Argentina: los ricos son cada vez más ricos, y los pobres son cada vez más pobres

Prevenidos, serenos y pacientes


Frente a todos los agravios



El gobierno nacional y popular alienta múltiples propósitos
innovadores que disminuyan la desigualdad social establecida. Su
terrible enemigo ideológico y económico, en cambio, sólo fatiga el deseo
indeclinable de impedir por todos los medios que lo consiga y si fuera
posible derrotarlo para siempre.



2012tuvo movilizaciones y saqueos digitados por la oposición. Los golpes seguirán, el 54% también
Foto: Archivo










Por Julio Semmoloni | Desde Mendoza, Argentina

26|12|2012



Agravio es una fascinante palabra polisémica. Tiene diversos
significados que admiten muy bien que se la aplique para designar la
variedad de los ataques furiosos que recibe a destajo el proyecto
político argentino en ejercicio del legítimo poder constitucional y
democrático. Por ejemplo, son agraviantes al gobierno vigente las
siguientes acciones: las ofensas a la honra o la fama; los hechos o
dichos ofensivos; los perjuicios en los derechos o intereses de cada uno
o del conjunto; las humillaciones, los menosprecios; y en el lenguaje
forense, los daños, los perjuicios. La escala de esos agravios al
gobierno nacional empieza como todas, muy de abajo, pero a diferencia de
la mayoría de las otras, no tiene techo. A casi diez años transcurridos
en la Casa Rosada, a menudo la principal tarea del gobierno que hoy
preside Cristina Fernández parece ser la de enfrentarse a todos los
agravios cotidianos que le destinan desde tantos lugares, con el
descarado afán de anular o neutralizar el efecto transformador de una
obra ciclópea.

El sábado 15 de diciembre se conoció en su sede de Hamburgo la decisión
del Tribunal Internacional del Derecho del Mar -a raíz de una apelación
de la Cancillería argentina- que ordenó liberar a la Fragata Libertad de
su retención en un puerto de Ghana, y exigiéndole a ese país que de
inmediato colabore con los aprestos para que, antes del 22 de diciembre,
dicho navío zarpe hacia el país que le da plena soberanía
extraterritorial: la República Argentina. La resolución se expidió sin
condiciones y por unanimidad de los 21 integrantes del tribunal,
incluido un vocal ghanés para la ocasión, fallo que a su vez no tiene
antecedentes en la materia específica juzgada: de embargo a una nave de
guerra formulado por un fondo “buitre”. La victoria diplomática no pudo
ser más completa: el buque escuela partió de regreso el 19 de diciembre.


Una vez más, se enfrentó con dignidad, convicción y apego legal el
insólito agravio que los carroñeros de las finanzas pretendieron
infligirle a la nación. Prevaleció la cordura, pues el resultado
favorable obtenido ante el ataque perpetrado desde afuera con la
complicidad de propios y extraños -que en un principio cayó como un
golpe bajo inesperado-, demuestra el vigor de las acciones que es capaz
de desplegar en cualquier terreno este Gobierno que marca rumbos en
materia de defensa de su planificada reestructuración de la deuda
externa. En 76 días, de un augurado por ellos como “revés vergonzoso
para el país”, el hecho se transformó en un positivo “leadin case” de la
especialidad, pues al no registrar antecedente también sienta
jurisprudencia internacional en la materia tratada.

No obstante, es justamente ahora cuando se hace necesario reflexionar
sobre el riesgo de fomentar la nerviosa euforia en vez de la serena
alegría. Si bien es cierto que los grupos concentrados, las
corporaciones o los poderes fácticos -como quiera llamárseles- no
parecen tener ingenio suficiente para someter con triquiñuelas lícitas
la voluntad de los gobiernos democráticos -a menos que éstos de antemano
se muestren sumisos o demasiado lánguidos para tolerar la inclemencia
de sus ataques-, también resulta tentador que dado este airoso presente
del poder nacional y popular pueda creerse que los gigantes opositores
estén a punto de claudicar o de batirse en retirada. Al contrario. Hay
que estar precavidos porque sus contraataques arreciarán con mayor
fuerza, aunque durante el desarrollo de la fogosa y extenuante contienda
habrá que disipar la perturbación que causan en las filas propias los
impacientes y los propaladores ad hoc de fanatismo y adulación.

A los argentinos entusiastas y cargados de buenas intenciones que
creyeron, al conocer el resultado electoral del 23 de octubre de 2011,
que la manifiesta adversidad hacia el proyecto político triunfante ya no
sería posible o, en todo caso, si todavía creen que lentamente esa
adversidad irá marchitándose hasta esfumarse -sea como consecuencia de
la persuasiva obra gubernamental o debido a la impotencia de un estéril
antagonismo contra este modelo por ahora exitoso y fortalecido-, les
convendría salir del limbo de ensoñación en el que persisten, no sólo
porque nunca se extinguirá esta enconada aversión, sino -sobre todo-
porque la cantidad de enemigos que anida en la obcecada oposición tiene
la idea fija de que tarde o temprano podrá hacer saltar por el aire la
continuidad normativa del actual sistema institucional.

Ellos (más “ellos” que nunca) creen que podrán una vez más, porque
varias veces ya pudieron hacerlo. Ellos creen que podrán, pues disponen
de recursos suficientes y se puede verificar que los tienen. Ellos creen
que podrán, porque cada vez que lo hicieron también quedaron impunes. Y
es penoso que esto último sea lo más cierto de todo lo que pudieron
lograr. En Argentina se ha juzgado y se juzga toda clase de crímenes, en
especial los de lesa humanidad que distingue a este gobierno nacional
de cualquier otro precedente en el resto del mundo, pero aún no se ha
hecho nada concreto a través de los tiempos por legislar
específicamente, procesar y desde luego condenar a los culpables de
derribar gobiernos constitucionales.

La impunidad se alumbró en 1930 con el golpe a don Hipólito Yrigoyen –si
se toma la vigencia de la ley Sáenz Peña como condición, lo cual
excluiría la interrupción de facto de 1943-, y siguió con el cruento
golpe de Estado de 1955, mediante los hechos inconcebibles del bombardeo
a la población civil inerme y los ulteriores fusilamientos a
partidarios que resistían el régimen de facto. Después vendría el
alzamiento contra el presidente Arturo Frondizi, y a raíz de la
mediación de la Corte Suprema de Justicia el gobierno continuó con el
senador José María Guido como jefe de Estado en la transición hasta
1963. Luego se produjo la asonada que derrocó a Arturo Humberto Íllia,
en 1966, cuyo corto período de tolerancia cívica se vio empañado al no
derogarse la proscripción del peronismo unificado en las pujas
electorales de entonces.

Nada se hizo al respecto para juzgar a los que violaron la Constitución.
Y aún nada se ha hecho sobre la misma cuestión contra la peor de las
dictaduras, surgida en 1976, como consecuencia del reiterado golpe de
Estado. Hasta resulta sugestivo que por un lado -¡y vaya que si
enhorabuena!- se hayan pronunciado centenares de condenas contra los
máximos responsables de esa dictadura por crímenes de lesa humanidad, y
en cambio no haya un solo fallo que los condene por interrumpir
ilegalmente el orden institucional, por más que el gobierno caído en
esas circunstancias –presidido por María Estela Martínez de Perón-
hubiese infringido como ningún otro de similar origen civil, las
garantías constitucionales.

Fue precisamente el terrorismo de Estado agravado, impuesto desde el 24
de marzo de 1976 en adelante, el que evitó por ocultación, comparación o
desmemoria juzgar hasta hoy el terrorismo de Estado perpetrado durante
el año largo final del gobierno civil derrocado. Por lo tanto también
debería legislarse contra gobiernos civiles que vulneran flagrantemente y
en buscado perjuicio de las mayorías populares, la legalidad
constitucional. De lo contrario, poco y nada se avanza para desalentar
el larvado golpismo que en ambas direcciones pervive en sectores
facciosos de extrema peligrosidad. Como demuestra la historia, capaces
de operar tanto desde afuera de la Casa Rosada –antes de 2003-, como
desde adentro.

Por ejemplo, dicha impunidad propició que en 1989 se exigiera la
anticipada entrega del mandato constitucional a Raúl Ricardo Alfonsín,
mediante lo que se conoció eufemísticamente como un “golpe de mercado”.
Resultó que la conjunción opositora entre la dirigencia peronista
enrolada en el menemismo triunfante en los comicios de ese año y las
corporaciones empresarias que hostigaron al casi inoperante gobierno
radical con la desmesurada escalada de precios al consumidor, contribuyó
deliberadamente a desplazarlo antes de tiempo de su legítimo sitial.

Y por otra parte, sería imperioso investigar la conducta de funcionarios
del nefasto gobierno de Fernando de la Rúa, quien además de provocar la
peor crisis económica y social que asoló el país, antes de huir de su
responsabilidad constitucional, decidió reprimir con inusitada fiereza
la genuina manifestación popular que en Plaza de Mayo y otras partes del
país reclamaba por comida, trabajo y la devolución de sus ahorros
bancarios, según el caso. Podría establecerse una conspiración
antipopular desde el mismo gobierno que había juramentado hacer una
gestión de saneamiento ético, y que para colmo dejó en su fuga una
crisis de acefalía inédita, pues el presidente y sus secuaces desertaron
abruptamente en la mitad del mandato republicano.

El examen de estas inadmisibles omisiones parece visibilizar un flanco
muy débil de la encomiable institucionalidad reconstruida en la última
década, ya que debería estar a resguardo para protegerse con toda la
fuerza normativa posible de cualquier intentona como, por ejemplo, la
insinuada durante el peor momento del enfrentamiento -en 2008- entre el
gobierno nacional y las corporaciones encabezadas esa vez por la
patronal agropecuaria y el poder mediático dominante.

Pero no siempre la confrontación se expresa tan claramente desde
posiciones que por su origen ideológico son notoriamente antagónicas. En
ocasiones próximas a finales de año, suele alterarse la paz social
mediante patrañas sediciosas enmascaradas en actos de vandalismo y
saqueo inducidos por dirigentes gremiales descarriados que,
absurdamente, guardan resentimientos hacia este proyecto político, el
que según datos del Consejo Económico para América Latina y el Caribe
(CEPAL) más dedicación puso en la inclusión social, la generación de
millones de puestos de trabajo y el mantenimiento del poder adquisitivo
de los salarios.

La prolongación del actual gobierno está por superar el lapso que
duró el inicial mandato peronista del período 1946-1955. Incluso con el
suplemento de que el kirchnerismo sigue transmitiendo una sensación
de lozanía y vigor que aquel gobierno había perdido tras la muerte de
Evita en 1952. Una visión ensimismada de la historia podría incurrir
en el equívoco de que el tiempo transcurrido desde 2003 es suficiente
para despejar temores. Se correría así un riesgo letal, en la medida que
no predomine una lectura crítica de los años basada en la
contextualización: apenas se ha recorrido la etapa embrionaria de un
proceso de transformación cultural de largo aliento. Pero aun esta
conclusión no es sustancial a los efectos de preservar el salto
cualitativo. De no prevalecer el criterio de que es menester prepararse
para afrontar los agravios cada vez más venales y truculentos que
vendrán -lo cual será difícil aunque no imposible de afrontar
manteniendo el rumbo-, sería penoso tener que anticipar desde una mirada
desprovista de necio reduccionismo, que los años por venir de esta
marcha incesante ya están contados.

Se escucha por ahí que algunos se distienden cuando deducen que ya nadie
puede “golpear las puertas de los cuarteles” o que si se mantiene una
simple mayoría en el Congreso no es posible derrocar a un gobierno sin
violentar in extremis las instituciones republicanas, etc., etc.

Una vez más es necesario repasar la historia nacional para atenernos a
las consecuencias en caso de no aprender de los imperdonables errores
cometidos otrora por la impericia de no saber calibrar cómo evoluciona a
cada momento la relación de fuerzas. Si no se previene desde ya la
posibilidad de cualquier tipo de posibles actos sediciosos para
desestabilizar la sólida estructura del poder legítimo del Gobierno, es
probable que su base de sustentación democrática empiece a erosionarse
debido a la combinación de temor, sospecha y desconfianza en el ánimo
popular. Bajar la guardia en virtud del regodeo que provoca esta serie
de victorias políticas impensadas hasta no hace mucho, sería como
provocar, enardecer al feroz depredador que asecha día y noche, porque
puede atacar ostensible desde la vereda de enfrente, o camuflado en las
propias entrañas de esta plural transversalidad ideológica cuya
resolución está en ciernes.

El antikirchnerismo puede ser peor que el antiperonismo, porque su
ámbito excede ahora con creces el restringido contexto partidario
nacional y su accionar se nutre de la condición humana maliciosa de
quienes se habituaron a lucrar a gran escala y por afuera de la ley,
bajo el paraguas protector del capitalismo salvaje. Tratarlos de
“gorilas” es poco menos que halagarlos. Hoy en Argentina hay muchos
antikirchneristas que son odiosos del Gobierno porque no pueden concebir
-debido a su raigambre cipaya- la rotunda evidencia de que se haya
hecho posible lo que siempre se sostuvo que era imposible de siquiera
intentarse en este país. Y entre ellos anida también un sector de
izquierdistas advenedizos y no tanto, que alguna vez alentaron
propósitos progresistas en tiempos de pleno retroceso popular, y que al
verse hoy superados por la realidad cultural construida desde 2003
por el kirchnerismo, no pueden admitir que quedaron a la derecha de un
Gobierno contra el que reaccionan con la misma malevolencia de los
derechosos.

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