momentos que ofrecían dinero a familias pobres a cambio de acusar a varios curas. Como la Iglesia tiene la más alta confianza del país es que requieren los “social-comunistas”- ¿paradójico volver al epíteto del opio de los pueblos?- minar esa credibilidad pues la presencia de la Iglesia en los barrios ha sido constante y permanente y eso es lo que atacan repartiendo dinero para desprestigiarla. Acusaciones a los curas implican señalarlos como pedófilos, padres de hijos regados en comunidades y hasta de robo de limosnas. Parte del plan contra la Iglesia es acusarla de recibir donaciones de organizaciones de EEUU y Europa e insistir en apoyo vía Cáritas. Se ha demostrado, el reporte ya está listo, que por más pobres que sean los feligreses de los barrios no aceptan el chantaje rojo de ofrecerles dinero a cambio de calumnias contra los curas y en una localidad andina hasta contra las monjas catequistas. Ante los temores gubernamentales de estallido social en los barrios emprenden esta campaña contra la Iglesia que es la única institución creíble y querida en esas comunidades, paupérrimas en muchos casos. La campaña subrepticia en los barrios repartiendo billete rojo (¿color diablo? alertan algunos) ha sido detectada en los estados Táchira, Trujillo, Mérida y el área metropolitana de Caracas. Autoridades de la Iglesia venezolana prepararán informe a la Santa Sede con pruebas y evidencias digitales, con videos desde celulares, montadas en su contra. ¿Quién está detrás?…
BAJO
CABILLAZOS SIN FIN:
Sidetur
Recordamos con dolor las declaraciones del difunto en el 2012 cuando se procedió a estatizar Sidetur. Una empresa próspera, productiva, generadora de puestos de trabajo estables. No han pasado cuatro años cuando las agencias de noticias nos reportan como el propio movimiento sindical -simpatizante aun del pensamiento socialista- ha trancado sus instalaciones en Barquisimeto al descubrir que por órdenes de la gerencia se iban a extraer los inventarios que aún quedan sin las guías y los procedimiento respectivos, a fin de hacer negocios en el mercado negro. “La lucha -dicen los dirigentes sindicales- es contra la corrupción interna del Complejo Siderúrgico Nacional (la empresa creada por el gobierno) que se viene registrando desde el 2012, por donde han pasado 4 administraciones y se han encargado de desviar material y dinero e incrementar las nóminas con salarios exorbitantes.”. Un trabajador: “Esas plantas producían hasta 20 mil toneladas de material al mes en el 2012 y que en lo que va del año no ha salido la primera tonelada de material nuevo. Se están guisando los inventarios que quedaban a punta de asignaciones a empresas de maletín, empresas amigas de la gente de Caracas. Le pongo un ejemplo, Sidetur tenía un histórico de unos 12 clientes nuevos por año en toda su existencia de 40 años. Y entre los doce meses del año pasado y en lo que va del 2016, se han abierto códigos para 169 nuevos clientes. Clientes que en nuestro criterio son revendedores, verdaderos bachaqueros amigos del oficialismo. Podemos demostrar cómo con solo cambiarle el nombre a una tipo específico de cabilla la pasan de su precio oficial de Bs. 1.800 la tonelada a Bs. 86.000 la tonelada. Estamos ante una monstruosa corrupción y un estruendoso fracaso”. Me pregunto: ¿Volverá a votar este honesto trabajador venezolano por las propuestas socialistas? ¿Necesitará más comprobación para entender que la empresa privada es la mejor opción para él y su familia?.
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Re: NOTICIA DE VENEZUELA
Lo que dice la foto:
DESPERTAMOS YA O SEGUIMOS CON LA MISERIA Y DICTADURA PREGUNTAROS QUE FUTURO LES DEJAREMOS A NUESTROS HIJOS
DESPERTAMOS YA O SEGUIMOS CON LA MISERIA Y DICTADURA PREGUNTAROS QUE FUTURO LES DEJAREMOS A NUESTROS HIJOS
marinawais- Reportero total
Notitotal
Tomás Guanipa: Denunciaremos a Jorge Rodríguez por forjamiento de documentos públicos
MAYO 17, 2016 · @NOTITOTALCOM
Tomás Guanipa | Foto: Archivo
Tomás Guanipa diputado a la Asamblea Nacional anunció en rueda de prensa que este martes denunciarán ante la Fiscalía al alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, por el presunto forjamiento de documentos públicos, después de haber mostrar unas planillas con firmas supuestamente forjadas.
“El señor Jorge Rodríguez mostró unas planillas, supuestamente forjadas, y ya dijimos que la única forma de que las tenga es porque se las robó; cosa que talvez él está muy acostumbrado a hacer, o porque las forjó, cosa que estoy seguro que también está acostumbrado a hacer”, expresó el administrador venezolano Guanipa.
Seguidamente el reconocido político zuliano asociado al partido Copei, añadió que van a ir el martes a la Fiscalía para denunciarlo, por lo establecido en el Código Penal (artículos 320 y 231), forjamiento de documentos públicos o sustracción de documentos públicos, “porque cometió un delito”, dijo.
“A eso están acostumbrados quienes están en este gobierno, a delinquir permanentemente contra el pueblo de Venezuela. ¿O es que es mentira que unos pocos se han llenado los bolsillos con los dólares de los venezolanos, mientras la gente hace cola para poder alimentarse?”, concluyó.
Lea también: Desde este lunes Jorge Rodríguez revisará “firma por firma”
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MAYO 17, 2016 · @NOTITOTALCOM
Tomás Guanipa | Foto: Archivo
Tomás Guanipa diputado a la Asamblea Nacional anunció en rueda de prensa que este martes denunciarán ante la Fiscalía al alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, por el presunto forjamiento de documentos públicos, después de haber mostrar unas planillas con firmas supuestamente forjadas.
“El señor Jorge Rodríguez mostró unas planillas, supuestamente forjadas, y ya dijimos que la única forma de que las tenga es porque se las robó; cosa que talvez él está muy acostumbrado a hacer, o porque las forjó, cosa que estoy seguro que también está acostumbrado a hacer”, expresó el administrador venezolano Guanipa.
Seguidamente el reconocido político zuliano asociado al partido Copei, añadió que van a ir el martes a la Fiscalía para denunciarlo, por lo establecido en el Código Penal (artículos 320 y 231), forjamiento de documentos públicos o sustracción de documentos públicos, “porque cometió un delito”, dijo.
“A eso están acostumbrados quienes están en este gobierno, a delinquir permanentemente contra el pueblo de Venezuela. ¿O es que es mentira que unos pocos se han llenado los bolsillos con los dólares de los venezolanos, mientras la gente hace cola para poder alimentarse?”, concluyó.
Lea también: Desde este lunes Jorge Rodríguez revisará “firma por firma”
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marinawais- Reportero total
Noticias Al Dia y a la Hora
Capriles: “El Gobierno Es Capaz De Matar Para Seguir En El Poder”
capriles
17 MAYO, 2016
“Este es un gobierno capaz de hacer cualquier cosa incluso de matar y quitarle la vida a un venezolano para mantenerse en el poder, y allí están los hechos que han ocurrido en el país durante los últimos tiempos”, señaló este martes el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles.
Sin embargo, aclaró que una cosa es lo que el Gobierno quiere hacer y otra lo que quieren los venezolanos, por eso insisto que si los ciudadanos hacen lo que tiene que hacer este año habrá revocatorio y es una invitación a ejercer nuestros derechos establecidos en la Constitución”.
El dirigente opositor resaltó que el nuevo Decreto de Emergencia Económica y el Estado de Excepción “es una ley habilitante disfrazada, es para darle más poder para maduro y no para resolver ningún problema del país”.
“Este decreto es para ver como Maduro teniendo más poder evita que los venezolanos tengamos un cambio,él debe creer que sobre la base de teniendo más poder va a terminar logrando una resignación en la gente y que se acostumbre a esta situación que tenemos y así ellos se mantienen en el poder que es lo único que les interesa”, dijo.
Asimismo, Capriles apuntó que la Asamblea Nacional puede rechazar este decreto. “En mi opinión deberían hacerlo porque está al margen de la Constitución y es inaceptable que el Gobierno pueda tener más poder y llevarse por delante la Carta Magna”.
“Si la AN rechaza este decreto, que constitucionalmente está facultado para hacerlo, muy probablemente nos tocará a los venezolanos hacer caso omiso si se insiste en la vigencia del mismo”, aseveró al tiempo que manifestó: “Todos los actos que consideramos que son nulos al violentar la Constitución (…) por este decreto no los atendamos”.
Durante una entrevista ofrecida en el programa “A Tiempo” de Unión Radio, aseguró que es el Referéndum Revocatorio “la solución a la crisis política que vive el país y después que tengamos una solución a eso podamos entrarle de frente a los problemas económicos y sociales en el país”.
SM
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capriles
17 MAYO, 2016
“Este es un gobierno capaz de hacer cualquier cosa incluso de matar y quitarle la vida a un venezolano para mantenerse en el poder, y allí están los hechos que han ocurrido en el país durante los últimos tiempos”, señaló este martes el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles.
Sin embargo, aclaró que una cosa es lo que el Gobierno quiere hacer y otra lo que quieren los venezolanos, por eso insisto que si los ciudadanos hacen lo que tiene que hacer este año habrá revocatorio y es una invitación a ejercer nuestros derechos establecidos en la Constitución”.
El dirigente opositor resaltó que el nuevo Decreto de Emergencia Económica y el Estado de Excepción “es una ley habilitante disfrazada, es para darle más poder para maduro y no para resolver ningún problema del país”.
“Este decreto es para ver como Maduro teniendo más poder evita que los venezolanos tengamos un cambio,él debe creer que sobre la base de teniendo más poder va a terminar logrando una resignación en la gente y que se acostumbre a esta situación que tenemos y así ellos se mantienen en el poder que es lo único que les interesa”, dijo.
Asimismo, Capriles apuntó que la Asamblea Nacional puede rechazar este decreto. “En mi opinión deberían hacerlo porque está al margen de la Constitución y es inaceptable que el Gobierno pueda tener más poder y llevarse por delante la Carta Magna”.
“Si la AN rechaza este decreto, que constitucionalmente está facultado para hacerlo, muy probablemente nos tocará a los venezolanos hacer caso omiso si se insiste en la vigencia del mismo”, aseveró al tiempo que manifestó: “Todos los actos que consideramos que son nulos al violentar la Constitución (…) por este decreto no los atendamos”.
Durante una entrevista ofrecida en el programa “A Tiempo” de Unión Radio, aseguró que es el Referéndum Revocatorio “la solución a la crisis política que vive el país y después que tengamos una solución a eso podamos entrarle de frente a los problemas económicos y sociales en el país”.
SM
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marinawais- Reportero total
PRODAVINCI
Esto es la propia crucificciòn del gobierno y Es ya, y asi Es porque hecho ya esta, por lo tanto que se cumpla y ya, Amèn.
¿Qué es lo que más debe preocuparnos del nuevo estado de excepción?; por José Ignacio Hernández
Por José Ignacio Hernández G. | 17 de mayo, 2016
En la tarde del lunes 16 de mayo fue publicado el Decreto N° 2.323, por el cual “se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica”. Como ya habíamos adelantado en Prodavinci, estamos ante un nuevo Decreto de Estado de Excepción y no ante una prórroga del Decreto de Emergencia Económica dictado en enero.
El propio título del Decreto encierra una confusión, pues parece entenderse que el estado de excepción es algo distinto a la emergencia económica. Y lo cierto es que la emergencia económica es una de las modalidades del estado de excepción.
Lo que sucedió, entonces, fue que el Decreto N° 2.323 amplió el estado de excepción más allá del ámbito económico.
Así que es importante resumir cuáles son las novedades del Decreto N° 2.323, en comparación con la emergencia económica existente desde enero.
Un decreto en contra
de la Asamblea Nacional y la oposición
Para alcance el alcance del Decreto, es más útil leer los motivos del Decreto antes que leer sus artículos. Esos motivos revelan que, además del argumento de la “guerra económica” (disimulado, por cierto, en esos motivos) el Decreto se justifica en supuestas agresiones cometidas por la Asamblea Nacional y la oposición. Así, el Decreto considera que:
“la oposición política venezolana reiteradamente, a través de múltiples mecanismos, ha pretendido menoscabar la voluntad popular, asediar a todos los Poderes Públicos y someter a zozobra a los venezolanos”
Se habla incluso del “ataque de factores de oposición”. Pero las líneas más duras se las dedican a la Asamblea Nacional. Para el Decreto, la Asamblea electa el 6 de diciembre ha pretendido:
“el desconocimiento de todos los Poderes Públicos”, promocionando particularmente “la interrupción del período presidencial establecido en la Constitución por cualquier mecanismo a su alcance, fuera del orden constitucional, llegando incluso a las amenazas e injurias contra las máximas autoridades de todos los Poderes Públicos”
Según esto, la Asamblea está en “confrontación deliberada” contra “los Poderes Públicos, con la intención de derrocar el Gobierno legítimamente constituido gracias a la voluntad popular”. Se llega incluso a asomar la conexión de la Asamblea y de la propia oposición con grupos criminales armados y el paramilitarismo extranjero.
Todo esto significa que la “situación política extraordinaria” que justifica el Decreto es la actuación de la Asamblea Nacional y la oposición venezolana. Con lo cual, las medidas que el Presidente de la República podrá dictar en el marco del Decreto irán en contra de la Asamblea y de la oposición.
Tan sólo esto bastaría para señalar la inconstitucionalidad del Decreto, que incurre así en desviación del poder: el Presidente, para contrarrestar a quienes se oponen a su Gobierno, hace uso de la figura del estado de excepción, que solamente procede ante situaciones anormales como calamidades públicas o conflictos internos.
Y la oposición a un Gobierno no es una calamidad pública.
Por el contrario, es una natural manifestación de la democracia. En especial si se considera que la Asamblea Nacional, de acuerdo con la Constitución, debe controlar y limitar al Gobierno para defender la democracia y el Estado de Derecho.
Lo que puede hacer el Presidente
frente a la Asamblea Nacional y la oposición
Hemos explicado que el Decreto recoge medidas similares a las derivadas de la emergencia económica. Entre algunas otras, encontramos regulaciones de producción y distribución, en especial por medio de los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP). Así que aquí no hay mayor cambio.
La verdadera novedad del Decreto reside en las medidas reconocidas para atender lo que se considera que son circunstancias extraordinarias, pero en realidad no son más que actuaciones normales y deseables en toda democracia. Veamos: por un lado, el Decreto habilita ilimitadamente al Presidente para realizar operaciones con cargo al tesoro nacional y celebrar contratos que, bajo la Constitución, requerirían del control de la Asamblea Nacional (un control que es, sin embargo, suprimido en el Decreto).
Es decir: este Decreto pretende derogar las normas constitucionales que establecen tales controles.
El Decreto también pretende habilitar al Presidente para suspender “la ejecución de sanciones de carácter político contra las máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionarios”. Es decir: el Presidente puede suspender el voto de censura y demás decisiones relacionadas con la responsabilidad política que pueda dictar la Asamblea Nacional, derogando así las normas constitucionales que establecen tales controles.
Finalmente, en relación con la Asamblea Nacional y la propia oposición, el numeral 16 del Artículo 2 del Decreto contiene una habilitación indeterminada para que el Presidente adopte cualquier medida en resguardo del orden público. Y ésta es, a no dudarlo, de la norma más peligrosa de todo el Decreto. Según ese numeral, el Presidente puede dictar medidas “de seguridad pública”orientadas a garantizar el “orden público ante acciones desestabilizadoras que pretendan irrumpir en la vida interna del país”, permitiendo así “la restitución de la paz de la ciudadanía, la seguridad personal y el control de la fuerza pública sobre la conducta delictiva”
¿Y qué es una acción desestabilizadora? Pues, bien: según el Decreto, la oposición al Gobierno es, en sí, una acción desestabilizadora. Y las funciones de control de la Asamblea Nacional son, también, acciones desestabilizadoras. Y disentir del Gobierno es desestabilizador.
El comodín
Las normas citadas, como puede observarse, le permiten al Presidente suspender la aplicación de normas constitucionales que reconocen funciones al Poder Legislativo y, además, adoptar cualquier medida cuando estime que la oposición lleva a cabo una acción desestabilizadora.
Por si fuera poco, el Artículo 3 del Decreto tiene una norma “comodín”: una norma que le permite al Presidente dictar cualquier otra medida “con la finalidad de resolver la situación extraordinaria y excepcional que constituye el objeto de este Decreto e impedir la extensión de sus efectos”.
Es decir: el Presidente se auto-atribuyó la competencia para dictar cualquier medida que considere necesaria, incluso si ello pasa por suspender la aplicación de ñas normas de la Constitución.
El estado de excepción,
la democracia y la Constitución
El Decreto N° 2.323 viola la Constitución en muchos sentidos. Así, no se basa en razones objetivas y comprobables, en contra de el Artículo 337 y el Artículo 338 de la Constitución. Tampoco enumera los derechos fundamentales que son restringidos ni desarrolla la regulación aplicable, violando así el Artículo 339 constitucional.
Pero eso no es lo más grave.
Lo más grave es que el Presidente ha acudido al estado de excepción en materia interna para justificar medidas contra la Asamblea Nacional y contra la oposición, medidas que consideran que la simple disidencia al Gobierno es un acto de desestabilización.
El Decreto alude, en general, a la “oposición política venezolana”. No alude a grupos ni a sectores de la oposición. No. Para el Decreto, toda la oposición es un factor de desestabilización que debe ser atacado.
Incluso es algo todavía más grave que esto: este Decreto pretende derogar la Constitución, al suspender el ejercicio de funciones propias de la Asamblea Nacional, ignorando que, como dice el Artículo 339, el estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público.
No estamos, por ello, ante un verdadero Decreto de estado de excepción, al menos en los términos del Artículo 337 y siguientes de la Constitución.
Estamos, en realidad, ante un Decreto que pretende derogar la Constitución con medidas contrarias a los valores, los principios y las garantías constitucionales.
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¿Qué es lo que más debe preocuparnos del nuevo estado de excepción?; por José Ignacio Hernández
Por José Ignacio Hernández G. | 17 de mayo, 2016
En la tarde del lunes 16 de mayo fue publicado el Decreto N° 2.323, por el cual “se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica”. Como ya habíamos adelantado en Prodavinci, estamos ante un nuevo Decreto de Estado de Excepción y no ante una prórroga del Decreto de Emergencia Económica dictado en enero.
El propio título del Decreto encierra una confusión, pues parece entenderse que el estado de excepción es algo distinto a la emergencia económica. Y lo cierto es que la emergencia económica es una de las modalidades del estado de excepción.
Lo que sucedió, entonces, fue que el Decreto N° 2.323 amplió el estado de excepción más allá del ámbito económico.
Así que es importante resumir cuáles son las novedades del Decreto N° 2.323, en comparación con la emergencia económica existente desde enero.
Un decreto en contra
de la Asamblea Nacional y la oposición
Para alcance el alcance del Decreto, es más útil leer los motivos del Decreto antes que leer sus artículos. Esos motivos revelan que, además del argumento de la “guerra económica” (disimulado, por cierto, en esos motivos) el Decreto se justifica en supuestas agresiones cometidas por la Asamblea Nacional y la oposición. Así, el Decreto considera que:
“la oposición política venezolana reiteradamente, a través de múltiples mecanismos, ha pretendido menoscabar la voluntad popular, asediar a todos los Poderes Públicos y someter a zozobra a los venezolanos”
Se habla incluso del “ataque de factores de oposición”. Pero las líneas más duras se las dedican a la Asamblea Nacional. Para el Decreto, la Asamblea electa el 6 de diciembre ha pretendido:
“el desconocimiento de todos los Poderes Públicos”, promocionando particularmente “la interrupción del período presidencial establecido en la Constitución por cualquier mecanismo a su alcance, fuera del orden constitucional, llegando incluso a las amenazas e injurias contra las máximas autoridades de todos los Poderes Públicos”
Según esto, la Asamblea está en “confrontación deliberada” contra “los Poderes Públicos, con la intención de derrocar el Gobierno legítimamente constituido gracias a la voluntad popular”. Se llega incluso a asomar la conexión de la Asamblea y de la propia oposición con grupos criminales armados y el paramilitarismo extranjero.
Todo esto significa que la “situación política extraordinaria” que justifica el Decreto es la actuación de la Asamblea Nacional y la oposición venezolana. Con lo cual, las medidas que el Presidente de la República podrá dictar en el marco del Decreto irán en contra de la Asamblea y de la oposición.
Tan sólo esto bastaría para señalar la inconstitucionalidad del Decreto, que incurre así en desviación del poder: el Presidente, para contrarrestar a quienes se oponen a su Gobierno, hace uso de la figura del estado de excepción, que solamente procede ante situaciones anormales como calamidades públicas o conflictos internos.
Y la oposición a un Gobierno no es una calamidad pública.
Por el contrario, es una natural manifestación de la democracia. En especial si se considera que la Asamblea Nacional, de acuerdo con la Constitución, debe controlar y limitar al Gobierno para defender la democracia y el Estado de Derecho.
Lo que puede hacer el Presidente
frente a la Asamblea Nacional y la oposición
Hemos explicado que el Decreto recoge medidas similares a las derivadas de la emergencia económica. Entre algunas otras, encontramos regulaciones de producción y distribución, en especial por medio de los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP). Así que aquí no hay mayor cambio.
La verdadera novedad del Decreto reside en las medidas reconocidas para atender lo que se considera que son circunstancias extraordinarias, pero en realidad no son más que actuaciones normales y deseables en toda democracia. Veamos: por un lado, el Decreto habilita ilimitadamente al Presidente para realizar operaciones con cargo al tesoro nacional y celebrar contratos que, bajo la Constitución, requerirían del control de la Asamblea Nacional (un control que es, sin embargo, suprimido en el Decreto).
Es decir: este Decreto pretende derogar las normas constitucionales que establecen tales controles.
El Decreto también pretende habilitar al Presidente para suspender “la ejecución de sanciones de carácter político contra las máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionarios”. Es decir: el Presidente puede suspender el voto de censura y demás decisiones relacionadas con la responsabilidad política que pueda dictar la Asamblea Nacional, derogando así las normas constitucionales que establecen tales controles.
Finalmente, en relación con la Asamblea Nacional y la propia oposición, el numeral 16 del Artículo 2 del Decreto contiene una habilitación indeterminada para que el Presidente adopte cualquier medida en resguardo del orden público. Y ésta es, a no dudarlo, de la norma más peligrosa de todo el Decreto. Según ese numeral, el Presidente puede dictar medidas “de seguridad pública”orientadas a garantizar el “orden público ante acciones desestabilizadoras que pretendan irrumpir en la vida interna del país”, permitiendo así “la restitución de la paz de la ciudadanía, la seguridad personal y el control de la fuerza pública sobre la conducta delictiva”
¿Y qué es una acción desestabilizadora? Pues, bien: según el Decreto, la oposición al Gobierno es, en sí, una acción desestabilizadora. Y las funciones de control de la Asamblea Nacional son, también, acciones desestabilizadoras. Y disentir del Gobierno es desestabilizador.
El comodín
Las normas citadas, como puede observarse, le permiten al Presidente suspender la aplicación de normas constitucionales que reconocen funciones al Poder Legislativo y, además, adoptar cualquier medida cuando estime que la oposición lleva a cabo una acción desestabilizadora.
Por si fuera poco, el Artículo 3 del Decreto tiene una norma “comodín”: una norma que le permite al Presidente dictar cualquier otra medida “con la finalidad de resolver la situación extraordinaria y excepcional que constituye el objeto de este Decreto e impedir la extensión de sus efectos”.
Es decir: el Presidente se auto-atribuyó la competencia para dictar cualquier medida que considere necesaria, incluso si ello pasa por suspender la aplicación de ñas normas de la Constitución.
El estado de excepción,
la democracia y la Constitución
El Decreto N° 2.323 viola la Constitución en muchos sentidos. Así, no se basa en razones objetivas y comprobables, en contra de el Artículo 337 y el Artículo 338 de la Constitución. Tampoco enumera los derechos fundamentales que son restringidos ni desarrolla la regulación aplicable, violando así el Artículo 339 constitucional.
Pero eso no es lo más grave.
Lo más grave es que el Presidente ha acudido al estado de excepción en materia interna para justificar medidas contra la Asamblea Nacional y contra la oposición, medidas que consideran que la simple disidencia al Gobierno es un acto de desestabilización.
El Decreto alude, en general, a la “oposición política venezolana”. No alude a grupos ni a sectores de la oposición. No. Para el Decreto, toda la oposición es un factor de desestabilización que debe ser atacado.
Incluso es algo todavía más grave que esto: este Decreto pretende derogar la Constitución, al suspender el ejercicio de funciones propias de la Asamblea Nacional, ignorando que, como dice el Artículo 339, el estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público.
No estamos, por ello, ante un verdadero Decreto de estado de excepción, al menos en los términos del Artículo 337 y siguientes de la Constitución.
Estamos, en realidad, ante un Decreto que pretende derogar la Constitución con medidas contrarias a los valores, los principios y las garantías constitucionales.
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marinawais- Reportero total
Aguacate digital.
Implicaciones del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica
mayo 17, 2016
Las críticas sobre la extensión del Decreto de Emergencia Económica, al que ahora se le agrega la figura de Estado de Excepción tienen argumentos sólidos, y es que esta ordenanza otorga atribuciones extraordinarias al presidente de la República.
El presidente Nicolás Maduro anunció, el viernes, unDecreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica que busca supuestamente derrotar la llamada “guerra económica” y las amenazas del “golpe de Estado”.
El decreto es criticado por diversos sectores debido a que da facultades al Ejecutivo para extralimitarse de sus funciones y aprobar medidas que requieren la aprobación de otros poderes con el argumento de la emergencia económica.
Con este decreto, Maduro podrá dictar, por ejemplo, medidas nacionales e internacionales relacionadas con la comercialización y distribución de bienes e insumos, reseñó Noticiero Digital.
Los productores se mantienen a la expectativa porque bajo las figuras de estas acciones pueden tomar represalias contra empresas paralizadas por falta de divisas o materia prima.
Esto se confirma en el apartado que indica que se podrán adoptar “medidas especiales para asegurar el apoyo del sector privado en la producción, comercialización y sana distribución de insumos”.
Con este decreto se le otorgan funciones de “vigilancia” a los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP) junto a los Consejos Comunales, organizaciones del Poder Popular, Policía Nacional Bolivariana, Cuerpos de Seguridad de estados y municipios todos bajo la coordinación de la FANB para “mantener el orden público”.
El artículo 2, concretamente, el numeral 7 “autoriza al Ejecutivo a decidir la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político contra las máximas autoridades del Poder Público y otros funcionarios cuando esa sanciones obstaculicen la reactivación económica o la seguridad de la nación”. Es decir, casos como la moción de censura de funcionarios por parte de la Asamblea Nacional quedan suspendidas como parte de este decreto.
También Maduro podrá autorizar en Consejo de Ministros, gastos no previstos; así como la aprobación por parte del Ejecutivo de contratos de interés público para obtener recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos estratégicos sin aprobación de otros poderes públicos
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marinawais- Reportero total
Tostón con Soda
Y sigue ....y sigue ....y sigue, me dijeron que hoy Guarenas estaba super prendida.
Comenzó el Estallido!!! Media Venezuela Protesta a Nivel Nacional “Disturbios y Detenidos”. Y intento de golpe en una Alcaldia
mayo 16, 2016 admin Protestas, Venezuela
Protestas…
Venezuela protesta: En varias zonas de Venezuela se están reportando fuertes protestas y disturbios, donde el pueblo cansado salió a la calle a reclamar sus derechos. Se están cansando de pasar hambre de hacer colas, de vivir todo el tiempo en una so-sobra por causa de la inseguridad…
Uno de los hechos mas notorios de la protestas fue la toma de una Alcaldía en el Estado Tachira donde el pueblo tomó por la fuerza dicha alcaldía en manera de reclamar al ALCALDE (chavista) pos su mala Gestión.
ZULIA
Vecinos de la comunidad de Machiques protestaron en la mañana de este lunes, debido al aumento de la inseguridad en el municipio que ha ocasionado perdidas en el sector. El presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de la Villa del Rosario, David Torres, manifestó que los habitantes y comerciantes están descontentos por los planes de seguridad que se han implementado, porque no dan respuestas positivas.
Cojedes
Nostradamus @LlegueY0
Mas de 30 detenidos en #Cojedes. El pueblo pide comida y la gobernadora @ErikaPSUV arremete con el pueblo. @myteks
19:06 - 16 Mayo 2016
54 54 Retweets 6 6 me gusta
Muchos aseguran que las protestas es una salida del gobierno
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Comenzó el Estallido!!! Media Venezuela Protesta a Nivel Nacional “Disturbios y Detenidos”. Y intento de golpe en una Alcaldia
mayo 16, 2016 admin Protestas, Venezuela
Protestas…
Venezuela protesta: En varias zonas de Venezuela se están reportando fuertes protestas y disturbios, donde el pueblo cansado salió a la calle a reclamar sus derechos. Se están cansando de pasar hambre de hacer colas, de vivir todo el tiempo en una so-sobra por causa de la inseguridad…
Uno de los hechos mas notorios de la protestas fue la toma de una Alcaldía en el Estado Tachira donde el pueblo tomó por la fuerza dicha alcaldía en manera de reclamar al ALCALDE (chavista) pos su mala Gestión.
ZULIA
Vecinos de la comunidad de Machiques protestaron en la mañana de este lunes, debido al aumento de la inseguridad en el municipio que ha ocasionado perdidas en el sector. El presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de la Villa del Rosario, David Torres, manifestó que los habitantes y comerciantes están descontentos por los planes de seguridad que se han implementado, porque no dan respuestas positivas.
Cojedes
Nostradamus @LlegueY0
Mas de 30 detenidos en #Cojedes. El pueblo pide comida y la gobernadora @ErikaPSUV arremete con el pueblo. @myteks
19:06 - 16 Mayo 2016
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Muchos aseguran que las protestas es una salida del gobierno
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Unidad Venezuela
Asamblea Nacional rechaza decreto de estado de excepción
Asamblea Nacional rechaza decreto de estado de excepción
“En el decreto la palabra “inseguridad” no se menciona ni una vez, la palabra “corrupción” tampoco se menciona, ni (la frase) el ‘alto costo’ (de la vida)”, señaló el diputado Julio Borges poco antes de que la Asamblea Nacional rechazara el estado de excepción decretado por Nicolás Maduro, cuestionado por los diputados de la Unidad.
“Este gobierno hace el decreto porque perdió la gobernabilidad, no sabe qué hacer con el país. Porque perdió la legitimidad, ya que la gente dejó de creer en él y perdió la autoridad porque perdió la moral para seguir gobernando a Venezuela”, remató Borges.
Por su parte, el diputado Américo deGrazia señaló: “Estado de Excepción es el que condena al pueblo venezolano al hambre, a las colas del hambre, a las colas en los hospitales, a las colas en las farmacias. El Estado de Excepción embarga a los venezolanos todos los días del mundo cuando no consiguen harina precocida, ni alimentos, es la pobreza inducida por el régimen para poder someter al pueblo venezolano, estado de ex es no poseer luz eléctrica porque quebrado el sistema eléctrico más importante de Venezuela,
17/5/2016 7:28pm
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Asamblea Nacional rechaza decreto de estado de excepción
“En el decreto la palabra “inseguridad” no se menciona ni una vez, la palabra “corrupción” tampoco se menciona, ni (la frase) el ‘alto costo’ (de la vida)”, señaló el diputado Julio Borges poco antes de que la Asamblea Nacional rechazara el estado de excepción decretado por Nicolás Maduro, cuestionado por los diputados de la Unidad.
“Este gobierno hace el decreto porque perdió la gobernabilidad, no sabe qué hacer con el país. Porque perdió la legitimidad, ya que la gente dejó de creer en él y perdió la autoridad porque perdió la moral para seguir gobernando a Venezuela”, remató Borges.
Por su parte, el diputado Américo deGrazia señaló: “Estado de Excepción es el que condena al pueblo venezolano al hambre, a las colas del hambre, a las colas en los hospitales, a las colas en las farmacias. El Estado de Excepción embarga a los venezolanos todos los días del mundo cuando no consiguen harina precocida, ni alimentos, es la pobreza inducida por el régimen para poder someter al pueblo venezolano, estado de ex es no poseer luz eléctrica porque quebrado el sistema eléctrico más importante de Venezuela,
17/5/2016 7:28pm
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Unidad Venezuela
Fedecámaras: El nuevo Estado de Excepción traerá más ruina económica, hambre y desesperanza
Fedecámaras: El nuevo Estado de Excepción traerá más ruina económica, hambre y desesperanza
La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela -FEDECÁMARAS-, afirma que el nuevo Decreto de Excepción y Emergencia Económica se sigue sosteniendo en premisas y supuestos falsos, que mantienen un diagnóstico equivocado de la situación del país y como consecuencia, plantea medidas contraproducentes para la economía, que inevitablemente profundizarán la crisis y seguirán deteriorando las ya afectadas condiciones socioeconómicas de todos los venezolanos.
Es imposible ocultar el deficiente desempeño económico de esta administración y su manifiesta dificultad para abordar con eficiencia la crisis. El Gobierno nacional no le dice la verdad al país, evadiendo así su responsabilidad sobre las deterioradas condiciones sociales y económicas que viven las familias venezolanas.
En los considerandos del decreto, el Gobierno no hace mención alguna a la imposibilidad del sector productivo de adquirir materia prima, no hace mención al gasto público que mantiene el Estado; ni a las intervenciones y estatizaciones de empresas privadas que estaban al tope de su capacidad de producción, pero que en la actualidad, han perdido productividad, eficiencia y muchas constituyen importantes focos de corrupción; no hace mención alguna a la creciente impresión de billetes por parte del Banco Central de Venezuela, que ha producido la aceleración inflacionaria que estamos experimentando todos los venezolanos.
Este nuevo decreto intenta “legitimar” y “legalizar” una intervención de la producción, la distribución y la comercialización de bienes, dejándole al Ejecutivo nacional un amplio margen de ambigüedad y discrecionalidad, abriendo la puerta a más arbitrariedades y excesos. El decreto conduce a una menor transparencia en el manejo de los dineros públicos, lo que alimenta el contexto de creciente corrupción ya existente en la administración pública, denunciada incluso por simpatizantes, militantes y dirigentes de la coalición oficialista.
Son muchas las promesas hechas al país: se prometió un bolívar fuerte; un control de cambio que evitaría la fuga de capitales, un país libre de corrupción, una Venezuela donde se garantizaría la soberanía alimentaria, todas promesas sin cumplir.
Desde el pasado 14 de enero estuvo vigente el primer Decreto de Emergencia Económica, el cual se justificó como una vía rápida para dar respuesta a los problemas económicos que agobian a los venezolanos, hoy solo tenemos como resultado: más inflación, mayores niveles de escasez, una galopante corrupción, más líneas de producción detenidas, un deterioro progresivo de los servicios públicos y mayores temores y desconfianza. El nuevo Estado de Excepción y de Emergencia Económica publicado en la Gaceta Oficial Número 6227, se convertirá, igual que el anterior, en más ruina económica, hambre, carencias y desesperanza.
La crisis económica y social de nuestro país, no se resuelve con un decreto de 60 días, prorrogables por 60 más. Se resuelve fortaleciendo el aparato productivo nacional, con más inversiones, y para esto hace falta generar confianza en los procesos democráticos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Para reactivar nuestro aparato productivo no hace falta decretos, lo que hace falta es garantizar el respeto a los derechos de propiedad; garantizar condiciones de seguridad personal y jurídica; garantizar la estabilidad de las principales variables macroeconómicas; implementar mejoras en la infraestructura de servicios públicos; reformar el régimen cambiario; levantar progresivamente el régimen de control de precios; implementar estímulos fiscales para las inversiones de mediano y largo plazo en el país; implementar incentivos financieros para la modernización del aparato productivo nacional; actualizar la legislación laboral; revisar y adecuar las obligaciones tributarias del sector privado, y revisar y actualizar otras normas que forman parte del marco regulatorio, para facilitar las operaciones de empresas y, en especial, para estimular rápidos incrementos de volúmenes de producción. Estas medidas deben venir acompañadas de un conjunto de programas sociales dirigidos a mitigar el impacto social en los ciudadanos de menos recursos. Lamentablemente, nada de estas medidas se mencionan en el nuevo decreto.
El sector privado reitera su disposición a contribuir a que Venezuela supere la crisis. Los empresarios estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para mantener nuestras empresas a flote y con ella los más de 10 millones de empleos que generan progreso y bienestar a la familia venezolana. Urge la restauración de espacios para el diálogo social, para la reconciliación nacional. Los empresarios queremos trabajar y producir, somos parte de la solución y rechazamos enérgicamente todo lo que implique paralización de empresas y mayor empobrecimiento de la población.
17/5/2016 4:35pm
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Fedecámaras: El nuevo Estado de Excepción traerá más ruina económica, hambre y desesperanza
La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela -FEDECÁMARAS-, afirma que el nuevo Decreto de Excepción y Emergencia Económica se sigue sosteniendo en premisas y supuestos falsos, que mantienen un diagnóstico equivocado de la situación del país y como consecuencia, plantea medidas contraproducentes para la economía, que inevitablemente profundizarán la crisis y seguirán deteriorando las ya afectadas condiciones socioeconómicas de todos los venezolanos.
Es imposible ocultar el deficiente desempeño económico de esta administración y su manifiesta dificultad para abordar con eficiencia la crisis. El Gobierno nacional no le dice la verdad al país, evadiendo así su responsabilidad sobre las deterioradas condiciones sociales y económicas que viven las familias venezolanas.
En los considerandos del decreto, el Gobierno no hace mención alguna a la imposibilidad del sector productivo de adquirir materia prima, no hace mención al gasto público que mantiene el Estado; ni a las intervenciones y estatizaciones de empresas privadas que estaban al tope de su capacidad de producción, pero que en la actualidad, han perdido productividad, eficiencia y muchas constituyen importantes focos de corrupción; no hace mención alguna a la creciente impresión de billetes por parte del Banco Central de Venezuela, que ha producido la aceleración inflacionaria que estamos experimentando todos los venezolanos.
Este nuevo decreto intenta “legitimar” y “legalizar” una intervención de la producción, la distribución y la comercialización de bienes, dejándole al Ejecutivo nacional un amplio margen de ambigüedad y discrecionalidad, abriendo la puerta a más arbitrariedades y excesos. El decreto conduce a una menor transparencia en el manejo de los dineros públicos, lo que alimenta el contexto de creciente corrupción ya existente en la administración pública, denunciada incluso por simpatizantes, militantes y dirigentes de la coalición oficialista.
Son muchas las promesas hechas al país: se prometió un bolívar fuerte; un control de cambio que evitaría la fuga de capitales, un país libre de corrupción, una Venezuela donde se garantizaría la soberanía alimentaria, todas promesas sin cumplir.
Desde el pasado 14 de enero estuvo vigente el primer Decreto de Emergencia Económica, el cual se justificó como una vía rápida para dar respuesta a los problemas económicos que agobian a los venezolanos, hoy solo tenemos como resultado: más inflación, mayores niveles de escasez, una galopante corrupción, más líneas de producción detenidas, un deterioro progresivo de los servicios públicos y mayores temores y desconfianza. El nuevo Estado de Excepción y de Emergencia Económica publicado en la Gaceta Oficial Número 6227, se convertirá, igual que el anterior, en más ruina económica, hambre, carencias y desesperanza.
La crisis económica y social de nuestro país, no se resuelve con un decreto de 60 días, prorrogables por 60 más. Se resuelve fortaleciendo el aparato productivo nacional, con más inversiones, y para esto hace falta generar confianza en los procesos democráticos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Para reactivar nuestro aparato productivo no hace falta decretos, lo que hace falta es garantizar el respeto a los derechos de propiedad; garantizar condiciones de seguridad personal y jurídica; garantizar la estabilidad de las principales variables macroeconómicas; implementar mejoras en la infraestructura de servicios públicos; reformar el régimen cambiario; levantar progresivamente el régimen de control de precios; implementar estímulos fiscales para las inversiones de mediano y largo plazo en el país; implementar incentivos financieros para la modernización del aparato productivo nacional; actualizar la legislación laboral; revisar y adecuar las obligaciones tributarias del sector privado, y revisar y actualizar otras normas que forman parte del marco regulatorio, para facilitar las operaciones de empresas y, en especial, para estimular rápidos incrementos de volúmenes de producción. Estas medidas deben venir acompañadas de un conjunto de programas sociales dirigidos a mitigar el impacto social en los ciudadanos de menos recursos. Lamentablemente, nada de estas medidas se mencionan en el nuevo decreto.
El sector privado reitera su disposición a contribuir a que Venezuela supere la crisis. Los empresarios estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para mantener nuestras empresas a flote y con ella los más de 10 millones de empleos que generan progreso y bienestar a la familia venezolana. Urge la restauración de espacios para el diálogo social, para la reconciliación nacional. Los empresarios queremos trabajar y producir, somos parte de la solución y rechazamos enérgicamente todo lo que implique paralización de empresas y mayor empobrecimiento de la población.
17/5/2016 4:35pm
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Unidad Venezuela
Maduro se auto otorgó un cheque en blanco para decidir sobre las libertades políticas de los venezolanos
Maduro se auto otorgó un cheque en blanco para decidir sobre las libertades políticas de los venezolanos
En opinión del abogado constitucionalista José Vicente Haro, lo “más grave” del Decreto de Estado de Excepción dictado por el gobierno es que no especifica cuáles garantías están restringidas o suspendidas en el ámbito político, pero aun así el presidente se ha auto otorgado “un cheque en blanco” para decidir sobre el ejercicio o no de las libertades ciudadanas en esta materia.
“Ese Decreto de Estado de Excepción es una demostración de que estamos frente a un quebrantamiento del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático, como lo señala el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Eso se llama golpe de Estado. El presidente de la República está dando un golpe de Estado a las instituciones venezolanas, a la Constitución venezolana pero, sobre todo, al pueblo venezolano”, denunció.
Haro refirió que la promulgación de un estado de excepción debe cumplir con requisitos fundamentales previstos en la Constitución nacional, en la Ley Orgánica de Estados de Excepción, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por su sigla en inglés) de las Naciones Unidas (ONU), instrumentos internacionales que han sido suscritos y ratificados por Venezuela y que, por tanto, tienen fuerza y validez constitucional como lo establece el artículo 23 de la Carta Magna de Venezuela.
“Uno de los requisitos que establecen esos tratados internacionales y que, en consecuencia, son requisitos constitucionales, es que se deben especificar, precisar, detallar, las garantías constitucionales que se restringen o suspenden al proclamarse un estado de excepción”, indicó el constitucionalista.
“En la parte económica del decreto hay algún grado de detalle sobre las garantías que están restringidas, pero en la parte política solo se hace una generalización tremenda y grave”, dijo Haro al referirse al artículo 3 del decreto, el cual señala, simplemente, que Maduro “podrá dictar otras medidas de orden social, ambiental, económico, político y jurídico que estime convenientes a las circunstancias”.
Ese artículo “es muy cuestionable desde el punto de vista constitucional, porque no hay ninguna especificación o determinación de cuáles garantías de derechos políticos están suspendidas o restringidas, amén de que hay garantías de carácter político que nunca se pueden restringir ni suspender”, aseguró.
Entre estas citó el derecho a la vida, a la libertad personal, al debido proceso, a la manifestación, a la protesta, a la libertad de información, a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia, a la prohibición de torturas y de desapariciones forzadas, a ejercer amparos constitucionales frente a situaciones inconstitucionales, y al derecho a elegir y a la participación política en general.
En ese contexto, por ejemplo, no se puede detener el proceso en marcha para revocar el mandato al presidente Maduro, ni las elecciones de gobernadores previstas para este año. “Suspender el revocatorio sería instituir una dictadura en Venezuela. No puede el presidente de la República, ni siquiera bajo un estado de excepción, suspender procesos refrendarios ni elecciones de cualquier tipo”, insistió.
“Con ese artículo – refiere Haro – el presidente se reserva la facultad para ´dictar otras medidas´ y eso es peligroso, porque eso puede dar lugar a la restricción de derechos y garantías políticas, por una parte; pero, por la otra, porque se están dando funciones de orden público no solamente a la FAN y a los cuerpos policiales, que le corresponden constitucionalmente, sino nada más y nada menos que a los CLAP y a los Consejos Comunales”, que cuentan, en algunos casos, con colectivos armados.
“¿Qué significa esto? Que ahora los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP) y los Consejos Comunales van a sentir que tienen la potestad de ejercer funciones de orden público para reprimir alguna manifestación o una protesta, por ejemplo, frente a un establecimiento de alimentos, frente a una farmacia o en un hospital, como consecuencia del desabastecimiento (…) Se van a sentir con la autoridad de detener a alguien y ponerlo a la orden de un cuerpo policial”, aseguró.
“Eso es lo más grave de este decreto. No se especifican las garantías que están restringidas en el ámbito político, pero el presidente se auto otorga un cheque en blanco para actuar, desde los órganos de seguridad hasta los consejos comunales, sobre la libertad de las personas, sobre los ejercicios políticos de los venezolanos”, resumió.
Los peligros económicos
Haro también fue consultado en torno a lo previsto en el numeral 1 del artículo 2 del decreto de emergencia económica, el cual establece que el gobierno adoptará las medidas necesarias “para que el sector público asegure el apoyo del (no para apoyar al) sector productivo privado en la producción, comercialización y sana distribución de insumos”.
“El Ejecutivo no tiene dinero para expropiar, por lo que solamente puede ocupar plantas de manera forzosa e ilegal; ni tampoco tiene la experticia técnica para operar determinadas plantas. Un ejemplo de ello es el caso de Polar. Ningún trabajador de esta empresa se va a prestar a una ocupación del gobierno. Le va a ser imposible al gobierno ocupar Empresas Polar”, explicó.
“¿Qué está sugiriendo el gobierno con ese artículo? Está sugiriendo que la competencia de esa empresa puede ocupar las plantas que están paralizadas, que están autorizadas por el gobierno para hacerlo y que hasta le pueden proveer un contingente de la GNB, de los CLAP o de los Consejos Comunales. Ahí está lo peligroso en el ámbito económico: se está propiciando que, incluso, la empresa privada sea copartícipe de esas violaciones a la libertad económica y a los derechos de las empresas, de los particulares y, en definitiva, de los trabajadores”, añadió.
La AN debe revocarlo y denunciarlo
En opinión de Haro, las “graves violaciones” a la Constitución y a los Derechos Humanos que implican el Decreto de Estado de Excepción y el de Emergencia Económica deben conducir a la Asamblea Nacional, en el debate sobre la materia que inicia esta tarde, no solamente a no aprobarlo, sino también a revocarlo, porque de no hacerlo así se correrá el riesgo de que pase lo mismo que ocurrió en enero y marzo pasado con el Decreto de Emergencia Económica, que terminó siendo aprobado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pasando por encima de la decidido por el Poder Legislativo.
“Con respecto a un decreto de estado de excepción la AN puede hacer varias cosas, y así lo establece claramente la Ley Orgánica de Estados de Excepción. Puede aprobarlo o no, puede modificarlo y también puede revocarlo. Por todas las gravedades que señalamos, y debido al hecho de que no están dadas las circunstancias excepcionales que exige la Constitución para que se dicte un decreto como este, pues no hay circunstancias que lo ameriten, ese decreto no debe entrar en vigencia”, opinó.
“Y debe ir más allá. Además del pronunciamiento que haga sobre este decreto, la AN debe notificar esta situación directamente a la comisión de Derechos Humanos de la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA)”, concluyó.
17/5/2016 2:08pm
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Maduro se auto otorgó un cheque en blanco para decidir sobre las libertades políticas de los venezolanos
En opinión del abogado constitucionalista José Vicente Haro, lo “más grave” del Decreto de Estado de Excepción dictado por el gobierno es que no especifica cuáles garantías están restringidas o suspendidas en el ámbito político, pero aun así el presidente se ha auto otorgado “un cheque en blanco” para decidir sobre el ejercicio o no de las libertades ciudadanas en esta materia.
“Ese Decreto de Estado de Excepción es una demostración de que estamos frente a un quebrantamiento del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático, como lo señala el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Eso se llama golpe de Estado. El presidente de la República está dando un golpe de Estado a las instituciones venezolanas, a la Constitución venezolana pero, sobre todo, al pueblo venezolano”, denunció.
Haro refirió que la promulgación de un estado de excepción debe cumplir con requisitos fundamentales previstos en la Constitución nacional, en la Ley Orgánica de Estados de Excepción, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por su sigla en inglés) de las Naciones Unidas (ONU), instrumentos internacionales que han sido suscritos y ratificados por Venezuela y que, por tanto, tienen fuerza y validez constitucional como lo establece el artículo 23 de la Carta Magna de Venezuela.
“Uno de los requisitos que establecen esos tratados internacionales y que, en consecuencia, son requisitos constitucionales, es que se deben especificar, precisar, detallar, las garantías constitucionales que se restringen o suspenden al proclamarse un estado de excepción”, indicó el constitucionalista.
“En la parte económica del decreto hay algún grado de detalle sobre las garantías que están restringidas, pero en la parte política solo se hace una generalización tremenda y grave”, dijo Haro al referirse al artículo 3 del decreto, el cual señala, simplemente, que Maduro “podrá dictar otras medidas de orden social, ambiental, económico, político y jurídico que estime convenientes a las circunstancias”.
Ese artículo “es muy cuestionable desde el punto de vista constitucional, porque no hay ninguna especificación o determinación de cuáles garantías de derechos políticos están suspendidas o restringidas, amén de que hay garantías de carácter político que nunca se pueden restringir ni suspender”, aseguró.
Entre estas citó el derecho a la vida, a la libertad personal, al debido proceso, a la manifestación, a la protesta, a la libertad de información, a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia, a la prohibición de torturas y de desapariciones forzadas, a ejercer amparos constitucionales frente a situaciones inconstitucionales, y al derecho a elegir y a la participación política en general.
En ese contexto, por ejemplo, no se puede detener el proceso en marcha para revocar el mandato al presidente Maduro, ni las elecciones de gobernadores previstas para este año. “Suspender el revocatorio sería instituir una dictadura en Venezuela. No puede el presidente de la República, ni siquiera bajo un estado de excepción, suspender procesos refrendarios ni elecciones de cualquier tipo”, insistió.
“Con ese artículo – refiere Haro – el presidente se reserva la facultad para ´dictar otras medidas´ y eso es peligroso, porque eso puede dar lugar a la restricción de derechos y garantías políticas, por una parte; pero, por la otra, porque se están dando funciones de orden público no solamente a la FAN y a los cuerpos policiales, que le corresponden constitucionalmente, sino nada más y nada menos que a los CLAP y a los Consejos Comunales”, que cuentan, en algunos casos, con colectivos armados.
“¿Qué significa esto? Que ahora los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP) y los Consejos Comunales van a sentir que tienen la potestad de ejercer funciones de orden público para reprimir alguna manifestación o una protesta, por ejemplo, frente a un establecimiento de alimentos, frente a una farmacia o en un hospital, como consecuencia del desabastecimiento (…) Se van a sentir con la autoridad de detener a alguien y ponerlo a la orden de un cuerpo policial”, aseguró.
“Eso es lo más grave de este decreto. No se especifican las garantías que están restringidas en el ámbito político, pero el presidente se auto otorga un cheque en blanco para actuar, desde los órganos de seguridad hasta los consejos comunales, sobre la libertad de las personas, sobre los ejercicios políticos de los venezolanos”, resumió.
Los peligros económicos
Haro también fue consultado en torno a lo previsto en el numeral 1 del artículo 2 del decreto de emergencia económica, el cual establece que el gobierno adoptará las medidas necesarias “para que el sector público asegure el apoyo del (no para apoyar al) sector productivo privado en la producción, comercialización y sana distribución de insumos”.
“El Ejecutivo no tiene dinero para expropiar, por lo que solamente puede ocupar plantas de manera forzosa e ilegal; ni tampoco tiene la experticia técnica para operar determinadas plantas. Un ejemplo de ello es el caso de Polar. Ningún trabajador de esta empresa se va a prestar a una ocupación del gobierno. Le va a ser imposible al gobierno ocupar Empresas Polar”, explicó.
“¿Qué está sugiriendo el gobierno con ese artículo? Está sugiriendo que la competencia de esa empresa puede ocupar las plantas que están paralizadas, que están autorizadas por el gobierno para hacerlo y que hasta le pueden proveer un contingente de la GNB, de los CLAP o de los Consejos Comunales. Ahí está lo peligroso en el ámbito económico: se está propiciando que, incluso, la empresa privada sea copartícipe de esas violaciones a la libertad económica y a los derechos de las empresas, de los particulares y, en definitiva, de los trabajadores”, añadió.
La AN debe revocarlo y denunciarlo
En opinión de Haro, las “graves violaciones” a la Constitución y a los Derechos Humanos que implican el Decreto de Estado de Excepción y el de Emergencia Económica deben conducir a la Asamblea Nacional, en el debate sobre la materia que inicia esta tarde, no solamente a no aprobarlo, sino también a revocarlo, porque de no hacerlo así se correrá el riesgo de que pase lo mismo que ocurrió en enero y marzo pasado con el Decreto de Emergencia Económica, que terminó siendo aprobado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pasando por encima de la decidido por el Poder Legislativo.
“Con respecto a un decreto de estado de excepción la AN puede hacer varias cosas, y así lo establece claramente la Ley Orgánica de Estados de Excepción. Puede aprobarlo o no, puede modificarlo y también puede revocarlo. Por todas las gravedades que señalamos, y debido al hecho de que no están dadas las circunstancias excepcionales que exige la Constitución para que se dicte un decreto como este, pues no hay circunstancias que lo ameriten, ese decreto no debe entrar en vigencia”, opinó.
“Y debe ir más allá. Además del pronunciamiento que haga sobre este decreto, la AN debe notificar esta situación directamente a la comisión de Derechos Humanos de la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA)”, concluyó.
17/5/2016 2:08pm
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marinawais- Reportero total
Unidad Venezuela
Calzadilla: Estado de excepción de Maduro no existe en la Constitución
Calzadilla: Estado de excepción de Maduro no existe en la Constitución
Este martes el secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela (MPV) y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Simón Calzadilla, calificó de inconstitucionales los dos últimos decretos emanados del ejecutivo nacional. El primero en el que amparan a los ministros a los que la AN les otorgue voto de censura y, el segundo, referente al Estado de excepción y de emergencia económica.
“El artículo 338 de la Constitución sólo establece tres tipos de estados de excepción; el de alarma (relacionado a los desastres naturales), el de emergencia económica y el de conmoción interna o externa (referente a guerras en el extranjero o en Venezuela). Pero Estado de excepción a secas no existe en la Constitución, lo está inventando Nicolás”, explicó.
Calzadilla además criticó el hecho de que en los considerandos del decreto se hable de suspensión de garantías, pues a su juicio en el país no hay ninguna guerra que requiera esa medida. “Nicolás te estás convirtiendo en un dictador, estás siguiendo los pasos de Pedro Carmona Estanga, y el pueblo va a salir a defender su soberanía pactada en la Constitución”.
Sabotean el referendo
El diputado aseveró que tanto Jorge Rodríguez, como Aristóbulo Istúriz y Diosdado Cabello dicen mentiras y crean planillas falsas, con el objetivo único de negarle la posibilidad a los ciudadanos que participaron en el reciente proceso de recolección de firmas con miras al referendo revocatorio propuesto por la Mesa de la Unidad, ir a donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo disponga a validar su firma, huella y voluntad de cambio.
“No quieren medirse con el pueblo, no quieren ser evaluados por el pueblo. Fueron demócratas mientras tuvieron mayoría, pero ahora que son minoría no quieren ir a elecciones porque saben que tendrían que entregar el poder. Un demócrata entrega el poder si así el pueblo lo decide, en cambio un dictador cuando es minoría da un golpe de Estado que es lo que están haciendo ustedes con ese decreto”, indicó Calzadilla.
17/5/2016 1:49pm
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Calzadilla: Estado de excepción de Maduro no existe en la Constitución
Este martes el secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela (MPV) y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Simón Calzadilla, calificó de inconstitucionales los dos últimos decretos emanados del ejecutivo nacional. El primero en el que amparan a los ministros a los que la AN les otorgue voto de censura y, el segundo, referente al Estado de excepción y de emergencia económica.
“El artículo 338 de la Constitución sólo establece tres tipos de estados de excepción; el de alarma (relacionado a los desastres naturales), el de emergencia económica y el de conmoción interna o externa (referente a guerras en el extranjero o en Venezuela). Pero Estado de excepción a secas no existe en la Constitución, lo está inventando Nicolás”, explicó.
Calzadilla además criticó el hecho de que en los considerandos del decreto se hable de suspensión de garantías, pues a su juicio en el país no hay ninguna guerra que requiera esa medida. “Nicolás te estás convirtiendo en un dictador, estás siguiendo los pasos de Pedro Carmona Estanga, y el pueblo va a salir a defender su soberanía pactada en la Constitución”.
Sabotean el referendo
El diputado aseveró que tanto Jorge Rodríguez, como Aristóbulo Istúriz y Diosdado Cabello dicen mentiras y crean planillas falsas, con el objetivo único de negarle la posibilidad a los ciudadanos que participaron en el reciente proceso de recolección de firmas con miras al referendo revocatorio propuesto por la Mesa de la Unidad, ir a donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo disponga a validar su firma, huella y voluntad de cambio.
“No quieren medirse con el pueblo, no quieren ser evaluados por el pueblo. Fueron demócratas mientras tuvieron mayoría, pero ahora que son minoría no quieren ir a elecciones porque saben que tendrían que entregar el poder. Un demócrata entrega el poder si así el pueblo lo decide, en cambio un dictador cuando es minoría da un golpe de Estado que es lo que están haciendo ustedes con ese decreto”, indicó Calzadilla.
17/5/2016 1:49pm
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marinawais- Reportero total
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