La asociación que se querelló contra Dívar dice que el archivo es "escandaloso" y contrario al caso Garzón

Jueves, 14 de junio de 2012


La asociación que se querelló contra Dívar dice que el archivo es "escandaloso" y contrario al caso Garzón






La
asociación de juristas Preeminencia del Derecho, autora de la querella
contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),
Carlos Divar, ha denunciado que la "absolución anticipada" acordada por
el Tribunal Supremo es "un acto escandaloso jurídica y socialmente" y
ha propuesto que sea el jurado popular el encargado de juzgar las
conductas de los jueces.


La asociación, presidida por
el abogado murciano José Luis Mazón, ha defendido que se cambie "el
sistema de jueces juzgan a jueces" y ha destacado que la fecha del 13 de
junio puede celebrarse en el futuro como "la fiesta de los privilegios o
la de la desigualdad ante la ley".


Preeminencia se
querelló contra Dívar por los viajes de fin de semana de hasta cuatro
días que habría realizado Carlos Dívar con cargo al presupuesto del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A su juicio, la
jurisprudencia Garzón sobre admisión de querellas ha sido inaplicada por
la misma Sala que la creó.


Según ha explicado en un
comunicado, el Supremo admitió las tres querellas contra Garzón con el
argumento de que "sólo era necesario una descripción de una conducta que
reuniese visos de delito" y, por lo tanto, no hacía falta demostrar su
existencia porque ello era objeto de la investigación.



"Y eso es lo que realmente dice la ley. Pero era la ley contra otra
persona", señala Preeminencia del Derecho, para poner de manifiesto que
la valoración es diferente cuando se examina al propio presidente del
Supremo.

SISTEMA "EN TELA DE JUICIO"


Ante la decisión adoptada por el alto tribunal, Preeminencia
considera que el sistema de responsabilidad de magistrados ante los
propios jueces, salvo supuestos excepcionales, está "en tela de juicio" y
no satisface el derecho a un proceso imparcial.


"La
conducta de Dívar de cargar a fondos públicos gastos privados de fin de
semana es clamorosamente indiciaria de delitos de estafa de funcionario
público o malversación, y el Supremo ha negado la evidencia creyendo al
parecer que la ley es lo que ellos proclaman", denuncia.



A su entender el resultado de la votación de los magistrados del Pleno
de lo Penal revela que "la parte salvable del sistema" es minoritaria.
"La sociedad española tiene el derecho y el deber de cambiar, si no es
demoler, el actual sistema judicial y con nuevas personas, formas y
estilos edificar uno nuevo que cumpla los requisitos constitucionales de
independencia e imparcialidad e inspire confianza en su correcto e
imparcial funcionamiento", ha concluido.
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