NOTICIAS VENEZUELA
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DolarToday
Imagen de Chávez resalta la miseria de la “Revolución Cubana” (+Fotos)
@DolarToday / Dec 1, 2014 @ 8:00 am
MiseriaCubana
“El bicitaxi chavista”, así lo llama el bloguero cubano Yusnaby Pérez, quien se refiere a este carrito decorado con banderas venezolanas y afiches del expresidente Chávez, como atractivo turístico en La Habana y es que hasta su chofer se mete en el personaje y hasta la gorra tricolor lleva puesta.
Esta es solo una muestra de la patética miseria a la cual esta sometido el pueblo cubano y que tiene como trasfondo la imagen de Hugo Chávez quien a irónicamente también se encargó de sembrar miseria, odio y destrucción en el pueblo venezolano.
Con información de La Patilla
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marinawais- Reportero total
El Nacional
Héctor Rodríguez y la austeridad
1 DE DICIEMBRE 2014 - 12:01 AM CET
Héctor Rodríguez viajó el sábado 29 de noviembre a China. En su cuenta de Twitter decía: “Estamos saliendo para la milenaria China (…..)”. No aclaraba el señor vicepresidente para el Desarrollo Social y de las Misiones a quiénes se refería con el uso del plural. Es decir, no explicaba cuántas personas integraban la misión, ni tampoco cuál fue el monto total de los viáticos que les entregaron para el viaje. En otro tuit decía el señor ministro lo siguiente: “El presidente @NicolasMaduro nos instruyo que la tarea más importante de este viaje es garantizar las 1.500 escuelas para nuestra juventud” (la palabra instruyó, no estaba acentuada; evitaremos comentar aquí la calidad del idioma que utiliza Rodríguez, ohhh paradoja, también ministro de Educación).
Estos son los tiempos de austeridad que anuncia el presidente Maduro: por alguna razón que escapa a la comprensión de cualquier ciudadano empobrecido, para garantizar la construcción de 1.500 escuelas en Venezuela, un grupo de funcionarios venezolanos debe viajar a China. ¿Por qué? ¿Qué justifica un viaje semejante, a un destino tan alejado de Venezuela? ¿Lo impone acaso el gobierno de China? ¿Les obliga a viajar a implorar el financiamiento? ¿Dónde queda entonces la anunciada austeridad? ¿Por qué Maduro, en vez de avalar semejante traslado, no ordenó la cancelación del viaje y lo exhibió como pieza de caza de su supuesta política de recorte de gastos suntuarios?
En la misma cuenta de Twitter del señor Rodríguez pueden detectarse cuán serias son las políticas de austeridad. Por ejemplo, dice: “Parten a Cuba médicos venezolanos que combatirán el ébola en África”. Más viajeros, más boletos, más viáticos y hasta escala en la isla de la felicidad, al mismo tiempo que en Venezuela hospitales y clínicas se ven obligados a reducir las operaciones porque no hay insumos.
No podía el señor ministro evitar la mención a la más estruendosa negación de todo anuncio de austeridad: el Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas, contribución del alcalde Jorge Rodríguez a la política de reducción de gastos y eliminación de prácticas suntuarias en el alto gobierno.
Pero, la verdad, es que no habría por qué cargarle la mano al señor Héctor Rodríguez, cuando él no es el único que pasea y gasta los dineros de los venezolanos. ¿Qué decir, por ejemplo, del llamado canciller petrolero? ¿Cuánto costó la gira fallida de Rafael Ramírez por varios países? ¿Cuántos funcionarios le acompañaron? ¿Por qué se hizo ese viaje, cuya derrota había sido anunciada por expertos de Venezuela y el mundo?
Otro que no parece en absoluto interesado en la austeridad es el señor Andrés Izarra, ministro del Poder Popular del Turismo, que en la Feria de Turismo 2014 realizada en Barinas, que además de haber sido desplegada en un espacio de más de ocho hectáreas (tal es la inconciencia de la riqueza súbita), exhibió sendas simulaciones, una del fenómeno del Catatumbo y otra del Teleférico de Mérida, que están lejos de inscribirse en cualquier política de austeridad.
¿Dijo el Presidente política de austeridad y eliminación de los gastos suntuarios? ¿Cuándo? ¿Dónde?
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marinawais- Reportero total
Maduradas
¡15 AÑOS DE DESTRUCCIÓN TOTAL! Refinerías del país padecen un “severo desastre operacional”
30 noviembre, 2014
Las refinerías del país están en crisis. Atraviesan por un severo desastre operacional. Sus cifras de baja producción de combustible son históricas. Por eso la importación de 240 mil barriles diarios para el consumo nacional se hace imperante.
Pero el mínimo retraso en los despachos de esas compras que se hacen en el exterior se traduce en una crisis del mercado interno, como la ocurrida hace un par de semanas en Carabobo. La gasolina escaseó. Un hecho alarmante en el cuarto país petrolero del mundo.
Refineria-Venezuela
Hace un año se importaba 40 mil barriles diarios de combustible. Esto quiere decir que el incremento fue de 500%. Un número que es elocuente. Todo evidencia que algo malo está sucediendo en los procesos de la estatal petrolera (Pdvsa).
Francisco Javier Larrañaga, ex subgerente del centro de refinación de Paraguaná y director de la Asociación Civil Centro de Orientación en Energía (Coener, lo confirmó. “Nuestro sistema de refinación está realmente afectado”. Fueron parte de sus palabras durante su participación en el taller para comunicadores sociales en materia de petróleo y energía, dictado en el Colegio de Ingenieros de Carabobo, así lo reseñó el diario El Carabobeño.
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marinawais- Reportero total
DolarToday
Maduro decreta aumento del 1500% para la renovación de licencias de conducir
Maduro decreta aumento del 1500% para la renovación de licencias de conducir
@DolarToday / Dec 1, 2014 @ 9:00 am
La renovación del documento para conductores de tercer grado pasará de 101,60 a 1.524 bolívares lo que en la practica representa un aumento del 1500%.
El Gobierno ejecutó ajustes en el pago de los servicios que presta. De acuerdo a la reforma de la Ley de Timbre Fiscal aumentó los costos para la solicitud y renovación de las licencias de conducir.
El decreto Ley que reforma parcialmente esta normativa, aprobado por Maduro vía habilitante, establece un aumento de la tasa para licencias de conducir de tercer grado, expedidas por primera vez, a 12 Unidades Tributarias (UT). Es decir, el trámite pasará de Bs. 101,60 a Bs. 1.524 de acuerdo a la UT que se fijó para este año de Bs. 127.
El costo para la renovación de este mismo documento pasa de Bs. 76,20 a Bs. 2.032 (2666%) al fijarse una tasa de 16 UT.
El resto de las licencias de conducir también registran nuevas tasas; las de primer grado pasa a 6 UT (Bs. 762), segundo grado a 6 UT (Bs. 762), cuarto grado a 16 UT (Bs. 2.032) y quinto grado a 22 UT (BS. 2.794).En la exposición de motivos de la reforma se indicó que los altos precios de los materiales para realizar el documento sobrepasó el costo que cancelan los ciudadanos por el trámite.“El Instituto Nacional de Transporte Terrestre presta múltiples servicios de los cuales se cobran unas tasas previamente establecidas en la Ley de Timbre Fiscal. Sin embargo, tal como se desprende de los estudios de costo realizados por cada uno de los servicios se pudo determinar que el costo de adquisición, producción y expedición es mayor en algunos casos al monto de la tasa”, indica el texto publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Número 6.150 de fecha 18 de noviembre de 2014.Para realizar el examen teórico para obtener la licencia de conducir ahora se deberá cancelar Bs. 762, en lugar de Bs. 25,40 que se pagaba para la realización del mismo. Mientras que para obtener el título de instructor de manejo serán Bs. 5.080.
Con información de Reporte Confidencial
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marinawais- Reportero total
Re: NOTICIAS VENEZUELA
Lo que dice la foto:
Cuba Ejemplo Para Venezuela En Avance Tecnológico
Con Dos Piernas Para Delante
marinawais- Reportero total
Re: NOTICIAS VENEZUELA
PRIMERO JUSTICIA
Enzo Scarano: Destituido de su cargo y preso por desacato #RechazaLaPersecución
Enzo Scarano: Destituido de su cargo y preso por desacato #RechazaLaPersecución
marinawais- Reportero total
DolarToday
A quien nos parecemos? a Zimbabwue, Corea del Norte, Cuba, sera a los Palestinos, a los Sirios, ¿a quien? porque a Venezuela no es...!
Se me olvidaba que chavez era el mesías y maduro su hijito, ¡claro...!
Jesus en ti confiamos, por favor llevatelos ya y para siempre, Amen y gracias.
El TSJ al servicio de la “revolución” no ha dictado ni una sentencia en contra del régimen
El TSJ al servicio de la “revolución” no ha dictado ni una sentencia en contra del régimen
DolarToday / Dec 1, 2014 @ 1:00 pm
Desde 2005, cuando el oficialismo tomó el control absoluto del Tribunal Supremo de Justicia, se han dictado 45.474 sentencias en las salas Constitucional, Político Administrativa y Electoral, que están encargadas de controlar los actos del gobierno. Los abogados Antonio Canova, Luis Alfonso Herrera, Rosa Rodríguez y Giussepe Graterol las analizaron una a una. Las conclusiones de la investigación están vertidas en el libro El TSJ al servicio de la revolución. La toma, los números y los criterios del TSJ venezolano (2004-2013), y revelan que en ningún caso el máximo tribunal ha fallado en contra del oficialismo, publica EDGAR LÓPEZ El Nacional
“La Sala Constitucional nunca condenó al Presidente de la República por haber violado un derecho constitucional. En nueve años de un transitar político conmocionado y polémico, que ha tenido consecuencias palpables en la vida de muchas personas (asesinadas, encarceladas, exiliadas, perseguidas, despedidas), no deja de sorprender que en ninguna ocasión haya declarado con lugar un amparo constitucional ejercido contra el Presidente”, se indica en el libro que ya está a la venta en las librerías.
Se añade que nunca se dictó una sentencia que anulara, en alguna materia que haya sido declarada estratégica o que haya supuesto una ampliación de las potestades del gobierno, una ley dictada por la Asamblea Nacional. Tampoco se censuró ninguno de los muchos acuerdos que emite la mayoría oficialista en los más variados temas, en muchas ocasiones para estigmatizar, perseguir o justificar violaciones a quienes se oponen al gobierno nacional.
En cuanto a la Sala Político Administrativa, se demuestra que nunca ha cuestionado alguna política pública del gobierno, como las expropiaciones de industrias o empresas, el rescate de tierras para fines agrarios, la intervención del gobierno en la economía, las estatizaciones, los controles de divisas, costos y precios, sea en acciones de anulación contra actos administrativos, o en demandas patrimoniales por los daños y perjuicios que en alguna de esas materias haya podido causar; ni siquiera de modo cautelar, ha detenido, entorpecido o de cualquier manera cuestionado la actuación del gobierno.
Y respecto de la Sala Electoral se afirma que en ocho de cada nueve sentencias el oficialismo resulta beneficiado.
Canova explica que en los litigios entre los particulares y el Estado, la Sala Político Administrativa considera que condenar al gobierno va contra el interés general. En cuanto a la Sala Constitucional, Herrera, recuerda que los magistrados han señalado, expresa y públicamente, que no les corresponde ser contrapeso del ejercicio del poder público, pues, en vez de división de poderes, se impone una colaboración. “En la práctica no es más que burda genuflexión ante el Ejecutivo”, razona.
Además del análisis estadístico, el libro El TSJ al servicio de la revolución identifica un elemental patrón su subordinación del Poder Judicial que se repitió en 55 sentencias: el gobierno anuncia lo quiere y, a las pocas semanas, el TSJ le ofrece piso jurídico a las medidas tomadas o por tomar, al tiempo que rechaza todas las objeciones por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad. No se trata de 55 asuntos intrascendentes, y en la investigación se agrupan de acuerdo con los perjuicios que implican en términos de: principios democráticos, independencia del Poder Judicial, libertad de asociación y derechos sociales, participación política y sufragio, propiedad privada y libertad de expresión.
Canova y Herrera, profesores universitarios y directivos de la ONG Un Estado de Derecho, no olvidan que antes del ascenso del chavismo al poder, la administración de justicia era controlada por AD y Copei como por grupos económicos. “Pero antes 40% de las demandas contra el Estado eran declaradas con lugar. Ahora, en litigios patrimoniales la mayor indemnización que se alcanzado es por 180.000 dólares, en un caso que el demandante aspiraba a millones”, asegura Canova.
“La diferencia es que ahora hay un componente de politización que lleva a desconocimiento de principios democráticos, derechos humanos y degenera en hostigamiento judicial. De manera —agrega Herrera— que se ha agravado la situación que no se pudo corregir hasta 1999 y estamos pagando el precio de que la independencia judicial no haya sido ni sea valorada como un objetivo prioritario”.
Ante la precariedad de Maduro
“Tras la muerte de Hugo Chávez, anunciada en marzo de 2013, las evidencias de politización del TSJ se han hecho más explícitas y radicales”, se afirma en el libro.
El 8 de diciembre de 2012, Hugo Chávez ungió públicamente a Nicolás Maduro como su sucesor. Un mes y un día después, el 9 de enero de 2013, la Sala Constitucional interpretó el artículo 231 de la Constitución, para concluir que, ante la imposibilidad de que Chávez se juramentara como presidente reelecto el 10 de enero, Maduro debía ocupar el cargo sobre la base del principio de continuidad administrativa. Posteriormente, el 8 de marzo, determino que, aún siendo vicepresidente, podía postularse como candidato presidencial.
Estas dos sentencias fueron las primeras de una serie que siempre favorecería a Maduro, particularmente a partir de febrero de 2014, cuando las protestas en la calle amenazaron la gobernabilidad. La Sala Constitucional se erigió en tribunal penal y, mediante un juicio sumarísimo, condenó a prisión y destituyó a los alcaldes de San Diego, Enzo Scarano, y de San Cristóbal, Daniel Ceballos. Además, determinó que el derecho constitucional a la manifestación pacífica está sujeto a previa autorización, pues de lo contrario acarrea sanciones penales. Y, a modo de espaldarazo a los militares que reprimieron las manifestaciones, convalidó la participación de funcionarios de las Fuerzas Armadas en actividades proselitistas.
“Todas estas sentencias tienen en común que tratan de cubrir los flancos débiles del gobierno de Maduro: ineficiencia y disminución de su popularidad. Se le da un blindaje jurídico para que pueda seguir actuando sin verse expuesto a las críticas”, opina Luis Alfonso Herrera.
Regalo de cumpleaños
El 28 de julio de 2006, día de cumpleaños del presidente Hugo Chávez, la Sala Constitucional estableció que: “no puede afirmarse que la reelección no sea un principio compatible con la democracia, y por el contrario, puede señalarse que el mismo, dentro de un Estado de Derecho que garantice la justicia y los derechos de los ciudadanos, puede ser una herramienta útil que garantice la continuidad en el desarrollo de las iniciativas que beneficien a la sociedad”.
Tal criterio sería retomado por el TSJ después que Chávez insistió en ser reelecto en la presidencia, a pesar de que la mayoría del electorado, a través de referéndum, había rechazado tal posibilidad, que estaba incluida en la fallida reforma constitucional promovida por el gobierno.
La Constitución prohíbe plantear la misma modificación de algunas de sus reglas en un mismo período presidencial. Sin embargo, el 2 de febrero de 2009 la Sala Constitucional franqueó el rigor de la carta magna, al considerar que la reforma la solicitó la Asamblea Nacional y que la enmienda para imponer la reelección indefinida fue una iniciativa del Presidente de la República y, además, era diferente porque se extendía a todos los cargos de elección popular.
Salud pública sin lugar
La incondicionalidad del TSJ ante el gobierno tiene consecuencias directas sobre los ciudadanos cuando se trata de derechos humanos. El 26 de mayo de 2004, la Sala Constitucional declaró sin lugar una solicitud de amparo interpuesta por la Federación Médica Venezolana para garantizar la dotación de insumos a los centros de salud públicos. Los magistrados argumentaron que las políticas públicas no son objeto de control judicial sino de control político. En esos días murieron varios niños en el hospital J.M. de Los Ríos y el TSJ parecía sugerir a las dolientes que esperaran las próximas elecciones para castigar a los responsables de la crisis sanitaria.
El criterio establecido hace 10 años exonera de responsabilidad al Estado por su ineficiencia en la satisfacción de todos los derechos económicos, sociales y culturales.
El 18 de junio de 2012, la Sala Constitucional negó la posibilidad de que el Ministerio de Salud rindiera cuentas sobre las irregularidades en la compra de medicamentos a Cuba, que había sido detectada por la Contraloría General de la República. Igual de grave es que el TSJ haya establecido que las solicitudes de acceso a la información pública impliquen pérdida de tiempo y obstaculización de las funciones de la administración pública.
El millardito
Desde 2004 Chávez amenazaba con intervenir el Banco Central de Venezuela: “El BCV no debe ser autónomo. Esa es la tesis neoliberal”. Con la jocosidad que solía tratar temas de trascendencia nacional, el jefe del Estado explicaba que necesitaba “un millardito” proveniente de las reservas internacionales que administra el instituto emisor, para financiar un plan agrícola. Pero la ley era un obstáculo para el Presidente.
La Sala Constitucional desempolvó una demanda de nulidad de la ley del Banco Central de Venezuela que había intentado José Guerra junto a otros economistas en 2006. El 16 de noviembre de 2010, mediante la sentencia 1.115, el TSJ complació a Chávez al declarar la constitucional del Fonden y, en la práctica, de todos los demás fondos parafiscales que le permiten al gobierno disponer discrecionalmente de los recursos excedentarios de la renta petrolera.
Cifras
2 decretos leyes dictados por el presidente fueron parcialmente anulados: los relativos a la administración de puertos y a las notificaciones de la Procuraduría. En ambos casos no se afectaron los intereses del Ejecutivo
1,92% de un total de 363 sentencias de la Sala Político Administrativa relativas a demandas patrimoniales fueron con lugar, pero sin resarcimiento pleno de daños
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Se me olvidaba que chavez era el mesías y maduro su hijito, ¡claro...!
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El TSJ al servicio de la “revolución” no ha dictado ni una sentencia en contra del régimen
El TSJ al servicio de la “revolución” no ha dictado ni una sentencia en contra del régimen
DolarToday / Dec 1, 2014 @ 1:00 pm
Desde 2005, cuando el oficialismo tomó el control absoluto del Tribunal Supremo de Justicia, se han dictado 45.474 sentencias en las salas Constitucional, Político Administrativa y Electoral, que están encargadas de controlar los actos del gobierno. Los abogados Antonio Canova, Luis Alfonso Herrera, Rosa Rodríguez y Giussepe Graterol las analizaron una a una. Las conclusiones de la investigación están vertidas en el libro El TSJ al servicio de la revolución. La toma, los números y los criterios del TSJ venezolano (2004-2013), y revelan que en ningún caso el máximo tribunal ha fallado en contra del oficialismo, publica EDGAR LÓPEZ El Nacional
“La Sala Constitucional nunca condenó al Presidente de la República por haber violado un derecho constitucional. En nueve años de un transitar político conmocionado y polémico, que ha tenido consecuencias palpables en la vida de muchas personas (asesinadas, encarceladas, exiliadas, perseguidas, despedidas), no deja de sorprender que en ninguna ocasión haya declarado con lugar un amparo constitucional ejercido contra el Presidente”, se indica en el libro que ya está a la venta en las librerías.
Se añade que nunca se dictó una sentencia que anulara, en alguna materia que haya sido declarada estratégica o que haya supuesto una ampliación de las potestades del gobierno, una ley dictada por la Asamblea Nacional. Tampoco se censuró ninguno de los muchos acuerdos que emite la mayoría oficialista en los más variados temas, en muchas ocasiones para estigmatizar, perseguir o justificar violaciones a quienes se oponen al gobierno nacional.
En cuanto a la Sala Político Administrativa, se demuestra que nunca ha cuestionado alguna política pública del gobierno, como las expropiaciones de industrias o empresas, el rescate de tierras para fines agrarios, la intervención del gobierno en la economía, las estatizaciones, los controles de divisas, costos y precios, sea en acciones de anulación contra actos administrativos, o en demandas patrimoniales por los daños y perjuicios que en alguna de esas materias haya podido causar; ni siquiera de modo cautelar, ha detenido, entorpecido o de cualquier manera cuestionado la actuación del gobierno.
Y respecto de la Sala Electoral se afirma que en ocho de cada nueve sentencias el oficialismo resulta beneficiado.
Canova explica que en los litigios entre los particulares y el Estado, la Sala Político Administrativa considera que condenar al gobierno va contra el interés general. En cuanto a la Sala Constitucional, Herrera, recuerda que los magistrados han señalado, expresa y públicamente, que no les corresponde ser contrapeso del ejercicio del poder público, pues, en vez de división de poderes, se impone una colaboración. “En la práctica no es más que burda genuflexión ante el Ejecutivo”, razona.
Además del análisis estadístico, el libro El TSJ al servicio de la revolución identifica un elemental patrón su subordinación del Poder Judicial que se repitió en 55 sentencias: el gobierno anuncia lo quiere y, a las pocas semanas, el TSJ le ofrece piso jurídico a las medidas tomadas o por tomar, al tiempo que rechaza todas las objeciones por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad. No se trata de 55 asuntos intrascendentes, y en la investigación se agrupan de acuerdo con los perjuicios que implican en términos de: principios democráticos, independencia del Poder Judicial, libertad de asociación y derechos sociales, participación política y sufragio, propiedad privada y libertad de expresión.
Canova y Herrera, profesores universitarios y directivos de la ONG Un Estado de Derecho, no olvidan que antes del ascenso del chavismo al poder, la administración de justicia era controlada por AD y Copei como por grupos económicos. “Pero antes 40% de las demandas contra el Estado eran declaradas con lugar. Ahora, en litigios patrimoniales la mayor indemnización que se alcanzado es por 180.000 dólares, en un caso que el demandante aspiraba a millones”, asegura Canova.
“La diferencia es que ahora hay un componente de politización que lleva a desconocimiento de principios democráticos, derechos humanos y degenera en hostigamiento judicial. De manera —agrega Herrera— que se ha agravado la situación que no se pudo corregir hasta 1999 y estamos pagando el precio de que la independencia judicial no haya sido ni sea valorada como un objetivo prioritario”.
Ante la precariedad de Maduro
“Tras la muerte de Hugo Chávez, anunciada en marzo de 2013, las evidencias de politización del TSJ se han hecho más explícitas y radicales”, se afirma en el libro.
El 8 de diciembre de 2012, Hugo Chávez ungió públicamente a Nicolás Maduro como su sucesor. Un mes y un día después, el 9 de enero de 2013, la Sala Constitucional interpretó el artículo 231 de la Constitución, para concluir que, ante la imposibilidad de que Chávez se juramentara como presidente reelecto el 10 de enero, Maduro debía ocupar el cargo sobre la base del principio de continuidad administrativa. Posteriormente, el 8 de marzo, determino que, aún siendo vicepresidente, podía postularse como candidato presidencial.
Estas dos sentencias fueron las primeras de una serie que siempre favorecería a Maduro, particularmente a partir de febrero de 2014, cuando las protestas en la calle amenazaron la gobernabilidad. La Sala Constitucional se erigió en tribunal penal y, mediante un juicio sumarísimo, condenó a prisión y destituyó a los alcaldes de San Diego, Enzo Scarano, y de San Cristóbal, Daniel Ceballos. Además, determinó que el derecho constitucional a la manifestación pacífica está sujeto a previa autorización, pues de lo contrario acarrea sanciones penales. Y, a modo de espaldarazo a los militares que reprimieron las manifestaciones, convalidó la participación de funcionarios de las Fuerzas Armadas en actividades proselitistas.
“Todas estas sentencias tienen en común que tratan de cubrir los flancos débiles del gobierno de Maduro: ineficiencia y disminución de su popularidad. Se le da un blindaje jurídico para que pueda seguir actuando sin verse expuesto a las críticas”, opina Luis Alfonso Herrera.
Regalo de cumpleaños
El 28 de julio de 2006, día de cumpleaños del presidente Hugo Chávez, la Sala Constitucional estableció que: “no puede afirmarse que la reelección no sea un principio compatible con la democracia, y por el contrario, puede señalarse que el mismo, dentro de un Estado de Derecho que garantice la justicia y los derechos de los ciudadanos, puede ser una herramienta útil que garantice la continuidad en el desarrollo de las iniciativas que beneficien a la sociedad”.
Tal criterio sería retomado por el TSJ después que Chávez insistió en ser reelecto en la presidencia, a pesar de que la mayoría del electorado, a través de referéndum, había rechazado tal posibilidad, que estaba incluida en la fallida reforma constitucional promovida por el gobierno.
La Constitución prohíbe plantear la misma modificación de algunas de sus reglas en un mismo período presidencial. Sin embargo, el 2 de febrero de 2009 la Sala Constitucional franqueó el rigor de la carta magna, al considerar que la reforma la solicitó la Asamblea Nacional y que la enmienda para imponer la reelección indefinida fue una iniciativa del Presidente de la República y, además, era diferente porque se extendía a todos los cargos de elección popular.
Salud pública sin lugar
La incondicionalidad del TSJ ante el gobierno tiene consecuencias directas sobre los ciudadanos cuando se trata de derechos humanos. El 26 de mayo de 2004, la Sala Constitucional declaró sin lugar una solicitud de amparo interpuesta por la Federación Médica Venezolana para garantizar la dotación de insumos a los centros de salud públicos. Los magistrados argumentaron que las políticas públicas no son objeto de control judicial sino de control político. En esos días murieron varios niños en el hospital J.M. de Los Ríos y el TSJ parecía sugerir a las dolientes que esperaran las próximas elecciones para castigar a los responsables de la crisis sanitaria.
El criterio establecido hace 10 años exonera de responsabilidad al Estado por su ineficiencia en la satisfacción de todos los derechos económicos, sociales y culturales.
El 18 de junio de 2012, la Sala Constitucional negó la posibilidad de que el Ministerio de Salud rindiera cuentas sobre las irregularidades en la compra de medicamentos a Cuba, que había sido detectada por la Contraloría General de la República. Igual de grave es que el TSJ haya establecido que las solicitudes de acceso a la información pública impliquen pérdida de tiempo y obstaculización de las funciones de la administración pública.
El millardito
Desde 2004 Chávez amenazaba con intervenir el Banco Central de Venezuela: “El BCV no debe ser autónomo. Esa es la tesis neoliberal”. Con la jocosidad que solía tratar temas de trascendencia nacional, el jefe del Estado explicaba que necesitaba “un millardito” proveniente de las reservas internacionales que administra el instituto emisor, para financiar un plan agrícola. Pero la ley era un obstáculo para el Presidente.
La Sala Constitucional desempolvó una demanda de nulidad de la ley del Banco Central de Venezuela que había intentado José Guerra junto a otros economistas en 2006. El 16 de noviembre de 2010, mediante la sentencia 1.115, el TSJ complació a Chávez al declarar la constitucional del Fonden y, en la práctica, de todos los demás fondos parafiscales que le permiten al gobierno disponer discrecionalmente de los recursos excedentarios de la renta petrolera.
Cifras
2 decretos leyes dictados por el presidente fueron parcialmente anulados: los relativos a la administración de puertos y a las notificaciones de la Procuraduría. En ambos casos no se afectaron los intereses del Ejecutivo
1,92% de un total de 363 sentencias de la Sala Político Administrativa relativas a demandas patrimoniales fueron con lugar, pero sin resarcimiento pleno de daños
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marinawais- Reportero total
Solo en Venezuela
Letreros en Chino, en MacTronics
El problema no es que este computador portátil cueste 113 millones de bolívares de los viejos, con los que hace tan solo 10 años podría haber comprado una enorme quinta de lujo en el este de Caracas.... El verdadero problema es que tiene unas indicaciones escritas en chino (o mandarín) que quién sabe lo que signifiquen!!! Tal vez allí diga que el producto es radiactivo, o tal vez diga que solo puedo pagarlo en dólares.... realmente no se lo que dice, pero ciertamente Sólo en Venezuela ponen etiquetas de información en Chino en los productos!!!
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El problema no es que este computador portátil cueste 113 millones de bolívares de los viejos, con los que hace tan solo 10 años podría haber comprado una enorme quinta de lujo en el este de Caracas.... El verdadero problema es que tiene unas indicaciones escritas en chino (o mandarín) que quién sabe lo que signifiquen!!! Tal vez allí diga que el producto es radiactivo, o tal vez diga que solo puedo pagarlo en dólares.... realmente no se lo que dice, pero ciertamente Sólo en Venezuela ponen etiquetas de información en Chino en los productos!!!
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marinawais- Reportero total
El Nacional
Denuncian imposición de milicia obrera
Señalan que milicia obrera es contraria al convenio 87 de la OIT | Foto Archivo El Nacional
La cláusula está en el contrato marco del sector público sin incluir la palabra voluntario, dijeron sindicalistas
ANA DÍAZ
1 DE DICIEMBRE 2014 - 12:01 AM
La cláusula del contrato colectivo marco 2014-2016 del sector público sobre la milicia obrera causa ruido: la palabra voluntario no se incluye en el texto. “Se abren las puertas para que ese servicio militar sea obligatorio para más de 2 millones de obreros y funcionarios estatales”, alertó Servando Carbone, directivo de Fentrasep, Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público.
El sindicalista afirmó que la milicia viola el convenio 87 sobre libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo que prohíbe la intromisión de los gobiernos en los sindicatos. “Lamentablemente, dirigentes de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores impulsan esa figura militarista”, añadió.
Fuentes allegadas a la mesa de negociación del contrato marco, que solicitaron no mencionar sus nombres, admitieron que la cláusula no incluye el término voluntario, pero “no es para alarmarse porque el espíritu de la milicia es que los trabajadores se inscriban por su propia iniciativa, sin presiones”.
Carbone informó que vía electrónica enviaron a la OIT la queja sobre la intención del gobierno de imponer la estructura militar en los centros de trabajo para desplazar y anular a los sindicatos. También sostuvo que los dirigentes en servicio activo en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana deben renunciar a sus cargos como directivos de las organizaciones sindicales.
Antonio Rodríguez, del sindicato de Industrias Diana, estatizada en 2008, aseveró que la milicia se justifica como instrumento de vigilancia en procesos productivos estratégicos en coordinación con las organizaciones sindicales tradicionales.
Negó que los milicianos sean utilizados como fuerza de choque contra los trabajadores, pues no portan armas. “La milicia es para defender a la patria y apoyar en los desastres naturales”, argumentó, y agregó que actualmente 2.500 trabajadores son milicianos.
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Señalan que milicia obrera es contraria al convenio 87 de la OIT | Foto Archivo El Nacional
La cláusula está en el contrato marco del sector público sin incluir la palabra voluntario, dijeron sindicalistas
ANA DÍAZ
1 DE DICIEMBRE 2014 - 12:01 AM
La cláusula del contrato colectivo marco 2014-2016 del sector público sobre la milicia obrera causa ruido: la palabra voluntario no se incluye en el texto. “Se abren las puertas para que ese servicio militar sea obligatorio para más de 2 millones de obreros y funcionarios estatales”, alertó Servando Carbone, directivo de Fentrasep, Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público.
El sindicalista afirmó que la milicia viola el convenio 87 sobre libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo que prohíbe la intromisión de los gobiernos en los sindicatos. “Lamentablemente, dirigentes de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores impulsan esa figura militarista”, añadió.
Fuentes allegadas a la mesa de negociación del contrato marco, que solicitaron no mencionar sus nombres, admitieron que la cláusula no incluye el término voluntario, pero “no es para alarmarse porque el espíritu de la milicia es que los trabajadores se inscriban por su propia iniciativa, sin presiones”.
Carbone informó que vía electrónica enviaron a la OIT la queja sobre la intención del gobierno de imponer la estructura militar en los centros de trabajo para desplazar y anular a los sindicatos. También sostuvo que los dirigentes en servicio activo en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana deben renunciar a sus cargos como directivos de las organizaciones sindicales.
Antonio Rodríguez, del sindicato de Industrias Diana, estatizada en 2008, aseveró que la milicia se justifica como instrumento de vigilancia en procesos productivos estratégicos en coordinación con las organizaciones sindicales tradicionales.
Negó que los milicianos sean utilizados como fuerza de choque contra los trabajadores, pues no portan armas. “La milicia es para defender a la patria y apoyar en los desastres naturales”, argumentó, y agregó que actualmente 2.500 trabajadores son milicianos.
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marinawais- Reportero total
Re: NOTICIAS VENEZUELA
PRIMERO JUSTICIA
Daniel Ceballos: Destituido de su cargo, preso por desacato, rebelión civil y agavillamiento #RechazaLaPersecución
Daniel Ceballos: Destituido de su cargo, preso por desacato, rebelión civil y agavillamiento #RechazaLaPersecución
marinawais- Reportero total
DolarToday
Tengo tieeeeeeempoooooo diciéndolo, doble discurso, doble moral, mas de lo mismo, la élite pues. y esto no es nuevo señores, tiene 16 largos años.
Jesus en ti confiamos, llevatelo ya y para siempre, Amen y gracias. falta poquiiiiiiito tic, tac.
(Video) difundido clandestinamente por Leopoldo López deja al descubierto la inmoralidad de Nicolás Maduro
@DolarToday / Dec 2, 2014 @ 11:00 am
A través de un video que compartió desde su cuenta Twitter, el líder de la oposición Leopoldo López mandó un recado a Maduro. En dicho contenido el preso político señala la doble moral del mandatario para seguir las decisiones de la ONU.
López señala que solo cuando le conviene, Maduro respeta y pide acatar decisiones de la ONU.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) emanó a principios de octubre una resolución en la que decretó que “el Estado venezolano debe liberar de inmediato a Leopoldo López, coordinador nacional de Voluntad Popular, tras determinar luego de una exhaustiva investigación que al líder político se le detuvo arbitrariamente y se le violentaron varios de sus derechos civiles, políticos y constitucionales”.
La respuesta inmediata de Maduro fue de atacar a la ONU. “Son una intromisión a nuestros asuntos internos”, detalló en su momento. Por su parte la Fiscal Luisa Ortega destacó “Ningún organismo internacional puede darnos órdenes“.
Mientras avanza el video, Leopoldo dice que cuando solo le conviene a Maduro, las “decisiones de la ONU son insensatas”.
La Patilla
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Jesus en ti confiamos, llevatelo ya y para siempre, Amen y gracias. falta poquiiiiiiito tic, tac.
(Video) difundido clandestinamente por Leopoldo López deja al descubierto la inmoralidad de Nicolás Maduro
@DolarToday / Dec 2, 2014 @ 11:00 am
A través de un video que compartió desde su cuenta Twitter, el líder de la oposición Leopoldo López mandó un recado a Maduro. En dicho contenido el preso político señala la doble moral del mandatario para seguir las decisiones de la ONU.
López señala que solo cuando le conviene, Maduro respeta y pide acatar decisiones de la ONU.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) emanó a principios de octubre una resolución en la que decretó que “el Estado venezolano debe liberar de inmediato a Leopoldo López, coordinador nacional de Voluntad Popular, tras determinar luego de una exhaustiva investigación que al líder político se le detuvo arbitrariamente y se le violentaron varios de sus derechos civiles, políticos y constitucionales”.
La respuesta inmediata de Maduro fue de atacar a la ONU. “Son una intromisión a nuestros asuntos internos”, detalló en su momento. Por su parte la Fiscal Luisa Ortega destacó “Ningún organismo internacional puede darnos órdenes“.
Mientras avanza el video, Leopoldo dice que cuando solo le conviene a Maduro, las “decisiones de la ONU son insensatas”.
La Patilla
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