El TPP: un proyecto neoliberal a ultranza

ALAI, América Latina en Movimiento 2012-09-21 El TPP: un proyecto neoliberal a ultranza Sally Burch

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El
6 de septiembre de este año inició la 14ª ronda de negociaciones de la
Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) que, según el
presidente Obama, constituiría el modelo de acuerdo comercial “de alto
nivel” para el nuevo siglo, que pronto podría aplicarse en todo el
mundo. En estas negociaciones han venido participando nueve países que
bordean el océano Pacífico: Estados Unidos, Perú, Chile, Australia,
Nueva Zelandia, Brunei, Malasia, Singapur y Vietnam. En la última
ronda, en julio, se aceptó en principio el ingreso de los otros dos
socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte -Canadá y
México- con lo cual el TPP podría convertirse en una especie de TLCAN
ampliado y reforzado. Japón también ha expresado interés por ingresar,
pero no ha realizado aún un pedido formal, debido, entre otras razones, a
la oposición que enfrenta internamente. Toda vez, estos tres países
–como otros que se sumen luego- no podrán incidir en el contenido de las
negociaciones.

De
lo poco que se conoce al respecto –pues los documentos de negociación
se mantienen bajo estricta reserva- el TPP es un modelo altamente
preocupante, pues va aún más allá de la mayoría de tratados
precedentes. Exigirá la modificación de numerosas leyes internas de los
países signatarios respecto a derechos de propiedad intelectual,
inversión y protección ambiental y otros temas. Permitiría a las
empresas extranjeras enjuiciar a países soberanos si imponen
restricciones que afecten sus intereses. Amenazaría el acceso a
medicamentos esenciales en los países en desarrollo, y haría peligrar el
libre acceso a la información en Internet. Pero sobre todo, el TPP se
negocia con una falta total de transparencia, que hace que la ciudadanía
no pueda opinar sobre decisiones fundamentales que comprometerían a sus
respectivos países y su soberanía durante las próximas décadas.

¿Fomentar el comercio o liberalizar el marco regulatorio?

El
TPP inició como un modesto acuerdo comercial entre Singapur, Nueva
Zelandia y Chile. Los países ahora participantes lo ven como una
oportunidad para ampliar sus intercambios comerciales, con costos
reducidos, debido al enredo actual de acuerdos comerciales múltiples que
-según un análisis publicado por la Council on Hemispheric Affairs
–COHA- (1)- incrementan el costo de las transacciones en un promedio de
5%. Con la entrada de EEUU, evidentemente el TPP cambió de carácter y
de dimensión.

En
2011, los nueve países parte del TPP generaron un PIB total de US$ 17,8
billones, del cual el 85% corresponde a EEUU, un 5% de cuyos flujos
comerciales es con los demás países del bloque. Si se suman México,
Canadá y Japón, el TPP-12 se convertiría en el bloque comercial más
grande del mundo, con una población de unas 700 millones de personas y
una actividad económica que actualmente suma alrededor de US$ 26,6
billones, informa COHA. Se ha hablado incluso de un acercamiento con
China y Corea del Sur.

No
obstante, EEUU ya mantiene tratados de libre comercio (TLCs) con la
mayoría de los países parte del TPP, entonces para este país, no
significaría mucha ganancia en términos comerciales. Más bien, hay
fuertes indicios de que Washington busca aprovechar el tratado para
introducir aspectos que no ha logrado conseguir por otras vías, tanto de
los países contrapartes, como en su propio sistema legislativo.

Es
más, en los últimos meses se ha tratado de acelerar las negociaciones
con miras a concluirlas este año, si bien este plazo ya parece poco
factible, debido a la resistencia de algunos países frente a varias de
las condiciones que EEUU justamente está proponiendo.

Proteger las inversiones

Similar
al fallido proyecto del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas),
este tratado abarca mucho más que solo aspectos comerciales. Contiene
unos 26 capítulos que incluyen, entre otros: aduanas, servicios
transfronterizos, telecomunicaciones, compras públicas, políticas de
competencia, cooperación y desarrollo de capacidades, inversiones,
servicios financieros, regulaciones ambientales y derechos de propiedad
intelectual.

No
obstante el sigilo que recubre los textos en negociación, dos capítulos
han sido filtrados a la luz pública, que permiten apreciar el tenor de
los contenidos. Se trata de los capítulos de inversiones y de propiedad
intelectual.

En
junio de 2012 se filtró el capítulo de inversiones (2), uno de los más
controvertidos. En el documento se hace una definición muy amplia de la
inversión, y se propone cláusulas de protección que cubrirían no solo
las inversiones extranjeras existentes, sino también acciones y
derivados, asociaciones público-privadas, minería, licencias y permisos
de manufactura, e incluso las ganancias futuras estimadas. Prevé nuevas
salvaguardas para inversores que podrían limitar severamente la
capacidad de regulación de los Estados parte.

Adicionalmente,
el capítulo de inversiones prevé el recurso a un tribunal internacional
de arbitración –como el CIADI u otro- para resolver litigios entre
inversores privados y Estados nacionales. Implica expandir la
experiencia del TLCAN y otros tratados similares, que permiten a las
empresas cuestionar leyes nacionales -incluso las que protegen el
interés público- y exigir una compensación si consideran que afectan sus
intereses.

Hasta
ahora, como resultado de juicios de este tipo bajo los parámetros de
TLCs existentes, los países en desarrollo han tenido que desembolsar más
de $350 millones de dólares en compensación a corporaciones privadas.
En otros 17 reclamos pendientes, por un valor total de más de US$ 12 mil
millones, todos tienen relación con políticas de medio ambiente, salud
pública o transportación, y no con asuntos de comercio internacional
(3). Solo Australia, hasta ahora, ha puesto una cláusula de excepción
al acápite sobre arbitraje, que le eximiría de someterse a estos
tribunales.

Otro
tema polémico son las propuestas que limitarían la capacidad de los
países de adoptar medidas precautelarías contra la especulación
financiera. Chile, en particular, rechaza tales propuestas.

Propiedad intelectual

El
capítulo de propiedad intelectual (4) se filtró en febrero de 2011, y
desde entonces desató fuertes cuestionamientos. Según el análisis
publicado por COHA, de todo el TPP, este capítulo parece ser el que
"incorpora los cambios más sustantivos al derecho internacional”. Los
derechos de autor propuestos son desmedidos, superando incluso lo ya
existente en EEUU: se extiende el periodo de protección a un mínimo de
70 años luego de la muerte del autor, o a no menos de 95 años desde la
primera publicación autorizada. En la ley estadounidense, los 70 años
es el tope, mientras que el acuerdo TRIPS de la OMC fija ambos plazos en
50 años.

Es
más, el documento retoma contenidos que podrían limitar el libre acceso
a información en Internet, como se lo intentó con SOPA –el Stop Online
Piracy Act o ley contra la piratería en línea- que no pasó en el
Congreso estadounidense debido a la fuerte oposición ciudadana. Si
cláusulas similares se insertan en el marco de un tratado internacional
como el TPP, podría permitir circunvalar el proceso legislativo
nacional.

Otro
aspecto cuestionado de este capítulo del TPP se refiere a la
facilitación y expansión de estándares de patentabilidad. Por ejemplo,
permitiría patentar pequeñas modificaciones a una invención existente,
un subterfugio que las empresas farmacéuticas utilizan para poder
renovar indefinidamente las patentes de los medicamentos y demorar la
introducción de versiones genéricas. El documento especifica también
que se podrá patentar plantas y animales –algo que muchos países
prohíben-, como también métodos de diagnóstico, terapia y cirugía para
el tratamiento de seres humanos o animales.

Una
mayoría de los países parte se resisten también a extender los
monopolios farmacéuticos, como lo propone EEUU. Además, Australia y
Nueva Zelandia no aceptan medidas que permitirían a tales empresas
objetar su práctica de fijar los precios de medicamentos para su sistema
de salud pública.

Un atentado al proceso democrático

El
comercio entre Latinoamérica y Asia ha aumentado considerablemente en
las últimas dos décadas y hay interés por fomentarlo. No obstante, para
los tres países latinoamericanos participantes –Perú, Chile y México-,
que ya mantienen TLCs con EEUU., las pretendidas ventajas de estar en el
TPP, dado su fuerte énfasis en el eje Asia-EEUU, son poco evidentes y
representan riesgos grandes. De hecho, Chile, antes considerado un
signatario seguro, ha puesto en duda su firma si no se flexibilizan las
provisiones en propiedad intelectual. Toda vez, llama la atención que,
en estos países, hasta ahora el TPP no ha sido objeto de mayores
manifestaciones de rechazo por parte de los actores sociales que se
movilizaron contra los anteriores TLCs, hecho que sin duda va de la mano
con el casi total desconocimiento público del proceso de negociación en
curso.

De hecho, en 2010, los países participantes habrían acordado no divulgar los textos de negociación, sino solo cuatro años
después de cerrar las negociaciones, sea o no que éstas culminen en un
acuerdo (5). Únicamente los propios negociadores –y según parece un
grupo selecto de socios corporativos- tienen acceso a los documentos.
Ni siquiera los comités parlamentarios concernidos pueden conocerlos.
Las entidades ciudadanas o empresariales pueden someter propuestas -y de
hecho varias lo han hecho- pero no están en capacidad de reaccionar
frente a lo que realmente se está negociando.

Siendo
un texto que comprometería la soberanía y cambiaría las legislaciones
nacionales, ello constituye un verdadero atentado al proceso
democrático. EEUU apuesta a que este tratado podría ser el último que
tenga que negociar, pues a futuro otros países simplemente tendrían que
sumarse a lo ya negociado. Siendo así, resulta aún más aberrante la
falta de transparencia en el proceso de negociación. Y sin embargo, ese
es el tratado “modelo” que nos propone Obama…

Con estas inquietudes, la red estadounidense Just Foreign Policy ha lanzado una campaña de financiamiento (bajo la modalidad de “crowdsourcing”),
para recompensar a Wikileaks en el caso de que logre filtrar al público
todo el documento de negociación del TPP. Su publicación, según la
organización, “demostraría que Wikileaks sigue siendo relevante a la
demanda ciudadana de transparencia gubernamental… y que la campaña de
Wikileaks a favor de la transparencia gubernamental no concierne
únicamente a asuntos relacionados con la guerra, sino que se extiende a
todas las áreas donde la acción secreta de los gobiernos amenaza el
interés público”.

Sally Burch, periodista, es integrante de ALAI.

Notas:

(1) Stadius, Eric y Briggs, Elizabeth. The Trans-Pacific Partnership: Free Trade at What Costs? COHA, Washington [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
(2) TPP investment chapter: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] versión junio 2012
(3) Earth Justice et al. Key Elements of Damaging U.S. Trade Agreement Investment Rules that Must Not Be Replicated in TPP, [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] febrero 2012
(4) TPP Intellectual Property Chapter: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo], version febrero 2011.
(5) Wallach, Lori. NAFTA on Steroids. Public Citizen, Washington. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]

* Este texto es parte de la revista América Latina en Movimiento No.478, sobre el tema en "La ruleta de los TLCs" ([Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo])



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