El paquete normativo cocinado al margen de la ciudadanía se está tramitando por la vía de urgencia

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Una reforma energética que penaliza el ahorro y el autoconsumo


El pasado 12 de julio el Consejo de Ministro alumbró un nuevo Real-Decreto Ley, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, convalidado en cinco días en el Congreso de los Diputados mediante la apisonadora de la mayoría absoluta. A lo largo de los días siguientes han ido apareciendo trece borradores de normas, entre ellos, el Anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico que derogará a la ley del año 97. El paquete normativo cocinado al margen de la ciudadanía se está tramitando por la vía de urgencia, de ahí, que tan sólo se haya habilitado un plazo de 10 días para el trámite de audiencia pública, siendo imposible cumplimentar éste por imposibilidad material de estudiar sus más de 1.000 páginas en tan corto periodo de tiempo.
Esta reforma energética se enmarca dentro de la  una lógica de concentración de poder y riqueza en manos de unos pocos, en un sector, el de la energía, en el que la tecnología hace posible cuestionar radicalmente esta tendencia. Es difícil que un pequeño taller textil pueda competir en costes con la producción globalizada, masiva y explotadora de las grandes cadenas de moda, pero en el mundo de la energía resulta que para el consumidor, un modelo distribuido de producción y consumo basado en el uso eficiente de la energía, en el ahorro y en las tecnologías renovables (en las que la materia prima es gratuita) es más barato que el modelo centralizado. No es casual que, partiendo de estas coordenadas, la reforma del sector responde al dictado de la patronal UNESA, siendo el oligopolio energético  el único agente indemne frente a los sacrificios que la nueva normativa exige al resto de los agentes: consumidores, contribuyentes y productores de energías renovables.
Las claves para entender por qué la reforma del sector eléctrico es un ataque a la ciudadanía son las siguientes:
1.- Factura de la luz. La factura de la luz se compone de una parte fija o regulada que atiende a los costes del sistema y de otra variable  en función de nuestro consumo de energía.  La reforma incrementa la parte fija en un 77%, marcando la tendencia de imponer la tarifa plana en la factura de la luz, pagando más por la parte fija y menos por el consumo energético. Con ello se penaliza al consumidor que ahorra energía y que hace un uso eficiente de la misma. Es un desincentivo a la eficiencia energética a pesar de los objetivos europeos, inaceptable teniendo en cuenta el contexto de creciente pobreza, con más de 2.000.000 de familias obligadas a racionar su consumo de calefacción el pasado invierno.
Tras esta medida hay dos estrategias claras: desincentivar que los ciudadanos instalen en el ámbito doméstico plantas de generación de energías renovables y allanar el camino para que se materialice la propuesta de la CNE de que sea el consumidor doméstico el que se haga cargo principalmente del coste de la red. Cuando muchas personas esperaban la regulación del autoconsumo para ahorrar en la factura de la luz, la subida de la parte fija provoca que el ahorro que nos pueda proporcionar una planta de generación apenas tenga reflejo en la factura. Además, el consumidor doméstico no puede elegir en la contratación discriminación horaria y hacer así uso de la red cuando más barata es la energía. Todo queda atado y bien atado.
 
2.- Autoconsumo. El objetivo del borrador de autoconsumo es impedir el desarrollo del mismo. De entrada, no regula siquiera, el tan esperado autoconsumo con balance neto, mecanismo utilizado en otros países, por el cual las plantas de generación limpias (paneles o pequeños molinos en nuestro tejado) pueden realizar un trasvase de la energía excedentaria con la red generando un derecho de compensación de energía para los períodos que la planta no produzca.
El gobierno, desoyendo el mandato de regular este mecanismo, deja claro que no lo va a fomentar.  Además, el borrador impone un gravamen al autoconsumo instantáneo que en la actualidad existe. Por la energía que se produce y que se va a autoconsumir sin pasar por la red, se impone un peaje de respaldo, término acuñado por Iberdrola, para costear los pagos por capacidad, es decir, para sufragar a las plantas privadas de ciclo combinado de gas. Sin palabras. A las plantas existentes y a las nuevas se les exige dispositivos costosos de telemetría y un nuevo contador que envíe la señal al sistema de la energía que se produce y se autoconsume. El borrador recoge la obligación de legalizarlas en el plazo de dos meses y en caso contrario, se considerará falta muy grave, con multas de hasta 60.000.000€.
Asimismo, el Ministerio de Industria tendrá potestad para acceder a los inmuebles y comprobar la existencia de una planta de generación no legalizada sin la necesidad de obtener previamente orden judicial. En definitiva, las trabas económicas al autoconsumo en el ámbito doméstico, fomentan la desobediencia civil, de ahí, que tener un panel en casa sin legalizar tenga un tratamiento tan desmedido. Otra vez, atado y muy bien atado.
3.- Energías renovables. Una vez más, las energías renovables son las víctimas de la política energética. El parque renovable existente vuelva a sufrir recortes económicos de manera retroactiva. Dejan de ser retribuidas conforme a una prima aprobada en normas anteriores para ser retribuidas a precio de mercado más un complemento a la inversión. En última instancia va a suponer un recorte significativo e injusto de los ingresos que el BOE se comprometió a pagar a los que apoyaron con su dinero la producción limpia de electricidad. De las renovables a futuro, mejor ni hablar. Sigue vigente la moratoria a los nuevos proyectos. Los pocos que se realicen serán previo concurso. ¿Adivinan a quiénes se les van a adjudicar?
Una reforma, plagada de irregularidades y discriminaciones, y tan desatinada que resultaría cómica de no ser por las graves consecuencias que acarrea. Parece que los dos grandes desafíos que como sociedad debemos afrontar, el cambio climático y la escasez de los combustibles fósiles, no tuviesen nada que ver con nuestro actual modelo energético.

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En España se está privatizando el autoconsumo de la energía solar poniendo multas de hasta 30 millones de euros si no pagas un impuesto abusivo que hace que la propia energía solar que recoges mediante tus placas solares te salga más cara que la que te ofrecen las empresas de electricidad.

Exijamos al Gobierno de España el derecho al libre autoconsumo de recursos abundantes como la energía solar, la energía eólica y el agua de mar. Esto implica que no exista ningún impuesto en España por autoconsumir de manera responsable este tipo de recursos abundantes en la naturaleza.