Argentina: Inundaciones, modelo productivo y usos de los recursos públicos

ALAI, América Latina en Movimiento 2013-04-05 Argentina Inundaciones, modelo productivo y usos de los recursos públicos Julio C. Gambina

Clasificado en: Política: Politica, Estado, | [size=7] Social: [size=7]Social, [size=7]Habitat, | [size=7] Economía: [size=7]Economia, [size=7]PoliticasEconomicas, | [/size][/size][/size][/size][/size][/size] Disponible en: Español Compartir:

---

Por estas horas
todos hablan de la tormenta que asoló la Capital Federal, el Gran Buenos
Aires, y especialmente a la ciudad de La Plata, con un saldo elevado de
50 muertes evitables y miles de afectados con secuelas aún no
evaluadas, no solo económicas, sino humanas, de salud, e incluso
culturales.
Lo mejor provino de la solidaridad social. Lo peor de la imprevisión pública ante situaciones de catástrofes.

Por muchas
razones, entre otras el cambio climático, resulta recurrente que se
presenten situaciones catastróficas, no solo en Argentina, sino en el
mundo.
Un imperativo de la época es analizar las consecuencias del cambio climático y prevenirlas y más aún, combatirlas.

Eso nos lleva al
modelo productivo hegemónico a escala mundial que degrada a la
naturaleza, que la agrede en múltiples formas, con monocultivos, e
industrialización acompañada de organismos genéticamente modificados,
todo con el afán del crecimiento para satisfacer objetivos de lucro
empresario, más que en atender necesidades alimentarias de la población.


Es por ello que
buena parte de la producción del agro se utiliza para producir energía.
Así, la energía disputa con la alimentación la utilización de la
producción agraria. Es una mayor producción disputada para alimentar
personas o máquinas. La consecuencia sobre la naturaleza es gravosa,
afectando el metabolismo natural y la huella ecológica, con lo que se
consume más naturaleza que la que se puede auto reproducir.

Pero esa
rentabilidad acrecida es también utilizada en el negocio inmobiliario
con fines especulativos, sin planificación del hábitat para el vivir
bien de la población en su conjunto. El proceso de urbanización resulta
de la aplicación de ganancias al negocio de la construcción, más como
resguardo de inversión que para satisfacer la necesidad de techo de una
población cercana a los 5 millones de personas. Lo curioso es que
existen tantas construcciones vacías, producto de la valorización
inmobiliaria, como demandantes de vivienda propia sin posibilidad de
acceso. En rigor, no solo ladrillos, sino que también se orientan las
inversiones hacia el parque automotor que inunda de hormigón el espacio
público.

Las inundaciones y
sus consecuencias sociales son adjudicadas a la naturaleza, y es
cierto, pero convengamos también que esa naturaleza está condicionada
por el tipo de modelo productivo y de desarrollo en curso.

Como siempre el
interrogante es ¿qué hacer? Obvio que la mirada se asienta sobre el
Estado, en tanto sujeto que establece las normas de funcionamiento de la
sociedad.

Algunos se
sorprenden por la crítica de los afectados por las inundaciones a los
gobernantes, sin reparar en la sensación de abandono que sienten los
perjudicados directos. Estos dirigen la bronca hacia la ausencia del
Estado, sus funcionarios o representantes, en el lugar de los hechos,
aún cuando se ven escasos contingentes de ayuda municipal, provincial o
nacional, con efectivos de policía, ejército o gendarmería.

No alcanza lo que
hay. Hace falta planificar con antelación la disposición de recursos
financieros y personal para atender la logística ante catástrofes, algo
inexistente en la Argentina.

Es que el Estado
no tiene como principal función satisfacer este tipo de demandas
sociales, sino que es una institución para resguardar el orden
capitalista, especialmente reformado en la década del 90´ para atender
las necesidades del capital más concentrado. Los cambios operados en
materia de intervención estatal en los últimos años no atacan el núcleo
duro de la regresiva reestructuración del decenio pasado.

A modo de ejemplo
podemos anotar que en el mismo momento que se evaluaban los daños por la
inundación, se disponía de más de 3.300 millones de dólares de las
reservas internacionales para cancelar deuda con los organismos
internacionales. Las cancelaciones de deuda pública constituyen el gasto
más importante del país, por encima de la contribución presupuestal a
la salud y a la educación, y prácticamente nada a la prevención ante
catástrofes como la ocurrida.

Duele la
comparación con países como Cuba, acostumbrada a tifones y huracanes con
las consabidas consecuencias sobre bienes físicos, pero con un
detallado programa para salvaguardar la vida. Es un logro planificado
por años, que en nuestro país no existe.

Es hora de
discutir el privilegio del gasto público. Se puede estudiar cómo actúan
otras sociedades y aplicar esas conclusiones para que él “nunca más”, no
solo remita a procesos dictatoriales, sino que exprese nuevas funciones
del Estado, en todos los ámbitos, para privilegiar el vivir bien de
toda la población, antepuesto al objetivo de la ganancia, la acumulación
y la dominación capitalista.

5 de abril de 2013

- Julio C. Gambina es
profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Rosario. Presidente de la Fundación de
Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Integrante del Comité
Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]