NOTICIA DE VENEZUELA
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PRODAVINCI
por marinawais Jue Abr 27, 2017 5:42 am
El retiro de Venezuela de la OEA sería inconstitucional. Lea aquí por qué; por José I. Hernández
Por José Ignacio Hernández G. | 26 de abril, 2017
Ante una nueva reunión del Consejo Permanente de la OEA para debatir sobre Venezuela, pautada para el 26 de abril, el Gobierno ha señalado que, de efectuarse esa reunión, Venezuela se retirará de la OEA.
Sin embargo, el retiro de Venezuela de la OEA sería una violación a la Constitución. Aquí explico por qué.
El principio que rige a la aplicación de Tratados Internacionales, de acuerdo con el artículo 154 de la Constitución, es que la ratificación de tales Tratados, para su incorporación al Derecho venezolano, requiere la aprobación mediante Ley de la Asamblea.
La Constitución no exige esa aprobación de la Asamblea para que el Estado “denuncie” Tratados, esto es, para que el Estado decida retirar la suscripción del Tratado. Por lo tanto, como lo corrobora el Derecho Internacional, la denuncia de un Tratado, como regla, no debe ser aprobada por la Asamblea.
Precisamente, cuando el Gobierno alude al “retiro” de Venezuela de la OEA, a lo que se está refiriendo es a la denuncia de la Carta de la OEA, que es el Tratado constitutivo de esa organización.
De acuerdo con el artículo 143 de la Carta, el Estado –representado por el Gobierno- puede denunciar la Carta de la OEA mediante comunicación enviada a la Secretaría General. Los efectos de esa denuncia, en todo caso, solo se causarán a los dos años, según el citado artículo 143. Con lo cual, luego de la denuncia y por dos años, Venezuela seguiría estando obligada por la Carta y demás normas jurídicas dictadas bajo su amparo.
No obstante, el principio que se deriva del artículo 154 de la Constitución no es aplicable a la Carta de la OEA. Por el contrario, de conformidad con el artículo 23 de la Constitución, esa Carta –y los demás acuerdos internacionales suscritos en el marco de la OEA- tienen rango constitucional, con lo cual, no puede el Estado impedir su aplicación.
El artículo 23 de la Constitución dispone que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, “tienen jerarquía constitucional”. Incluso, esos acuerdos prevalecen sobre el Derecho venezolano, en la medida en que la regulación sobre derechos humanos sea más favorable.
Precisamente, la Carta de la OEA –y los demás acuerdos suscritos al amparo de esa Organización- contienen normas de protección de derechos humanos.
En efecto, el artículo 106 de la Carta crea a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya función principal es “promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia”. Así, la Comisión (CIDH) es responsable, bajo la Carta, de promover la observancia de derechos humanos, como es el caso de los derechos establecidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Por ello, la CIDH, de acuerdo con la Carta de la OEA, puede recibir cualquier petición de venezolanos, en la cual se denuncie la violación de sus derechos humanos por parte de Venezuela.
Por lo anterior, la Carta de la OEA, como Tratado que promueve la protección de derechos humanos, tiene rango constitucional. Esto significa que el Estado venezolano no puede “retirarse” de la OEA, pues no puede “retirarse” de la Constitución.
Otras normas de la Constitución respaldan esa conclusión, tal y como explicó en 2012 en Prodavinci el profesor Carlos Ayala Corao. Así, el artículo 19 de la Constitución reconoce el principio de “progresividad de los derechos humanos”, según el cual, la regulación de esos derechos debe orientarse hacia su mayor protección, pero nunca a reducir esa protección, como sucedería ante la denuncia de la Carta de la OEA. Además, el artículo 31 de la Constitución reconoce el derecho de todo venezolano a acudir a organismos internacionales para la defensa de derechos humanos, como es el caso de la CIDH. La denuncia de Carta, por ello, violaría el artículo 31 de la Constitución.
En conclusión: Venezuela no puede retirarse de la OEA, pues ello violaría la Constitución. Esa prohibición, acoto, es absoluta: ni siquiera con aprobación de la Asamblea Nacional Venezuela podría retirarse de la OEA, pues –repito- ello equivaldría a retirarse de la Constitución.
Cabe recordar que en 2012 el Gobierno venezolano denunció la Convención Americana de Derechos Humanos, con el deliberado propósito de impedir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocer casos en contra de Venezuela. Con esa denuncia, el Gobierno venezolano violó la Constitución, pues esa Convención tiene, también, rango constitucional.
Algo similar podría suceder con la Carta. Así, desconociendo la Constitución, el Gobierno podría presentar la denuncia de esa Carta, con el propósito de desvincular a Venezuela de la OEA e impedir así la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
La denuncia de la Carta de la OEA por el Gobierno venezolano sería, por ello, parte del golpe de Estado continuado, pues supondría la derogatoria de facto de los artículos 19, 23 y 31 de la Constitución.
Pero en todo caso, esa inconstitucional denuncia no impediría la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. De hecho, esa inconstitucional denuncia sería otra muestra más de la violación de esa Carta
Como ya expliqué, según la Carta de la OEA, la denuncia de ese Tratado solo surte efectos a los dos años, con lo cual, Venezuela quedaría obligada por la Carta Democrática Interamericana por ese lapso. Por lo tanto, el Consejo Permanente y la Asamblea General podrían interpretar que la denuncia de la Carta forma parte de la ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela, exigiendo el cumplimiento de la Carta, al menos, durante los dos años siguientes a la inconstitucional denuncia.
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Por José Ignacio Hernández G. | 26 de abril, 2017
Ante una nueva reunión del Consejo Permanente de la OEA para debatir sobre Venezuela, pautada para el 26 de abril, el Gobierno ha señalado que, de efectuarse esa reunión, Venezuela se retirará de la OEA.
Sin embargo, el retiro de Venezuela de la OEA sería una violación a la Constitución. Aquí explico por qué.
¿Cómo se “retira” Venezuela de la OEA?
El principio que rige a la aplicación de Tratados Internacionales, de acuerdo con el artículo 154 de la Constitución, es que la ratificación de tales Tratados, para su incorporación al Derecho venezolano, requiere la aprobación mediante Ley de la Asamblea.
La Constitución no exige esa aprobación de la Asamblea para que el Estado “denuncie” Tratados, esto es, para que el Estado decida retirar la suscripción del Tratado. Por lo tanto, como lo corrobora el Derecho Internacional, la denuncia de un Tratado, como regla, no debe ser aprobada por la Asamblea.
Precisamente, cuando el Gobierno alude al “retiro” de Venezuela de la OEA, a lo que se está refiriendo es a la denuncia de la Carta de la OEA, que es el Tratado constitutivo de esa organización.
De acuerdo con el artículo 143 de la Carta, el Estado –representado por el Gobierno- puede denunciar la Carta de la OEA mediante comunicación enviada a la Secretaría General. Los efectos de esa denuncia, en todo caso, solo se causarán a los dos años, según el citado artículo 143. Con lo cual, luego de la denuncia y por dos años, Venezuela seguiría estando obligada por la Carta y demás normas jurídicas dictadas bajo su amparo.
No obstante, el principio que se deriva del artículo 154 de la Constitución no es aplicable a la Carta de la OEA. Por el contrario, de conformidad con el artículo 23 de la Constitución, esa Carta –y los demás acuerdos internacionales suscritos en el marco de la OEA- tienen rango constitucional, con lo cual, no puede el Estado impedir su aplicación.
La Carta de la OEA tiene rango constitucional
El artículo 23 de la Constitución dispone que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, “tienen jerarquía constitucional”. Incluso, esos acuerdos prevalecen sobre el Derecho venezolano, en la medida en que la regulación sobre derechos humanos sea más favorable.
Precisamente, la Carta de la OEA –y los demás acuerdos suscritos al amparo de esa Organización- contienen normas de protección de derechos humanos.
En efecto, el artículo 106 de la Carta crea a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya función principal es “promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia”. Así, la Comisión (CIDH) es responsable, bajo la Carta, de promover la observancia de derechos humanos, como es el caso de los derechos establecidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Por ello, la CIDH, de acuerdo con la Carta de la OEA, puede recibir cualquier petición de venezolanos, en la cual se denuncie la violación de sus derechos humanos por parte de Venezuela.
Por lo anterior, la Carta de la OEA, como Tratado que promueve la protección de derechos humanos, tiene rango constitucional. Esto significa que el Estado venezolano no puede “retirarse” de la OEA, pues no puede “retirarse” de la Constitución.
Otras normas de la Constitución respaldan esa conclusión, tal y como explicó en 2012 en Prodavinci el profesor Carlos Ayala Corao. Así, el artículo 19 de la Constitución reconoce el principio de “progresividad de los derechos humanos”, según el cual, la regulación de esos derechos debe orientarse hacia su mayor protección, pero nunca a reducir esa protección, como sucedería ante la denuncia de la Carta de la OEA. Además, el artículo 31 de la Constitución reconoce el derecho de todo venezolano a acudir a organismos internacionales para la defensa de derechos humanos, como es el caso de la CIDH. La denuncia de Carta, por ello, violaría el artículo 31 de la Constitución.
En conclusión: Venezuela no puede retirarse de la OEA, pues ello violaría la Constitución. Esa prohibición, acoto, es absoluta: ni siquiera con aprobación de la Asamblea Nacional Venezuela podría retirarse de la OEA, pues –repito- ello equivaldría a retirarse de la Constitución.
¿Y qué pasa si el Gobierno insiste en retirar a Venezuela de la OEA?
Cabe recordar que en 2012 el Gobierno venezolano denunció la Convención Americana de Derechos Humanos, con el deliberado propósito de impedir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocer casos en contra de Venezuela. Con esa denuncia, el Gobierno venezolano violó la Constitución, pues esa Convención tiene, también, rango constitucional.
Algo similar podría suceder con la Carta. Así, desconociendo la Constitución, el Gobierno podría presentar la denuncia de esa Carta, con el propósito de desvincular a Venezuela de la OEA e impedir así la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
La denuncia de la Carta de la OEA por el Gobierno venezolano sería, por ello, parte del golpe de Estado continuado, pues supondría la derogatoria de facto de los artículos 19, 23 y 31 de la Constitución.
Pero en todo caso, esa inconstitucional denuncia no impediría la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. De hecho, esa inconstitucional denuncia sería otra muestra más de la violación de esa Carta
Como ya expliqué, según la Carta de la OEA, la denuncia de ese Tratado solo surte efectos a los dos años, con lo cual, Venezuela quedaría obligada por la Carta Democrática Interamericana por ese lapso. Por lo tanto, el Consejo Permanente y la Asamblea General podrían interpretar que la denuncia de la Carta forma parte de la ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela, exigiendo el cumplimiento de la Carta, al menos, durante los dos años siguientes a la inconstitucional denuncia.
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marinawais- Reportero total
Re: NOTICIA DE VENEZUELA
por marinawais Jue Abr 27, 2017 6:13 am
Como no puedo copiar la noticia aquí les dejo el link.
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marinawais- Reportero total
Unidad Venezuela
por marinawais Jue Abr 27, 2017 7:01 am
Unidad Democrática se pronuncia ante el país
La Mesa de la Unidad Democrática rechaza y condena la salvaje represión utilizada por la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana contra el pueblo venezolano que, en ejercicio de los principios constitucionales, manifiesta en las calles por lograr su libertad y el restablecimiento de la democracia.
Ha quedado demostrado que la violencia proviene del gobierno que por medio de la GN, la PNB y grupos paramilitares pretenden atemorizar a los venezolanos por medio de la represión y actos terroristas.
La Unidad Democrática lamenta profundamente la muerte de venezolanos, sin importar su ideología política. Vidas perdidas por responsabilidad de un gobierno al que no le importa su pueblo y que solo busca aferrarse al poder.
Usar las armas de la República contra los venezolanos es muestra de que nuestro país está gobernado por un grupo de fascinerosos.
Nos solidarizamos con los familiares y amigos de las personas que fueron asesinadas como consecuencia de la violencia desatada por el gobierno de Maduro.
Rechazamos además las acusaciones sin fundamento realizadas por el ministro Néstor Reverol que ante los sucesos registrados donde resultaron heridos dos guardias nacionales señala como responsable a la oposición, sin ni siquiera haber realizado la correspondiente investigación. Cuestionamos también que en otros casos, la mayoría, donde las muertes son ocasionadas por armas provenientes de guardias nacionales o funcionarios policiales no hay pronunciamientos tanto rápidos sobre los responsables materiales. Y por supuesto mucho menos sobre los intelectuales, que son quienes dan la orden de reprimir al pueblo.
La Unidad Democrática reitera que su lucha por restablecer el hilo constitucional es pacífica y advierte que, junto a los venezolanos, se mantendrá en las calles hasta que se logre la libertad de los presos políticos, se abra un canal de ayuda humanitario, cesen las inhabilitaciones, se respete y se reconozcan todas las competencias de la Asamblea Nacional y se establezca un cronograma electoral.
Por ello convoca al pueblo a participar este jueves 27 de abril, a partir de las 10 am, en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional a realizarse en el Parque Miranda y luego elevar una oración por la paz en la Plaza Altamira, donde hoy resultó asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena Juan Pernalete.
26/4/2017 9:53pm
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La Mesa de la Unidad Democrática rechaza y condena la salvaje represión utilizada por la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana contra el pueblo venezolano que, en ejercicio de los principios constitucionales, manifiesta en las calles por lograr su libertad y el restablecimiento de la democracia.
Ha quedado demostrado que la violencia proviene del gobierno que por medio de la GN, la PNB y grupos paramilitares pretenden atemorizar a los venezolanos por medio de la represión y actos terroristas.
La Unidad Democrática lamenta profundamente la muerte de venezolanos, sin importar su ideología política. Vidas perdidas por responsabilidad de un gobierno al que no le importa su pueblo y que solo busca aferrarse al poder.
Usar las armas de la República contra los venezolanos es muestra de que nuestro país está gobernado por un grupo de fascinerosos.
Nos solidarizamos con los familiares y amigos de las personas que fueron asesinadas como consecuencia de la violencia desatada por el gobierno de Maduro.
Rechazamos además las acusaciones sin fundamento realizadas por el ministro Néstor Reverol que ante los sucesos registrados donde resultaron heridos dos guardias nacionales señala como responsable a la oposición, sin ni siquiera haber realizado la correspondiente investigación. Cuestionamos también que en otros casos, la mayoría, donde las muertes son ocasionadas por armas provenientes de guardias nacionales o funcionarios policiales no hay pronunciamientos tanto rápidos sobre los responsables materiales. Y por supuesto mucho menos sobre los intelectuales, que son quienes dan la orden de reprimir al pueblo.
La Unidad Democrática reitera que su lucha por restablecer el hilo constitucional es pacífica y advierte que, junto a los venezolanos, se mantendrá en las calles hasta que se logre la libertad de los presos políticos, se abra un canal de ayuda humanitario, cesen las inhabilitaciones, se respete y se reconozcan todas las competencias de la Asamblea Nacional y se establezca un cronograma electoral.
Por ello convoca al pueblo a participar este jueves 27 de abril, a partir de las 10 am, en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional a realizarse en el Parque Miranda y luego elevar una oración por la paz en la Plaza Altamira, donde hoy resultó asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena Juan Pernalete.
26/4/2017 9:53pm
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marinawais- Reportero total
Unidad Venezuela
por marinawais Jue Abr 27, 2017 7:07 am
Amnistía Internacional lanza campaña global contra detenciones arbitrarias en Venezuela
Las autoridades venezolanas están utilizando el sistema de justicia de manera ilegal para incrementar la persecución y los castigos contra quienes piensan diferente, dijo Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy en medio de crecientes protestas alrededor del país que han dejado varios muertos, cientos de heridos y detenidos.
Silencio a La Fuerza: Detenciones Arbitrarias por Motivos Políticos en Venezuela detalla el catálogo de acciones ilegales por parte de las autoridades venezolanas para reprimir la libre expresión.
Estas incluyen las detenciones sin órdenes judiciales por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el procesamiento de activistas pacíficos por delitos “contra la patria” y la imposición de medidas de prisión preventiva sin justificación y campañas difamatorias en medios de comunicación contra miembros de la oposición, entre otras medidas.
“En Venezuela está prohibido disentir. Las autoridades parecen no tener límite a la hora de aplicar un sinnúmero de argucias legales para castigar a quienes expresan una opinión diferente de la oficial,” dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“En vez de obsesionarse por acallar cualquier opinión contraria a la oficial, las autoridades venezolanas deberían enfocarse en buscar soluciones prácticas y duraderas a la profunda crisis que sufre el país.”
El 11 de enero de 2017, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia detuvieron al diputado opositor Gilber Caro, a la activista del partido opositor Voluntad Popular, Steyci Escalona en un peaje cuando regresaban a Caracas.
Ese mismo día, el Vicepresidente de la República explicó por televisión que a Gilber y Steyci se les había incautado un fusil de guerra y material explosivo. Dijo que el diputado estaba involucrado en actividades de terrorismo, señalando que habría cruzado la frontera hacia Colombia sin haber reportado el movimiento migratorio.
Steyci fue presentada ante un tribunal militar y se le imputaron los delitos de sustracción de efectos militares y rebelión. Gilber fue trasladado a un centro penitenciario sin que, hasta marzo de 2017, hubiese sido presentado ante un juez para determinar su situación jurídica.
Las historias de Gilber y Steyci ilustran algunas de las muchas estrategias que utilizan las autoridades venezolanas para intentar silenciar a la oposición, en un contexto de crecientes protestas en el país.
En la mayoría de los casos, a los acusados se les imputan crímenes graves como “traición a la patria”, “terrorismo o sustracción de efectos militares” o “rebelión” que permiten el uso de la prisión preventiva, aunque no se tengan pruebas admisibles suficientes para justificar los cargos.
Estos tipos de delitos son juzgados por jurisdicciones especiales, incluyendo el fuero militar, que no son independientes y rara vez imparciales y no deberían aplicarse contra civiles.
Amnistía Internacional también ha documentado casos en los que a la persona detenida se le limita el contacto con sus familias o abogados defensores, poniendo al detenido en alto riesgo de sufrir graves violaciones a sus derechos humanos, incluyendo torturas y malos tratos.
Yon Goicoechea, líder estudiantil y actualmente dirigente de Voluntad Popular, fue detenido el 29 de agosto de 2016 por personas no identificadas que circulaban en un vehículo sin placas, según testigos del incidente.
La detención de Yon fue eventualmente confirmada por un alto dirigente del partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, quien informó que había sido detenido por portar explosivos que supuestamente serían usados en una manifestación de la oposición el 1 de septiembre.
A pesar de los múltiples esfuerzos de su familia, no se pudo conocer el paradero de Yon Goicoechea hasta aproximadamente 13 horas después del último contacto con su familia.
Desde el momento de su aprehensión, Yon estuvo desaparecido hasta que se obtuvo información de que se encontraba recluido en la sede del SEBIN El Helicoide, en Caracas. El activista fue presentado ante los tribunales, pero de acuerdo a la información suministrada a Amnistía Internacional, se mantuvo la situación de incomunicación hasta el 1 de septiembre de 2016.
Desde el 20 de octubre de 2016 existe una resolución judicial en la que se reconoce que se han cumplido todos los requisitos para su excarcelación, debido a que el Ministerio Público no encontró elementos suficientes para acusarlo de ningún delito. Pese a ello, se encuentra todavía privado de libertad en el SEBIN y, de acuerdo a las denuncias de sus familiares, el tribunal de la causa no ha atendido al público desde diciembre de 2016.
“Que en Venezuela hayan personas detenidas a pesar de no tener ninguna acusación oficial en su contra, es una ilustración de la dramática situación de derechos humanos en la que se encuentra sumergido el país,” dijo Erika Guevara-Rosas.
Revisa completo el informe aquí: https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/6014/2017/en/
Prensa: Amnistía Internacional
26/4/2017 8:40pm
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Las autoridades venezolanas están utilizando el sistema de justicia de manera ilegal para incrementar la persecución y los castigos contra quienes piensan diferente, dijo Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy en medio de crecientes protestas alrededor del país que han dejado varios muertos, cientos de heridos y detenidos.
Silencio a La Fuerza: Detenciones Arbitrarias por Motivos Políticos en Venezuela detalla el catálogo de acciones ilegales por parte de las autoridades venezolanas para reprimir la libre expresión.
Estas incluyen las detenciones sin órdenes judiciales por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el procesamiento de activistas pacíficos por delitos “contra la patria” y la imposición de medidas de prisión preventiva sin justificación y campañas difamatorias en medios de comunicación contra miembros de la oposición, entre otras medidas.
“En Venezuela está prohibido disentir. Las autoridades parecen no tener límite a la hora de aplicar un sinnúmero de argucias legales para castigar a quienes expresan una opinión diferente de la oficial,” dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“En vez de obsesionarse por acallar cualquier opinión contraria a la oficial, las autoridades venezolanas deberían enfocarse en buscar soluciones prácticas y duraderas a la profunda crisis que sufre el país.”
El 11 de enero de 2017, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia detuvieron al diputado opositor Gilber Caro, a la activista del partido opositor Voluntad Popular, Steyci Escalona en un peaje cuando regresaban a Caracas.
Ese mismo día, el Vicepresidente de la República explicó por televisión que a Gilber y Steyci se les había incautado un fusil de guerra y material explosivo. Dijo que el diputado estaba involucrado en actividades de terrorismo, señalando que habría cruzado la frontera hacia Colombia sin haber reportado el movimiento migratorio.
Steyci fue presentada ante un tribunal militar y se le imputaron los delitos de sustracción de efectos militares y rebelión. Gilber fue trasladado a un centro penitenciario sin que, hasta marzo de 2017, hubiese sido presentado ante un juez para determinar su situación jurídica.
Las historias de Gilber y Steyci ilustran algunas de las muchas estrategias que utilizan las autoridades venezolanas para intentar silenciar a la oposición, en un contexto de crecientes protestas en el país.
En la mayoría de los casos, a los acusados se les imputan crímenes graves como “traición a la patria”, “terrorismo o sustracción de efectos militares” o “rebelión” que permiten el uso de la prisión preventiva, aunque no se tengan pruebas admisibles suficientes para justificar los cargos.
Estos tipos de delitos son juzgados por jurisdicciones especiales, incluyendo el fuero militar, que no son independientes y rara vez imparciales y no deberían aplicarse contra civiles.
Amnistía Internacional también ha documentado casos en los que a la persona detenida se le limita el contacto con sus familias o abogados defensores, poniendo al detenido en alto riesgo de sufrir graves violaciones a sus derechos humanos, incluyendo torturas y malos tratos.
Yon Goicoechea, líder estudiantil y actualmente dirigente de Voluntad Popular, fue detenido el 29 de agosto de 2016 por personas no identificadas que circulaban en un vehículo sin placas, según testigos del incidente.
La detención de Yon fue eventualmente confirmada por un alto dirigente del partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, quien informó que había sido detenido por portar explosivos que supuestamente serían usados en una manifestación de la oposición el 1 de septiembre.
A pesar de los múltiples esfuerzos de su familia, no se pudo conocer el paradero de Yon Goicoechea hasta aproximadamente 13 horas después del último contacto con su familia.
Desde el momento de su aprehensión, Yon estuvo desaparecido hasta que se obtuvo información de que se encontraba recluido en la sede del SEBIN El Helicoide, en Caracas. El activista fue presentado ante los tribunales, pero de acuerdo a la información suministrada a Amnistía Internacional, se mantuvo la situación de incomunicación hasta el 1 de septiembre de 2016.
Desde el 20 de octubre de 2016 existe una resolución judicial en la que se reconoce que se han cumplido todos los requisitos para su excarcelación, debido a que el Ministerio Público no encontró elementos suficientes para acusarlo de ningún delito. Pese a ello, se encuentra todavía privado de libertad en el SEBIN y, de acuerdo a las denuncias de sus familiares, el tribunal de la causa no ha atendido al público desde diciembre de 2016.
“Que en Venezuela hayan personas detenidas a pesar de no tener ninguna acusación oficial en su contra, es una ilustración de la dramática situación de derechos humanos en la que se encuentra sumergido el país,” dijo Erika Guevara-Rosas.
Revisa completo el informe aquí: https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/6014/2017/en/
Prensa: Amnistía Internacional
26/4/2017 8:40pm
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marinawais- Reportero total
Re: NOTICIA DE VENEZUELA
por marinawais Jue Abr 27, 2017 7:13 am
Este es el enlace por si quieren ayudarnos en las firmas que esta llevando a cabo Amnistía Internacional contra detenciones arbitrarias en Venezuela y gracias. 
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marinawais- Reportero total
Unidad Venezuela
por marinawais Jue Abr 27, 2017 7:18 am
La Unidad Democrática rechaza la creciente represión ordenada por Maduro y Reverol
La Unidad Democrática rechaza la creciente y brutal represión ordenada por Nicolás Maduro y el ministro Néstor Reverol contra un pueblo que solo lucha por su libertad y la restitución del hilo democrático en el país.
Al dar el balance de la jornada de este miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, destacó que estuvo signada por el uso de la fuerza bruta y de gases tóxicos, lo que dejó un saldo negativo y lamentable de tres venezolanos muertos. Hizo mención al asesinato de Juan Pernalete, estudiante, que murió a consecuencia de que una bomba lacrimógena lo impactó en el pecho, hecho ocurrido en la Plaza Altamira.
“Hoy un guardia nacional salió a la calle a hacer su trabajo, pero su trabajo lo convirtió en asesino… La represión tiene nombre y apellido: Nicolás Maduro y Néstor Reverol”, dijo.
Precisó que también durante el día de hoy se registró el caso de la escuela San Pedro, que tuvo que ser desalojada por el ataque de la Guardia Nacional. Además, 9 periodistas resultaron heridos con saña solo por estar haciendo su trabajo de informar. “Se trata de un gobierno que está absolutamente acorralado, desahuciado y agonizante, que lo único que le queda es el uso de la fuerza bruta y de la violencia”, dijo.
“Frente a eso tenemos que tener la fuerza, energía y la determinación para que hagamos frente a un gobierno que lo único que hace es reprimir, atemorizar y usar la fuerza bruta. Hoy con mucho más fuerza que siempre tenemos que plantarnos y decir que vamos a seguir adelante hasta lograr la libertad y democracia en nuestro país”, enfatizó.
Insistió en que las muertes registradas hasta la fecha son responsabilidad del gobierno. “Nosotros marchamos por la paz, la violencia la crea el gobierno, porque no quiere que el país vote, la violencia la crea el gobierno cuando reprime al país, cuando crea este nivel de censura en los medios, cuando impide que el país manifieste. El gobierno es la violencia y nosotros la paz”, manifestó.
Aseguró que la lucha ha tenido importantes avances, entre ellos, mencionó el hecho que una institución como la Fiscalía General de la República actúe con una visión constitucional, así como saber que dentro de la Fuerza Armada Nacional hay un debate para cuestionar la dictadura, que la comunidad internacional esté apoyando a Venezuela y que el pueblo esté en las calles y no tenga miedo. También destacó que hay claridad en los objetivos a lograr: libertad de los presos políticos, acabar con las inhabilitaciones, abrir un canal de ayuda humanitario, respeto y reconocimiento de las competencias de la Asamblea Nacional y elecciones.
26/4/2017 7:48pm
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La Unidad Democrática rechaza la creciente y brutal represión ordenada por Nicolás Maduro y el ministro Néstor Reverol contra un pueblo que solo lucha por su libertad y la restitución del hilo democrático en el país.
Al dar el balance de la jornada de este miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, destacó que estuvo signada por el uso de la fuerza bruta y de gases tóxicos, lo que dejó un saldo negativo y lamentable de tres venezolanos muertos. Hizo mención al asesinato de Juan Pernalete, estudiante, que murió a consecuencia de que una bomba lacrimógena lo impactó en el pecho, hecho ocurrido en la Plaza Altamira.
“Hoy un guardia nacional salió a la calle a hacer su trabajo, pero su trabajo lo convirtió en asesino… La represión tiene nombre y apellido: Nicolás Maduro y Néstor Reverol”, dijo.
Precisó que también durante el día de hoy se registró el caso de la escuela San Pedro, que tuvo que ser desalojada por el ataque de la Guardia Nacional. Además, 9 periodistas resultaron heridos con saña solo por estar haciendo su trabajo de informar. “Se trata de un gobierno que está absolutamente acorralado, desahuciado y agonizante, que lo único que le queda es el uso de la fuerza bruta y de la violencia”, dijo.
“Frente a eso tenemos que tener la fuerza, energía y la determinación para que hagamos frente a un gobierno que lo único que hace es reprimir, atemorizar y usar la fuerza bruta. Hoy con mucho más fuerza que siempre tenemos que plantarnos y decir que vamos a seguir adelante hasta lograr la libertad y democracia en nuestro país”, enfatizó.
Insistió en que las muertes registradas hasta la fecha son responsabilidad del gobierno. “Nosotros marchamos por la paz, la violencia la crea el gobierno, porque no quiere que el país vote, la violencia la crea el gobierno cuando reprime al país, cuando crea este nivel de censura en los medios, cuando impide que el país manifieste. El gobierno es la violencia y nosotros la paz”, manifestó.
Aseguró que la lucha ha tenido importantes avances, entre ellos, mencionó el hecho que una institución como la Fiscalía General de la República actúe con una visión constitucional, así como saber que dentro de la Fuerza Armada Nacional hay un debate para cuestionar la dictadura, que la comunidad internacional esté apoyando a Venezuela y que el pueblo esté en las calles y no tenga miedo. También destacó que hay claridad en los objetivos a lograr: libertad de los presos políticos, acabar con las inhabilitaciones, abrir un canal de ayuda humanitario, respeto y reconocimiento de las competencias de la Asamblea Nacional y elecciones.
26/4/2017 7:48pm
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Unidad Venezuela
por marinawais Jue Abr 27, 2017 7:21 am
OEA aprobó reunión de cancilleres para discutir la crisis de Venezuela
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó este miércoles, la convocatoria de una reunión de consulta de cancilleres para discutir la crisis interna que afecta a Venezuela. La resolución se tomó con 19 votos a favor, 10 en contra, cuatro abstenciones y una ausencia.
Las delegaciones que votaron a favor fueron: Argentina, Brasil, Barbados, Bahamas, Costa Rica, Colombia, Chile, Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Panamá, Perú, Santa Lucía y Uruguay.
El embajador de Venezuela ante la OEA, Samuel Moncada, insistió que esa entidad “agita” el terror y la violencia en Venezuela y añadió que Estados Unidos está detrás de todos los países que conforman la Organización de Estados Americanos para que voten en contra del país. “Desde Washington nunca se decidirán los destinos de Venezuela”, dijo.
Mientras que, la delegada de Argentina, Susana Malcorra, indicó que “no es intromisión en asuntos de Venezuela, es responsabilidad colectiva de garantizar democracia en la región”.
La sesión extraordinaria, realizada en la sede del organismo en Washington, fue solicitada por Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
Al concluir la sesión de la OEA, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, confirmó que Venezuela procederá a retirarse de esa organización por considerarla como “injerencista” al atacar la soberanía del país y aseguró que la delegación venezolana no asistirá a ninguna de las siguientes reuniones de esa instancia hemisférica. “Presentaremos la carta de denuncia a la OEA e iniciaremos el procedimiento que tarda 24 meses”, detalló en declaraciones desde Miraflores.
26/4/2017 7:07pm
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El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó este miércoles, la convocatoria de una reunión de consulta de cancilleres para discutir la crisis interna que afecta a Venezuela. La resolución se tomó con 19 votos a favor, 10 en contra, cuatro abstenciones y una ausencia.
Las delegaciones que votaron a favor fueron: Argentina, Brasil, Barbados, Bahamas, Costa Rica, Colombia, Chile, Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Panamá, Perú, Santa Lucía y Uruguay.
El embajador de Venezuela ante la OEA, Samuel Moncada, insistió que esa entidad “agita” el terror y la violencia en Venezuela y añadió que Estados Unidos está detrás de todos los países que conforman la Organización de Estados Americanos para que voten en contra del país. “Desde Washington nunca se decidirán los destinos de Venezuela”, dijo.
Mientras que, la delegada de Argentina, Susana Malcorra, indicó que “no es intromisión en asuntos de Venezuela, es responsabilidad colectiva de garantizar democracia en la región”.
La sesión extraordinaria, realizada en la sede del organismo en Washington, fue solicitada por Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
Al concluir la sesión de la OEA, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, confirmó que Venezuela procederá a retirarse de esa organización por considerarla como “injerencista” al atacar la soberanía del país y aseguró que la delegación venezolana no asistirá a ninguna de las siguientes reuniones de esa instancia hemisférica. “Presentaremos la carta de denuncia a la OEA e iniciaremos el procedimiento que tarda 24 meses”, detalló en declaraciones desde Miraflores.
26/4/2017 7:07pm
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marinawais- Reportero total
Unidad Venezuela
por marinawais Jue Abr 27, 2017 7:26 am
GN y PNB reprimieron con todo su arsenal a movilización que se dirigía a la Defensoría del Pueblo
Este 26 de abril, la Unidad Democrática intentó movilizarse, otra vez, hasta la sede principal de la Defensoría del Pueblo en el centro de Caracas, para entregarle al titular de ese despacho, Tarek William Saab el documento aprobado este martes en la sesión de la Asamblea Nacional, en el cual le dan un plazo de tres días para iniciar el proceso de destitución de los siete magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia porque de lo contrario iniciarán una investigación para determinar la complicidad del Defensor del Pueblo en el golpe de Estado que afecta al país.
Desde los mismos 26 puntos de las movilizaciones del 19 y 20 de abril, salieron las concentraciones, de manera pacifica, para dirigirse hasta las instalaciones del Poder Moral, pero la Guardia Nacional (GN) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) utilizaron todo su arsenal antimotín para impedir que los manifestantes pudieran llegar a su destino final.
“Queremos saber por qué no nos dejan llegar a la Defensoría del Pueblo, por qué reprimen a los venezolanos y tú Tarek William Saab callas”, expresó en su cuenta de Twitter la activista de DDHH y esposa del preso político, Leopoldo López, Lilian Tintori.
Mientras que, diputados como Rafael Guzmán, Gabriela Arellano, Armando Armas, José Guerra, entre otros parlamentarios y dirigentes políticos intentaban mediar con los funcionarios de la Guardia Nacional para que levantaran el piquete y permitieran que la movilización que venía desde Santa Mónica pudiera seguir su ruta y se reuniera con otras concentraciones para dirigirse hasta la Defensoría del Pueblo, los uniformados respondieron de manera inmediata con bombas lacrimógenas, sin importarles que en las cercanías se encontraba el colegio San Pedro, donde sus alumnos estaban en su hora de salida.
Los niños tuvieron que recibir atención de primeros auxilios por los efectos de los gases lacrimógenos y ser evacuados inmediatamente por sus representantes para alejarlos de la contención desmedida por parte de este cuerpo de seguridad del Estado.
“Represión desmedida de la GN en San Pedro, frente a la iglesia, cuando salían los niños de la escuela para tomar el autobús. Esto es criminal”, aseguró el legislador José Guerra, a través de su cuenta de Twitter.
Tras estos hechos, la movilización se trasladó hasta la Avenida Los Estadios, en las adyacencias de la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde los diputados trataron de dialogar, una vez más, con los uniformados para que les abrieran el paso, pero fueron fuertemente reprimidos por la GN y la PNB.
“Intentando mediar con la GN, nos reprimen, esto ocurre en la Av. Los Estadios. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]”, escribió mediante su cuenta de Twitter, el parlamentario Jorge Millán.
Durante la contención en ese lugar, el periodista de El Nacional Web, Ayatola Núñez, terminó con una herida en la cabeza por el impacto de una piedra. Tuvo que se trasladado hasta el Hospital Clínico Universitario, donde le dieron cinco puntos de sutura en su herida. Otras personas, entre ellas, adultos mayores, resultaron afectados por los efectos de los gases lacrimógenos.
Mientras que, en la autopista Francisco Fajardo, altura El Rosal, los manifestantes fueron víctima de una represión que no tuvo medida alguna, tanquetas que esparcían chorros de aguas, fusiles que disparaban perdigones y bombas lacrimógenas a quema ropa.
El presidente de la Comisión de Política Exterior de la AN, Luis Florido, publicó en Twitter un video desde la Fajardo, donde denuncia a la comunidad internacional que los manifestantes, que solo están ejerciendo su derecho a la protesta, son duramente reprimidos por las fuerzas de seguridad estatales. “El represor de Miraflores (Nicolás Maduro) menoscaba el derecho de los ciudadanos que están totalmente desarmados”, dijo.
Durante estas acciones, el editor y camarógrafo de Prensa Unidad Venezuela fue impactado por una bomba lacrimógena disparada a quema ropa en su abdomen.
Asimismo, el diputado José Brito, denunció desde Las Mercedes, que la Guardia Nacional disparó metras a los manifestantes, lastimando a varias personas. “No solamente son bombas y perdigones, sino que ahora son metras”, apuntó.
“Represión salvaje contra miles personas que van a exigirte cumplas con el art.281 CRBV. @TarekWiliamSaab Tu posición es vergonzosa!”, indicó el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, en Twitter.
Por su parte, el diputado Henry Ramos Allup, se plantó en la avenida Libertador en compañía de otros dirigentes y manifestantes a esperar que el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, se presentará a recibir el comunicado del Poder Legislativo.
En ese lugar, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana no permitieron que la movilización avanzará. “Estoy aquí, de manera pacífica, con trece diputados pidiendo que nos despejen la vía para entregar el documento a la Defensoría del Pueblo. Si es por las buenas, no nos dejan pasar, si la gente arremete, la dispersan a punta de bombas y perdigones” dijo por periscope, Allup.
En otras partes de la capital los convocados por la Unidad Democrática también fueron reprimidos, mientras todas las estaciones del Metro de Caracas permanecen totalmente cerradas.
En este sentido, se registró que un joven, identificado como Juan Pablo Pernalete Llovera de 20 años de edad, falleció al recibir un impacto en el pecho de una bomba lacrimógena en protesta de Altamira.
“26A A las 2:50 pm apróximadamente, ingresó a @saludchacao un joven de 20 años de edad, proveniente de la manifestación sin signos vitales (…) Nuestro personal médico y paramédico realizó maniobras de resucitación cardiovascular por más de 40 minutos sin obtener resultados”, informó el Alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho.
Consiguieron su objetivo
Las movilizaciones de la Unidad Democrática en los estados Monagas y Nueva Esparta lograron cumplir su objetivo al consignar el comunicado aprobado este martes por el Parlamento, en las defensorías correspondientes en ambas regiones.
En la ciudad de Maturín, Monagas, pese a que la Guardia Nacional estuvo acordonada en la entrada de ese organismo público, accedieron a que una comisión de diputados entregara el comunicado, el cual fue recibido y firmado por el despacho de la titular por esa entidad, Hermelinda Cabello.
Asimismo, en Margarita, Nueva Esparta, pese a que la sede de ese ente estuviera rodeada por funcionarios de la GN y la PNB, la movilización también pudo llegar sin ningún tipo de represión. Una delegada de la Defensoría del Pueblo en esa entidad, recibió el documento que exige a ese poder activar el procedimiento de destitución de los magistrados.
26/4/2017 6:20pm
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Este 26 de abril, la Unidad Democrática intentó movilizarse, otra vez, hasta la sede principal de la Defensoría del Pueblo en el centro de Caracas, para entregarle al titular de ese despacho, Tarek William Saab el documento aprobado este martes en la sesión de la Asamblea Nacional, en el cual le dan un plazo de tres días para iniciar el proceso de destitución de los siete magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia porque de lo contrario iniciarán una investigación para determinar la complicidad del Defensor del Pueblo en el golpe de Estado que afecta al país.
Desde los mismos 26 puntos de las movilizaciones del 19 y 20 de abril, salieron las concentraciones, de manera pacifica, para dirigirse hasta las instalaciones del Poder Moral, pero la Guardia Nacional (GN) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) utilizaron todo su arsenal antimotín para impedir que los manifestantes pudieran llegar a su destino final.
“Queremos saber por qué no nos dejan llegar a la Defensoría del Pueblo, por qué reprimen a los venezolanos y tú Tarek William Saab callas”, expresó en su cuenta de Twitter la activista de DDHH y esposa del preso político, Leopoldo López, Lilian Tintori.
Mientras que, diputados como Rafael Guzmán, Gabriela Arellano, Armando Armas, José Guerra, entre otros parlamentarios y dirigentes políticos intentaban mediar con los funcionarios de la Guardia Nacional para que levantaran el piquete y permitieran que la movilización que venía desde Santa Mónica pudiera seguir su ruta y se reuniera con otras concentraciones para dirigirse hasta la Defensoría del Pueblo, los uniformados respondieron de manera inmediata con bombas lacrimógenas, sin importarles que en las cercanías se encontraba el colegio San Pedro, donde sus alumnos estaban en su hora de salida.
Los niños tuvieron que recibir atención de primeros auxilios por los efectos de los gases lacrimógenos y ser evacuados inmediatamente por sus representantes para alejarlos de la contención desmedida por parte de este cuerpo de seguridad del Estado.
“Represión desmedida de la GN en San Pedro, frente a la iglesia, cuando salían los niños de la escuela para tomar el autobús. Esto es criminal”, aseguró el legislador José Guerra, a través de su cuenta de Twitter.
Tras estos hechos, la movilización se trasladó hasta la Avenida Los Estadios, en las adyacencias de la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde los diputados trataron de dialogar, una vez más, con los uniformados para que les abrieran el paso, pero fueron fuertemente reprimidos por la GN y la PNB.
“Intentando mediar con la GN, nos reprimen, esto ocurre en la Av. Los Estadios. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]”, escribió mediante su cuenta de Twitter, el parlamentario Jorge Millán.
Durante la contención en ese lugar, el periodista de El Nacional Web, Ayatola Núñez, terminó con una herida en la cabeza por el impacto de una piedra. Tuvo que se trasladado hasta el Hospital Clínico Universitario, donde le dieron cinco puntos de sutura en su herida. Otras personas, entre ellas, adultos mayores, resultaron afectados por los efectos de los gases lacrimógenos.
Mientras que, en la autopista Francisco Fajardo, altura El Rosal, los manifestantes fueron víctima de una represión que no tuvo medida alguna, tanquetas que esparcían chorros de aguas, fusiles que disparaban perdigones y bombas lacrimógenas a quema ropa.
El presidente de la Comisión de Política Exterior de la AN, Luis Florido, publicó en Twitter un video desde la Fajardo, donde denuncia a la comunidad internacional que los manifestantes, que solo están ejerciendo su derecho a la protesta, son duramente reprimidos por las fuerzas de seguridad estatales. “El represor de Miraflores (Nicolás Maduro) menoscaba el derecho de los ciudadanos que están totalmente desarmados”, dijo.
Durante estas acciones, el editor y camarógrafo de Prensa Unidad Venezuela fue impactado por una bomba lacrimógena disparada a quema ropa en su abdomen.
Asimismo, el diputado José Brito, denunció desde Las Mercedes, que la Guardia Nacional disparó metras a los manifestantes, lastimando a varias personas. “No solamente son bombas y perdigones, sino que ahora son metras”, apuntó.
“Represión salvaje contra miles personas que van a exigirte cumplas con el art.281 CRBV. @TarekWiliamSaab Tu posición es vergonzosa!”, indicó el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, en Twitter.
Por su parte, el diputado Henry Ramos Allup, se plantó en la avenida Libertador en compañía de otros dirigentes y manifestantes a esperar que el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, se presentará a recibir el comunicado del Poder Legislativo.
En ese lugar, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana no permitieron que la movilización avanzará. “Estoy aquí, de manera pacífica, con trece diputados pidiendo que nos despejen la vía para entregar el documento a la Defensoría del Pueblo. Si es por las buenas, no nos dejan pasar, si la gente arremete, la dispersan a punta de bombas y perdigones” dijo por periscope, Allup.
En otras partes de la capital los convocados por la Unidad Democrática también fueron reprimidos, mientras todas las estaciones del Metro de Caracas permanecen totalmente cerradas.
En este sentido, se registró que un joven, identificado como Juan Pablo Pernalete Llovera de 20 años de edad, falleció al recibir un impacto en el pecho de una bomba lacrimógena en protesta de Altamira.
“26A A las 2:50 pm apróximadamente, ingresó a @saludchacao un joven de 20 años de edad, proveniente de la manifestación sin signos vitales (…) Nuestro personal médico y paramédico realizó maniobras de resucitación cardiovascular por más de 40 minutos sin obtener resultados”, informó el Alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho.
Consiguieron su objetivo
Las movilizaciones de la Unidad Democrática en los estados Monagas y Nueva Esparta lograron cumplir su objetivo al consignar el comunicado aprobado este martes por el Parlamento, en las defensorías correspondientes en ambas regiones.
En la ciudad de Maturín, Monagas, pese a que la Guardia Nacional estuvo acordonada en la entrada de ese organismo público, accedieron a que una comisión de diputados entregara el comunicado, el cual fue recibido y firmado por el despacho de la titular por esa entidad, Hermelinda Cabello.
Asimismo, en Margarita, Nueva Esparta, pese a que la sede de ese ente estuviera rodeada por funcionarios de la GN y la PNB, la movilización también pudo llegar sin ningún tipo de represión. Una delegada de la Defensoría del Pueblo en esa entidad, recibió el documento que exige a ese poder activar el procedimiento de destitución de los magistrados.
26/4/2017 6:20pm
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marinawais- Reportero total
Unidad Venezuela
por marinawais Jue Abr 27, 2017 7:29 am
Este [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] se aprobará manifiesto de exigencias del pueblo venezolano ante golpe de Estado
marinawais- Reportero total
Unidad Venezuela
por marinawais Jue Abr 27, 2017 7:31 am
Julio Borges "No olvidemos que esta lucha es por un golpe de Estado a la constitución y la AN"
marinawais- Reportero total
Unidad Venezuela
por marinawais Jue Abr 27, 2017 7:34 am
Borges: "A manos de la represión, hoy murieron tres Vzlanos. que salieron por un país mejor"
marinawais- Reportero total
Patricia Poleo oficial
por marinawais Jue Abr 27, 2017 7:52 am
2. EL AUDIO QUE DEMUESTRA EL TEMOR QUE LE TIENE EL RÉGIMEN A LA CALLE
marinawais- Reportero total
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por marinawais Jue Abr 27, 2017 8:15 am
Interesante esta informacion, muy interesante. 
AN prepara ley para recuperar 300.000.000.000 dólares robados por el chavismo
(24/04/2016) Algunas de las mayores fortunas del mundo están en manos de chavistas, a juzgar por los montos involucrados. Cálculos de la oposición estiman cerca de $300,000 millones de dólares los fondos venezolanos de que se encuentran en el exterior en manos de personas que no pueden justificar esa fortuna y escondidos en laberintos de corporaciones ficticias y cuentas bancarias abiertas en paraísos fiscales.
Y el abogado venezolano Franklin Hoet Linares los quiere recuperar.
Hoet, quien es presidente de la Asociación Mundial de Juristas, encabeza un grupo de abogados venezolanos que está trabajando con la Asamblea Nacional en un proyecto de ley que estimularía la búsqueda y confiscación de fondos acumulados, a través de prácticas de corrupción y que actualmente están en posesión de algunos de los más connotados líderes de la Revolución Bolivariana.
“El funcionario que roba uno o dos millones de dólares es un ladrón, pero quien le quita $1,000 millones o $2,000 millones a un pueblo, lo está dejando sin alimentos, sin medicamentos y sin medios para crecer”. “Lo que han cometido estos señores es un crimen de lesa humanidad”, señaló Hoet a el Nuevo Herald.
Las dimensiones de la corrupción bajo el régimen chavista es una de las razones por las cuales los venezolanos están siendo condenados al empobrecimiento y a morir por mengua, insistió Hoet, quien se convirtió en una figura pública en Estados Unidos en la década pasada por representar a 79 venezolanos en una demanda contra Ford y el fabricante de llantas Bridgestone/Firestone por los frecuentes volcamientos de las camionetas Explorer.
Se ofrecerán recompensas por denuncias de fondos robados
El proyecto de ley, que podría llegar a ser un importante mecanismo de emprender el camino de la reconstrucción de Venezuela una vez que el chavismo salga del poder, está inspirado en leyes estadounidenses de larga data que estimulan la denuncia de actos de corrupción (como The False Claims Act y el Qui Tam Law).
Y al igual como sucede en Estados Unidos, las denuncias que conduzcan a confiscaciones de fondos robados serían recompensadas por un monto de hasta el 25 por ciento del total obtenido, bajo el proyecto de ley que está siendo preparado.
“Vamos a crear un sistema que premie la denuncia, como sucede en Estados Unidos con los Whistleblowers. De manera que si usted es una secretaria que veía pasar la cuenta, y a usted no le dieron nada. O a usted lo utilizaron de testaferro y le dieron muy poco, bueno, ahora a usted la ley le da la oportunidad de denunciar y si la información que suministra permite que se recuperen los fondos, a usted le va a quedar al final hasta el 25 por ciento del total recuperado”, explicó Hoet.
Aun cuando el proyecto de ley aún no ha sido aprobado, Hoet ya está investigando uno de los más sonados casos de corrupción que involucra a capitales venezolanos que fueron detectados en la Banca Privada de Andorra (BPA).
Más de $4,000 millones provenientes de la corrupción venezolana fueron detectados en el BPA y partes de esos fondos pertenecían a Diego Salazar, el presunto socio del ex presidente de PDVSA, Rafael Ramírez.
Semanas atrás, Hoet se presentó en Andorra para examinar los expedientes, pero al final recibió muy poca ayuda de las autoridades locales, quienes le dijeron que tendrá que esperar que el caso sea expuesto en Madrid, donde finalmente saldrá a relucir quiénes son los dueños de esa fortuna.
Mas informacion en El Nuevo Herald
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marinawais- Reportero total
Caraota Digital.
por marinawais Vie Abr 28, 2017 2:51 am
Lo que hay detrás de las polémicas declaraciones de Ortega Díaz (+Video)
Posted on 26 abril, 2017 by María Fernanda Rodríguez
El abogado constitucionalista, José Vicente Haro, aseguró que es “un discurso donde ella trata de dar la apariencia de que hay independencia y autonomía de los poderes en Venezuela, de que el Ministerio Público actúa de manera independiente cuando en realidad no lo hace”.
Haro explicó con ejemplos por qué en realidad “no existe” separación de poderes:
1- “La Fiscal General de la República denunció el quebrantamiento constitucional el día 31 de marzo, en la declaración que dio a los medios de comunicación con respecto a las sentencias 155 y 156. ¿Qué hizo ella? No habló más del tema, es más luego de ese Consejo de la Defensa de la Nación ella no dijo más nada. Si ella fuera consecuente con sus palabras, la semana siguiente cuando se realizó la sesión del Consejo Moral Republicano en la que se debatió si los magistrados cometieron o no una falta grave al haber metido estas sentencias, ella se hubiera pronunciado pero no lo hizo (…) Eso provocó que el Consejo declarara ‘improcedente la solicitud de calificación de falta grave’ Cuando es evidente que la hay acorde al artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano”.
2- “Se habla del derecho a la manifestación pero el Gobierno utiliza colectivos armados, arma a la milicia y a la población y eso es inconstitucional. ¿Por qué no se pronuncia sobre el caso de los colectivos armados? ¿Por qué no se pronuncia sobre la ilegalidad de armar a las milicias? ¿Por qué no se pronuncia sobre la ilegalidad del Plan Zamora 200, un plan para reprimir la manifestación y marchas?. Ella no les inicia un proceso legal porque no es capaz de procesarlos”.
3- “La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia decide llevar a juicio en jurisdicción militar a Gilbert Caro, un ciudadano que además de ser civil es diputado y posee inmunidad parlamentaria. La Fiscal tiene varias denuncias de sus abogados sobre el caso y no se ha pronunciado al respecto. Prácticamente para ella, es normal que se utilice la jurisdicción militar para juzgar a un ciudadano, cuando a ella le corresponde decir si juzga o no al diputado. Eso viola el artículo 12 y 9 de la Constitución”.
4- “Caso Antonio Ledezma: Está en un limbo jurídico. El expediente está entre un tribunal y otro porque falta la firma de un fiscal del Ministerio Público. ¿Por qué ella no ordena a ese fiscal que vaya a firmar el Acta para resolver el caso? Existe una norma dentro del Código Procesal Penal que dice que pasado dos años, si no hay una sentencia condenatoria, ya debe ser juzgado en libertad”.
5- “La Fiscal General dice una cosa y los fiscales hacen otra, en los pasillos de los tribunales los funcionarios aseguran que las sentencias contra los manifestantes serán ‘condenatorias’ se lleve a cabo o no el debido proceso”.
6- “Las boletas de excarcelación, caso Yon Goicoechea. Hay boletas de excarcelación de personas que están detenidas en el Sebin y no se les ha puesto en libertad. En el artículo 44 de la Constitución se establece expresamente que una vez se libera la boleta de excarcelación, la persona debe ser puesta en libertad. La Fiscal General debe poner a los fiscales a cumplir con su trabajo y restablecer el orden constitucional”.
7- “Tema de las torturas, tratos crueles y degradantes: Vemos agresiones brutales por parte de los órganos de seguridad del Estado y no pasa nada. La Fiscal General no dice nada sobre este tema, pese a que en la Fiscalía reposan muchísimos expedientes de este tipo de tratos que, incluso el Ministerio Público no ha cerrado ni procesado del año 2014”.
8- “¿Por qué no habla de cómo se cierra totalmente el metro? Esa es una restricción del derecho al libre tránsito”.
Le puede interesar: “Propaganda negra” del oficialismo contra la oposición se utilizó en los años 90 en Ruanda
Por su parte, el Dr. en Ciencias Políticas, Daniel Varnagy, indicó que en su opinión hasta que “la Fiscal no produzca acciones concretas que vayan en línea con sus declaraciones, no tienen ninguna consecuencia”. Aprovechó para hacer un llamado a intensificar las “protestas cívicas, pacíficas, multitudinarias y no armadas a nivel nacional, porque es la única forma de impulsar el cambio del sistema”.
Posted on 26 abril, 2017 by María Fernanda Rodríguez
Foto cortesía Caraota Digital: Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República
María Fernanda Rodríguez
Periodista de investigación.Mientras la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, se pronuncia a favor de los derechos constitucionales del pueblo venezolano, expertos consultados calificaron su discurso como “elegante y bonito, pero para nada creíble”.
El abogado constitucionalista, José Vicente Haro, aseguró que es “un discurso donde ella trata de dar la apariencia de que hay independencia y autonomía de los poderes en Venezuela, de que el Ministerio Público actúa de manera independiente cuando en realidad no lo hace”.
Haro explicó con ejemplos por qué en realidad “no existe” separación de poderes:
1- “La Fiscal General de la República denunció el quebrantamiento constitucional el día 31 de marzo, en la declaración que dio a los medios de comunicación con respecto a las sentencias 155 y 156. ¿Qué hizo ella? No habló más del tema, es más luego de ese Consejo de la Defensa de la Nación ella no dijo más nada. Si ella fuera consecuente con sus palabras, la semana siguiente cuando se realizó la sesión del Consejo Moral Republicano en la que se debatió si los magistrados cometieron o no una falta grave al haber metido estas sentencias, ella se hubiera pronunciado pero no lo hizo (…) Eso provocó que el Consejo declarara ‘improcedente la solicitud de calificación de falta grave’ Cuando es evidente que la hay acorde al artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano”.
2- “Se habla del derecho a la manifestación pero el Gobierno utiliza colectivos armados, arma a la milicia y a la población y eso es inconstitucional. ¿Por qué no se pronuncia sobre el caso de los colectivos armados? ¿Por qué no se pronuncia sobre la ilegalidad de armar a las milicias? ¿Por qué no se pronuncia sobre la ilegalidad del Plan Zamora 200, un plan para reprimir la manifestación y marchas?. Ella no les inicia un proceso legal porque no es capaz de procesarlos”.
3- “La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia decide llevar a juicio en jurisdicción militar a Gilbert Caro, un ciudadano que además de ser civil es diputado y posee inmunidad parlamentaria. La Fiscal tiene varias denuncias de sus abogados sobre el caso y no se ha pronunciado al respecto. Prácticamente para ella, es normal que se utilice la jurisdicción militar para juzgar a un ciudadano, cuando a ella le corresponde decir si juzga o no al diputado. Eso viola el artículo 12 y 9 de la Constitución”.
4- “Caso Antonio Ledezma: Está en un limbo jurídico. El expediente está entre un tribunal y otro porque falta la firma de un fiscal del Ministerio Público. ¿Por qué ella no ordena a ese fiscal que vaya a firmar el Acta para resolver el caso? Existe una norma dentro del Código Procesal Penal que dice que pasado dos años, si no hay una sentencia condenatoria, ya debe ser juzgado en libertad”.
5- “La Fiscal General dice una cosa y los fiscales hacen otra, en los pasillos de los tribunales los funcionarios aseguran que las sentencias contra los manifestantes serán ‘condenatorias’ se lleve a cabo o no el debido proceso”.
6- “Las boletas de excarcelación, caso Yon Goicoechea. Hay boletas de excarcelación de personas que están detenidas en el Sebin y no se les ha puesto en libertad. En el artículo 44 de la Constitución se establece expresamente que una vez se libera la boleta de excarcelación, la persona debe ser puesta en libertad. La Fiscal General debe poner a los fiscales a cumplir con su trabajo y restablecer el orden constitucional”.
7- “Tema de las torturas, tratos crueles y degradantes: Vemos agresiones brutales por parte de los órganos de seguridad del Estado y no pasa nada. La Fiscal General no dice nada sobre este tema, pese a que en la Fiscalía reposan muchísimos expedientes de este tipo de tratos que, incluso el Ministerio Público no ha cerrado ni procesado del año 2014”.
8- “¿Por qué no habla de cómo se cierra totalmente el metro? Esa es una restricción del derecho al libre tránsito”.
Le puede interesar: “Propaganda negra” del oficialismo contra la oposición se utilizó en los años 90 en Ruanda
Por su parte, el Dr. en Ciencias Políticas, Daniel Varnagy, indicó que en su opinión hasta que “la Fiscal no produzca acciones concretas que vayan en línea con sus declaraciones, no tienen ninguna consecuencia”. Aprovechó para hacer un llamado a intensificar las “protestas cívicas, pacíficas, multitudinarias y no armadas a nivel nacional, porque es la única forma de impulsar el cambio del sistema”.
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El Nacional
por marinawais Vie Abr 28, 2017 4:44 am
Opositores marcharán hasta las principales cárceles del país este viernes
Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que harán una parada especial en Ramo Verde.
CORTESÍA
Leopoldo López en Ramo Verde
Por EL NACIONAL WEB
26 DE ABRIL DE 2017 06:57 PM | ACTUALIZADO EL 26 DE ABRIL DE 2017 19:01 PM
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció que la oposición marchará este viernes hasta las principales cárceles del país para pedir la libertad de los presos políticos.
Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que harán una parada especial en la cárcel militar de Ramo Verde, lugar en donde está recluido el dirigente opositor Leopoldo López.
La coalición opositora agregó que este jueves marcharán hasta la plaza Francia de Altamira para rendir homenaje a Juan Pablo Pernalete, joven asesinado por un impacto de bomba lacrimógena este miércoles.
"Tres venezolanos que salieron hoy a expresar su deseo por un país libre murieron a manos de la represión del gobierno", sostuvo el diputado durante una rueda de prensa.
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