NOTICIA DE VENEZUELA

Se hace del conocimiento de la opinión pública que el día de hoy, lunes 20 de febrero de 2017, se dieron instrucciones en el sentido de que, de presentarse en alguna de las dependencias de la Asamblea Nacional la ciudadana MAYREN DEL CARMEN RÍOS DÍAZ, designada por el Contralor General de la República como Auditora Interventora, se le recomendara acudir al Palacio Federal Legislativo para ser atendida por las autoridades de la Asamblea Nacional. Reiteramos mediante esta comunicación la disposición a recibirla. Debemos sin embargo fijar posición respecto de la intervención de la Dirección de Auditoría Interna de la Asamblea Nacional ordenada por el Contralor General de la República.
 
El Contralor General de la República incurrió en grave extralimitación de funciones al haber ordenado la intervención de la Dirección de Auditoría Interna de la Asamblea Nacional, ya que infringió los artículos 137 de la Constitución, 27, numeral 8, del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, 57 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema de Control Fiscal y 7 del Reglamento sobre los Concursos Públicos para la Designación de los Contralores Distritales y Municipales y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados.
 
El Contralor General de la República pretende fundamentar la intervención de nuestra Dirección de Auditoría Interna en la demora en la convocatoria del concurso público para la designación del Auditor Interno de la Asamblea Nacional, según se aduce en la Resolución 01-00-000126 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.095, de fecha 14 de febrero de 2017, dado que el actual Auditor Interno se desempeña interinamente desde abril de 2015, cuando fue nombrado por el entonces Presidente de la Asamblea Nacional, el Diputado Diosdado Cabello.
 
Sin embargo, ni la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema de Control Fiscal ni su Reglamento facultan al Contralor General de la República para acordar la intervención de una Contraloría o Auditoría Interna con base en la omisión o demora en la celebración del correspondiente concurso, ya que el artículo 57 de ese Reglamento, al regular la intervención de los órganos de control fiscal se refiere a situaciones en las cuales “de las evaluaciones practicadas surgieren graves irregularidades” que justificaren la intervención. En este caso no se ha efectuado ninguna auditoría o fiscalización de la Contraloría General de la República en la Asamblea Nacional, en la cual se hayan constatado “graves irregularidades” que dieran lugar a un procedimiento en el que pudiera luego ordenarse la intervención.
 
Además, sería absurdo, por irracional y desproporcionado, intervenir la Auditoría Interna de la Asamblea Nacional ante la falta de convocatoria de un concurso público, pues dicha intervención en nada contribuiría a lograr el fin que se querría alcanzar, la celebración del concurso, cuya convocatoria no es responsabilidad del Auditor Interno de la Asamblea Nacional sino de las máximas autoridades del organismo. Lo anterior demuestra que la alusión a la demora en la celebración del concurso es un pretexto para cumplir el objetivo político de afectar el cabal funcionamiento de la Asamblea Nacional como poder autónomo.
 
Frente a la demora en la celebración del concurso público lo que procede es formular un recordatorio o exhortación a las máximas autoridades del órgano respectivo, como lo hizo recientemente el Contralor General de la República mediante Circular Nº 01-00-000136, del 31 de enero de 2017, dirigida a las autoridades municipales, o como lo hizo en la Circular 01-00-000294 del 07 de abril de 2015, y las posteriores de ese año de igual tenor, dirigida a las máximas autoridades jerárquicas de los órganos y entes del Poder Público Nacional.
 
Ante una contumacia reiterada de alguna máxima autoridad podría acudirse a lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento sobre los Concursos Públicos para la Designación de los Contralores Distritales y Municipales y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados el cual reza:
 
“Vencidos los lapsos indicados en el artículo 6 del presente Reglamento, sin que el órgano o autoridad correspondiente hubiere convocado el respectivo concurso, el Contralor General de la República, con el propósito de garantizar la idoneidad, capacidad e independencia en el ejercicio de las funciones de los órganos de control fiscal, podrá mediante Resolución que se publicará en la Gaceta Oficial de la República, convocar los concursos públicos para la designación de los titulares de los órganos de control fiscal, sin perjuicio de las sanciones que pudieren derivarse del incumplimiento de la obligación de convocar el respectivo concurso.  En dicha Resolución se ordenará al órgano o autoridad correspondiente, efectuar el llamado público a participar en el concurso, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación de la citada Resolución y garantizar al jurado que lo tramite hasta su culminación”.
 
Como puede observarse, la normativa sobre los concursos públicos para la designación de los Contralores Distritales y Municipales y de los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital o Municipal, dictada por la propia Contraloría General de la República, prescribe con nitidez que ante el vencimiento de los lapsos respectivos el Contralor General de la República “podrá” convocar el concurso correspondiente, lo cual indica que es esta, y no la intervención, la medida de mayor severidad que puede adoptar el Contralor General de la República ante la demora reiterada de algún máximo jerarca en la convocatoria, previo requerimiento o recordatorio de la Contraloría General de la República, todo ello sin perjuicio de las sanciones eventualmente aplicables. El respeto de la autonomía del órgano correspondiente obliga a considerar esta medida como extrema y, por tanto, a estimar que debe estar precedida de advertencias u otros actos menos invasivos, sobre todo a la luz de las consecuencias de una convocatoria efectuada por el Contralor General de la República y no por la máxima autoridad del organismo de que se trate.
 
Conviene por otro lado advertir que desde el año 2000 las sucesivas autoridades de la Asamblea Nacional omitieron la celebración de concursos públicos para la designación de los Auditores Internos. La última designación la hizo el Diputado Diosdado Cabello, en abril de 2015, y recayó sobre quien actualmente ejerce interinamente las funciones de Auditor Interno. Nuestra Directiva anterior, electa el 5 de enero de 2016, actuando conforme a la ley, no sustituyó a dicho Auditor Interno sino que lo mantuvo en su cargo y cuando se disponía a convocar el concurso sus actos dejaron de ser publicados en Gaceta Oficial, lo cual dificulta sobremanera la realización del concurso público. Pero lo más grave es que quien era Presidente de la Asamblea Nacional cuando fue designado el actual Auditor Interno, el Diputado Diosdado Cabello, hizo caso omiso de la exhortación que en su oportunidad le hiciera el Contralor General de la República para que procediera a la convocatoria del concurso público, según se desprende de documento que reposa en nuestros archivos, sin que esto diera lugar a la intervención de la Auditoría Interna de la Asamblea Nacional -que hubiera sido inconstitucional por las razones expuestas-, ni a la apertura de un procedimiento sancionatorio por la Contraloría General de la República.
 
Fue la Junta Directiva de la gestión correspondiente al año 2015 la que incumplió los artículos 142 y 143 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, pues designó a un Auditor interino en abril de 2015 y nunca convocó al referido concurso público, pese a que esa Ley le ordenaba hacerlo dentro de un máximo de seis (6) meses contados a partir de la designación del Auditor interino. Dicho lapso venció en octubre del año 2015.
 
La ausencia de convocatoria del concurso público fue práctica habitual en la Asamblea Nacional, sin que la Contraloría General de la República adoptara medida alguna, a pesar de que las anteriores autoridades parlamentarias sí estaban en condiciones de cumplir con todos los pasos legal y reglamentariamente exigidos para la celebración del concurso. Prueba de ello es la prolongada permanencia en el cargo del ciudadano Otto Mollegas como Auditor Interno, en calidad de interino, designado por el entonces Presidente de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Moros, el 1° de julio de 2005 y que fue sustituido por el ciudadano Néstor David Solórzano Higuera el 15 de abril de 2015. (Véanse las Gacetas Oficiales Nº 38.220 y 40.738).
 
La actual Junta Directiva de la Asamblea Nacional, al igual que la electa en el 2016, no ha recibido requerimiento alguno al respecto de parte de la Contraloría General de la República, sino que se encuentra ahora ante esta pretendida intervención. Sin embargo, en uso de su autonomía la Asamblea Nacional procederá a convocar el concurso público respectivo, ante la próxima jubilación del actual Auditor interino, y espera que el Contralor General de la República actúe para que los actos del concurso que lo requieren sean publicados en Gaceta Oficial.
 
Caracas, 20 de febrero de 2017.
20/2/2017 1:16pm


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El padre Luis Ugalde, s.j., presentó este sábado un escenario político que recordó lo ocurrido en Venezuela durante la transición hacia la democracia en 1958 y el rol que jugó la figura de Wolfgang Larrazábal, el vicealmirante que ocupó la presidencia de la República una vez derrocada la dictadura perezjimenizta, y que condujo al sistema político hacia una democracia.

La consideración la hizo en el foro que realizó la Fundación Espacio Abierto que dirige Luis Manuel Esculpi.

Anunció que se iba a referir a un escenario, de varios posibles, y que tituló Larrazábal II, pero comenzó precisando su evaluación del momento que vive Venezuela: “En el último mes el Ejecutivo ha acentuado su voluntad y carácter dictatorial. Para mí esto es indiscutible. Nuestra Constitución es democrática, y la voluntad y el carácter del gobierno es dictatorial. Eso no tiene mucha duda, y ha cerrado todas las puertas a una posible salida electoral, y al indispensable cambio económico-social y político para frenar la desesperante emergencia nacional actual y recuperar la democracia”.

Larrazábal II, dijo Ugalde, tomaría “la responsabilidad del Ejecutivo nacional y la Presidencia y proclamaría ante el país un gobierno de transición y de unidad nacional; obligado por la grave y creciente emergencia y dictadura; una dictadura cerrada a todo cambio; que la población considera absolutamente necesarios”.

Seguidamente, Ugalde improvisó lo que diría el mensaje de este Larrazábal II:

“Nosotros nos vemos obligados a tomar el poder Ejecutivo ante la gravísima situación de la población: falta de medicinas, comida, seguridad ciudadana, inflación, corrupción y la radical negación del gobierno dictatorial a poner soluciones. Somos un gobierno plural; de salvación nacional, para responder de inmediato a la tragedia humanitaria y recuperar la democracia plural, y establecer las bases y acuerdos sólidos con los empresarios, para impulsar una economía productiva, con compromiso social; con fuerte y sostenida inversión privada nacional e internacional, y unos programas sociales de emergencia inmediata”.

Dijo Ugalde que este Larrazábal II adoptaría las siguientes medidas:

1.- Preparar elecciones con nuevo CNE para fines de 2017.

2.- Libertad inmediata de 80 presos políticos y creación de una comisión mixta de derechos humanos, para abordar de inmediato, y decidir los casos de los demás presos políticos pendientes.

3.- Apertura inmediata y amplia a la ayuda humanitaria en salud, alimentación y gestión con los países y organismos internacionales. Agregó que, al mismo tiempo, se formarían organizaciones solidarias de la sociedad y empresas para la distribución suficiente, transparente y equitativa.

4- Creación de un equipo de trabajo con fuerte presencia de los sectores productivos privados para una rápida reactivación del aparato productivo .

5.- Reconocimiento pleno de la AN; elegida en diciembre de 2015, y apertura del diálogo y colaboración efectiva entre el Ejecutivo y el Legislativo en orden a la democratización del país y los cambios necesarios en los poderes judicial y electoral.

6.- Explicitación y activación de políticas sociales urgentes y duraderas.

7.- Inmediata negociación, para abrir el país a la solidaridad internacional. Apoyo de los gobiernos y de los multilaterales para refinanciación de la deuda y para préstamos por el orden de los 40 ó 50 mil millones de dólares.

8.- Unificación cambiaria. Revisión del gasto público y puesta inmediata en práctica de audaces políticas compensatorias, para los sectores más necesitados.

9.- Recuperación inmediata del sector educativo, con refuerzo de los educadores con criterios democráticos, plurales, sin imposiciones ideológicas dictatoriales.

10.- Seguridad ciudadana con recuperación del control de las armas por parte del gobierno, y una nueva y activa conciencia de reconciliación, defensa de la vida; con estímulos y sanciones coherentes.

Aquí se permitió un paréntesis, y le preguntó a la audiencia que cuánto duraría un Presidente proveniente de la sociedad civil, un Henrique Capriles, un Leopoldo López, una vez adoptadas este conjunto de decisiones sin el apoyo de las Fuerzas Armadas. Respondió que lo máximo que duraría sería unos tres meses y que en esto iba, precisamente, este escenario de Larrazábal II; puesto que no necesariamente éste era un militar; que podía ser un civil, sólo que si no estaban los militares no había nada que hacer.

De paso, hizo la salvedad de que él no era militarista; pero que en estas circunstancias de una dictadura militar, que es la que tenemos, si no hay resquebrajamiento en el mundo militar y voluntad decidida de restablecer la democracia, según su creencia, iba a ser muy difícil lograr una solución a los problemas del país, y que, por si quedaba alguna duda, el gobierno ha bloqueado todas las salidas democráticas.

Consideró muy importante preguntarse: ¿dónde está ese militar? Lo que lo llevó a remontarse al año de 1957 cuando entonces Wolfgang Larrazábal no estaba en ninguna parte ni tenía ningún mérito especial y, sin embargo, dirigió la transición democrática.

“Segundo, una cosa es que yo demócrata en 1957-58, negocie con el militar Pérez Jiménez, y otra cosa es que cuando aparece este otro militar que quiere un cambio democrático, yo AD, Copei, URD negocie con él. Porque se trata de un militar, empeñado en restablecer la democracia y necesita nuestra ayuda”,

Finalizó con lo que llamó dos notas:

1.- Necesidad de preparar no solo elecciones presidenciales sino regionales y locales. Este gobierno en la primera alocución tendría que decir que quedan convocadas las elecciones presidenciales y regionales bajo la preparación de un nuevo CNE.

2.- Necesidad de un pacto democrático entre las organizaciones, candidatos y partidos competidores para después de las elecciones, a la manera de la experiencia que se tuvo con el Pacto de Punto Fijo.

No se mostró muy optimista frente al futuro inmediato; pues a su juicio Venezuela necesita más de un año para recuperarse; que hace falta un gobierno democrático sustentado en un pacto y un programa de gobernabilidad, gane quien gane. Como también se mostró en desacuerdo con la realización de una Asamblea Constituyente; la cual, a su parecer, en las circunstancias actuales no pasaría de ser “un torneo de discursos a lo Escarrá”.

A ese respecto Ugalde manifestó que nuestro problema no tiene que ver con la Constitución; como sí con el Ejecutivo, a propósito de la forma de ejecutar las políticas; que la población no está por escuchar un torneo de discursos pletóricos, llenos de buena voluntad; sino que Larrazábal II, una vez posesionado de la presidencia de la República, abra las fronteras, para que comience a llegar la ayuda humanitaria y social: un cambio de posguerra psicológico y espiritual.

Para Ugalde en ese gobierno de unidad nacional tiene que haber gente del chavismo pues lo otro, esto es, la exclusión a su modo de ver sería contraproducente.