NOTICIAS VENEZUELA
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Podridadas
¡VIENE A ASESORAR AL TIRANO! Espía cubano es recibido por el Gobierno de Maduro
5 mayo, 2014 / Karla
El espía cubano René González, considerado “héroe” de la Revolución Cubana, según la propaganda gubernamental de ese país, llegó hoy a Venezuela y fue recibido por el canciller de la República, Elías Jaua, en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía.
González es uno de los cinco sujetos apresados en 1998 por las autoridades estadounidenses por hacer labores de espionaje a grupos anticastristas en Florida. Según el Gobierno cubano, el grupo hacía labores antiterroristas. Por el caso, el visitante de hoy cumplió condena de 13 años de prisión y tres de libertad supervisada.
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En el currículo de González, quien nació en Chicago, EEUU, está su participación en una “misión internacionalista” en Angola desde 1977 a 1979, donde recibió instrucción como conductor de tanques e impartió clases a efectivos militares “para elevar su nivel cultural”, dice una biografía colgada en el portal electrónico del diario Granma.
Señala reseña El Universal, en Miami, González logró “acceso a diferentes organizaciones contrarrevolucionarias que utilizan el territorio norteamericano para organizar y realizar acciones terroristas y provocaciones constantes” contra Cuba.
Tareck El Aissami ✔ @TareckPSUV
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Bienvenido camarada RENÉ GONZÁLEZ a la Patria de BOLÍVAR y CHÁVEZ. Qué privilegio tenerlo aquí. ¡Viva CUBA!
La Radio del Sur @laradiodelsur
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#Ahora El héroe cubano René González junto al vicepresidente @jaarreaza realiza visita al Cuartel de la Montaña
12:02 PM - 5 Mayo 2014
René González acudió en horas al mediodía al Cuartel de La Montaña donde reposan los restos mortales del presidente Hugo Chávez. Allí fue recibido por el vicepresidente Ejecutivo Jorge Arreaza y su esposa Rosa Virginia Chávez. “Le debía esta visita y nunca esperé que fuese en estas condiciones, quería haberle dado un abrazo aquí, pero no pudo ser y mi primer paso aquí será ir al panteón a darle el homenaje que se merece”, declaró a VTV.
Además, tiene previsto sostener un encuentro con las familias que habitan en Ciudad Caribia, en el estado Vargas. Se desconoce por cuánto tiempo está en el país.
Más información en: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Follow us: @maduradascom on Twitter | MaduradasOficial on Facebook
5 mayo, 2014 / Karla
El espía cubano René González, considerado “héroe” de la Revolución Cubana, según la propaganda gubernamental de ese país, llegó hoy a Venezuela y fue recibido por el canciller de la República, Elías Jaua, en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía.
González es uno de los cinco sujetos apresados en 1998 por las autoridades estadounidenses por hacer labores de espionaje a grupos anticastristas en Florida. Según el Gobierno cubano, el grupo hacía labores antiterroristas. Por el caso, el visitante de hoy cumplió condena de 13 años de prisión y tres de libertad supervisada.
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Caracas se convirtió en el primer país que visita tras recuperar su libertad en 2011.
En el currículo de González, quien nació en Chicago, EEUU, está su participación en una “misión internacionalista” en Angola desde 1977 a 1979, donde recibió instrucción como conductor de tanques e impartió clases a efectivos militares “para elevar su nivel cultural”, dice una biografía colgada en el portal electrónico del diario Granma.
Señala reseña El Universal, en Miami, González logró “acceso a diferentes organizaciones contrarrevolucionarias que utilizan el territorio norteamericano para organizar y realizar acciones terroristas y provocaciones constantes” contra Cuba.
Tareck El Aissami ✔ @TareckPSUV
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#Ahora El héroe cubano René González junto al vicepresidente @jaarreaza realiza visita al Cuartel de la Montaña
12:02 PM - 5 Mayo 2014
René González acudió en horas al mediodía al Cuartel de La Montaña donde reposan los restos mortales del presidente Hugo Chávez. Allí fue recibido por el vicepresidente Ejecutivo Jorge Arreaza y su esposa Rosa Virginia Chávez. “Le debía esta visita y nunca esperé que fuese en estas condiciones, quería haberle dado un abrazo aquí, pero no pudo ser y mi primer paso aquí será ir al panteón a darle el homenaje que se merece”, declaró a VTV.
Además, tiene previsto sostener un encuentro con las familias que habitan en Ciudad Caribia, en el estado Vargas. Se desconoce por cuánto tiempo está en el país.
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marinawais- Reportero total
Yo Soy Venezolano
¡EL MEGA ROBO! Ladrones asaltaron banco Banesco de los Puertos y se llevaron 4 mm Bs, 18 mil $ y 8 mil Euros
Autoridades policiales de la región practicarán allanamientos en la CostaOriental del Lago, y en los estados Lara, Trujillo, y Mérida para dar con el paradero del grupo comando, que efectuó el megahurto en la sede de Banesco ubicada en los Puertos de Altagracia.
No quisieron ahondar en detalles para no poner en riesgo las investigaciones. Entre tanto, dos carteles se divisan a las afueras de la entidad bancaria: “No prestaremos servicio hasta nuevo aviso”.
El pasado domingo un grupo comando fuertemente armado cargó con 4 millones Bs, 18 mil dólares y 8 mil Euros en efectivo.
El grupo de irregulares sometió a la familia Guillen en su vivienda desde las 7 de la noche de este sábado hasta las cuatro de la madrugada del domingo, y los encerraron en un cuarto manteniéndolos como rehenes, mientras ejecutaban el plan que habían trazado para penetrar a la entidad bancaria desde la residencia.
La casa de la Familia Guillèn, es contigua a la sede de Banesco, por tanto, abrieron un boquete en la pared, para luego cometer el mega hurto con equipos altamente sofisticados.
Los ladrones no se conformaron con llevarse el botín, sino que sustrajeron electrodomésticos y 5 mil bolívares en efectivo a la familia Guillén.
Los hombres, que conformaban el grupo comando, dividieron las ejecuciones. Unos abrieron el boquete y penetraron a la entidad bancaria, mientras que otros, encendieron el equipo de sonido a todo volumen, jugaron dominó para no levantar sospechas y cuando se preparaban para huir, advirtieron a los rehenes que salieran una hora después, de lo contrario los matarían.
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Autoridades policiales de la región practicarán allanamientos en la CostaOriental del Lago, y en los estados Lara, Trujillo, y Mérida para dar con el paradero del grupo comando, que efectuó el megahurto en la sede de Banesco ubicada en los Puertos de Altagracia.
No quisieron ahondar en detalles para no poner en riesgo las investigaciones. Entre tanto, dos carteles se divisan a las afueras de la entidad bancaria: “No prestaremos servicio hasta nuevo aviso”.
El pasado domingo un grupo comando fuertemente armado cargó con 4 millones Bs, 18 mil dólares y 8 mil Euros en efectivo.
El grupo de irregulares sometió a la familia Guillen en su vivienda desde las 7 de la noche de este sábado hasta las cuatro de la madrugada del domingo, y los encerraron en un cuarto manteniéndolos como rehenes, mientras ejecutaban el plan que habían trazado para penetrar a la entidad bancaria desde la residencia.
La casa de la Familia Guillèn, es contigua a la sede de Banesco, por tanto, abrieron un boquete en la pared, para luego cometer el mega hurto con equipos altamente sofisticados.
Los ladrones no se conformaron con llevarse el botín, sino que sustrajeron electrodomésticos y 5 mil bolívares en efectivo a la familia Guillén.
Los hombres, que conformaban el grupo comando, dividieron las ejecuciones. Unos abrieron el boquete y penetraron a la entidad bancaria, mientras que otros, encendieron el equipo de sonido a todo volumen, jugaron dominó para no levantar sospechas y cuando se preparaban para huir, advirtieron a los rehenes que salieran una hora después, de lo contrario los matarían.
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marinawais- Reportero total
Yo Soy Venezolano
¡MUCHA PATRIA Y EL HAMPA DESATADA! Miss Tierra 2013 fue asaltada en Maracaibo
Así lo informó la modelo venezolana y Miss Tierra 2013, Alyz Henrich, a través de su cuenta en instagram.
Manifestó haber sido nuevamente víctima del hampa y escribió que “al mal tiempo buena cara”.
Se pudo conocer que Henrich se encontraba de visita en la ciudad marabina para animar el concurso Miss Noroccidenta.
La joven fue coronada Miss Tierra el pasado 7 de diciembre en Filipinas.
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Así lo informó la modelo venezolana y Miss Tierra 2013, Alyz Henrich, a través de su cuenta en instagram.
Manifestó haber sido nuevamente víctima del hampa y escribió que “al mal tiempo buena cara”.
Se pudo conocer que Henrich se encontraba de visita en la ciudad marabina para animar el concurso Miss Noroccidenta.
La joven fue coronada Miss Tierra el pasado 7 de diciembre en Filipinas.
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marinawais- Reportero total
El Universal
Capriles: El Gobierno está destruyendo el acceso a una salud de calidad
Explicó que el Gobierno se niega a discutir sobre los problemas económicos y utiliza las "conspiraciones" como las denunciadas por el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, en días pasados, para "distraer" a la población.
EL UNIVERSAL
lunes 5 de mayo de 2014 01:25 PM
Caracas.- El gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, aseguró que el modelo económico del Gobierno está destruyendo el acceso a una salud de calidad, y añadió que en marzo "la escasez de medicinas se ubicó en 50%", situación que aunado a los altos costos representa un esfuerzo para el ciudadano que depende de un medicamento para preservar su vida.
"Tanto petróleo y todos los días nuestro pueblo tiene que decidir entre comer o resolver sus medicinas", agregó a través de un mensaje en su cuenta de Twitter @hcapriles.
Explicó que el Gobierno se niega a discutir sobre los problemas económicos y utiliza las "conspiraciones" como las denunciadas por el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, en días pasados, para "distraer" a la población.
"El Gobierno todos los días inventará historias, conspiraciones, montará casos. Quieren que el país se distraiga sobre debacle económica", indicó.
Henrique Capriles R. ✔ @hcapriles
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El modelo económico fracasado castro comunista que aplica Gob también está destruyendo el acceso a una salud pública de calidad
12:29 PM - 5 Mayo 2014
Henrique Capriles R. ✔ @hcapriles
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Por eso Gob todos los días inventará historias,conspiraciones,montará casos!Quieren que el país se distraiga sobre debacle económica
12:36 PM - 5 Mayo 2014
Henrique Capriles R. ✔ @hcapriles
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Tanto petróleo y tdos los días ntro Pueblo tenga q decidir entre comer o resolver sus medicinas!Lo que el Gob no quiere que se discuta!
12:34 PM - 5 Mayo 2014
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Explicó que el Gobierno se niega a discutir sobre los problemas económicos y utiliza las "conspiraciones" como las denunciadas por el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, en días pasados, para "distraer" a la población.
Añadió que en marzo "la escasez de medicinas se ubicó en 50%" (Archivo)
EL UNIVERSAL
lunes 5 de mayo de 2014 01:25 PM
Caracas.- El gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, aseguró que el modelo económico del Gobierno está destruyendo el acceso a una salud de calidad, y añadió que en marzo "la escasez de medicinas se ubicó en 50%", situación que aunado a los altos costos representa un esfuerzo para el ciudadano que depende de un medicamento para preservar su vida.
"Tanto petróleo y todos los días nuestro pueblo tiene que decidir entre comer o resolver sus medicinas", agregó a través de un mensaje en su cuenta de Twitter @hcapriles.
Explicó que el Gobierno se niega a discutir sobre los problemas económicos y utiliza las "conspiraciones" como las denunciadas por el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, en días pasados, para "distraer" a la población.
"El Gobierno todos los días inventará historias, conspiraciones, montará casos. Quieren que el país se distraiga sobre debacle económica", indicó.
Henrique Capriles R. ✔ @hcapriles
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El modelo económico fracasado castro comunista que aplica Gob también está destruyendo el acceso a una salud pública de calidad
12:29 PM - 5 Mayo 2014
Henrique Capriles R. ✔ @hcapriles
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Por eso Gob todos los días inventará historias,conspiraciones,montará casos!Quieren que el país se distraiga sobre debacle económica
12:36 PM - 5 Mayo 2014
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12:34 PM - 5 Mayo 2014
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marinawais- Reportero total
Re: NOTICIAS VENEZUELA
AHORA DIRAN QUE ESTO FUE EN EL EL POLO NORTE! pic.twitter.com/ufKPcYXM1g
marinawais- Reportero total
Dolar Today
MADURO Y SUS SECUACES MÁS CERCA DE LA HAYA → Human Right Watch: Disparan a quemarroma y torturan a manifestantes desarmados
@DolarToday / May 5, 2014 @ 10:00 am
Un abultado informe de violaciones a DDHH realizado por la organización Human Right Watch documenta métodos de tortura sistemáticos, represión brutal y asesinatos llevados a cabo por funcionarios y grupos paramilitares financiados por el régimen de Nicolas Maduro, lo que los coloca un paso mas cerca de ser juzgados y condenados en tribunales internacionales:
Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han recurrido a un uso ilegítimo de la fuerza en respuesta a manifestaciones contra el gobierno, y han golpeado brutalmente y disparado a quemarropa a manifestantes que no estaban armados, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. Numerosos detenidos también fueron sometidos a graves abusos físicos y psicológicos por integrantes de fuerzas de seguridad, incluidas en algunos casos torturas, y funcionarios judiciales no velaron porque se garantizaran los derechos al debido proceso de los detenidos.
El informe de 103 páginas, titulado “Castigados por protestar: Violaciones de derechos humanos en las calles, centros de detención y el sistema judicial de Venezuela”, documenta 45 casos ocurridos en Caracas y tres estados que afectan a más de 150 víctimas, en los cuales miembros de fuerzas de seguridad han vulnerado derechos de manifestantes y otras personas en las proximidades de lugares donde se desarrollaban protestas. Integrantes de las fuerzas de seguridad también permitieron que pandillas armadas partidarias del gobierno atacaran a civiles que no estaban armados, y en algunos casos colaboraron abiertamente con ellas.
“La magnitud de las violaciones de derechos humanos que documentamos en Venezuela y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales en estos delitos, demuestra que no se trata de incidentes aislados ni de excesos de algunos agentes insubordinados”,manifestó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “Por el contrario, forman parte de un patrón alarmante de abusos que representa la crisis más grave que hemos presenciado en Venezuela en años”.
Human Rights Watch llevó a cabo una investigación en Venezuela en marzo de 2014, que incluyó visitas a Caracas y a los estados de Carabobo, Lara y Miranda, y realizó decenas de entrevistas a víctimas de abusos y sus familiares, testigos, profesionales médicos, periodistas, abogados y defensores de derechos humanos. Human Rights Watch también reunió numerosas evidencias, incluidas fotografías, grabaciones de video, informes médicos y resoluciones judiciales, y examinó informes gubernamentales y declaraciones oficiales con respecto a actividades de protesta y la respuesta ofrecida por las fuerzas de seguridad.
El gobierno venezolano ha caracterizado a las protestas que se desarrollan en todo el país como violentas. Sin duda, algunos manifestantes han apelado a métodos violentos, como arrojar piedras y cócteles molotov contra las fuerzas de seguridad. No obstante, la investigación de Human Rights Watch muestra que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han recurrido reiteradamente a un uso ilegítimo de la fuerza contra personas que no estaban armadas ni eran violentas. Algunos de los abusos más graves documentados en el informe fueron cometidos contra personas que ni siquiera participaban en manifestaciones, o que ya se encontraban detenidas y estaban completamente bajo el control de miembros de las fuerzas de seguridad.
La naturaleza y el momento en que se produjeron muchos de los abusos —acompañados frecuentemente de descalificaciones políticas por parte de los responsables— sugieren que el propósito no fue restablecer el orden público ni dispersar las protestas, sino más bien castigar a personas por sus opiniones políticas reales o presuntas, señaló Human Rights Watch.
En muchos casos, el objetivo de los abusos parece haber sido impedir que personas documentaran las tácticas aplicadas por miembros de las fuerzas de seguridad, o castigar a quienes intentaran hacerlo. Los incidentes involucraron tanto a periodistas profesionales como a personas comunes que habían estado tomando fotografías o filmando la represión de miembros de las fuerzas de seguridad contra manifestantes.
“Es fundamental que los líderes de la oposición continúen repudiando cualquier tipo de actos de violencia por parte de manifestantes, de la manera más firme y categórica posible”, aseveró Vivanco. “Sin embargo, debemos dejar en claro que nada justifica las tácticas brutales aplicadas por agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas”.
En la mayoría de los casos documentados por Human Rights Watch, las víctimas de abusos fueron arrestadas arbitrariamente y retenidas hasta 48 horas o por períodos mayores, muchas veces en establecimientos militares. Allí sufrieron nuevos abusos, como violentas golpizas y, en varios casos, descargas eléctricas o quemaduras.
A numerosos detenidos con lesiones graves —como heridas de perdigones y fracturas provocadas por golpizas— se les negó el acceso a atención médica, o bien esto fue demorado, lo cual exacerbó su sufrimiento, a pesar de sus reiterados reclamos solicitando tratamiento médico. En varios casos, guardias nacionales y policías también sometieron a detenidos a severos abusos psicológicos, que incluyeron amenazas de muerte y violación sexual.
En al menos 10 casos documentados, Human Rights Watch considera que la combinación de tácticas abusivas empleadas por miembros de las fuerzas de seguridad constituyó tortura.
El hecho de que estos abusos hayan sido cometidos reiteradamente por miembros de distintas fuerzas de seguridad y en múltiples lugares en los tres estados y la capital (incluso en entornos controlados como establecimientos militares y otras instituciones estatales), y durante el período de seis semanas analizado por Human Rights Watch, avala la conclusión de que los abusos formaron parte de una práctica sistemática de las autoridades de seguridad, señaló Human Rights Watch.
Prácticamente todas las 150 víctimas cuyos casos documentamos en este informe sufrieron la negación de garantías básicas de debido proceso. Muchas permanecieron incomunicadas y se les negó el acceso a abogados hasta minutos antes de las audiencias judiciales, que a menudo se programaron en medio de la noche sin ofrecer ninguna justificación plausible. Jueces y fiscales en reiteradas ocasiones hicieron caso omiso de evidencias que sugerían que los detenidos habían sufrido abusos mientras permanecieron a disposición de las autoridades, incluidos signos evidentes de abuso físico.
La magnitud de estas y otras violaciones de debido proceso que ocurrieron en varias jurisdicciones en distintos estados demuestra que el poder judicial ha dejado de ejercer su rol como garante frente a abusos de poder del gobierno, manifestó Human Rights Watch.
Venezuela debería garantizar que cesen de inmediato todas las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de fuerzas de seguridad en el contexto de protestas, y asegurar que se investiguen de manera oportuna, exhaustiva e imparcial todos los abusos ocurridos y se juzgue a los responsables, indicó Human Rights Watch. También se deben investigar y juzgar de manera exhaustiva e imparcial todos los actos de violencia perpetrados por otros actores en el contexto de protestas, con independencia de la afiliación política de los presuntos responsables o las víctimas.
Según el gobierno, al 25 de abril, el Ministerio Público estaba impulsando 145 investigaciones de presuntas violaciones de derechos humanos, y se había detenido a 17 agentes de seguridad por su supuesta participación en estos casos.
“Debido a la falta de independencia judicial que existe hoy en Venezuela, y a que fiscales y jueces han estado directamente implicados en muchos de los abusos que documentamos, es difícil esperar que los responsables de estos delitos sean llevados ante la justicia”, observó Vivanco. “Para que estos esfuerzos sean creíbles, el gobierno venezolano debería facilitar la verificación de organismos de supervisión de derechos humanos de Naciones Unidas y adoptar medidas inmediatas para asegurar la independencia del poder judicial”.
El gobierno venezolano debería aceptar los pedidos de visita pendientes presentados por el Relator Especial de la ONU sobre Tortura, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas y la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, y coordinar estas visitas en el plazo más breve posible. El gobierno debería además cursar una invitación permanente al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria.
La Asamblea Nacional debería asimismo restablecer la credibilidad e independencia del poder judicial seleccionando nuevos magistrados permanentes para cubrir 11 vacantes en el Tribunal Supremo (del total de 32) mediante el voto de dos tercios de sus miembros, conforme se estipula en la Constitución, y a través de un proceso de selección abierto, transparente y que asegure el mayor grado posible de consenso político.
Los gobiernos latinoamericanos que pertenezcan a organismos regionales en los cuales sea parte Venezuela —como la UNASUR, el MERCOSUR y la OEA— deberían reivindicar su compromiso colectivo de proteger y promover los derechos fundamentales y respetar las instituciones democráticas, interpelando al gobierno venezolano e insistiendo en que se aborden estos graves problemas en materia de derechos humanos, observó Human Rights Watch.
“La comunidad internacional —y en particular los miembros de la UNASUR que interactúan habitualmente con el gobierno venezolano— deberían condenar enérgicamente los flagrantes abusos documentados por Human Rights Watch”, señaló Vivanco. “En concreto, deberían exigir que el gobierno de Maduro ponga fin a estos graves abusos, libere a personas que fueron detenidas arbitrariamente y procese a los agentes de seguridad y a los miembros de las pandillas armadas que sean responsables de ataques a manifestantes”.
Selección de casos documentados en “Castigados por protestar”:
El 19 de febrero, un guardia nacional disparó perdigones a quemarropa al rostro de Gengis Pinto, de 36 años, a pesar de que ya había sido detenido y no ofrecía resistencia. Pinto había estado participando en una manifestación contra el gobierno en San Antonio de los Altos, donde cientos de manifestantes habían bloqueado parte de una autopista. Pinto levantó el brazo para protegerse del disparo, y recibió el impacto en la mano, debido a lo cual se lesionó gravemente varios de sus dedos y varios perdigones se incrustaron en su antebrazo. A pesar del dolor severo que padecía, de que había perdido sangre y de sus reiterados pedidos, los guardias nacionales se negaron a llevar a Pinto a un lugar donde fuera atendido por un médico. En vez de ello, lo golpearon, amenazaron con matarlo y lo llevaron a una base militar para interrogarlo. Aproximadamente seis horas después de haber recibido los disparos, Pinto fue trasladado por guardias nacionales a un hospital, donde no permitieron que el médico lo examinara en privado. Si bien el médico dijo a los guardias nacionales que Pinto necesitaba recibir atención especializada inmediatamente que no podía brindarle allí, los oficiales hicieron caso omiso de su consejo y llevaron a Pinto de regreso a la base militar. Allí, fue esposado a otro detenido y obligado a permanecer sentado al sol durante aproximadamente 10 horas más, hasta que fue trasladado a una clínica privada, donde fue sometido a cirugía.
Juan Sánchez (seudónimo), de 22 años, fue detenido por guardias nacionales mientras se dirigía a pie a un banco en las afueras de Caracas el 5 de marzo. Anteriormente ese mismo día, Sánchez había participado en una protesta en la zona. Sin ningún tipo de advertencia, fue interceptado por guardias nacionales que le propinaron puntapiés, lo golpearon y dispararon un perdigón desde muy corta distancia en su muslo derecho. Uno de los guardias nacionales dijo “Coño, por fin agarramos uno y va a ser nuestro trofeo así estos carajitos dejan de joder”. Sánchez fue conducido a un establecimiento militar, donde una decena de guardias nacionales lo obligaron a desvestirse. Un guardia nacional, al ver la sangre que brotaba de su pierna, le preguntó: “¿Te duele la herida?”, y le introdujo el dedo en la herida abierta, lo quitó y luego volvió a meterlo. La segunda vez sacó algo de su pierna, pero Sánchez no pudo ver si era tejido muscular o un perdigón. Luego tres guardias nacionales lo esposaron a una barra de metal, le aplicaron descargas eléctricas en dos oportunidades y le exigieron que les dijera quiénes eran sus cómplices. A continuación, los guardias llevaron a Sánchez a un patio, donde fue obligado a luchar con uno de ellos, mientras los demás miraban y se reían. Sánchez fue trasladado a un hospital, donde guardias nacionales se inmiscuyeron mientras un médico intentó atenderlo, y posteriormente fue llevado de regreso al establecimiento militar, donde varios oficiales lo llamaron “fascista” y siguieron asestándole patadas, además de amenazar con que lo enviarían a una de las cárceles más violentas de Venezuela.
Dayana Méndez Andrade, una periodista de 24 años, se encontraba cubriendo una manifestación en Barquisimeto el 20 de marzo, a la cual había asistido vistiendo un chaleco que tenía en el frente la leyenda “Prensa” en letras grandes, cuando miembros de la Guardia Nacional comenzaron a lanzar gases lacrimógenos y perdigones a los manifestantes. Si bien Méndez intentó escapar, fue rodeada junto con otro fotógrafo —Luis Rodríguez Malpica, de 26 años— por varios guardias nacionales. Cuando ella y Rodríguez alzaron las manos y gritaron que eran periodistas, un guardia nacional respondió “¡Me están tomando fotos! Ustedes son los que mandan la foto que dicen ‘SOS Venezuela’. Son los que causan los problemas, dejando mal la Guardia Nacional”. Luego, desde una distancia de unos pocos metros, los guardias nacionales les dispararon perdigones, que impactaron a Méndez en la pierna y cadera izquierdas.
Guardias nacionales y policías nacionales dispararon gases lacrimógenos y perdigones contra estudiantes que se manifestaban en el campus de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado en Barquisimeto o en las proximidades el 11 de marzo. Wladimir Díaz, de 20 años, quien participó en la protesta, indicó que miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales actuaron en forma coordinada con más de 50 civiles, muchos de los cuales llevaban armas cortas que disparaban en dirección a los estudiantes. Díaz recibió un disparo en el abdomen cuando un grupo mixto integrado por miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales y civiles armados con el rostro cubierto abrieron fuego contra el edificio de la universidad donde había intentado resguardarse.
Cuando el restorán donde trabajaba en un centro comercial en El Carrizal cerró el 5 de marzo debido a las protestas en la zona, Moisés Guánchez, de 19 años, decidió regresar a su casa. Pero, junto con otras 40 personas, se vio atrapado en una playa de estacionamiento cerrada, ubicada al lado del centro comercial, mientras miembros de la Guardia Nacional disparaban cartuchos de gases lacrimógenos y perdigones en dirección a donde estaban. Cuando Guánchez intentó escapar, un guardia nacional le impidió el paso y le disparó en dirección a su cabeza con perdigones. Guánchez recibió el impacto en el brazo, que había levantado para protegerse el rostro, y cayó al suelo. Si bien Guánchez no ofreció resistencia, dos guardias nacionales lo levantaron y se turnaron para golpearlo, hasta que un tercero se acercó y le disparó a quemarropa en la entrepierna con perdigones. Tuvo que recibir tres transfusiones de sangre y someterse a operaciones en el brazo, la pierna y uno de sus testículos.
José Alfredo Martín Ostermann, de 41 años, y Carlos Spinetti, de 39, fueron detenidos el 12 de marzo por civiles armados mientras circulaban a pie por una zona cercana a donde se estaba desarrollando un acto a favor del gobierno en Caracas. Las víctimas fueron llevadas a plena vista de tres guardias nacionales, que no intervinieron. Los hombres armados golpearon a Ostermann y a Spinetti, les profirieron insultos de tono político (por ejemplo, los acusaron de “traidores a la patria”), amenazaron con matarlos y fotografiaron a Spinetti con un arma en la mano que ellos mismos le obligaron a tomar, antes de entregarlos a la policía. En vez de interrogar a los civiles armados, la policía detuvo a las dos víctimas.
Violaciones a los DDHH, sistemáticas
Jueces y fiscales reiteradamente hicieron caso omiso a indicios evidentes de abuso padecidos por detenidos pese a que las fuerzas del orden recurrieron de manera sistemática al uso ilegítimo de la fuerza durante las manifestaciones callejeras que desde febrero han dejado al menos 41 muertes en Venezuela, denunció el lunes Human Rights Watch, reseña Associated Press.
La organización no gubernamental con sede en Nueva York precisó que ese uso ilegal de la fuerza consistió en abusos físicos y psicológicos graves a decenas de manifestantes.
Human Rights Watch dijo que al menos diez de los casos documentados sufrieron abusos de tal magnitud que pueden ser considerados como tortura. Agregó que a numerosos detenidos con lesiones graves como heridas de perdigones o fracturas por golpizas se les negó atención médica, mientras que en otros casos ocurrieron abusos sicológicos severos, tales como amenazas de muerte y violación sexual.
“La magnitud de las violaciones de derechos humanos que documentamos en Venezuela y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales en estos delitos, demuestra que no se trata de incidentes aislados ni de excesos de algunos agentes insubordinados”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Por el contrario, forman parte de un patrón alarmante de abusos que representa la crisis más grave que hemos presenciado en Venezuela en años”.
La organización difundió un informe de 103 páginas elaborado en marzo durante visitas a Caracas y a otras tres provincias del país, donde en total documentaron 45 casos que afectan a más de 150 víctimas a través de entrevistas a víctimas y sus familiares, y la recolección de otras evidencias tales como fotos, videos, informes médicos y resoluciones judiciales.
El gobierno venezolano ha dicho que 15 funcionarios policiales y militares son investigados por incurrir en presuntas violaciones a los derechos humanos en la neutralización de las protestas, pero Vivanco expresó sus reservas ante la posibilidad de que tales investigaciones terminen inculpando a los funcionarios investigados.
“Debido a la falta de independencia judicial que existe hoy en Venezuela, y a que fiscales y jueces han estado directamente implicados en muchos de los abusos que documentamos, es difícil esperar que los responsables de estos delitos sean llevados ante la justicia”, dijo Vivanco. “Para que estos esfuerzos sean creíbles, el gobierno venezolano debería facilitar la verificación de organismos de supervisión de derechos humanos de Naciones Unidas y adoptar medidas inmediatas para asegurar la independencia del poder judicial”.
Human Rights Watch difundió su reporte la misma semana en que una comisión del Senado y una subcomisión de la cámara baja estadounidenses celebrarán sendas audiencias sobre la nación sudamericana, dos meses después de que en ambas cámaras fueran presentados proyectos de ley que piden al presidente Barack Obama imponer sanciones a funcionarios del gobierno venezolano responsables por la violación de derechos humanos.
El gobierno estadounidense ha llamado al diálogo para resolver el conflicto político y los problemas de Venezuela, pero advirtió en marzo que si bien no busca imponer sanciones a Venezuela, tales medidas podrían convertirse en una herramienta importante de su política exterior si Caracas no otorga espacio democrático a la oposición.
“Ningún país quiere implementar sanciones, pero no podemos decir que no vamos a implementarlas porque quizá llega un momento en que las sanciones, de alguna manera u otra, son una herramienta muy importante”, dijo en conferencia de prensa la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental Roberta Jacobson.
El gobierno de Nicolás Maduro y la coalición opositora actualmente elaboran propuestas para conformar una Comisión de la Verdad, como parte de un diálogo iniciado hace un mes con la mediación de los cancilleres de Brasil, Ecuador y Colombia y el nuncio apostólico en Venezuela.
Venezuela se ha visto sacudida desde febrero por protestas de universitarios y opositores, que se han manifestado en contra de una tasa de inflación desbordada —que alcanzó en marzo una tasa anualizada de 59%_, la escasez de productos básicos y un alto índice de delincuencia.
Los violentos incidentes registrados en Caracas y otras ciudades han dejado 41 muertos, 785 heridos y unos 2.200 detenidos, de los cuales 197 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General.
Maduro considera que las acciones de protesta forman parte de un plan promovido por grupos de “extrema derecha” para dar un “golpe de estado”.
El ministro venezolano de Relaciones Interiores, mayor general Miguel Rodríguez Torres, denunció la semana pasada la existencia de un supuesto plan para promover las protestas callejeras y acusó a algunos dirigentes opositores de proveer información a entes estadounidenses con la meta de “hacer ver al mundo que en Venezuela se violan permanente y constantemente los derechos humanos”.
Por Luis Alonso Lugo/Associated Press
La Patilla
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@DolarToday / May 5, 2014 @ 10:00 am
Un abultado informe de violaciones a DDHH realizado por la organización Human Right Watch documenta métodos de tortura sistemáticos, represión brutal y asesinatos llevados a cabo por funcionarios y grupos paramilitares financiados por el régimen de Nicolas Maduro, lo que los coloca un paso mas cerca de ser juzgados y condenados en tribunales internacionales:
Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han recurrido a un uso ilegítimo de la fuerza en respuesta a manifestaciones contra el gobierno, y han golpeado brutalmente y disparado a quemarropa a manifestantes que no estaban armados, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. Numerosos detenidos también fueron sometidos a graves abusos físicos y psicológicos por integrantes de fuerzas de seguridad, incluidas en algunos casos torturas, y funcionarios judiciales no velaron porque se garantizaran los derechos al debido proceso de los detenidos.
El informe de 103 páginas, titulado “Castigados por protestar: Violaciones de derechos humanos en las calles, centros de detención y el sistema judicial de Venezuela”, documenta 45 casos ocurridos en Caracas y tres estados que afectan a más de 150 víctimas, en los cuales miembros de fuerzas de seguridad han vulnerado derechos de manifestantes y otras personas en las proximidades de lugares donde se desarrollaban protestas. Integrantes de las fuerzas de seguridad también permitieron que pandillas armadas partidarias del gobierno atacaran a civiles que no estaban armados, y en algunos casos colaboraron abiertamente con ellas.
“La magnitud de las violaciones de derechos humanos que documentamos en Venezuela y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales en estos delitos, demuestra que no se trata de incidentes aislados ni de excesos de algunos agentes insubordinados”,manifestó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “Por el contrario, forman parte de un patrón alarmante de abusos que representa la crisis más grave que hemos presenciado en Venezuela en años”.
Human Rights Watch llevó a cabo una investigación en Venezuela en marzo de 2014, que incluyó visitas a Caracas y a los estados de Carabobo, Lara y Miranda, y realizó decenas de entrevistas a víctimas de abusos y sus familiares, testigos, profesionales médicos, periodistas, abogados y defensores de derechos humanos. Human Rights Watch también reunió numerosas evidencias, incluidas fotografías, grabaciones de video, informes médicos y resoluciones judiciales, y examinó informes gubernamentales y declaraciones oficiales con respecto a actividades de protesta y la respuesta ofrecida por las fuerzas de seguridad.
El gobierno venezolano ha caracterizado a las protestas que se desarrollan en todo el país como violentas. Sin duda, algunos manifestantes han apelado a métodos violentos, como arrojar piedras y cócteles molotov contra las fuerzas de seguridad. No obstante, la investigación de Human Rights Watch muestra que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han recurrido reiteradamente a un uso ilegítimo de la fuerza contra personas que no estaban armadas ni eran violentas. Algunos de los abusos más graves documentados en el informe fueron cometidos contra personas que ni siquiera participaban en manifestaciones, o que ya se encontraban detenidas y estaban completamente bajo el control de miembros de las fuerzas de seguridad.
La naturaleza y el momento en que se produjeron muchos de los abusos —acompañados frecuentemente de descalificaciones políticas por parte de los responsables— sugieren que el propósito no fue restablecer el orden público ni dispersar las protestas, sino más bien castigar a personas por sus opiniones políticas reales o presuntas, señaló Human Rights Watch.
En muchos casos, el objetivo de los abusos parece haber sido impedir que personas documentaran las tácticas aplicadas por miembros de las fuerzas de seguridad, o castigar a quienes intentaran hacerlo. Los incidentes involucraron tanto a periodistas profesionales como a personas comunes que habían estado tomando fotografías o filmando la represión de miembros de las fuerzas de seguridad contra manifestantes.
“Es fundamental que los líderes de la oposición continúen repudiando cualquier tipo de actos de violencia por parte de manifestantes, de la manera más firme y categórica posible”, aseveró Vivanco. “Sin embargo, debemos dejar en claro que nada justifica las tácticas brutales aplicadas por agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas”.
En la mayoría de los casos documentados por Human Rights Watch, las víctimas de abusos fueron arrestadas arbitrariamente y retenidas hasta 48 horas o por períodos mayores, muchas veces en establecimientos militares. Allí sufrieron nuevos abusos, como violentas golpizas y, en varios casos, descargas eléctricas o quemaduras.
A numerosos detenidos con lesiones graves —como heridas de perdigones y fracturas provocadas por golpizas— se les negó el acceso a atención médica, o bien esto fue demorado, lo cual exacerbó su sufrimiento, a pesar de sus reiterados reclamos solicitando tratamiento médico. En varios casos, guardias nacionales y policías también sometieron a detenidos a severos abusos psicológicos, que incluyeron amenazas de muerte y violación sexual.
En al menos 10 casos documentados, Human Rights Watch considera que la combinación de tácticas abusivas empleadas por miembros de las fuerzas de seguridad constituyó tortura.
El hecho de que estos abusos hayan sido cometidos reiteradamente por miembros de distintas fuerzas de seguridad y en múltiples lugares en los tres estados y la capital (incluso en entornos controlados como establecimientos militares y otras instituciones estatales), y durante el período de seis semanas analizado por Human Rights Watch, avala la conclusión de que los abusos formaron parte de una práctica sistemática de las autoridades de seguridad, señaló Human Rights Watch.
Prácticamente todas las 150 víctimas cuyos casos documentamos en este informe sufrieron la negación de garantías básicas de debido proceso. Muchas permanecieron incomunicadas y se les negó el acceso a abogados hasta minutos antes de las audiencias judiciales, que a menudo se programaron en medio de la noche sin ofrecer ninguna justificación plausible. Jueces y fiscales en reiteradas ocasiones hicieron caso omiso de evidencias que sugerían que los detenidos habían sufrido abusos mientras permanecieron a disposición de las autoridades, incluidos signos evidentes de abuso físico.
La magnitud de estas y otras violaciones de debido proceso que ocurrieron en varias jurisdicciones en distintos estados demuestra que el poder judicial ha dejado de ejercer su rol como garante frente a abusos de poder del gobierno, manifestó Human Rights Watch.
Venezuela debería garantizar que cesen de inmediato todas las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de fuerzas de seguridad en el contexto de protestas, y asegurar que se investiguen de manera oportuna, exhaustiva e imparcial todos los abusos ocurridos y se juzgue a los responsables, indicó Human Rights Watch. También se deben investigar y juzgar de manera exhaustiva e imparcial todos los actos de violencia perpetrados por otros actores en el contexto de protestas, con independencia de la afiliación política de los presuntos responsables o las víctimas.
Según el gobierno, al 25 de abril, el Ministerio Público estaba impulsando 145 investigaciones de presuntas violaciones de derechos humanos, y se había detenido a 17 agentes de seguridad por su supuesta participación en estos casos.
“Debido a la falta de independencia judicial que existe hoy en Venezuela, y a que fiscales y jueces han estado directamente implicados en muchos de los abusos que documentamos, es difícil esperar que los responsables de estos delitos sean llevados ante la justicia”, observó Vivanco. “Para que estos esfuerzos sean creíbles, el gobierno venezolano debería facilitar la verificación de organismos de supervisión de derechos humanos de Naciones Unidas y adoptar medidas inmediatas para asegurar la independencia del poder judicial”.
El gobierno venezolano debería aceptar los pedidos de visita pendientes presentados por el Relator Especial de la ONU sobre Tortura, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas y la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, y coordinar estas visitas en el plazo más breve posible. El gobierno debería además cursar una invitación permanente al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria.
La Asamblea Nacional debería asimismo restablecer la credibilidad e independencia del poder judicial seleccionando nuevos magistrados permanentes para cubrir 11 vacantes en el Tribunal Supremo (del total de 32) mediante el voto de dos tercios de sus miembros, conforme se estipula en la Constitución, y a través de un proceso de selección abierto, transparente y que asegure el mayor grado posible de consenso político.
Los gobiernos latinoamericanos que pertenezcan a organismos regionales en los cuales sea parte Venezuela —como la UNASUR, el MERCOSUR y la OEA— deberían reivindicar su compromiso colectivo de proteger y promover los derechos fundamentales y respetar las instituciones democráticas, interpelando al gobierno venezolano e insistiendo en que se aborden estos graves problemas en materia de derechos humanos, observó Human Rights Watch.
“La comunidad internacional —y en particular los miembros de la UNASUR que interactúan habitualmente con el gobierno venezolano— deberían condenar enérgicamente los flagrantes abusos documentados por Human Rights Watch”, señaló Vivanco. “En concreto, deberían exigir que el gobierno de Maduro ponga fin a estos graves abusos, libere a personas que fueron detenidas arbitrariamente y procese a los agentes de seguridad y a los miembros de las pandillas armadas que sean responsables de ataques a manifestantes”.
Selección de casos documentados en “Castigados por protestar”:
El 19 de febrero, un guardia nacional disparó perdigones a quemarropa al rostro de Gengis Pinto, de 36 años, a pesar de que ya había sido detenido y no ofrecía resistencia. Pinto había estado participando en una manifestación contra el gobierno en San Antonio de los Altos, donde cientos de manifestantes habían bloqueado parte de una autopista. Pinto levantó el brazo para protegerse del disparo, y recibió el impacto en la mano, debido a lo cual se lesionó gravemente varios de sus dedos y varios perdigones se incrustaron en su antebrazo. A pesar del dolor severo que padecía, de que había perdido sangre y de sus reiterados pedidos, los guardias nacionales se negaron a llevar a Pinto a un lugar donde fuera atendido por un médico. En vez de ello, lo golpearon, amenazaron con matarlo y lo llevaron a una base militar para interrogarlo. Aproximadamente seis horas después de haber recibido los disparos, Pinto fue trasladado por guardias nacionales a un hospital, donde no permitieron que el médico lo examinara en privado. Si bien el médico dijo a los guardias nacionales que Pinto necesitaba recibir atención especializada inmediatamente que no podía brindarle allí, los oficiales hicieron caso omiso de su consejo y llevaron a Pinto de regreso a la base militar. Allí, fue esposado a otro detenido y obligado a permanecer sentado al sol durante aproximadamente 10 horas más, hasta que fue trasladado a una clínica privada, donde fue sometido a cirugía.
Juan Sánchez (seudónimo), de 22 años, fue detenido por guardias nacionales mientras se dirigía a pie a un banco en las afueras de Caracas el 5 de marzo. Anteriormente ese mismo día, Sánchez había participado en una protesta en la zona. Sin ningún tipo de advertencia, fue interceptado por guardias nacionales que le propinaron puntapiés, lo golpearon y dispararon un perdigón desde muy corta distancia en su muslo derecho. Uno de los guardias nacionales dijo “Coño, por fin agarramos uno y va a ser nuestro trofeo así estos carajitos dejan de joder”. Sánchez fue conducido a un establecimiento militar, donde una decena de guardias nacionales lo obligaron a desvestirse. Un guardia nacional, al ver la sangre que brotaba de su pierna, le preguntó: “¿Te duele la herida?”, y le introdujo el dedo en la herida abierta, lo quitó y luego volvió a meterlo. La segunda vez sacó algo de su pierna, pero Sánchez no pudo ver si era tejido muscular o un perdigón. Luego tres guardias nacionales lo esposaron a una barra de metal, le aplicaron descargas eléctricas en dos oportunidades y le exigieron que les dijera quiénes eran sus cómplices. A continuación, los guardias llevaron a Sánchez a un patio, donde fue obligado a luchar con uno de ellos, mientras los demás miraban y se reían. Sánchez fue trasladado a un hospital, donde guardias nacionales se inmiscuyeron mientras un médico intentó atenderlo, y posteriormente fue llevado de regreso al establecimiento militar, donde varios oficiales lo llamaron “fascista” y siguieron asestándole patadas, además de amenazar con que lo enviarían a una de las cárceles más violentas de Venezuela.
Dayana Méndez Andrade, una periodista de 24 años, se encontraba cubriendo una manifestación en Barquisimeto el 20 de marzo, a la cual había asistido vistiendo un chaleco que tenía en el frente la leyenda “Prensa” en letras grandes, cuando miembros de la Guardia Nacional comenzaron a lanzar gases lacrimógenos y perdigones a los manifestantes. Si bien Méndez intentó escapar, fue rodeada junto con otro fotógrafo —Luis Rodríguez Malpica, de 26 años— por varios guardias nacionales. Cuando ella y Rodríguez alzaron las manos y gritaron que eran periodistas, un guardia nacional respondió “¡Me están tomando fotos! Ustedes son los que mandan la foto que dicen ‘SOS Venezuela’. Son los que causan los problemas, dejando mal la Guardia Nacional”. Luego, desde una distancia de unos pocos metros, los guardias nacionales les dispararon perdigones, que impactaron a Méndez en la pierna y cadera izquierdas.
Guardias nacionales y policías nacionales dispararon gases lacrimógenos y perdigones contra estudiantes que se manifestaban en el campus de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado en Barquisimeto o en las proximidades el 11 de marzo. Wladimir Díaz, de 20 años, quien participó en la protesta, indicó que miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales actuaron en forma coordinada con más de 50 civiles, muchos de los cuales llevaban armas cortas que disparaban en dirección a los estudiantes. Díaz recibió un disparo en el abdomen cuando un grupo mixto integrado por miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales y civiles armados con el rostro cubierto abrieron fuego contra el edificio de la universidad donde había intentado resguardarse.
Cuando el restorán donde trabajaba en un centro comercial en El Carrizal cerró el 5 de marzo debido a las protestas en la zona, Moisés Guánchez, de 19 años, decidió regresar a su casa. Pero, junto con otras 40 personas, se vio atrapado en una playa de estacionamiento cerrada, ubicada al lado del centro comercial, mientras miembros de la Guardia Nacional disparaban cartuchos de gases lacrimógenos y perdigones en dirección a donde estaban. Cuando Guánchez intentó escapar, un guardia nacional le impidió el paso y le disparó en dirección a su cabeza con perdigones. Guánchez recibió el impacto en el brazo, que había levantado para protegerse el rostro, y cayó al suelo. Si bien Guánchez no ofreció resistencia, dos guardias nacionales lo levantaron y se turnaron para golpearlo, hasta que un tercero se acercó y le disparó a quemarropa en la entrepierna con perdigones. Tuvo que recibir tres transfusiones de sangre y someterse a operaciones en el brazo, la pierna y uno de sus testículos.
José Alfredo Martín Ostermann, de 41 años, y Carlos Spinetti, de 39, fueron detenidos el 12 de marzo por civiles armados mientras circulaban a pie por una zona cercana a donde se estaba desarrollando un acto a favor del gobierno en Caracas. Las víctimas fueron llevadas a plena vista de tres guardias nacionales, que no intervinieron. Los hombres armados golpearon a Ostermann y a Spinetti, les profirieron insultos de tono político (por ejemplo, los acusaron de “traidores a la patria”), amenazaron con matarlos y fotografiaron a Spinetti con un arma en la mano que ellos mismos le obligaron a tomar, antes de entregarlos a la policía. En vez de interrogar a los civiles armados, la policía detuvo a las dos víctimas.
Violaciones a los DDHH, sistemáticas
Jueces y fiscales reiteradamente hicieron caso omiso a indicios evidentes de abuso padecidos por detenidos pese a que las fuerzas del orden recurrieron de manera sistemática al uso ilegítimo de la fuerza durante las manifestaciones callejeras que desde febrero han dejado al menos 41 muertes en Venezuela, denunció el lunes Human Rights Watch, reseña Associated Press.
La organización no gubernamental con sede en Nueva York precisó que ese uso ilegal de la fuerza consistió en abusos físicos y psicológicos graves a decenas de manifestantes.
Human Rights Watch dijo que al menos diez de los casos documentados sufrieron abusos de tal magnitud que pueden ser considerados como tortura. Agregó que a numerosos detenidos con lesiones graves como heridas de perdigones o fracturas por golpizas se les negó atención médica, mientras que en otros casos ocurrieron abusos sicológicos severos, tales como amenazas de muerte y violación sexual.
“La magnitud de las violaciones de derechos humanos que documentamos en Venezuela y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales en estos delitos, demuestra que no se trata de incidentes aislados ni de excesos de algunos agentes insubordinados”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Por el contrario, forman parte de un patrón alarmante de abusos que representa la crisis más grave que hemos presenciado en Venezuela en años”.
La organización difundió un informe de 103 páginas elaborado en marzo durante visitas a Caracas y a otras tres provincias del país, donde en total documentaron 45 casos que afectan a más de 150 víctimas a través de entrevistas a víctimas y sus familiares, y la recolección de otras evidencias tales como fotos, videos, informes médicos y resoluciones judiciales.
El gobierno venezolano ha dicho que 15 funcionarios policiales y militares son investigados por incurrir en presuntas violaciones a los derechos humanos en la neutralización de las protestas, pero Vivanco expresó sus reservas ante la posibilidad de que tales investigaciones terminen inculpando a los funcionarios investigados.
“Debido a la falta de independencia judicial que existe hoy en Venezuela, y a que fiscales y jueces han estado directamente implicados en muchos de los abusos que documentamos, es difícil esperar que los responsables de estos delitos sean llevados ante la justicia”, dijo Vivanco. “Para que estos esfuerzos sean creíbles, el gobierno venezolano debería facilitar la verificación de organismos de supervisión de derechos humanos de Naciones Unidas y adoptar medidas inmediatas para asegurar la independencia del poder judicial”.
Human Rights Watch difundió su reporte la misma semana en que una comisión del Senado y una subcomisión de la cámara baja estadounidenses celebrarán sendas audiencias sobre la nación sudamericana, dos meses después de que en ambas cámaras fueran presentados proyectos de ley que piden al presidente Barack Obama imponer sanciones a funcionarios del gobierno venezolano responsables por la violación de derechos humanos.
El gobierno estadounidense ha llamado al diálogo para resolver el conflicto político y los problemas de Venezuela, pero advirtió en marzo que si bien no busca imponer sanciones a Venezuela, tales medidas podrían convertirse en una herramienta importante de su política exterior si Caracas no otorga espacio democrático a la oposición.
“Ningún país quiere implementar sanciones, pero no podemos decir que no vamos a implementarlas porque quizá llega un momento en que las sanciones, de alguna manera u otra, son una herramienta muy importante”, dijo en conferencia de prensa la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental Roberta Jacobson.
El gobierno de Nicolás Maduro y la coalición opositora actualmente elaboran propuestas para conformar una Comisión de la Verdad, como parte de un diálogo iniciado hace un mes con la mediación de los cancilleres de Brasil, Ecuador y Colombia y el nuncio apostólico en Venezuela.
Venezuela se ha visto sacudida desde febrero por protestas de universitarios y opositores, que se han manifestado en contra de una tasa de inflación desbordada —que alcanzó en marzo una tasa anualizada de 59%_, la escasez de productos básicos y un alto índice de delincuencia.
Los violentos incidentes registrados en Caracas y otras ciudades han dejado 41 muertos, 785 heridos y unos 2.200 detenidos, de los cuales 197 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General.
Maduro considera que las acciones de protesta forman parte de un plan promovido por grupos de “extrema derecha” para dar un “golpe de estado”.
El ministro venezolano de Relaciones Interiores, mayor general Miguel Rodríguez Torres, denunció la semana pasada la existencia de un supuesto plan para promover las protestas callejeras y acusó a algunos dirigentes opositores de proveer información a entes estadounidenses con la meta de “hacer ver al mundo que en Venezuela se violan permanente y constantemente los derechos humanos”.
Por Luis Alonso Lugo/Associated Press
La Patilla
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Yo Soy Venezolano
¡AY MAMÁ! Cavecol: Empresas están evaluando cerrar cadenas de tiendas en Venezuela
Así lo anunció este lunes el presidente de laCámara Venezolano-Colombiana (Cavecol), Luis Alberto Russián. “La caída del intercambio comercial se debe a la poca asignación de divisas comparado con el 2013″, dijo.
En este sentido, informó que hay cadenas de ropa colombianas que tratan de administrar lo que tienen desde el año pasado, razón por la cual se encuentran evaluando un posible cierre en Venezuela, esto ante las dificultades presentadas en el manejo de divisas
Las declaraciones fueron ofrecidas durante el programa Primera Página, trasmitido por Globovisión.
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Así lo anunció este lunes el presidente de laCámara Venezolano-Colombiana (Cavecol), Luis Alberto Russián. “La caída del intercambio comercial se debe a la poca asignación de divisas comparado con el 2013″, dijo.
En este sentido, informó que hay cadenas de ropa colombianas que tratan de administrar lo que tienen desde el año pasado, razón por la cual se encuentran evaluando un posible cierre en Venezuela, esto ante las dificultades presentadas en el manejo de divisas
Las declaraciones fueron ofrecidas durante el programa Primera Página, trasmitido por Globovisión.
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El Universal
Y Maduro me respondió: No tenemos real
TOMAS HORACIO HERNÁNDEZ | EL UNIVERSAL
domingo 4 de mayo de 2014 12:00 AM
El 17 de febrero de 2013 escribí un artículo en EL Universal donde le preguntaba al entonces vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, si teníamos o no los dólares para salir de la recesión en la cual nos encontrábamos para ese momento.
Hagamos un poco de memoria y recordemos el contexto de la pregunta.
El PSUV para esa fecha venia de dos importantes victorias electorales en menos de 6 meses, el comandante se encontraba en Cuba por su enfermedad y teníamos más de 70 días sin su presencia en nuestro territorio, la escasez promedio de alimentos se ubicaba en 20%, la inflación del año anterior había cerrado en 20,1% y la devaluación de 46% del bolívar tenía tan sólo algunos días.
A pesar que se tardó 15 largos meses en darme la respuesta a mi pregunta, debo agradecer al ahora señor Presidente porque gracias a la gestión de su eficiente gobierno, mi pregunta quedó respondida de una forma "firme, plena como la luna llena, irrevocable y absoluta".
Señores, Venezuela no tiene los reales que necesita para salir de la crisis.
Debemos contextualizar la respuesta para que entendamos que mi afirmación no es el grito de guerra de un opositor radical, ni un brindis de un adeco de la cuarta, sino más bien el resumen del caos económico que enfrenta este gobierno.
El año 2013 cerró con una inflación de 56.2% según el Banco Central de Venezuela, la escasez general en nuestro país se ubicó este año en 28% el mes de enero y 29,4% el mes de marzo (siendo este último el más alto de la historia), la brecha entre el dólar innombrable y el dólar oficial es superior al 1.000%, la deuda del gobierno nacional con el sector privado es superior a los 13 millardos de dólares (lo que representa el 62% de las reservas internacionales según el BCV), la producción de las empresas públicas se encuentran en números rojos por mala gerencia, falta de divisas y de mantenimiento (ejemplo: las cementeras están produciendo al 50% de su capacidad), y Venezuela tiene un crecimiento estimado de apenas 1,0% este año según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), siendo este la peor perspectiva para la región.
El gobierno no tiene en estos momentos ningún elemento a su alcance que pueda maquillar la nefasta pesadilla económica que estamos viviendo.
Si al análisis económico le sumamos el alto nivel de conflictividad que se está viendo diariamente en el país, seguido de la persecución política importante a distintos líderes de la oposición política, nos damos cuenta que el panorama para los rojos luce cada vez más complicado.
Al igual que hace 15 meses, el señor Nicolás Maduro vuelve a tener el poder de toma de decisiones al alcance de un plumazo. La gran diferencia es que para salir del foso en el cual estamos es inminente un cambio de modelo económico, lo que representaría a los ojos de los asesores y admiradores cubanos, una traición imperdonable a la patria querida...
@TomasHHR
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TOMAS HORACIO HERNÁNDEZ | EL UNIVERSAL
domingo 4 de mayo de 2014 12:00 AM
El 17 de febrero de 2013 escribí un artículo en EL Universal donde le preguntaba al entonces vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, si teníamos o no los dólares para salir de la recesión en la cual nos encontrábamos para ese momento.
Hagamos un poco de memoria y recordemos el contexto de la pregunta.
El PSUV para esa fecha venia de dos importantes victorias electorales en menos de 6 meses, el comandante se encontraba en Cuba por su enfermedad y teníamos más de 70 días sin su presencia en nuestro territorio, la escasez promedio de alimentos se ubicaba en 20%, la inflación del año anterior había cerrado en 20,1% y la devaluación de 46% del bolívar tenía tan sólo algunos días.
A pesar que se tardó 15 largos meses en darme la respuesta a mi pregunta, debo agradecer al ahora señor Presidente porque gracias a la gestión de su eficiente gobierno, mi pregunta quedó respondida de una forma "firme, plena como la luna llena, irrevocable y absoluta".
Señores, Venezuela no tiene los reales que necesita para salir de la crisis.
Debemos contextualizar la respuesta para que entendamos que mi afirmación no es el grito de guerra de un opositor radical, ni un brindis de un adeco de la cuarta, sino más bien el resumen del caos económico que enfrenta este gobierno.
El año 2013 cerró con una inflación de 56.2% según el Banco Central de Venezuela, la escasez general en nuestro país se ubicó este año en 28% el mes de enero y 29,4% el mes de marzo (siendo este último el más alto de la historia), la brecha entre el dólar innombrable y el dólar oficial es superior al 1.000%, la deuda del gobierno nacional con el sector privado es superior a los 13 millardos de dólares (lo que representa el 62% de las reservas internacionales según el BCV), la producción de las empresas públicas se encuentran en números rojos por mala gerencia, falta de divisas y de mantenimiento (ejemplo: las cementeras están produciendo al 50% de su capacidad), y Venezuela tiene un crecimiento estimado de apenas 1,0% este año según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), siendo este la peor perspectiva para la región.
El gobierno no tiene en estos momentos ningún elemento a su alcance que pueda maquillar la nefasta pesadilla económica que estamos viviendo.
Si al análisis económico le sumamos el alto nivel de conflictividad que se está viendo diariamente en el país, seguido de la persecución política importante a distintos líderes de la oposición política, nos damos cuenta que el panorama para los rojos luce cada vez más complicado.
Al igual que hace 15 meses, el señor Nicolás Maduro vuelve a tener el poder de toma de decisiones al alcance de un plumazo. La gran diferencia es que para salir del foso en el cual estamos es inminente un cambio de modelo económico, lo que representaría a los ojos de los asesores y admiradores cubanos, una traición imperdonable a la patria querida...
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Maduradas
¡ABAJO EL ADOCTRINAMIENTO! Sindtezul denuncia “terrorismo educativo” en colegios del país
2 mayo, 2014 / Editorial
Alexander Castro, secretario del Sindicato de la Enseñanza del Zulia (Sindtezul), manifestó de manera contundente que los padres de Venezuela no van a permitir que el Gobierno de Maduro imponga el “terrorismo educativo” en las aulas. Denunció que: “La Resolución 058 es ilegal y contraviene la Constitución y el Reglamento Docente. Se pretende que los consejos comunales sean los comisarios políticos encargados de llevar el proceso ideologizante. Es decir, que van a tener a través de los Consejos Educativos la posibilidad de evaluar el desempeño para[size=17] destituir a aquellos maestros que no cumplan con el Plan de la Patria”.
Manifestó su preocupación por la evidente implementación de dos modelos educativos distintos, en referencia a la forma de educar a los niños, quienes se han visto envueltos en una telaraña política. Argumentó que “este régimen lleva años tratando de implementar un sistema educativo que adoctrine a los niños, no podemos ponerles apellidos a la educación de nuestros hijos”.
Ante la consulta de la Resolución 058, Castro, adelantó que Sindtezul en conjunto con otras organizaciones educativas, realizarán jornadas de información dando a conocer el trasfondo de la resolución que el Gobierno pretende implementar, reseñó el portal del diario El Universal.[/size]
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2 mayo, 2014 / Editorial
Alexander Castro, secretario del Sindicato de la Enseñanza del Zulia (Sindtezul), manifestó de manera contundente que los padres de Venezuela no van a permitir que el Gobierno de Maduro imponga el “terrorismo educativo” en las aulas. Denunció que: “La Resolución 058 es ilegal y contraviene la Constitución y el Reglamento Docente. Se pretende que los consejos comunales sean los comisarios políticos encargados de llevar el proceso ideologizante. Es decir, que van a tener a través de los Consejos Educativos la posibilidad de evaluar el desempeño para[size=17] destituir a aquellos maestros que no cumplan con el Plan de la Patria”.
Manifestó su preocupación por la evidente implementación de dos modelos educativos distintos, en referencia a la forma de educar a los niños, quienes se han visto envueltos en una telaraña política. Argumentó que “este régimen lleva años tratando de implementar un sistema educativo que adoctrine a los niños, no podemos ponerles apellidos a la educación de nuestros hijos”.
Ante la consulta de la Resolución 058, Castro, adelantó que Sindtezul en conjunto con otras organizaciones educativas, realizarán jornadas de información dando a conocer el trasfondo de la resolución que el Gobierno pretende implementar, reseñó el portal del diario El Universal.[/size]
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Yo Soy Venezolano
¡NI ENFERMARTE PODRÁS! En 50% se ubicó la escasez de medicinas en Venezuela
De acuerdo a los datos del BCV, al cierre de marzo la escasez de medicinas llegó a 50%. El reporte del instituto confirma una realidad que sufren a diario los pacientes cuando van a las farmacias y coincide con los indicadores que manejan en el sector farmacéutico.
Desde hace meses las cámaras y gremios del sector han advertido que atraviesan una situación de “asfixia” debido a los retrasos en la liquidación de las divisas, lo que ha impedido importar productos terminados, así como materia prima e insumos para los que se elaboran en el país.
Fue la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar) quien hizo el alerta público más reciente. En un comunicado de prensa, fechado a comienzos de abril, la organización advirtió que si las empresas no pagaban la deuda a los proveedores aumentarían las dificultades para abastecer el mercado.
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De acuerdo a los datos del BCV, al cierre de marzo la escasez de medicinas llegó a 50%. El reporte del instituto confirma una realidad que sufren a diario los pacientes cuando van a las farmacias y coincide con los indicadores que manejan en el sector farmacéutico.
Desde hace meses las cámaras y gremios del sector han advertido que atraviesan una situación de “asfixia” debido a los retrasos en la liquidación de las divisas, lo que ha impedido importar productos terminados, así como materia prima e insumos para los que se elaboran en el país.
Fue la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar) quien hizo el alerta público más reciente. En un comunicado de prensa, fechado a comienzos de abril, la organización advirtió que si las empresas no pagaban la deuda a los proveedores aumentarían las dificultades para abastecer el mercado.
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