Los periodistas argentinos, a 37 años del genocidio
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Los periodistas argentinos, a 37 años del genocidio
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La UTPBA, a 37 años del golpe genocida
Los trabajadores y el pueblo argentino todo nos hallamos, nuevamente, ante un aniversario más del 24 de marzo de 1976, fecha símbolo del crimen, del delito atroz y de la horrorosa violación a los derechos humanos.
Como trabajadores/as de prensa, nucleados en la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), recordamos siempre a nuestros treinta mil compañeros detenidos desaparecidos y, en particular, a los más de cien periodistas y trabajadores/as de prensa que dieron su vida por un programa militante cuyos puntos centrales eran la independencia de la clase trabajadora de las patronales, de las burocracias sindicales, de los partidos políticos y del Estado como núcleo de una fuerza social que luchó contra las relaciones injustas del sistema.
Aquel golpe genocida fue planificado y diseñado por los gerentes civiles del plan neoliberal que la finanza internacional y las grandes empresas multinacionales con sede en el hemisferio norte, se dispusieron a aplicar en América Latina y en nuestro país.
Lograron implementar un plan económico que desguazó al Estado; entregaron a precio vil el patrimonio nacional; endeudaron a la Argentina en una proporción de una vez y media su producto bruto; destrozaron a la industria nacional mediante una apertura indiscriminada de las importaciones; quebraron a la pequeña y mediana empresa; expulsaron fuera del sistema económico al 30 % de la fuerza laboral que cayó así en la desocupación sin perspectivas de futuro ni para el trabajador ni para su familia; colocaron a la moneda nacional y al Banco Central como servidores de los grandes bancos del mundo con sucursales aquí; expropiaron el dinero del sistema previsional para incorporarlo al circuito de especulación financiera; destruyeron el sistema de transportes, de salud y de educación, que habían estado a la vanguardia en América Latina, para privatizarlos en beneficio del capital concentrado mundial; aumentaron la deuda externa de 4000 a más de 40.000 millones de dólares, que era lo que el país debía cuando los usurpadores fueron echados del poder; precarizaron las relaciones laborales quitando conquistas a los trabajadores vinculadas a sus condiciones de trabajo y a su salario. Sería muy largo describir en detalle el plan antinacional y antipopular que aplicaron los genocidas de uniforme pero diseñado por gerentes del capital transnacional como Guillermo Walter Klein, Christian Zimmermann y el jefe de todos ellos, el conocido delincuente internacional y juzgado como tal por la justicia argentina, José Alfredo Martínez de Hoz.
Los trabajadores argentinos venían luchando, cada vez más organizados en sus sindicatos, coordinadoras, centros de estudiantes, comisiones de fomento barriales, comités de base en villas de emergencia y a lo largo y a lo ancho del país, con un programa nacional, popular y antiimperialista que abriera el camino al socialismo. Por ello, el plan neoliberal no podía ser aplicado sino con represión y barriendo con los derechos y garantías que consagraba la Constitución Nacional. El 24 de marzo de 1976 dio comienzo la ordalía sangrienta con la luz verde del gobierno de los EE.UU. a través de su secretario de Estado Henry Kissinger.
Ese cuartelazo criminal, encabezado formalmente por Videla, Agosti y Massera, fue de carácter cívico-eclesiástico y militar. Empresas como Mercedes Benz, Ford e Ingenio Ledesma por citar sino los más conocidos emblemas de la ignominia y el crimen, denunciaron y entregaron a la represión, a la tortura y a la muerte a dirigentes obreros y a trabajadores que eran miembros de comisiones internas o simples activistas.
Connotados periodistas de la época -algunos de los cuales aún hoy escriben y opinan sobre política y moral o son parte del espectáculo y la farándula- participaron en el diseño del plan criminal o asesoraron a los asesinos de uniforme o propagandizaron ante el mundo las acciones de la dictadura, al tiempo que ocultaban sus crímenes.
El nuncio apostólico de aquella época -que jugaba al tenis con Massera- , la cúpula eclesiástica argentina e, incluso, religiosos de menor nivel jerárquico silenciaron el genocidio, no dieron protección a sus curas villeros o rechazaron los desesperados pedidos de madres y familiares de las víctimas para que intercedieran ante los asesinos con el fin de obtener información sobre sus seres queridos.
Entre los pocos sectores que intentaron alguna resistencia estaba la clase trabajadora. Junto a las Madres de Plaza de Mayo y a otros organismos de derechos humanos que se fueron incorporando paulatinamente a la incipiente resistencia, protagonizaron acciones y movilizaciones que, poco a poco, fueron permitiendo mayores niveles de organización y de participación ciudadana. Hacia el año 1982, la dictadura ya mostraba signos de agotamiento pero el objetivo de destruir la organización obrera y popular para aplicar el modelo neoliberal ya había sido, en buena parte, cumplido. Sin embargo, la resistencia de nuestro gremio de prensa por recuperar nuestra organización, intervenida militarmente, abrió uno de los principales caminos que seguimos recorriendo hasta hoy: Luchar por una mejor y más organización y organizarnos para luchar.
La maniobra irresponsable, aventurera y criminal que intentó la dictadura el 2 de abril de 1982 fue una fuga hacia delante en busca de alguna legitimidad que detuviera su caída inexorable. No fue una “guerra antiimperialista”- como señaláramos en aquel momento- sino un recurso ruin y artero con el que sólo lograrían agregar más muertos civiles a las 30.000 víctimas del terrorismo de Estado. Los valientes de la picana frente a la víctima indefensa se rindieron como sólo pueden hacerlo los que no tienen moral ni principios: de forma cobarde y sin combatir. El criminal Astiz hizo punta en este comportamiento sin honra y vacío de toda ética.
La dictadura se retiró y la forma del Estado cambió. Advino la democracia en octubre de 1983 luego de un pronunciamiento electoral que llevó a Raúl Alfonsín a la presidencia de la Nación. Con el juicio a las juntas militares comenzó en la Argentina la ardua y lenta tarea de hacer justicia con unos genocidas que habían llenado de luto, dolor y espanto al pueblo argentino y que habían sido usados por la finanza internacional y por el capital concentrado mundial para implementar en la Argentina el modelo neoliberal que ya había comenzado con el “rodrigazo”, en la época de Isabel y López Rega, que seguiría con Martínez de Hoz y que culminaría con la segunda década infame, la de Menem-Cavallo. Paralelamente la reconstrucción del tejido sindical, gremial y profesional de nuestro gremio, diezmado por la desaparición, el exilio, la persecución y el miedo nos situó en uno de los mayores desafíos que enfrentamos los trabajadores de prensa. Y parimos una organización que fue capaz de decirle no a todos los que pretendían seguir cercenando nuestros derechos. No, dijimos ayer ( y hoy) a los que querían cambiar salarios por convenios, en la pretensión de entregar el resultado de la lucha organizada por decenas de compañeros. No se trata apenas del pasado, se trata de ver en la memoria las mejores ideas que inspiraron nuestros compañeros y que hoy revalidamos todos los días.
Las asonadas golpistas de Rico y Seineldín y las leyes de impunidad que fueron su corolario, sumadas a los indultos a los genocidas que firmó Carlos Menem, impidieron seguir adelante con los juicios a todos los militares y civiles con responsabilidades en el terrorismo de Estado. Removidos estos obstáculos en agosto de 2003 mediante la ley 25.779 la justicia argentina comenzó a juzgar y a castigar a aquellos criminales. Mucho antes la demanda de “CON VIDA LOS QUEREMOS” recorrió nuestro gremio en medio de la distancia y las diferencias que sobre este reclamo planteaban muchas organizaciones sindicales y políticas. También impedimos la publicación de una solicitada golpista que intentaba reivindicar el genocidio de los terroristas de Estado así como decidimos no darle micrófono a los golpistas en medio de los levantamientos militares y salimos a la calle a reclamar por mayor democracia.
No son sólo historias del pasado son ideas que perduran en la UTPBA de hoy y de siempre
Pero La UTPBA no sólo recuerda lo ocurrido sino que también denuncia que el Poder Judicial, en algunos de sus estamentos de primera instancia, de las alzadas y de los ministerios fiscales constituyen –todavía hoy- cotos donde sobrevive la ideología del terrorismo de Estado y, en consecuencia, hay funcionarios renuentes a investigar y castigar los crímenes. Por eso es necesario ir a fondo en un proceso de democratización del Estado in totum y, en particular, de la justicia y de las instituciones con competencia para seleccionar y someter a juicio político a los magistrados en mora procesal respecto de juicios donde deben investigarse estos crímenes.
Los trabajadores de prensa también denunciamos que un criminal abyecto como Videla puede conceder entrevistas al Grupo PRISA, de España -conocido éste como apologista consuetudinario de las políticas de ajuste- en las cuales el genocida nuevamente viola el Código Penal llamando a las armas para derrocar a un gobierno legalmente constituido ante la pasividad de fiscales y jueces.
Hoy venimos a decir también que la prisión domiciliaria para criminales de lesa humanidad no es virtud democrática sino una peligrosa debilidad del carácter de esa democracia. Y lo mismo vale para el penal de Marcos Paz, que se ha convertido en un antro donde los terroristas de Estado gozan de todas las facilidades para hacer su lúgubre proselitismo extramuros y para ir construyendo, poco a poco, en el seno de la misma sociedad a la que ayer masacraron, una red de solidaridades y de propaganda ideológica para lo cual sus familiares y amigos tejen y destejen sin cesar con miras a lograr, algún día, la impunidad y una loca y descabellada reivindicación, que eso es lo que pretenden.
Por otra parte, la UTPBA también denuncia que, en los últimos años, los hechos van creando un clima proclive a acotar las responsabilidades a sus ejecutores materiales. Se intenta, de este modo, detener el proceso de divulgación y conocimiento por parte de toda la sociedad argentina de las complicidades civiles, religiosas y empresariales para que no se investigue la participación de estos actores en los crímenes del terrorismo de Estado.
Nuestros 30.000 compañeros desaparecidos lucharon para vencer y su lucha fue un acto de amor, de valentía, de abnegación y entrega contra la explotación y la miseria que sufrían y sufren las masas trabajadoras. Y la esperanza para los pobres de nuestra patria latinoamericana está en la organización y la lucha contra sus enemigos de clase y jamás en la vacía invocación retórica que, en forma hipócrita, adula a los pobres, como si la pobreza fuera una virtud en sí misma, al tiempo que se nos incita a amar a nuestros enemigos.
En este triste aniversario, la UTPBA redobla su compromiso de lucha por verdad, memoria y justicia, por la vigencia plena e irrestricta de los derechos humanos y se compromete ante los trabajadores y ante la sociedad a no bajar jamás las banderas de una patria soberana, con justicia social y hermanada con los procesos antiimperialistas de nuestros países hermanos de América Latina.
Comisión General Administrativa - UTPBA
24 de marzo de 2013
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La UTPBA, a 37 años del golpe genocida
Los trabajadores y el pueblo argentino todo nos hallamos, nuevamente, ante un aniversario más del 24 de marzo de 1976, fecha símbolo del crimen, del delito atroz y de la horrorosa violación a los derechos humanos.
Como trabajadores/as de prensa, nucleados en la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), recordamos siempre a nuestros treinta mil compañeros detenidos desaparecidos y, en particular, a los más de cien periodistas y trabajadores/as de prensa que dieron su vida por un programa militante cuyos puntos centrales eran la independencia de la clase trabajadora de las patronales, de las burocracias sindicales, de los partidos políticos y del Estado como núcleo de una fuerza social que luchó contra las relaciones injustas del sistema.
Aquel golpe genocida fue planificado y diseñado por los gerentes civiles del plan neoliberal que la finanza internacional y las grandes empresas multinacionales con sede en el hemisferio norte, se dispusieron a aplicar en América Latina y en nuestro país.
Lograron implementar un plan económico que desguazó al Estado; entregaron a precio vil el patrimonio nacional; endeudaron a la Argentina en una proporción de una vez y media su producto bruto; destrozaron a la industria nacional mediante una apertura indiscriminada de las importaciones; quebraron a la pequeña y mediana empresa; expulsaron fuera del sistema económico al 30 % de la fuerza laboral que cayó así en la desocupación sin perspectivas de futuro ni para el trabajador ni para su familia; colocaron a la moneda nacional y al Banco Central como servidores de los grandes bancos del mundo con sucursales aquí; expropiaron el dinero del sistema previsional para incorporarlo al circuito de especulación financiera; destruyeron el sistema de transportes, de salud y de educación, que habían estado a la vanguardia en América Latina, para privatizarlos en beneficio del capital concentrado mundial; aumentaron la deuda externa de 4000 a más de 40.000 millones de dólares, que era lo que el país debía cuando los usurpadores fueron echados del poder; precarizaron las relaciones laborales quitando conquistas a los trabajadores vinculadas a sus condiciones de trabajo y a su salario. Sería muy largo describir en detalle el plan antinacional y antipopular que aplicaron los genocidas de uniforme pero diseñado por gerentes del capital transnacional como Guillermo Walter Klein, Christian Zimmermann y el jefe de todos ellos, el conocido delincuente internacional y juzgado como tal por la justicia argentina, José Alfredo Martínez de Hoz.
Los trabajadores argentinos venían luchando, cada vez más organizados en sus sindicatos, coordinadoras, centros de estudiantes, comisiones de fomento barriales, comités de base en villas de emergencia y a lo largo y a lo ancho del país, con un programa nacional, popular y antiimperialista que abriera el camino al socialismo. Por ello, el plan neoliberal no podía ser aplicado sino con represión y barriendo con los derechos y garantías que consagraba la Constitución Nacional. El 24 de marzo de 1976 dio comienzo la ordalía sangrienta con la luz verde del gobierno de los EE.UU. a través de su secretario de Estado Henry Kissinger.
Ese cuartelazo criminal, encabezado formalmente por Videla, Agosti y Massera, fue de carácter cívico-eclesiástico y militar. Empresas como Mercedes Benz, Ford e Ingenio Ledesma por citar sino los más conocidos emblemas de la ignominia y el crimen, denunciaron y entregaron a la represión, a la tortura y a la muerte a dirigentes obreros y a trabajadores que eran miembros de comisiones internas o simples activistas.
Connotados periodistas de la época -algunos de los cuales aún hoy escriben y opinan sobre política y moral o son parte del espectáculo y la farándula- participaron en el diseño del plan criminal o asesoraron a los asesinos de uniforme o propagandizaron ante el mundo las acciones de la dictadura, al tiempo que ocultaban sus crímenes.
El nuncio apostólico de aquella época -que jugaba al tenis con Massera- , la cúpula eclesiástica argentina e, incluso, religiosos de menor nivel jerárquico silenciaron el genocidio, no dieron protección a sus curas villeros o rechazaron los desesperados pedidos de madres y familiares de las víctimas para que intercedieran ante los asesinos con el fin de obtener información sobre sus seres queridos.
Entre los pocos sectores que intentaron alguna resistencia estaba la clase trabajadora. Junto a las Madres de Plaza de Mayo y a otros organismos de derechos humanos que se fueron incorporando paulatinamente a la incipiente resistencia, protagonizaron acciones y movilizaciones que, poco a poco, fueron permitiendo mayores niveles de organización y de participación ciudadana. Hacia el año 1982, la dictadura ya mostraba signos de agotamiento pero el objetivo de destruir la organización obrera y popular para aplicar el modelo neoliberal ya había sido, en buena parte, cumplido. Sin embargo, la resistencia de nuestro gremio de prensa por recuperar nuestra organización, intervenida militarmente, abrió uno de los principales caminos que seguimos recorriendo hasta hoy: Luchar por una mejor y más organización y organizarnos para luchar.
La maniobra irresponsable, aventurera y criminal que intentó la dictadura el 2 de abril de 1982 fue una fuga hacia delante en busca de alguna legitimidad que detuviera su caída inexorable. No fue una “guerra antiimperialista”- como señaláramos en aquel momento- sino un recurso ruin y artero con el que sólo lograrían agregar más muertos civiles a las 30.000 víctimas del terrorismo de Estado. Los valientes de la picana frente a la víctima indefensa se rindieron como sólo pueden hacerlo los que no tienen moral ni principios: de forma cobarde y sin combatir. El criminal Astiz hizo punta en este comportamiento sin honra y vacío de toda ética.
La dictadura se retiró y la forma del Estado cambió. Advino la democracia en octubre de 1983 luego de un pronunciamiento electoral que llevó a Raúl Alfonsín a la presidencia de la Nación. Con el juicio a las juntas militares comenzó en la Argentina la ardua y lenta tarea de hacer justicia con unos genocidas que habían llenado de luto, dolor y espanto al pueblo argentino y que habían sido usados por la finanza internacional y por el capital concentrado mundial para implementar en la Argentina el modelo neoliberal que ya había comenzado con el “rodrigazo”, en la época de Isabel y López Rega, que seguiría con Martínez de Hoz y que culminaría con la segunda década infame, la de Menem-Cavallo. Paralelamente la reconstrucción del tejido sindical, gremial y profesional de nuestro gremio, diezmado por la desaparición, el exilio, la persecución y el miedo nos situó en uno de los mayores desafíos que enfrentamos los trabajadores de prensa. Y parimos una organización que fue capaz de decirle no a todos los que pretendían seguir cercenando nuestros derechos. No, dijimos ayer ( y hoy) a los que querían cambiar salarios por convenios, en la pretensión de entregar el resultado de la lucha organizada por decenas de compañeros. No se trata apenas del pasado, se trata de ver en la memoria las mejores ideas que inspiraron nuestros compañeros y que hoy revalidamos todos los días.
Las asonadas golpistas de Rico y Seineldín y las leyes de impunidad que fueron su corolario, sumadas a los indultos a los genocidas que firmó Carlos Menem, impidieron seguir adelante con los juicios a todos los militares y civiles con responsabilidades en el terrorismo de Estado. Removidos estos obstáculos en agosto de 2003 mediante la ley 25.779 la justicia argentina comenzó a juzgar y a castigar a aquellos criminales. Mucho antes la demanda de “CON VIDA LOS QUEREMOS” recorrió nuestro gremio en medio de la distancia y las diferencias que sobre este reclamo planteaban muchas organizaciones sindicales y políticas. También impedimos la publicación de una solicitada golpista que intentaba reivindicar el genocidio de los terroristas de Estado así como decidimos no darle micrófono a los golpistas en medio de los levantamientos militares y salimos a la calle a reclamar por mayor democracia.
No son sólo historias del pasado son ideas que perduran en la UTPBA de hoy y de siempre
Pero La UTPBA no sólo recuerda lo ocurrido sino que también denuncia que el Poder Judicial, en algunos de sus estamentos de primera instancia, de las alzadas y de los ministerios fiscales constituyen –todavía hoy- cotos donde sobrevive la ideología del terrorismo de Estado y, en consecuencia, hay funcionarios renuentes a investigar y castigar los crímenes. Por eso es necesario ir a fondo en un proceso de democratización del Estado in totum y, en particular, de la justicia y de las instituciones con competencia para seleccionar y someter a juicio político a los magistrados en mora procesal respecto de juicios donde deben investigarse estos crímenes.
Los trabajadores de prensa también denunciamos que un criminal abyecto como Videla puede conceder entrevistas al Grupo PRISA, de España -conocido éste como apologista consuetudinario de las políticas de ajuste- en las cuales el genocida nuevamente viola el Código Penal llamando a las armas para derrocar a un gobierno legalmente constituido ante la pasividad de fiscales y jueces.
Hoy venimos a decir también que la prisión domiciliaria para criminales de lesa humanidad no es virtud democrática sino una peligrosa debilidad del carácter de esa democracia. Y lo mismo vale para el penal de Marcos Paz, que se ha convertido en un antro donde los terroristas de Estado gozan de todas las facilidades para hacer su lúgubre proselitismo extramuros y para ir construyendo, poco a poco, en el seno de la misma sociedad a la que ayer masacraron, una red de solidaridades y de propaganda ideológica para lo cual sus familiares y amigos tejen y destejen sin cesar con miras a lograr, algún día, la impunidad y una loca y descabellada reivindicación, que eso es lo que pretenden.
Por otra parte, la UTPBA también denuncia que, en los últimos años, los hechos van creando un clima proclive a acotar las responsabilidades a sus ejecutores materiales. Se intenta, de este modo, detener el proceso de divulgación y conocimiento por parte de toda la sociedad argentina de las complicidades civiles, religiosas y empresariales para que no se investigue la participación de estos actores en los crímenes del terrorismo de Estado.
Nuestros 30.000 compañeros desaparecidos lucharon para vencer y su lucha fue un acto de amor, de valentía, de abnegación y entrega contra la explotación y la miseria que sufrían y sufren las masas trabajadoras. Y la esperanza para los pobres de nuestra patria latinoamericana está en la organización y la lucha contra sus enemigos de clase y jamás en la vacía invocación retórica que, en forma hipócrita, adula a los pobres, como si la pobreza fuera una virtud en sí misma, al tiempo que se nos incita a amar a nuestros enemigos.
En este triste aniversario, la UTPBA redobla su compromiso de lucha por verdad, memoria y justicia, por la vigencia plena e irrestricta de los derechos humanos y se compromete ante los trabajadores y ante la sociedad a no bajar jamás las banderas de una patria soberana, con justicia social y hermanada con los procesos antiimperialistas de nuestros países hermanos de América Latina.
Comisión General Administrativa - UTPBA
24 de marzo de 2013
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lilian- Moderador Global
Re: Los periodistas argentinos, a 37 años del genocidio
Verdad, memoria y justicia (+ Fotos y Video)
25 marzo 2013
1 Comentario
Intuyo
que en todas partes del mundo los domingos son apacibles y silenciosos.
Sin embargo, ese estado de sosiego que acompaña al primer día de la
semana, fue alterado este 24 de marzo en muchos rincones de la
geografía argentina. Cientos de miles de personas recorrieron calles y plazas para conmemorar el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia y homenajear así a los más de 30 mil desaparecidos que dejó hace 37 años la última dictadura cívico-militar en este país.
Para recordar a todos esos compañeros y compañeras estas fotos de una
ciudad colmada por la memoria. También un poema de Rafael José
Beláustegui Herrera, uno de los tantos jóvenes desaparecidos.
José tenía 22 años. Estaba casado con Electra Irene Lareu Vieira, que
tenía 24 y estudiaba física en la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad de Buenos Aires. La pareja fue secuestrada
en Buenos Aires, el 30 de mayo de 1977. Fueron vistos en el Centro
Clandestino de Detención Club Atlético. Tenían un hijo, Antonio.
Los dos hermanos de José, Valeria y Martín, y sus respectivos cónyuges, también fueron desaparecidos.
Poema para no morir *
Sé que algún día dejaré de pertenecer al mundo,
y nunca más podré escribir,
ni hacer el amor,
ni exponer mis ideas.
Por eso en este poema dejo mar, cielo y luna,
mariposas, besos y sirenas,
y me dejo a mí,
porque cuando muera seguiré viviendo en estos versos.
* El poema fue escrito cuando José tenía 13 años, el 20 de abril de 1968.
Foto: Kaloian.
Foto: Kaloian.
Foto: Kaloian.
Foto: Kaloian.
Foto: Kaloian.
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25 marzo 2013
1 Comentario
Intuyo
que en todas partes del mundo los domingos son apacibles y silenciosos.
Sin embargo, ese estado de sosiego que acompaña al primer día de la
semana, fue alterado este 24 de marzo en muchos rincones de la
geografía argentina. Cientos de miles de personas recorrieron calles y plazas para conmemorar el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia y homenajear así a los más de 30 mil desaparecidos que dejó hace 37 años la última dictadura cívico-militar en este país.
Para recordar a todos esos compañeros y compañeras estas fotos de una
ciudad colmada por la memoria. También un poema de Rafael José
Beláustegui Herrera, uno de los tantos jóvenes desaparecidos.
José tenía 22 años. Estaba casado con Electra Irene Lareu Vieira, que
tenía 24 y estudiaba física en la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad de Buenos Aires. La pareja fue secuestrada
en Buenos Aires, el 30 de mayo de 1977. Fueron vistos en el Centro
Clandestino de Detención Club Atlético. Tenían un hijo, Antonio.
Los dos hermanos de José, Valeria y Martín, y sus respectivos cónyuges, también fueron desaparecidos.
Poema para no morir *
Sé que algún día dejaré de pertenecer al mundo,
y nunca más podré escribir,
ni hacer el amor,
ni exponer mis ideas.
Por eso en este poema dejo mar, cielo y luna,
mariposas, besos y sirenas,
y me dejo a mí,
porque cuando muera seguiré viviendo en estos versos.
* El poema fue escrito cuando José tenía 13 años, el 20 de abril de 1968.
Foto: Kaloian.
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lilian- Moderador Global
Re: Los periodistas argentinos, a 37 años del genocidio
CONTRATAPA
La realidad vergonzante
Por Osvaldo Bayer
El
lunes pasado asistí, aquí en Buenos Aires, a uno de los actos más plenos
de coraje y constructivos de los que he vivido en mi larga vida. El
realizado en la Comisión Nacional de Valores, en la calle 25 de Mayo,
plena de bancos y de vida financiera y de negocios. Se presentó allí un
informe acerca de “Economía política, sistema financiero y dictadura”.
Por primera vez una investigación a fondo de los delitos económicos
cometidos por la última dictadura militar. Delitos que beneficiaron a
militares y a los civiles colaboracionistas de la dictadura, casi todos
ellos, empresarios de gran fuste. Sí, por primera vez se investiga este
aspecto de la última dictadura que, a la vez que hacía desaparecer a
seres humanos, se quedaba, en el caso de empresarios, con su fortuna,
sus propiedades, sus acciones. Como digo siempre: en mis 86 años he
conocido trece dictadores. Todos ellos, después de finalizar su poderío
murieron pacíficamente en sus domicilios, gozando de sus sueldos de
generales y almirantes y, por supuesto, de sus títulos militares. Esta
es la primera vez que los dictadores y sus secuaces están en cárceles
comunes y se investigan los delitos económicos cometidos durante sus
mandatos. La única vergüenza para la Etica ha sido que Martínez de Hoz,
el secuaz más penetrante de ese período de violencia e injusticia, murió
en su edificio, el más lujoso de Buenos Aires, el Cavanagh. Y aquí la
pregunta es: por qué si las cárceles argentinas todas tienen
instalaciones médi-
cas no se lo envió a una de esas enfermerías carcelarias. No, Martínez de Hoz murió en su cama y en su edificio de aristócrata.
Pero vayamos al informe de la Comisión de Valores. Ese informe fue
elaborado por tres profundos investigadores: Celeste Perosini, Walter
Bosisio y Bruno Napoli. En la edición del domingo pasado de Página/12,
Alejandra Dandán hace un profundo análisis de este informe. Y con esta
nota quisiéramos ahondar en dar datos sobre el doloroso y patético
proceso que debieron sufrir los empresarios Alejandro y Carlos
Iaccarino, dos hombres que trataban de establecer un sistema menos
explotador y más coherente, en cuanto a la distribución de bienes en
torno de sus obreros y el cuidado de la naturaleza. Dos aspectos muy mal
vistos por los empresarios clásicos y por la línea económica llevada a
cabo por Martínez de Hoz y apoyada por las tres armas de la Nación.
Es increíble: todo está demostrado en actas oficiales y de los
juzgados. Nada se puede desmentir. Los hermanos Iaccarino poseían una
empresa lechera en Santiago del Estero. Su forma de administración era
bien distinta a las demás empresas que dominaban el mercado. Eliminaban
las intermediaciones, trataban directamente con los productores, a los
cuales se les pagaba más, y con los obreros se mantenía un diálogo
perfecto conformándose los empresarios con ganancias más bien modestas
pero que les llenaban de orgullo frente a las fortunas de la
competencia. Por supuesto, esto no fue soportado por los poderosos que
tenían contactos con el jefe supremo de la Economía, Martínez de Hoz.
Los tres hermanos fueron detenidos el 4 de noviembre de 1976,
acusados de conspirar contra los bienes de la Nación. Comenzó el
martirio. Los hermanos Alejandro, Carlos y Rodolfo Iaccarino estuvieron
en nueve centros clandestinos de detención y en catorce centros de
detención oficiales. Sufrieron torturas de toda clase. Alejandro nos
relata lo que es soportar la picana eléctrica en todos sus matices y el
estar “colgados” mientras se les practicaban esas torturas. Lo que
perseguían los torturadores era que renunciaran a sus propiedades y se
alejaran para siempre de las zonas en las que desarrollaban sus tareas.
Hasta que todo culminó con lo que perseguían sus enemigos económicos: la
renuncia a sus empresas y propiedades. Parece increíble. Pero todo se
hizo legalmente: vino la escribana a la cárcel y también quienes exigían
quedarse con todo. Ahí se levantó el acta, de la cual tienen una copia
dada por la escribana oficial. Dice el acta: Escritura Número 210, en la
ciudad de Avellaneda, a once de noviembre de 1977, ante mí, Lía M.
Cuartas de Caamaño, escribana titular del registro No. Uno de este
partido y a solicitud de los requirientes me constituyo en la Brigada de
Investigaciones de Lanús, con asiento en Avellaneda... etc. Y allí les
dan el poder a dos personas que podrán vender al precio que ellos
indiquen las propiedades de sus posesiones en Santiago del Estero. Tal
cual, con nombres y apellidos. La pregunta es: ¿cómo una escribana pudo
soportar que a dos presos del Poder Ejecutivo se les obligue a firmar en
ese centro de detención conocido como El infierno? Esa señora escribana
sigue ejerciendo su profesión ahora, como si nada hubiese pasado. Sí,
esa acta fue firmada con la condición de salvar sus vidas y terminar con
los tormentos. Cuando salieron de la cárcel habían perdido todas sus
pertenencias.
Hay un detalle todavía más increíble: dos de los empresarios
enemigos de los hermanos Iaccarino, Bruno Chezzi, presidente de las
empresas Equino Química y de la compañía de Tierras y Hoteles de Alta
Gracia, y otro empresario, Vicente García, quienes eran los que habían
movido a Martínez de Hoz en contra de los hermanos, acompañaron a la
escribana en esa oportunidad, para ayudar a convencer a las víctimas de
firmar porque si no sus vidas peligraban definitivamente. O entregaban
todos los bienes o terminaban en el Río de la Plata tirados desde
aviones de la Marina. Como era costumbre.
Esto ocurrió en la Argentina. La misma que tiene un papa, una reina
con corona y un rey de la redonda. Y los peores crímenes de la
humanidad. De una crueldad inaudita. Permitidos y ordenados desde el
poder. Nuestros militares, nuestra policía pero también nuestros
empresarios, es decir, también nuestros civiles, los políticos que
aceptaron sonrientes ministerios y otros cargos y que hoy viven y pasan
su vejez muy tranquilos en sus countries. Y obispos que daban la
comunión en la Catedral a los desaparecedores. Un período donde reinó la
malicia y lo peor del ser humano: la crueldad extrema. Los hermanos
Iaccarino colgados y sometidos a la picana eléctrica para que dejen sus
propiedades a los del poder. Un tiempo que nuestros nietos no
comprenderán jamás.
Los hermanos Iaccarino tendrían que ser paseados oficialmente por
todas las ciudades y pueblos del país, por todas sus universidades, por
todos sus centros culturales para que relaten sus experiencias de
empresarios que habían cometido el pecado de desafiar a las grandes
empresas con un nuevo método de comerciar, más humano y más democrático.
El 20 de abril comienza el juicio contra sus últimos represores de El
infierno y sobre cómo allí debieron renunciar a todas sus propiedades
ante una escribana oficial. Ojalá que también se haga el juicio con los
empresarios que se prestaron con la dictadura de la de-saparición de
personas para engrandecer su poderío eliminando a la competencia. Por
fin: juicio a los civiles y uniformados que faltaron de esa manera tan
atroz a la dignidad humana.
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La realidad vergonzante
Por Osvaldo Bayer
El
lunes pasado asistí, aquí en Buenos Aires, a uno de los actos más plenos
de coraje y constructivos de los que he vivido en mi larga vida. El
realizado en la Comisión Nacional de Valores, en la calle 25 de Mayo,
plena de bancos y de vida financiera y de negocios. Se presentó allí un
informe acerca de “Economía política, sistema financiero y dictadura”.
Por primera vez una investigación a fondo de los delitos económicos
cometidos por la última dictadura militar. Delitos que beneficiaron a
militares y a los civiles colaboracionistas de la dictadura, casi todos
ellos, empresarios de gran fuste. Sí, por primera vez se investiga este
aspecto de la última dictadura que, a la vez que hacía desaparecer a
seres humanos, se quedaba, en el caso de empresarios, con su fortuna,
sus propiedades, sus acciones. Como digo siempre: en mis 86 años he
conocido trece dictadores. Todos ellos, después de finalizar su poderío
murieron pacíficamente en sus domicilios, gozando de sus sueldos de
generales y almirantes y, por supuesto, de sus títulos militares. Esta
es la primera vez que los dictadores y sus secuaces están en cárceles
comunes y se investigan los delitos económicos cometidos durante sus
mandatos. La única vergüenza para la Etica ha sido que Martínez de Hoz,
el secuaz más penetrante de ese período de violencia e injusticia, murió
en su edificio, el más lujoso de Buenos Aires, el Cavanagh. Y aquí la
pregunta es: por qué si las cárceles argentinas todas tienen
instalaciones médi-
cas no se lo envió a una de esas enfermerías carcelarias. No, Martínez de Hoz murió en su cama y en su edificio de aristócrata.
Pero vayamos al informe de la Comisión de Valores. Ese informe fue
elaborado por tres profundos investigadores: Celeste Perosini, Walter
Bosisio y Bruno Napoli. En la edición del domingo pasado de Página/12,
Alejandra Dandán hace un profundo análisis de este informe. Y con esta
nota quisiéramos ahondar en dar datos sobre el doloroso y patético
proceso que debieron sufrir los empresarios Alejandro y Carlos
Iaccarino, dos hombres que trataban de establecer un sistema menos
explotador y más coherente, en cuanto a la distribución de bienes en
torno de sus obreros y el cuidado de la naturaleza. Dos aspectos muy mal
vistos por los empresarios clásicos y por la línea económica llevada a
cabo por Martínez de Hoz y apoyada por las tres armas de la Nación.
Es increíble: todo está demostrado en actas oficiales y de los
juzgados. Nada se puede desmentir. Los hermanos Iaccarino poseían una
empresa lechera en Santiago del Estero. Su forma de administración era
bien distinta a las demás empresas que dominaban el mercado. Eliminaban
las intermediaciones, trataban directamente con los productores, a los
cuales se les pagaba más, y con los obreros se mantenía un diálogo
perfecto conformándose los empresarios con ganancias más bien modestas
pero que les llenaban de orgullo frente a las fortunas de la
competencia. Por supuesto, esto no fue soportado por los poderosos que
tenían contactos con el jefe supremo de la Economía, Martínez de Hoz.
Los tres hermanos fueron detenidos el 4 de noviembre de 1976,
acusados de conspirar contra los bienes de la Nación. Comenzó el
martirio. Los hermanos Alejandro, Carlos y Rodolfo Iaccarino estuvieron
en nueve centros clandestinos de detención y en catorce centros de
detención oficiales. Sufrieron torturas de toda clase. Alejandro nos
relata lo que es soportar la picana eléctrica en todos sus matices y el
estar “colgados” mientras se les practicaban esas torturas. Lo que
perseguían los torturadores era que renunciaran a sus propiedades y se
alejaran para siempre de las zonas en las que desarrollaban sus tareas.
Hasta que todo culminó con lo que perseguían sus enemigos económicos: la
renuncia a sus empresas y propiedades. Parece increíble. Pero todo se
hizo legalmente: vino la escribana a la cárcel y también quienes exigían
quedarse con todo. Ahí se levantó el acta, de la cual tienen una copia
dada por la escribana oficial. Dice el acta: Escritura Número 210, en la
ciudad de Avellaneda, a once de noviembre de 1977, ante mí, Lía M.
Cuartas de Caamaño, escribana titular del registro No. Uno de este
partido y a solicitud de los requirientes me constituyo en la Brigada de
Investigaciones de Lanús, con asiento en Avellaneda... etc. Y allí les
dan el poder a dos personas que podrán vender al precio que ellos
indiquen las propiedades de sus posesiones en Santiago del Estero. Tal
cual, con nombres y apellidos. La pregunta es: ¿cómo una escribana pudo
soportar que a dos presos del Poder Ejecutivo se les obligue a firmar en
ese centro de detención conocido como El infierno? Esa señora escribana
sigue ejerciendo su profesión ahora, como si nada hubiese pasado. Sí,
esa acta fue firmada con la condición de salvar sus vidas y terminar con
los tormentos. Cuando salieron de la cárcel habían perdido todas sus
pertenencias.
Hay un detalle todavía más increíble: dos de los empresarios
enemigos de los hermanos Iaccarino, Bruno Chezzi, presidente de las
empresas Equino Química y de la compañía de Tierras y Hoteles de Alta
Gracia, y otro empresario, Vicente García, quienes eran los que habían
movido a Martínez de Hoz en contra de los hermanos, acompañaron a la
escribana en esa oportunidad, para ayudar a convencer a las víctimas de
firmar porque si no sus vidas peligraban definitivamente. O entregaban
todos los bienes o terminaban en el Río de la Plata tirados desde
aviones de la Marina. Como era costumbre.
Esto ocurrió en la Argentina. La misma que tiene un papa, una reina
con corona y un rey de la redonda. Y los peores crímenes de la
humanidad. De una crueldad inaudita. Permitidos y ordenados desde el
poder. Nuestros militares, nuestra policía pero también nuestros
empresarios, es decir, también nuestros civiles, los políticos que
aceptaron sonrientes ministerios y otros cargos y que hoy viven y pasan
su vejez muy tranquilos en sus countries. Y obispos que daban la
comunión en la Catedral a los desaparecedores. Un período donde reinó la
malicia y lo peor del ser humano: la crueldad extrema. Los hermanos
Iaccarino colgados y sometidos a la picana eléctrica para que dejen sus
propiedades a los del poder. Un tiempo que nuestros nietos no
comprenderán jamás.
Los hermanos Iaccarino tendrían que ser paseados oficialmente por
todas las ciudades y pueblos del país, por todas sus universidades, por
todos sus centros culturales para que relaten sus experiencias de
empresarios que habían cometido el pecado de desafiar a las grandes
empresas con un nuevo método de comerciar, más humano y más democrático.
El 20 de abril comienza el juicio contra sus últimos represores de El
infierno y sobre cómo allí debieron renunciar a todas sus propiedades
ante una escribana oficial. Ojalá que también se haga el juicio con los
empresarios que se prestaron con la dictadura de la de-saparición de
personas para engrandecer su poderío eliminando a la competencia. Por
fin: juicio a los civiles y uniformados que faltaron de esa manera tan
atroz a la dignidad humana.
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lilian- Moderador Global
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