Papelón: Cristina los denunció por estafa y son funcionarios kirchneristas

Yo no veo ningun "papelon" , lamentablemente, siempre hay mano negra en la politica, en todos los partidos..
Pero pronto se les ira acabando tanta corruptela!

Claudio99 escribió:Yo no veo ningun "papelon" , lamentablemente, siempre hay mano negra en la politica, en todos los partidos..
Pero pronto se les ira acabando tanta corruptela!

Claro que no hay ningun papelon, donde se engancha a un funcionario corrupto, se le hace caer sobre el, "todo el peso de la ley"
En este pais, la mayor verguenza es el diario Clarin y su grosera manipulacion de la informacion...






ECONOMIA › EL APODERADO DE ADECUA COBRO HONORARIOS POR LOS ACUERDOS CON BANCOS


Cinco millones por seis juicios


Osvaldo Riopedre, abogado y director ejecutivo de
Adecua, se llevó el 33 por ciento de los 15,6 millones de pesos que los
letrados de la entidad recibieron por los convenios con bancos. Entre
los abogados había tres funcionarios, que debieron renunciar.















Por David Cufré y Tomás Lukin


Osvaldo
Riopedre, director ejecutivo de Adecua y mano derecha de Sandra
González, presidenta de la entidad, cobró cinco millones de pesos de
honorarios por los acuerdos que esa asociación de consumidores firmó con
seis bancos y financieras entre 2010 y 2012. Así surge de la
investigación oficial que reveló Página/12 a principios de esta semana.
Otra derivación de los hechos fue que un alto funcionario de Aerolíneas
Argentinas, otro de la Secretaría de Ambiente y un asesor de la senadora
Nancy Parrilli presentaron ayer sus renuncias a los cargos por su
participación, directa o indirecta, en la resolución de los convenios
sospechados. Se trata de Juan de Dios Cincunegui, Luis Romiti y Eduardo
Baeza, respectivamente. Hasta anoche no había confirmación sobre si las
dimisiones habían sido aceptadas, pero en despachos del Gobierno lo
daban por hecho.


Baeza y Romiti fueron parte del equipo de abogados que representó a
Adecua en los seis juicios contra las entidades financieras que luego se
cerraron con los acuerdos. Cincunegui, interventor de Intercargo desde
noviembre de 2012, fue integrante de Cruzada Cívica, otra asociación de
consumidores que llegó a un arreglo con uno de aquellos actores, la
financiera Gmac. Este último convenio tiene algunas características
distintas a los restantes de Adecua: por lo pronto, Cruzada Cívica
encabezó la negociación con la empresa y fijó algunos pagos automáticos a
los consumidores –aquellos que aún tienen créditos por cancelar–,
mientras que la entidad que lideran González y Riopedre se sumó a esa
resolución.


Cincunegui hizo saber ayer entre altos funcionarios del Poder
Ejecutivo que no participó en la definición del acuerdo, intentó
remarcar las diferencias con el accionar de Adecua en los otros juicios y
defendió lo actuado por Cruzada Cívica, asociación que lo tuvo como uno
de sus fundadores en 1993. Pero sus gestiones no alcanzaron y debió
presentar la renuncia.


Los seis juicios que promovió Adecua contra los bancos Santander
Río, Galicia, Privado de Inversiones, la tarjeta CMR de Falabella, la
Tarjeta Naranja y Gmac –esta última querella quedó añadida a la que
había iniciado antes Cruzada Cívica– fueron para reclamar por cargos y
seguros mal cobrados en créditos hipotecarios, prendarios y en
financiamiento con tarjetas de crédito. Riopedre, director ejecutivo y
apoderado de Adecua, intervino en todos los casos. Fue quien ideó las
estrategias judiciales y uno de los responsables de la decisión de
terminar esas demandas con los cuestionados convenios. El reproche que
hace la Subsecretaría de Defensa del Consumidor es que los acuerdos
–legales, homologados por jueces y fiscales– resultaron una vía de
escape para las empresas para evadir el pago de indemnizaciones
millonarias, que en conjunto sumaron alrededor de 367 millones de pesos.


La información oficial que ayer salió a la luz fue que Riopedre
cobró el 33 por ciento de los 15,6 millones de pesos que los bancos y
financieras pagaron a los abogados de Adecua. Es decir, 5,2 millones de
pesos. Uno de los argumentos que utilizan en esa asociación para
defender su conducta es que no había garantías de que los juicios
pudieran ganarse, que los bancos podían alegar con cierta razón que
estaban amparados por una normativa demasiado laxa de la
Superintendencia de Seguros de la Nación y que era mejor garantizar que
las entidades financieras dejaran de cobrar esos sobrecargos antes que
pelear por las indemnizaciones por el pasado.


Desde el Gobierno responden que Adecua lo que implementó fue un
modus operandi que resultó funcional a los bancos y financieras para
escapar del pago de reparaciones y para la asociación para recaudar
montos muy altos en concepto de honorarios. De lo contrario, aseguran,
no podría haber aceptado nunca que 1,7 millón de personas se quedara sin
recibir nada por los cargos y seguros indebidos que las empresas
aplicaron durante años. En todo caso, sostienen fuentes del Ejecutivo,
tendrían que haber seguido con los juicios. “Pero si los perdían, los
abogados no cobraban nada. Acá se aseguraron que los abogados se
llevaran una buena suma, a costa del derecho de los clientes a recibir
una indemnización”, acusan. “La clave del asunto –insisten– está en que
Adecua repitió la misma estrategia de avanzar primero con juicios
monumentales y, en determinado momento, ofrecer un arreglo a los bancos
con características muy cuestionables.”


Esas características van en contra de lo que marca la Ley de Defensa
del Consumidor, que establece taxativamente que frente a un cobro mal
hecho por parte de una empresa, la devolución del dinero a los clientes
debe concretarse por la misma vía. Es decir, si el cobro se hizo
mediante un débito en caja de ahorro, la reparación debió haber sido con
un crédito automático en la misma cuenta. En lugar de ello, los
acuerdos forzaron a los clientes a ir a reclamar las indemnizaciones a
los bancos, para lo cual se les dio un plazo de 60 días, y la difusión
de los convenios fue sólo con dos pequeños edictos en los diarios La
Nación y Ambito Financiero. La conclusión fue que de 1,7 millón de
usuarios afectados sólo consiguieron cobrar lo que les correspondía
15.672 personas, el 0,9 por ciento.


El abogado Eduardo Baeza es titular del estudio jurídico que lleva
su nombre y hasta ayer funcionario del Senado de la Nación, adonde se
desempeñaba como asesor de la legisladora oficialista Nancy Parrilli. La
senadora le exigió la renuncia al puesto y éste también presentó la
suya al cargo que tenía en el Senado como miembro de la planta
permanente. Su colega Luis Romiti trabajaba con él en el estudio y
además era director nacional de Control Ambiental dentro de la
Secretaría de Ambiente, un alto cargo en la dependencia que comanda Juan
José Mussi. Ayer también presentó su renuncia. Ambos fueron contratados
por Adecua para llevar adelante los seis juicios. También trabajaron
otros 24 abogados de aquel y otros estudios jurídicos.


Cincunegui, por su parte, llegó a la vicepresidencia de Aerolíneas
Argentinas hace cuatro años, de la mano de Julio De Vido, y en noviembre
pasó a Intercargo por resolución de Axel Kicillof. Si bien su
participación en los hechos es menos directa, también presentó la
renuncia.


Por otra parte, en los juicios conciliados entre Adecua y los bancos
actuaron los jueces del fuero comercial Alberto Alemán, Jorge Scioli,
Fernando D’Allesandro, Margarita Braga, Federico Guerri, Sebastián
Sánchez Canavó y Héctor Chommer, y los fiscales Raquel Mercante, María
del Carmen Micames y Daniel Constante Moneda.
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Al contrario,papelon es ese diario amarillista y por ejemplo lo que hace Rajoy en España que sus funcionarios junto con el cobra sobresueldos mientras el pueblo sufre,lo que hizo la presidenta Cristina es exelente

Man43 escribió:Al contrario,papelon es ese diario amarillista y por ejemplo lo que hace Rajoy en España que sus funcionarios junto con el cobra sobresueldos mientras el pueblo sufre,lo que hizo la presidenta Cristina es exelente

De paso, los de Clarin ni mancionaron a los otros involucrados que son de origen político opositor.
Y además, ser funcionario del Estado no es ser necesariamente kirchnerista.